LAS OPINIONES EMITIDAS EN ESTA COLUMNA DE OPINIÓN, ES DE RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE UNOFAR
La tercera está en curso y, para bien o para mal, esta vez los hombres de armas no parecen estar dispuestos a pagar nuevamente el amargo precio de ingratitud e injusticia flagrante que les acarreó haber recogido la patria desde las cenizas para entregarla a los señores políticos en el umbral del exclusivo club OCDE.
A NUESTROS CAMARADAS DE ARMAS DE LAS DIFERENTES PROMOCIONES DE LA ESCUELA MILITAR:
“Si la libertad significa algo, será sobre todo, el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír”.
George Orwell
Luego de la primera carta en que compartí mi opinión e intenté reflejar el sentir de muchos de los nuestros, indignados todos por la traición del gobierno de Piñera y que éste ha continuado, por la situación que viven nuestros camaradas Presos Políticos Militares y a aquellos miles injustamente procesados o por procesar, escribo estas líneas con la certeza de representar los sentimientos de nuestra generación. Todo ello, con la esperanza de motivar una necesaria reacción para contener la cobarde y asimétrica agresión de que somos objeto quienes tuvimos el honor de servir en las filas de nuestro Ejército de Chile.
Ante la evidente campaña jurídico-comunicacional a que nos someten desde hace ya largo tiempo, cabe preguntarse: ¿Quiénes son los que nos persiguen implacablemente, sin dar tregua en su empeño por llevarnos a la cárcel?, ¿Cuál es la génesis de la estructura del odio y la venganza que hoy enfrentamos?, ¿Es posible contar con algún tipo de apoyo institucional o político?, ¿Qué podemos hacer para revertir la situación en que nos encontramos?
La persecución se encuentra hoy en manos de un grupo de ministros de Cortes de Apelaciones, designados inconstitucionalmente por la Corte Suprema de Justicia como “Ministros en Visita Especial”, cuya existencia legal fue derogada hace varios años. Dichos ministros, de innegable involucramiento ideológico, son respaldados en sus fallos por un grupo igualmente afín a sus propósitos, convenientemente instalado en las salas de las Cortes de Apelaciones y fundamentalmente en la Segunda Sala de la Corte Suprema, instancia donde se resuelven la mayoría de los casos que nos afectan.
Como si lo anterior no fuera suficiente, el estímulo comunicacional y el manejo de los sucesivos gobiernos, ha hecho que los jueces sientan que mientras más duros son con los militares, mejores perspectivas de progreso en la carrera judicial tienen. Así ha quedado en evidencia con el posicionamiento progresivo de jueces de izquierda en los más altos cargos de la administración de justicia.
Los impulsores y promotores de la persecución entregada en manos de los jueces son, en primer lugar, las agrupaciones de derechos humanos, perversamente estimuladas por los cada vez mayores incentivos económicos. Junto a ellos y con un ímpetu avasallador, actúa, como ente político técnico, el equipo de abogados del Ministerio del Interior, que bajo el nombre de: Programa Continuación de la Ley 19.123, llevan a cabo la gestión en los tribunales y dirige −a través de ellos− las investigaciones tendientes a comprometer judicialmente a todos los integrantes de nuestra generación, a diferencia de lo que se esperaba y había sido prometido por el candidato traidor. Estos vengadores no solo fueron mantenidos en sus funciones sino que fueron potenciados fuertemente por el gobierno de Sebastián Piñera.
Tenemos entonces un cuadro de acción perfectamente ensamblado, donde el Poder Ejecutivo promueve y estimula, y el Poder Judicial, infiltrado por esta corriente fuertemente ideologizada, ejecuta.
¿Qué ocurre entretanto con el Poder Legislativo?: Siendo los únicos con autoridad legal de ejercer control sobre los excesos del Poder Judicial, no tienen la autoridad moral y por lo tanto la capacidad de dicho control. No han llevado a cabo acusación constitucional alguna en contra de los jueces prevaricadores, sin duda escondidos en sus propios temores por la corrupción y el desprestigio que los afecta. Salvo un par de excepciones, no hay parlamentario dispuesto a enfrentar al Poder Judicial con la firmeza con la que actuaron en el pasado. Más difícil aún es encontrar parlamentarios con el valor de reconocer en público los abusos que se cometen en contra de los militares. Por el contrario, se siguen presentando proyectos de Ley que buscan humillar al mundo militar. Creen que nos tienen de rodillas, pero – “cuidado” – no es así.
