Las opiniones vertidas en esta columna son de responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de UNOFAR
Los intentos por decir la verdad y escribir lo que realmente aconteció han sido varios, pero han sido totalmente sobrepasados por la cuidada, bien organizada y persistente propaganda en contra
Situación comparativa a Julio del 2010……
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Uniformados: Aministiados: 57; Indultados:1; Fugados:0; Procesados: 3.051; Condenas a firme por la Corte Suprema: 216; Condenados que cumplen prisión: 62
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Terroristas: Amnistiados: 8.893 * ; Indultados: 282; ** Fugados: 57; Procesados: 0; Condenas firme por la Corte Suprema: 0; Condenados que cumplen prisión: 0;
* Indultados por el Gobierno Militar; incluye retornados del extranjero
** Indultados en Gobiernos de Aylwin y Lagos.
Lo realmente ocurrido en las décadas del 60, 70 y 80 de nuestra historia nacional ha sido manipulado y distorsionado por aquellos que mejor han hecho uso de los medios de comunicación, tanto en nuestro país como a nivel mundial, primero por el marxismo internacional y luego por aquellos que gobernaron el país durante 20 años. Todo esto con el objeto de denostar la obra restauradora del Gobierno Militar y atacar a aquellos que tuvieron que emplearse para enfrentar la mayor crisis política, económica, subversiva y social que recuerda nuestra nación en sus doscientos años de vida independiente.
Los intentos por decir la verdad y escribir lo que realmente aconteció han sido varios, pero han sido totalmente sobrepasados por la cuidada, bien organizada y persistente propaganda en contra. Así, hoy día gran parte de la ciudadanía está desinformada, otros tienen el cerebro lavado, y la juventud “no está ni ahí”, pues no conocieron la realidad o se han sumado a repetir lo que escuchan por aquellos que están por el “ni perdón ni olvido”. No hay Museo de la Memoria para lo ocurrido en nuestro país en las década del 60 y hasta septiembre de 1973.
Muchos políticos y parlamentarios han evitado enfrentar la realidad de lo ocurrido, pensando que lo “políticamente correcto” para obtener votos es continuar atacando a los militares después de 36 años de producido el Pronunciamiento Militar, y de 20 años de gobiernos democráticos. Otros mantienen la desinformación para ocultar sus propias responsabilidades en el trabajo subversivo, internación y uso de armamento clandestino, y como autores intelectuales de hechos de sangre como los atentados contra personalidades como el ex senador Jaime Guzmán, y el General Pinochet y sus escoltas.
Hoy se habla de buscar definitivamente la reconciliación y la unidad nacional, se piden actos humanitarios, y se solicitan beneficios e indultos para la población penal de Chile. De inmediato se han levantado voces de aquellos que quieren seguir manipulando y distorsionado la realidad de lo ocurrido, oponiéndose a que el gobierno de Piñera pueda incluir en estos beneficios a los militares procesados y condenados. Se habla de los violadores de los derechos humanos y de los que cometieron crímenes de lesa humanidad. Hay muchas opiniones y cartas, en los medios de comunicación que van en ese sentido. Muchas de ellas da vergüenza leerlas por la ignorancia que trasuntan, otras expresiones dan risa, como aquella de una dirigente de la Agrupación de Familiares de DD.DD., que trata de ignorante a la reconocida abogada, ex Pdta. Del Consejo de Estado y hoy Decana de Derecho de una prestigiosa Universidad, Clara Czsharanski.
ACLAREMOS:
1.- Todos los chilenos tenemos derechos humanos, no solo los terroristas, subversivos, delincuentes o integrantes de la izquierda que se apropiaron de ese concepto. Así lo estipula el Art. 19 de nuestra Carta Fundamental. La inmensa mayoría de hechos que vulneraron los derechos humanos de los chilenos fueron cometidos, desde la década del 60 en adelante por lo que creen hoy ser los portaestandartes de ellos. ¡Esa es la verdad!
