Niños haitianos… ¿Cuál es la verdad?
Cristián Labbé Galilea
Hay cosas que hace algunos años parecían impensables. Nadie imaginó que el Tren de Aragua lograría instalar sus tentáculos criminales en Chile, penetrando distintos ámbitos de la vida nacional. Pero ocurrió. Y ahora, otra realidad golpea a las instituciones del país: la existencia de miles de niños y adolescentes haitianos cuyo ingreso y posterior seguimiento presenta graves irregularidades.
No se trata de un hecho menor. Según antecedentes conocidos, entre enero y septiembre de 2025 (nueve meses) ingresaron al país 3.805 menores haitianos, cifra que representa casi el 43% del total registrado en los últimos cinco años. Lo alarmante es que parte importante de esos ingresos se produjo bajo la figura de reunificación familiar y hoy existen serias dudas sobre los controles aplicados y sobre el paradero efectivo de algunos de esos menores.
Más inquietante aún es lo revelado por la Contraloría General de la República. El organismo detectó graves anomalías: vínculos familiares no acreditados, documentación insuficiente, ausencia de verificaciones básicas por parte del Servicio Nacional de Migraciones, y controles claramente deficientes. ¿Estamos frente a casos de corrupción, cohecho, soborno, extorción…?
Otra pregunta brutal, pero inevitable: ¿No podría tratarse del “reclutamiento” para el narcoterrorismo, la prostitución infantil e incluso el tráfico de órganos?
En cualquier parte del mundo, estas interrogantes habrían provocado una reacción inmediata de todas aquellas organizaciones públicas y privadas que declaran estar preocupadas de los menores, porque el caso se trata, ni más ni menos, de niños indefensos y vulnerables.
¿Qué hizo el Servicio Nacional de Migraciones? ¿Por qué se aceptaron antecedentes autorreportados sin verificarlos? ¿Quién supervisó los procedimientos? ¿Quién responde por los menores cuyo rastro se perdió? ¿Qué dice la Defensoría de la Niñez y la Subsecretaría de la niñez? ¿Dónde están las organizaciones de derechos humanos, tan rápidas para pronunciarse en otras materias? ¿Dónde están quienes dicen tener como prioridad la protección de la infancia?
Aquí no caben las ideologías ni los silencios convenientes. Si existe la más mínima posibilidad de que estos menores hayan sido víctimas de redes de explotación, trata de personas o cualquier otra forma de vulneración, el país entero tiene derecho a conocer la verdad, mientras el Estado tiene la obligación moral y jurídica de reaccionar enérgicamente.
Lo más grave sería actuar con debilidad y ligereza para que, una vez más, los responsables se escondieran detrás de informes, excusas y declaraciones vacías.
Chile no puede aceptar que miles de niños entren al país y luego nadie sea capaz de explicar dónde están. Si existe un escándalo que exige coraje, transparencia y responsabilidades, es éste, porque lo que está en juego no es sólo la eficacia de las instituciones del Estado; es nuestra propia condición moral como nación.
Imposible no cerrar esta columna planteando “con toda fuerza” que, así como esta pluma, la gran mayoría del país está esperando que el gobierno reaccione con decisión y firmeza ante un caso tan grave como este. Es indispensable que se sepa …. ¡Cuál es la verdad!
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