En el resto del espectro político no se aprecia ningún camino de solución, pues cada cual se encuentra empleado en su ambición por alcanzar y mantener el poder. Los partidos de centro derecha y en especial los nuevos movimientos como Amplitud y Evópolis, han demostrado que consideran inconveniente mostrar cercanía con el mundo militar, prefiriendo el silencio o el abierto rechazo a sus antiguos aliados o sostenedores. La mejor prueba de ello es la traición de Sebastián Piñera, la cual no será jamás olvidada ni perdonada por nuestro sector.
En una grotesca repetición del guión de la derecha, hoy somos testigos de nuevos intentos de acercamiento hacia nuestro sector, esperando volver a engañarnos como lo hicieron en el pasado.
Para el gobierno y los partidos que lo apoyan, las evidencias de inconstitucionalidades, arbitrariedades e ilegalidades en los procesamientos y condenas a militares sobre la violación de los derechos humanos, los mantienen en una ceguera de “violación sistemática a los derechos humanos” que solo busca dividendos políticos. ¿Qué pasa con los militares procesados y condenados?
No son de su interés; la sed de venganza es superior a la razón y a la justicia. Hacen vista gorda y caen en la inconsecuencia imperdonable, grotesca, malvada y demoledora – para los afectados y sus familias – de no cumplir ni respetar la bandera de lucha de los “DD. HH.” que instalaron en su programa.
En una de esas, y ojalá así sea, hasta es posible que algún líder de la izquierda menos extrema sea capaz de ofrecer una vía de solución ante la incapacidad y falta de credibilidad de la derecha política. No existiendo aliados posibles en el espectro político, cabe preguntarse ¿Dónde podremos encontrar apoyo para nuestra causa, antes que la totalidad de nuestra generación termine entre rejas?. Comencemos por preguntarnos: ¿Están las instituciones armadas en condiciones o con voluntad para contener esta ofensiva en su contra y en perjuicio directo de sus miembros en situación de retiro?
Lamentablemente, los hechos demuestran que las instituciones y en especial el Ejército, se encuentran empeñadas en defenderse de la campaña de desprestigio que ha surgido como consecuencia de los luctuosos hechos gestados entre sus filas, donde la falta de honor y honradez de algunos ha expuesto a la institución al oprobio público. Lo curioso es que dichas situaciones han sido detectadas, investigadas, sancionadas preventivamente y sometidas a la justicia por el propio Ejército, pero aprovechadas política y comunicacionalmente por los tres poderes del Estado.
La sociedad civil, por su parte, mantiene una total indiferencia hacia nuestra situación, solo algunos signos y comentarios de cóctel demuestran algún grado de sensibilidad hacia la abusiva condición con que se nos trata. A pesar de ello, los intereses nacionales apuntan a cualquier otro tipo de problemas, menos hacia el nuestro. Las reiteradas campañas comunicacionales, perfectamente coordinadas desde el gobierno, mantienen la imagen de criminales y genocidas, que se nos atribuye en un plan de venganza perfectamente orquestado, generando con ello el rechazo en mucha juventud, sobre la base de una historia evidentemente tergiversada.
No habiendo apoyo posible, al menos en lo inmediato y en lo evidente, necesariamente debemos volcar nuestra atención sobre nosotros mismos. En primer lugar, ha quedado atrás la idea de que serían solo “algunos” los expuestos a la persecución. Hoy vemos que ya se está sometiendo a proceso a quienes detuvieron gente por violar el toque de queda o cuyos soldados dispararon en contra de quien trató de evadir el control. El fundamento de los jueces es que el Golpe de Estado fue ilegal, luego todo lo que se hizo posteriormente también entra en la categoría de ilegal. Tenemos así múltiples casos de procesamientos por detenciones ilegales, apremios ilegítimos, torturas, etc., atribuidos a quienes en la fecha sólo cumplían órdenes de sus superiores, en el marco de un Estado de Sitio.
