𝑨𝑩𝑶𝑮𝑨𝑫𝑨 𝑫𝑬 𝑷𝑼𝑵𝑻𝑨 𝑷𝑬𝑼𝑪𝑶:
“𝑬𝑺𝑻𝑶 𝒀𝑨 𝑵𝑶 𝑬𝑺 𝑱𝑼𝑺𝑻𝑰𝑪𝑰𝑨, 𝑬𝑺 𝑽𝑬𝑵𝑮𝑨𝑵𝒁𝑨”
𝑬𝒏 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒕𝒂 𝒄𝒐𝒏 𝑫𝒐𝒃𝒍𝒆 𝑬𝒔𝒑𝒂𝒄𝒊𝒐, 𝒍𝒂 𝒑𝒆𝒏𝒂𝒍𝒊𝒔𝒕𝒂 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒂 𝑭𝒆𝒓𝒏𝒂́𝒏𝒅𝒆𝒛 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆𝒇𝒆𝒏𝒅𝒊𝒐́ 𝒍𝒂 𝒏𝒆𝒄𝒆𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒐𝒕𝒐𝒓𝒈𝒂𝒓 𝒂𝒓𝒓𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒐𝒎𝒊𝒄𝒊𝒍𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒂 𝒍𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂 𝑷𝒆𝒖𝒄𝒐 𝒚 𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏𝒐́ 𝒍𝒂 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊𝒐́𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒈𝒐𝒃𝒊𝒆𝒓𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒗𝒆𝒓𝒕𝒊𝒓 𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒏𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒖𝒏𝒂 𝒄𝒂́𝒓𝒄𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒎𝒖́𝒏. “𝑵𝒐 𝒔𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅, 𝒔𝒊𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒉𝒖𝒎𝒂𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅”, 𝒂𝒇𝒊𝒓𝒎𝒐́.
Esta semana, la abogada Carla Fernández Montero rompió el silencio y habló con Doble Espacio sobre la polémica decisión del gobierno de transformar Punta Peuco en un penal común. Al respecto la defensora de más de un centenar de militares en retiro condenados por presuntos delitos de lesa humanidad fue clara: “A los hombres que están en Punta Peuco hay que dejarlos morir en sus casas”.
Fernández, de 42 años, lleva más de una década trabajando con los internos del recinto, a los que visita cada sábado. Conoce de cerca su situación y no duda en calificarla de “crítica”. Según afirma, los reos de Punta Peuco —en su mayoría mayores de 75 años— viven bajo un régimen que, a su juicio, “vulnera derechos básicos y carece de sentido práctico”.
“La mayoría está enferma, muchos no pueden valerse por sí mismos. Son personas que no representan ningún peligro para la sociedad”, señala. “Aquí no hay reinserción posible ni riesgo de reincidencia. Lo que hay es venganza y deshumanización”.
La abogada sostiene que la decisión del Presidente Gabriel Boric de eliminar el carácter especial de Punta Peuco “no solo es imprudente, sino también ineficiente”. Explica que el traslado o mezcla con reclusos comunes implicaría “un riesgo real” para los internos, quienes podrían ser objeto de agresiones. “Ni siquiera en Colina 1 han logrado hacerlo sin violencia. Pretenderlo en Tiltil es desconocer la realidad penitenciaria del país”, advierte.
Su defensa, asegura, no busca justificar los hechos ocurridos, sino reclamar un trato digno para quienes ya cumplen condena. “El Estado de Derecho debe aplicarse para todos, incluso para los que la historia ha condenado. Mantener a ancianos enfermos tras las rejas, sin atención adecuada, es un acto de crueldad que ningún país civilizado debiera tolerar”.
Fernández recuerda que en junio pasado interpuso un recurso de amparo —luego transformado en recurso de protección— para impedir que Gendarmería retirara los refrigeradores personales de los internos. La medida fue acogida por la Corte de Apelaciones, que ordenó detener la remoción. “Aquello no era un capricho”, explica. “Era una necesidad básica. Quitarles los refrigeradores fue un castigo arbitrario que afectó su salud y su estabilidad emocional. Eso es tortura psicológica”.
Desde su visión, la transformación del penal en cárcel común se enmarca en una lógica punitiva “que busca castigar más allá de la pena impuesta”. “Hay un discurso moral que confunde justicia con venganza”, afirma. “Y la justicia, si no tiene humanidad, deja de ser justicia”.
La abogada plantea además una alternativa concreta: la reclusión domiciliaria total. “Sería una forma de cumplir la condena con supervisión judicial, sin poner en riesgo la vida de personas que ya están al final de su existencia. Es una medida racional, humana y compatible con el Estado de Derecho”.
Consultada por las críticas que apuntan a una supuesta impunidad, responde sin dudar: “No hay impunidad cuando se mantiene la condena. Ellos seguirían privados de libertad, pero en condiciones dignas. Lo contrario es simplemente mantener el odio institucionalizado”.
jra.
Fuente: :Revista doble espacio de u. de chile
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