Autoridad, Coraje y Coherencia
Cristián Labbé Galilea
En toda actividad humana existe una diferencia que suele marcar el éxito o el fracaso de quienes conducen una organización: saber distinguir entre lo estratégico y lo táctico. Lo estratégico define el rumbo, fija los grandes objetivos y proyecta el futuro. Lo táctico, en cambio, enfrenta la realidad cotidiana y resuelve las urgencias.
Naturalmente, ambos conceptos no son compartimentos estancos. Hay decisiones urgentes que terminan siendo estratégicas, así como medidas aparentemente tácticas que producen efectos de largo alcance. El verdadero liderazgo consiste, precisamente, en saber cuándo una decisión urgente adquiere un carácter estratégico.
En política suele escucharse la frase: “Es importante, pero no urgente”. Es una máxima razonable, aunque incompleta, porque hay momentos en que postergar lo urgente termina comprometiendo precisamente lo importante.
Sobre esta materia, nadie duda de que el Gobierno posee un diseño estratégico definido. Ha fijado prioridades y concentra sus esfuerzos en sacar al país de la compleja situación que enfrenta. Sin embargo, en el ámbito de las urgencias ha desaprovechado oportunidades para resolver asuntos que requerían definiciones oportunas, proyectando una imagen de vacilación.
Uno de esos casos es el de los uniformados procesados por actuaciones vinculadas al restablecimiento del orden público durante los acontecimientos de octubre de 2019.
Durante la campaña presidencial, el Presidente manifestó con claridad su disposición a buscar una solución para este problema. Sus palabras fueron interpretadas como un compromiso político. Sin embargo, el tiempo ha transcurrido y las respuestas siguen girando en torno a fórmulas ambiguas, sin una decisión concreta.
Surge entonces una pregunta inevitable: ¿existe temor a la reacción de determinados sectores políticos? Si esa fuera la razón, sería una señal preocupante. Gobernar exige asumir costos cuando las convicciones así lo demandan.
Respaldar a quienes actuaron en defensa del orden institucional constituye una señal de compromiso con principios fundamentales como el Estado de Derecho, la seguridad pública y el reconocimiento a quienes tienen la misión de proteger a la comunidad.
Existe, además, otro debate aún más complejo: la situación de centenares de militares procesados o condenados por hechos ocurridos hace más de cinco décadas, en el contexto de los acontecimientos de los años setenta.
Muchos de ellos, condenados tras procesos que sus defensores consideran carentes de las debidas garantías, son hoy adultos mayores; varios padecen enfermedades graves o terminales. Esa realidad debiera motivar una revisión a la luz del derecho internacional y de los principios humanitarios aplicables. Desde esa perspectiva, existe una deuda que ningún gobierno ha querido enfrentar plenamente.
Duele decirlo, pero —como suele afirmarse— “con la verdad no se miente”. En amplios sectores del mundo militar en retiro se ha instalado una frase que refleja un sentimiento de abandono: “Primero nos traicionaron; ahora nos están enterrando”. Es una expresión dura, ciertamente discutible, pero que revela la frustración acumulada ante soluciones que nunca terminan de llegar.
En definitiva, a juicio de esta pluma, resolver con urgencia situaciones como las descritas no solo permitiría atender una demanda que muchos consideran legítima; también podría transformarse en una decisión de profundo valor estratégico para el Gobierno. Porque la autoridad se fortalece cuando existe coherencia entre las promesas y los actos; el coraje político se demuestra al adoptar decisiones difíciles; y son precisamente esas virtudes las que proyectan, dentro y fuera del país, la imagen de un gobierno que ejerce el poder con convicción, firmeza y sentido de Estado.