En medio de esta avalancha de procesos, los que ya superan los 1.300, escuchamos a muchos que dicen “hay que…”, a pesar de que − cuando tuvieron el poder – nada observable y palpable hicieron. Un antiguo profesor señalaba con acierto que “el poder se usa por el bien de los ciudadanos y la convivencia social cuando se tiene, nunca después de dejarlo”. Así, llegamos a una situación en que no sirven las cartas ni las palabras de bien; se requiere de actos y conductas que logren resultados. Solo sirven las acciones que − aunque tardías − puedan revertir la situación en que nos encontramos.
Muchos de quienes fuimos mandos subalternos en la época en cuestión creen que no serán tocados por no haber hecho nada reprobable. Por desgracia, la Cárcel de Punta Peuco y próximamente Colina I comienzan a llenarse de ingenuos que creyeron que esta justicia respeta la verdad y la honestidad. Cada día vemos a más y más camaradas recibir tratos vejatorios, por el solo hecho de haber cumplido con su Deber Militar o más grave aún procesar y condenar a oficiales por el solo hecho de ser parte de la Unidad, donde no concurren la convergencia subjetiva que tiene relación, con el conocimiento y la intención del daño ocasionado – por parte del procesado o condenado – y tampoco la convergencia objetiva de la presencia del sujeto en el acto en cuestión. Las penas aplicadas han sido de un rigor absolutamente arbitrario y desproporcionado; ajenas a todo acto de justicia. Venganzas demoledoras, que instalan en la opinión publica la idea de instituciones absolutamente dañinas a la sociedad a la cual sirven, pero que ante los momentos más difíciles que periódicamente vive Chile, todos miran a sus cuarteles. ¿Qué intención política e ideológica se pretende con estos actos de corrupción y prevaricación de jueces?. ¿Denostar el alma del soldado y tenerlo arrodillado sometido a las decisiones de los diferentes poderes del estado? ¿Qué hay del Ejército libertador?. El daño al alma nacional es irremediable. ¿Hasta cuando resiste esto nuestro país? ¿No hay autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial que puedan decir algo al respecto? Sin duda esa “ceguera humana” alimentada por la venganza hacia quienes están amarrados de pies y manos, pero libres de conciencia, es de una cobardía atroz y una vergüenza que la historia de los pueblos la ha repetido y que sus autores y responsables a la larga han debido afrontar.
¿No habrá alguna autoridad en Chile, que desde su situación transitoria de poder levante su voz, basado en los principios de los derechos humanos, tan manoseados y sin aplicar por quienes los pregonan y más grave aún por quienes deben aplicar “justicia con justicia”?
Recién se ha creado la Multigremial de las FF.AA. y de Orden y Seguridad en Retiro, a la cual debemos apoyar con un generoso y permanente compromiso; ello para cumplir sus nobles objetivos y también como una forma de hacer sentir nuestro peso en la sociedad y presionar para la libertad de los nuestros injustamente procesados y condenados. Chile necesita de procesos y condenas transparentes, objetivas y válidas; no sustentados en ficciones jurídicas; sujetas a derecho; y el fin de la persecución.
Resumiendo nuestra situación:
1) Nos encontramos ante un enemigo declarado contra la generación militar que vivió los años del Gobierno Militar, lo cual es apoyado y estimulado económicamente desde el gobierno.
2) El medio de acción empleado por el enemigo corresponde a un sector enquistado en la judicatura, a través del cual se nos aplica un tratamiento judicial discriminatorio, arbitrario e inconstitucional.
3) El Poder Legislativo demuestra una nula capacidad o interés en solucionar nuestra situación.
4) No hay posibilidad de obtener apoyo de nuestras instituciones, acorraladas por la presión del mundo político.
5) No disponemos de un apoyo efectivo en la opinión pública, lo que dificulta cualquier solución de parte de quienes viven de ella: los políticos.
6) A través del apoyo incondicional a nuestra Multigremial, tenemos la oportunidad de mostrar la fuerza que poseemos, abandonando la actitud pasiva de los últimos años.
Entonces:
1. Observemos a quienes con sus actuaciones han contribuido a la denostación de los militares y que mediante una campaña perfectamente organizada y apoyada por los sucesivos gobiernos, han pretendido cambiar la historia y han provocado el encarcelamiento injusto de nuestros camaradas de armas.
