UN GRUPO QUE VIVE A COSTA DE OTRO
Max Silva Abbott , Doctor en Derecho, Profesor de Filosofía del Derecho Universidad San Sebastián – El Líbero, 18/03/2025
Un tema que comúnmente aparece en el debate público es el tamaño que debe tener el Estado para ser eficiente y poder cubrir las necesidades de sus ciudadanos.
Y como es obvio, las posturas van desde aquellas que consideran que sus dimensiones deben ser mínimas, a fin de que los ciudadanos puedan desarrollar de la manera más libre posible sus actividades sin interferencias de la autoridad, a otras que apuntan a un Estado omnipresente, que cual padre cariñoso, esté pendiente hasta de los más mínimos detalles de sus habitantes.
El porcentaje de ciudadanos que viva del Estado no debe ser demasiado alto, pues en caso contrario, al generarse este grupo de interés, hará todo lo posible por mantener su statu quo, sin importar el daño que ello pueda ocasionarle a ese país.
Sin embargo, un aspecto que no ha sido tan debatido es la proporción de la población de un país que debiera integrar los organismos de ese Estado. Y si bien por simple matemática, mientras más crezca el Estado requerirá de una mayor dotación de personas y lo contrario (si es un Estado pequeño, de poca gente), no resulta imposible que, en este último caso, pese a las menores funciones que se le exijan, un Estado tenga un muy nutrido ejército de empleados públicos (y también de asesores a honorarios) para ejercer esas labores.
Ahora bien, lo que quiere recalcarse aquí es que por el bien general de un país y por razones mínimas de protección al sistema democrático, la proporción de ciudadanos encargados de integrar los órganos del Estado no debiera sobrepasar un cierto porcentaje del total.
Y en esta cifra no sólo se incluye a los que trabajan directamente con dicho Estado, sino también a las personas que dependen de ellos, básicamente sus familias.
Evidentemente, el porcentaje ideal da para todas las cifras posibles, y aquí no se tiene la respuesta a esta interrogante. Mas de lo que se quiere llamar la atención, es que sea cual fuere dicha cifra, no debe ser muy alta, pues en caso contrario, ello puede generar un problema muy serio tanto para el bien de los ciudadanos, como para la democracia de ese país, según se ha dicho, básicamente por tres razones.
En primer lugar, porque si todas esas personas y familias dependen para su sustento de la permanencia de esos servicios e instituciones estatales, ello los llevará a justificar su existencia a como dé lugar, sin importar si ellos realmente sirven para el bien del país.
En segundo lugar, porque de no ser realmente necesario, ese grupo acabará siendo mantenido por el resto de la población, gracias a los impuestos que el Estado les exija, transformándose así en una especie de casta que vive a costa del resto de la ciudadanía.
Finalmente, en tercer lugar, porque esta situación puede generar la perpetuación en el poder de quienes han ubicado a esas personas dentro del andamiaje del Estado.
Ello, pues en caso de existir un cambio de gobierno, podrían perder sus trabajos e ingresos. De esta forma, si son muchos, el sistema democrático podría convertirse en una ficción.
Por tanto, además de poder generar un daño a la población por un mal servicio de las instituciones y una situación de privilegio para quienes integran ese Estado ineficiente, el problema en comento puede también pervertir el sistema democrático, pues en el fondo, esta masa de población no es realmente libre al momento de elegir a sus autoridades, quedando atrapada por quienes los pusieron ahí, en un auténtico clientelismo político.
Es por eso que el porcentaje de ciudadanos que viva del Estado no debe ser demasiado alto, pues en caso contrario, al generarse este grupo de interés, hará todo lo posible por mantener su statu quo, sin importar el daño que ello pueda ocasionarle a ese país.
Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
Los artículos publicados en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional