“Algunos quieren que vivamos separados”. “A cumplir una promesa, señor Presidente”

Conviene repasar algunos puntos y tocar otros que no se han divulgado, sobre todo, en Internet. Uno esperaría que con el terremoto y el tsunami, la maldad hubiese sido enterrada en el país. Con todo, ganó mas fuerza.

El Presidente Sebastián Piñera desde que asumió su mandato el 11 de marzo ha realizado unas acciones que contravienen el llamado a “la unidad nacional”, por una parte. Y por otra, al compromiso que contrajo con los ex Militares en el Club Español en Santiago y la reunión que se hizo en Viña del Mar durante la campaña presidencial. Por la red, un columnista escribió “La incertidumbre de los militares”. Me parece demasiado optimista usar la palabra “incertidumbre”.

En primer lugar:

A los seis días de haber asumido, le negó el indulto presidencial al General en retiro Odlanier Mena, encerrado en el campo de concentración Punta Peuco. El actual Presidente Piñera se olvidó que, cuando fue a buscar los votos de los ex militares en las dos reuniones (Santiago y Viña del Mar), alguien que le escuchó saco a viva voz la situación de los Militares de Punta Peuco. No se explica entonces que le haya negado el indulto. Sin embargo, al mismo tiempo, invitó al Diputado y líder del Partido Comunista, Jorge Teiller a la primera gira presidencial, olvidándose que dicho sujeto fue el responsable de la internación de armas en Carrizal Bajo, y del brazo armado de ese partido, el Frente Terrorista Manual Rodríguez, responsable de varios actos criminales.

En segundo lugar:

En el caso del funcionario menor de la Cepal, Carmelo Soria, la nueva directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Rossy Lama (nombrada por Piñera), apelando al fallo del juez quien no encontró culpables y aplicó la Ley de Amnistía de 1978, dijo en una entrevista: “En delitos de lesa humanidad no procede aplicar ni amnistía ni prescripción” . Y añadió: “No habrá ley de punto final en causas de derechos humanos”. Parece que la graduada de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, se le olvidó que dicha ley también benefició al socialismo. Los abogados de han vuelto iletrados.

En tercer lugar:

La cacería de brujas orquestada por el Diputado comunista y abogado de DD.HH. Hugo Gutiérrez, con el ex director de Gendarmería, el General en retiro de Carabineros Iván Andrusco, ligándolo a DICOMCAR, organismo de la Institución al que no perteneció, y al caso de los tres terroristas degollados llamados por los medios “profesionales”. En la época él simplemente era Teniente. El señor Andrusco finalmente tuvo que renunciar al cargo porque lo amenazaron de muerte, probablemente los protegidos de Gutiérrez. Para los comunistas amenazar a alguien con la muerte no constituye una violación a los derechos humanos. Cabe señalar, que el General Andrusco llegó a ese grado bajo el gobierno de Ricardo Lagos. ¿Qué raro que la inquisición izquierdista o de DD.HH., no dijeran nada en ese momento? Ya sabemos que los terroristas del Mir, el Frente Lautaro y el Frente terrorista Manuel Rodríguez, no violaron los derechos humanos según la izquierda y la derecha liberal. Quienes hayan visto un poco la entrevista al diputado Gutiérrez por canal 24 horas, se podrán dar cuenta que lo único que hizo fue demonizar a los Militares que fueron asignados a la DINA y la CNI, ya que sus amigos terroristas perdieron. Y como carecen de hombría, prefieren demoler a sus enemigos atribuyéndoles sus propias características. Prefieren la pose de mosquita muerta y el Presidente Sebastián Piñera no salió a defenderlo públicamente.

En cuarto lugar:

Mucha gente que votó por Piñera lo hizo para que se acabara la subvención estatal a las ONGs e instituciones de izquierda. No votaron porque Piñera fuese de su simpatía y admiración. Y ahora tienen que observar el hecho de que el nuevo gobierno giro millones de pesos al abominable, armatoste y propagandístico Museo de la Memoria de la izquierda chilena. En efecto, la nueva ministra de Bienes Nacionales, Eugenia de la Fuente militante de RN le entregó $ 700 millones de un total asignado para el año de $ 1600 millones del presupuesto nacional. El Presidente Piñera no es capaz de sacar plata de ese museo de corte totalitario para financiar la reconstrucción, pero sí puede aumentar los impuestos a las empresas. No es capaz de sacarle la grasa al Estado.

En quinto lugar:

Alguien esperaría que con el nuevo gobierno de “derecha” se terminara con las millonarias indemnizaciones a supuestas víctimas del Gobierno Militar. Sin embargo, no es así. En efecto, la corte ordenó pagar al fisco 260 millones de pesos a la familia del terrorista del Mir, Washington Cid Urrutia. Y la Corte agregó: “Así como los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, lo son también las acciones reparatorias que surgen de tales delitos”. El fallo es inconstitucional e ilegal como son todos los casos de derechos humanos, porque recientemente, el junio del 2009 Chile firmó el tratado que sanciona los crímenes de lesa humanidad. Y de acuerdo a nuestra legislación no se pueden aplicar con carácter retroactivo.