2. Denunciemos públicamente a quienes han abusado del cargo que ostentan y que han caído en abierta prevaricación.
3. Mantengamos unidas a nuestras promociones, prestos a apoyar lo necesario para preservar la verdadera Justicia que hoy se nos niega.
4. Apoyemos a la Multigremial recientemente formada y demostremos que con cientos de miles de nuestros votos y de nuestras familias, lucharemos por restaurar la “verdadera historia de Chile”, unidos a una permanente campaña de denuncias en todos los tribunales posibles, ya sean nacionales o internacionales.
Además:
? ¡No dejemos abandonados a nuestros caídos en el combate. Los aportes – por pequeños que sean – a través de diferentes organizaciones como la “Multigremial” o “Mis Camaradas” (?miscamaradas2016@gmail.com) son muy importantes!
? ¡Mantengamos unidas nuestras promociones, prestos a apoyar lo necesario para preservar la verdadera Justicia que hoy se nos niega!
GDB. Álvaro Guzmán Valenzuela, Presidente de la Promoción 1966 – 1970
Santiago, Febrero de 2016
Si los chilenos hiciéramos el ejercicio de mirar atrás con ganas de aprender, veríamos que en los últimos cien años nuestro orden de convivencia estuvo gravemente amenazado en dos ocasiones. Ninguna irrumpió súbitamente; por el contrario, ambas se fueron incubando a lo largo del curso de una generación completa. Y, las dos fueron resueltas manu militari. La tercera está en curso y, para bien o para mal, esta vez los hombres de armas no parecen estar dispuestos a pagar nuevamente el amargo precio de ingratitud e injusticia flagrante que les acarreó haber recogido la patria desde las cenizas para entregarla a los señores políticos en el umbral del exclusivo club OCDE.
Las décadas que precedieron al 5 de septiembre de 1924 se caracterizaron por la parálisis del sistema de gobierno. Como se recordará, una de las consecuencias de la Guerra Civil de 1891 fue la instauración del parlamentarismo… lo que en sí no tiene nada de malo, pero aquí se le aplicó a la chilena. El sistema parlamentario, para funcionar correctamente, presupone un consenso nacional fuerte, un estrato dirigente dotado simultáneamente de patriotismo e ingresos de vida propios, partidos políticos con arraigo ciudadano, disciplinados y organizados en dos grandes bloques igualmente responsables, única manera posible de garantizar, simultáneamente, la alternancia democrática en el ejercicio del poder y la gestión del Estado en procura del bien común. Ninguno de tales rasgos caracterizaba actividad política nacional… ¡salvo en los discursos! Quizás nunca los hubo tan bonitos…
¿Qué hecho precipitó aquella crisis? En medio de la inoperancia práctica más vergonzosa, los parlamentarios resolvieron fijarse una dieta o remuneración fiscal para compensar sus altos servicios a la república. Hasta ese momento los diputados y senadores cumplían sus funciones gratuitamente, simplemente por el honor de servir. Y a la sesión en que discutirían tan grato asunto se presentó en la galería del Senado un puñado de tenientes, de uniforme. Una vez consumado el ritual que aprobaba el trámite legislativo que establecía la dieta, los oficiales bajaron silenciosamente las escaleras… por ellos y por todo Chile hablaron sus sables, que fueron golpeando con inquietante ruido cada peldaño del viejo caserón. De ahí viene la expresión “ruido de sables.” No fue necesario disparar un tiro ni dar un grito: en horas, el presidente Arturo Alessandri estaba asilado en la embajada de USA y el Congreso quedaba disuelto. Se hizo cargo del mando efectivo el mayor Carlos Ibáñez, encabezando a la juventud militar de la época. Esa crisis, de naturaleza eminentemente política, se superó con un nuevo orden institucional -en adelante y hasta hoy marcadamente presidencial-, y una nueva Constitución, la de 1925, aprobada masivamente en plebiscito a pesar de haber ordenado votar en contra todos los partidos políticos, desde al comunista al conservador.
