PENURIAS CUBANAS
El poderoso tifón azotó solo la región occidental de Cuba, pero dejó en la oscuridad a todo el territorio, agudizando la crisis endémica que vive la isla, profundizada tras dos años de pandemia y con erradas medidas del gobierno.
La población sufre por la inflación desatada, escasez de alimentos y medicinas, y cortes del suministro eléctrico que no solo afectan la iluminación de los hogares y comercios, sino la preservación de los escasos alimentos, el proceso de cocinar y el bombeo del agua.
Las últimas han sido las mayores protestas desde los masivos actos de julio del año pasado, que dejaron más de mil detenidos, de los cuales centenas fueron condenados a penas de entre 5 y 25 años, por sedición.
En septiembre, según las ONG que estudian los conflictos en Cuba, se registraron 365 protestas, cacerolazos, bloqueos de caminos y marchas, las mayoría pacíficas, aunque algunas terminaron con manifestantes “brutalmente golpeados” o detenidos.
Ahora, las muestras de descontento por los apagones también fueron reprimidas por agentes de seguridad y otros vestidos de civil. A pesar de que algunos personeros comunistas reconocieron el “derecho a los reclamos y la libertad de expresión”, para el dictador Miguel Díaz-Canel se realizaron “expresiones contrarrevolucionarias”, las que se “atenderán con todo el rigor de la ley”.
Una organización de defensa de los derechos humanos, la Coalición por la Libertad de Asociación, pidió a los presidentes Gustavo Petro y Gabriel Boric que “condenen la represión de las manifestaciones en Cuba”, recordando, en una carta pública, que “sus gobiernos fueron el resultado de amplios procesos de movilización social”.
Años de mala gestión, nula inversión y negligente mantenimiento afectaban el suministro normal de energía. Entre julio y septiembre, hubo solo dos días sin cortes, según datos de la compañía estatal.
El sistema funciona con ocho anticuadas termoeléctricas terrestres y seis flotantes, arrendadas a terceros. La red generadora se ve permanentemente afectada por desperfectos, falta de combustible (agudizada con el incendio de los tanques de almacenamiento de Matanzas, en agosto) y escasez de materiales para prolongar su vida útil, que era de 30 años, cuando ya llevan hasta 40 de uso.
| Los cubanos saben que tienen legítimo derecho a reclamar contra las deplorables condiciones de vida en la isla. Pero tras el apagón total que se produjo por el huracán Ian, el gobierno comunista otra vez reprimió las protestas con dureza. |
Durante esta crisis provocada por el huracán, que además dañó gravemente la producción agrícola, todas las plantas se cayeron. Han vuelto gradualmente al servicio, pero hasta el viernes aún faltaban varias. El restablecimiento del suministro da prioridad a La Habana, por lo que en zonas más alejadas y rurales las condiciones son aún peores.
Ante la grave situación, el gobierno comunista pidió ayuda a EE. UU., a lo que el Departamento de Estado respondió que están “evaluando las formas de continuar la ayuda al pueblo cubano en consonancia con las leyes y regulaciones”, aludiendo a las normas que restringen el intercambio con la isla. En todo caso, Washington aseguró que ayudarán a hospitales, plantas de agua e infraestructura crítica.
Las tímidas medidas de apertura económica iniciadas por el régimen no son suficientes para mejorar las condiciones generales.
En agosto, ante el feroz desabastecimiento, se dio un paso hacia la autorización de inversión extranjera en el comercio mayorista y minorista, con limitaciones, pues el actor principal seguirá siendo el Estado, según dijo la ministra encargada del tema.
Se podrán crear empresas mixtas, que se “centrarán en la venta de materias primas, insumos, equipos para impulsar el desarrollo de producción nacional”, y también “suministrar alimentos, productos de higiene e incluso de generación eléctrica de fuentes renovables”.
Ha costado décadas de sufrimiento y un éxodo de millones para que la dictadura comunista reconozca el fracaso de un modelo que solo ha dejado hambre y miseria para su gente.
En Argentina se estima que la comunidad mapuche tiene unos 100 mil miembros, de los cuales la mayoría vive de forma pacífica, integrados al país.
En Río Negro y Neuquén, activistas han iniciado un proceso violento de “recuperación de territorios ancestrales”, ocupando predios públicos, parques nacionales y, ahora último, propiedades privadas.
La semana pasada se produjo el desalojo, por orden judicial, de un grupo de unas 20 personas, denominado lof Lafken Winkul Mapu, que tenía tomado un predio cercano a Bariloche. La acción la realizó un comando organizado por el gobierno de Alberto Fernández, formado por efectivos de las cuatro fuerzas de seguridad federales.
Hubo un enfrentamiento sin armas letales, que resultó en la detención de siete mujeres, mientras los hombres del grupo huyeron a los bosques.
La renuncia de la ministra de la Mujer, por considerar el operativo “incompatible con los valores que defiendo como proyecto político”, muestra las ambigüedades del gobierno de Fernández, a quien se le critica por no tomar medidas efectivas para terminar con la violencia en el sur.
Sin embargo, la formación del comando federal que realizó el operativo y se mantiene en la zona fue un decisión importante en sentido contrario.
El Mercurio, Editorial, 10/10/2022
Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
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