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Febrero 2, 2022

Viña del Mar, 17 de diciembre de 2010.

La senadora Matthei habría expresado que “si la vida de la madre está en peligro se debe intervenir, aunque ello resulte en la muerte del feto, y eso no es aborto”. Aparentemente, la Senadora no se estaría refiriendo a aquellas acciones directas cuyo fin es provocar un aborto, sino que a aquellas intervenciones médicas sobre el cuerpo de la madre cuya realización es imprescindible e impostergable y que producen, como consecuencia no deseada, la muerte del niño aún no nacido. En ambos casos se produce un aborto, pero en el segundo de ellos se trataría de un aborto “indirecto”, lo que a diferencia del primero no es reprochable moralmente ni está prohibido por la ley, de modo que legislar al respecto sería tan innecesario como lo sería la dictación de una ley para “despenalizar” aquellos abortos que se producen como producto de un accidente sufrido por una mujer embarazada.

Una ley que regule los denominados “abortos terapéuticos” sólo constituiría una engañifa que permitiría abrirle la puerta a todo tipo de abortos.

Viña del Mar, 20 de diciembre de 2010.
El número 16 del artículo 19 de nuestra Constitución Política establece que “no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades”, precepto que parece letra muerta, puesto que no sólo no se cumple, sino que a quienes lo infringen con paros ilegales se les premia con incrementos de remuneraciones, pago de los días no trabajados, bonos por “término de conflicto” y otras granjerías que constituyen incentivos perversos y que estimulan nuevas demandas.

 Parece que nuestro Estado de Derecho está haciendo agua, no sólo en el caso de los militares procesados por los denominados casos de derechos humanos.

                                      Adolfo Paúl Latorre

                                                Abogado