La desintegración de la democracia chilena en 1973, en cambio, tuvo otras motivaciones. Décadas de mediocridad y estancamiento económico fueron el caldo de cultivo de un profundo malestar social, para decirlo suavemente. La institucionalidad creada por los militares de la generación anterior, al carecer de un compromiso moral explícito con un cuerpo de valores, sirvió para encubrir la acción más o menos encubierta de los apóstoles de la lucha de clases, entendida en clave revolucionaria. Las tensiones generadas por la sorda lucha que definiría en qué bando de la Guerra Fría militaría Chile en el momento decisivo, afectó progresivamente la cohesión social y, al cabo, durante la década revolucionaria (1964-1973) ésta se desmoronó. Llegó entonces el momento en que lo único que se movía en el país eran los preparativos para una guerra civil. El 11 de septiembre de 1973 fue la solución a esa crisis y así lo entendió la inmensa masa de la población, que respiró aliviada. Por supuesto, la percepción de quienes estaban comprometidos con la revolución armada fue y seguirá siendo diferente. Si esa es la verdad de las cosas –y seguramente lo es-, mienten quienes todavía siguen sosteniendo que el 11 de septiembre nos divide; la verdad es exactamente al revés: el 11 de septiembre se produjo porque la división fratricida ya había alcanzado un grado inaceptable. La intervención militar no surgió de la nada. Si algo dejó en claro el caza bobos denominado melifluamente Mesa de Diálogo (1999-2000), es que la verdad indiscutible y oficial, incluso para efectos judiciales, coincide con lo que se acaba de afirmar. En cambio, acerca de lo que ocurrió después, esto es, sobre el sentido y valor de la obra realizada por el Gobierno Militar, es legítimo tener opiniones diversas. Pero una vez despejadas las toneladas de propaganda, odio y dinero invertidos para escamotear la historia real a la generación más joven, el único factor de juicio que prevalecerá en el tiempo será la comparación serena entre el país de 1973 y el de 1990… y la proyección de las posibilidades que cada uno de esos momentos brindó a la nación.
Así llegamos al presente, al verano de 2016. Para la estabilidad de un sistema presidencial como el nuestro, el grado de adhesión que la gestión del Jefe del Estado suscite no tiene demasiada importancia. Los plazos de su administración están predeterminados por una Constitución que las FFAA garantizan y, mientras conserve las formas, las instituciones permanecerán impasibles. Sin embargo, todo tiene un límite, y en este caso es la paciencia de los ciudadanos, de los civiles, de lo que antes se llamaba “el pueblo” y hoy “la gente”, señal del cambio de pelaje… Con todo, sería ilusorio suponer que un Gobierno, cualquiera que sea, puede sobrevivir afirmando demasiado rato el pie izquierdo en una Carta Fundamental -que además intenta reemplazar, dicho sea de paso- y el otro en el vacío. Sin necesidad de soplar sobre él, en algún minuto perderá el equilibrio. Hoy, al mirar más allá de la mera legalidad, es imposible soslayar que el presidente Pinochet entregó el poder luego que el 44% de los ciudadanos votara ofreciéndole un segundo mandato constitucional de ocho años, mientras la presidenta Bachelet, elegida por el 25.5% del padrón electoral, concita hoy una cifra incluso inferior de credibilidad. Tampoco ayuda que los políticos y los jueces compitan por el último lugar en todas las encuestas de confiabilidad. La popularidad y el prestigio son cosas muy distintas. Lo comprobó amargamente el presidente Ibáñez el 26 de julio de 1931, cuando a pesar de contar con la lealtad de unas FFAA que sólo esperaban una orden suya, optó por renunciar y exiliarse.
No se requieren dotes de profeta para advertir la conveniencia de ir reflexionando sobre el tipo de desenlace y alcance que tendrá la crisis de gobernabilidad en que estamos sumidos. No es una cuestión de régimen político, como en 1924, ni de antagonismo ideológico como en 1973. Tampoco es lo decisivo que la economía haya retrocedido una década en dos años… los pobres tendrán que esperar. La naturaleza de la crisis actual es principalmente moral; por tanto, el remedio deberá centrarse en esa dimensión o sólo disfrazará las cosas, dilatando la solución.
Francisco Balart
Francisco Balart Páez es abogado, licenciado en Historia por la Universidad Católica de Chile, magister en Ciencia Política por la Universidad de Chile y Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, España. Ha sido profesor de Derecho Político, Historia del pensamiento político, Ciencia Política y Derecho Constitucional en la Universidad de Chile, en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, en la Academia de Guerra Naval y en el programa de magister que imparte la Academia de Guerra del Ejército. Además de algunos libros jurídicos sobre su especialidad, es coautor de El Ejército de los chilenos. 1540-1920, publicado en 2007.