Hay varias explicaciones para todo esto. Una de ellas es que Piñera nunca dijo en forma pública que aplicaría la Ley de Amnistía, aunque sí dijo que se comprometería a hacer respetar el Estado de Derecho. La otra es simplemente, que el empresario utilizó y engañó a las personas que lo escucharon en el Club Español y en Viña del Mar. Según el programa “Biografías” de canal 13 cable, que abordó la vida de Sebastián Piñera, en un momento da a entender que la actual Primera Dama, Cecilia Morel, quedó perpleja cuando su marido apoyó al candidato de la Derecha y del Gobierno Militar Hernán Büchi, después de haber votado NO y haber intentado entrar a la Democracia Cristiana por la puerta ancha en tiempos de Pinochet. Esto último no lo mencionaron.

¿Para qué hablamos de “Unidad Nacional”, si algunos quieren que vivamos separados?

JAVIER BAZÁN AGUIRRE

 

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El entorno de los delicuentes representa en Chile una votación de entre 300 mil y 600 mil votos. Resulta obvio que desde 1990 adelante ese entorno ha votado por las opciones presidenciales que han estimado favorecerles más.

Desde la presidencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) la coalición entonces gobernante fue asegurándose cada vez más la adhesión del entorno delincuencial, partiendo con la reforma procesal penal absurdamente garantista para los delincuentes, para llegar bajo el mandato de Michelle Bachelet a otra situación extremada, como la construcción de las mejores cárceles de Latinoamérica, con un costo para el estado superior a 500 mil pesos mensuales por cada preso, para alojar a aquellos que resultara ya imposible dejar en libertad.

La lealtad política de la delincuencia con los gobiernos concertacionistas queda en evidencia al considerar que ni Frei, Lagos o Bachelet habrían podido alcanzar la Presidencia de la República sin esa votación, porque los tres triunfaron por menos votos que los del entorno delincuencial.

Hay otro sector de nuestra sociedad, cuyo entorno también representa entre 300 mil y 600 mil votos. Me refiero a la que ha dado en llamarse la familia militar, que en su mayoría votó anteriormente en blanco por hacérseles insuperable el rechazo íntimo a entregar su voto a candidatos socialistas o asociados suyos. Ese entorno votó mayoritariamente en la última elección presidencial por Sebastián Piñera, haciéndolo Presidente de Chile por una diferencia de sufragios muy inferior al número de los correspondientes al entorno militar, y lo hizo así confiando en el honor y la palabra empeñada por el actual Jefe del Estado, quien se comprometió a resolver de una vez por todas el problema de los militares presos injustamente, por cumplir sus deberes militares y órdenes superiores en la situación de excepción y convulsión interna de 30 años atrás, y por jueces afines al socialismo y asociados, que –tratándose de militares- han dejado caprichosamente sin aplicación la legislación chilena mientras han aplicado doctrinas extranjeras y acuerdos internacional no ratificados por nuestro país o bien retroactivamente a su ratificación, cosa categóricamente inconstitucional.

El Presidente Piñera puede perfectamente cumplir su palabra empeñada otorgando el indulto presidencial a todos los uniformados condenados, y solicitando al Poder Judicial, respecto de los procesos pendientes -y sin meterse en los fallos que corresponda a los jueces dictar- que disponga la aplicación a todos los chilenos, sin excepciones, de la legislación de la república y se abstenga de aplicar en los procesos acuerdos internacionales no ratificados por Chile en la forma señalada por la constitución, o con efecto retroactivo en el caso de aquellos que hubieren sido ratificados.

Para tener la certeza de que al actuar así lo hace cumpliendo el deseo de la gran mayoría ciudadana, le sugiero implementar oficialmente una consulta nacional aunque no sea vinculante, acerca de si quiere el pueblo un punto final o quiere proseguir las persecuciones a militares sobrevivientes del rescate armado de hace 30 años de nuestra nación del castro-comunismo, con anterioridad incluso al colapso soviético y a la caída del muro de Berlín. Yo ya hice dicha encuesta mediante un sistema propio simplificado, pero bastante efectivo, y me arrojó algo más de un 65% a favor de dar vuelta la hoja.

Pero honre su palabra, señor Piñera, y cuanto antes mejor. No vaya a ser que por no hacerlo, aborte usted la posibilidad del próximo período presidencial en su sector y caigamos nuevamente en el socialismo, aunque vestido esta vez con las ropas del joven MEO. Es duro para un militar votar en blanco, pero es inaceptable despojarse del honor.

Chao, y será hasta la próxima semana, a esta misma hora, en este mismo lugar.