El abogado brasileño Felipe Hasson, especialista en Derecho internacional, ha compartido su opinión sobre la intervención norteamericana en Venezuela.
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Muchas personas me preguntan mi opinión sobre la cuestión de los EE. UU. y Venezuela, como profesor de derecho internacional que vive hace 10 años en los EE. UU.. En lugar de responder uno por uno, decidí poner aquí lo que pienso. Para quien tenga interés y paciencia para leer, aquí va.
Mi opinión es que el debate sobre Venezuela ha sido secuestrado por una lectura selectiva —y profundamente hipócrita— del derecho internacional. Se invoca la “soberanía”, la “no intervención” y el “orden jurídico internacional” como si estos conceptos existieran para proteger a los gobiernos, y no a las personas. Como si la soberanía estatal fuera un escudo moral absoluto, capaz de justificar el hambre, la persecución, la tortura, el exilio masivo y la supresión completa de la voluntad popular. No lo es.
La soberanía no es un fin en sí misma; nunca lo fue. Es un instrumento funcional, condicionado al cumplimiento mínimo de los deberes del Estado para con su población. Cuando un régimen transforma a su propio pueblo en rehén —empobrece deliberadamente a la sociedad, destruye instituciones, persigue opositores, defrauda elecciones y elimina cualquier posibilidad real de alternancia de poder—, ese régimen pierde la legitimidad que da sentido a la soberanía que alega defender.
El derecho a la vida, a la dignidad humana y a la autodeterminación de los pueblos no son “valores occidentales” opcionales ni retórica política. Son normas centrales del orden jurídico internacional contemporáneo. Un gobierno que viola sistemáticamente estos derechos no puede exigir que el mundo cierre los ojos en nombre de una abstracción jurídica conveniente.
Venezuela no es un caso de “divergencia ideológica”; es una tragedia humanitaria. Millones de personas se han visto obligadas a dejar el país. Las que se quedaron conviven con la escasez, la represión y el miedo. No hay elecciones libres. No hay prensa independiente. No hay un Poder Judicial autónomo. No hay canales internos efectivos para que el pueblo se libere por su propia cuenta. Defender que ese pueblo “resuelva solo” su situación es, en la práctica, defender la perpetuación del sufrimiento.
Por eso, la ayuda externa —incluida la militar, cuando sea necesaria para proteger vidas y no regímenes— no es una violación moral del derecho internacional. Es la afirmación de su núcleo ético. La comunidad internacional existe precisamente para evitar que se cometan atrocidades detrás de fronteras convenientemente cerradas.
La reacción de muchos venezolanos deja esto claro. Mientras comentaristas extranjeros, cómodamente distantes, condenan las intervenciones en nombre de una soberanía abstracta, quienes viven la desesperación real celebran. Celebran porque ven una oportunidad concreta de liberación. Celebran porque saben que el “respeto a la soberanía” fue, durante años, la excusa perfecta para la inercia internacional.
El paralelo histórico es inevitable. Si en la Europa de los años 1940 las potencias hubieran decidido no liberar los campos de concentración para respetar la soberanía alemana, hoy esa omisión sería recordada como complicidad. Ningún orden jurídico serio puede exigir neutralidad ante crímenes masivos contra la propia población.
Invocar el derecho internacional para defender a dictadores es una perversión intelectual. Es transformar un sistema creado para proteger a los seres humanos en un argumento de conveniencia para proteger a los opresores. No hay nada de progresista en ello. No hay nada de humanista. Solo hay el consuelo moral de quien nunca ha tenido que elegir entre soberanía y supervivencia.
El derecho internacional no existe para blindar regímenes autoritarios. Existe para recordar que ningún gobierno —absolutamente ninguno— tiene el derecho de destruir a su propio pueblo en paz.
Otro argumento recurrente —e intelectualmente perezoso— es el de que la intervención no sería “humanitaria”, sino movida por intereses económicos. Aunque existan intereses estratégicos o económicos —como casi siempre han existido en cualquier acción relevante en la política internacional—, eso no invalida, ni de lejos, la legitimidad moral del resultado cuando este atiende a una demanda real y explícita del propio pueblo oprimido.
El criterio central no es la pureza de las motivaciones externas, sino la realidad vivida internamente. Y esa realidad es inequívoca: los venezolanos, en su mayoría, celebran y apoyan la intervención porque saben quién es el verdadero agresor. Fue el propio régimen dictatorial el que, al elegir preservar el poder a costa del hambre, de la represión y de la destrucción social, abrió la puerta a una respuesta externa.
Cuando un gobierno ataca sistemáticamente a su propio pueblo, él mismo elimina cualquier autoridad moral para cuestionar los motivos de quien interviene para poner fin a ese sufrimiento. En este escenario, incluso una acción impulsada por intereses no exclusivamente humanitarios se vuelve necesaria, legítima y moralmente correcta, porque la alternativa concreta sería la continuidad de la opresión.
Por lo tanto, la fundamentación de aquellos que colocan la ideología por encima de todo —y que después rebuscan en el derecho internacional frases, conceptos y principios que sirvan a la respuesta que ya decidieron dar— es, como mínimo, lamentable. No es una defensa seria de la legalidad internacional, sino un ejercicio de cinismo selectivo, hecho a la distancia y sin ninguna empatía por quien vive el colapso en carne propia. Cuando la ideología viene antes del ser humano y la soberanía es invocada para justificar la miseria, el derecho deja de ser instrumento de justicia y pasa a ser apenas retórica vacía al servicio de la indiferencia.
Felipe Hasson
Global Attorney | Ph.D, M.Sc, LLM, FCIArb
Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