No Está Perdida Toda Esperanza.
Cuando mi opinión sobre mis connacionales estaba por los suelos, motivada a ello al presenciar cómo personalidades públicas, incluidos dirigentes de derecha, elevaban a los altares a la portadora de bombas incendiarias destinadas a ser lanzadas a vehículos de locomoción para impedir que la gente fuera a sus trabajos; y la justicia prevaricadora arrasaba con todas las leyes para perseguir a quienes enfrentaron ese terrorismo, el examen de las declaraciones de nueve ex conscriptos del Ejército, de un total de once, que participaron en los hechos, me ha hecho recobrar parte de mi fe en que subsiste una fibra moral intacta en nuestro pueblo.
Esos nueve han demostrado tener un coraje y una firmeza de carácter mayores que muchos de sus superiores uniformados. En medio de un ambiente publicitario y judicial tremendamente adverso, los ex conscriptos, pese a ser mandados ilegal e injustamente presos, prisión que no sufren actualmente ni siquiera los peores delincuentes, se han mantenido firmes. No han cedido a la tentación de traicionar a otros, mentir y sumarse a la corriente dominante, que lo único que les pide, a una sola voz con una judicatura dominada por la politiquería y que contraviene las leyes, es que respalden la “verdad oficial” necesaria para desviar la atención pública de las falencias que afligen al gobierno.
Y, todavía, uno de ellos ha tenido el coraje de autoinculparse de haber provocado accidentalmente el fuego que quemó a los dos activistas portadores de las bombas incendiarias. Entre paréntesis, ello prueba que los artefactos incendiarios de vidrio eran tremendamente letales, pues bastaba romperlos para que estallaran en llamas. Por supuesto, en los mismos días la justicia penal ha dejado libres a quienes hace poco han quemado a un modesto empleado que no era portador de ningún artefacto incendiario, sino que era un simple hombre de trabajo. Nadie ha oído al senador Larraín horrorizarse por ello, como lo hizo en el caso de los subversivos.
¡Qué contraste moral entre las personalidades de esos nueve hombres modestos y una judicatura de izquierda que no tiene miramientos en mandarlos ilegalmente presos! Y sin el menor escrúpulo la misma judicatura premia decidoramente, pues no los encarcela, a los que se prestaron para corroborar las falsas versiones de la propaganda oficial.
Esos únicos dos desertores del grupo ni siquiera están de acuerdo entre sí. Uno inculpa al teniente Castañer de haber iniciado el fuego con un encendedor; el otro al teniente Fernández de haberlo hecho con un fósforo. Pero los otros nueve coinciden en que ambos oficiales estaban alejados del estallido del fuego. Por supuesto, el juez de izquierda atiende a la versión contradictoria de los dos y no a la conteste de los nueve, más la de los dos oficiales, pues es lo políticamente correcto; y manda a todos éstos presos.
Más aún, como anticipé, entre los referidos nueve ha surgido la voz de Leonardo Riquelme Alarcón, quien, teniendo todo qué perder, da razones de conciencia, expresa no estar movido por ningún interés económico y confiesa que un movimiento accidental suyo propio provocó la ruptura de un envase explosivo y generó el fuego que quemó a Rojas y Quintana, al tiempo que los dos oficiales daban órdenes de que se les apagara.
Creo que esos nueve chilenos a quienes hoy nadie defiende, y en particular Leonardo Riquelme Alarcón, nos han dado un ejemplo valioso en tiempos de corrupción generalizada, ilegalidad rampante y uso desatado de la mentira para conseguir dividendos políticos.
Valga añadir que las patrullas que coincidieron en el lugar en 1986 estaban cumpliendo una noble misión: proteger a la población civil de ataques incendiarios terroristas. Eso configura la monstruosidad en que hoy se incurre, de culpar a sus miembros de “violaciones a los derechos humanos”. Suele llamarse “el pago de Chile”.
Pese a tal monstruosidad, hoy generalizada en nuestro medio, si nueve de cada once chilenos del pueblo son como ha quedado descrito, y si entre cada nueve hay un Leonardo Riquelme Alarcón, en el país no está perdida toda esperanza.
Publicado por Hermógenes Pérez de Arce.
06/12/2015, 20:57