2.- Encarnizada ha sido la persecución contra los integrantes de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad. Lo grave es que esta se judicializó, y la verdad distorsionada y manipulada quedó entrampada en los tribunales de justicia. Así hay secuestros que han durado más de treinta años, leyes que no se aplican, otras a las que se le busca resquicios legales como en el tiempo de la Unidad Popular, asociaciones ilícitas inexistentes, leyes internacionales que se aplican no estando vigentes en Chile, ministros prevaricadores que actúan sin control, indebidos procesos, cómplices de hechos sin autores, uso de testigos falsos, desaparecidos aparecidos, torturados no torturados, exonerados no exonerados, y un gran aprovechamiento económico, tanto de abogados querellantes que no quieren que se le acabe la veta dorada, como de miles de millones de pesos para “reparación de víctimas” que muchas veces no son tales; procesamientos y condenas incoados por presunciones que no son graves, precisas, directas, múltiples ni concordantes como lo estipula el Código de Procedimiento Penal; uniformados profesionales procesados y condenados como privados, abogados que luego dicen que son agentes del estado, solo con el objeto de cobrar millonarias indemnizaciones.
Debido a lo mencionado en este punto, los uniformados hoy en las cárceles son presos políticos militares. ¡Esa es la verdad!
3.- El Art. 19 de nuestra Constitución también expresa la igualdad ante la ley. Este derecho de los uniformados condenados es el más atropellado. Dos fueron las fuerzas en pugna durante el Gobierno Militar, unos por voluntad propia se formaron en organizaciones ilícitas para combatir por las armas la institucionalidad de la República; los otros fueron profesionales de las Fuerzas Armadas y de Orden, destinados a distintos puestos para defender las instituciones permanentes y los derechos humanos de la ciudadanía. A los primeros se les protegió, estando detenidos se les otorgaron beneficios, muchos sin que tuvieran derecho a ellos, y luego se les indultó. A los segundos siempre se le han negado sus beneficios carcelarios y ahora se les quiere negar indultos. Unos son tan chilenos como los otros, también tienen derechos y familias que sufren. ¡Esa es la Verdad!
4.- Majaderamente se insiste que los militares cometieron crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles, inamnistiables y que no se pueden indultar. Largo sería detallar los penalistas, constitucionalistas y expertos en derecho procesal que han demostrado la falsedad de esas aseveraciones, muchos de los cuales son jueces y ministros del Poder Judicial, pero que en las resoluciones solo han sido votos de minoría.
Breve aporte:
– Los tratados internacionales solo se incorporan a nuestra jurisdicción, cuando son ratificados por Chile. Hay que respetar nuestra Constitución que claramente expresa en su Art. 5 que se deben respetar “los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes”. Los crímenes de lesa humanidad recién se acaban de incorporar a nuestra legislación el 18 de Julio del año 2009 recientemente pasado, al ser ratificado en Chile el Tratado Penal Internacional, o Tratado de Roma, por la Ley Nº 20.357, donde por primera vez se tipifican esos tipos de delitos. Antes de esa fecha simplemente en Chile no existían los crímenes de lesa humanidad. Más aún, los militares procesados y condenados, han llegado a esa condición por el delito de homicidio o por el pseudos delito de secuestro. No se puede seguir insistiendo que los miliares han cometido crímenes de lesa humanidad si nuestros códigos y leyes no contemplaban este tipo de delito en las fechas en que ocurrieron los hechos. ¡Esa es la verdad!
– Y si hay que respetar tratados internacionales, hay que empezar respetando la Convención de Viena sobre derecho de los tratados que en su Art. 28 expresa: “Las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte, respecto de ningún acto o hecho que ha tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para dicha parte…” ¡Esa es la verdad!
5.- El gobierno manifestó que al otorgar beneficios e indultos a la población penal de Chile: “… No va a debilitar la lucha frontal contra la delincuencia y el narcotráfico…, no va a poner en peligro a la seguridad ciudadana ni el orden público…, va a considerar razones de edad y el estado de salud o enfermedad”.
La ciudadanía tiene totalmente claro, y el gobierno también debe tenerlo, que los militares encarcelados, si son indultados no van a debilitar la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, ni van a poner en peligro la seguridad ciudadana ni el orden público. Además debe tenerse presente que el promedio de edad de los militares en prisión es de 66 años, ya en la tercera edad, y muchos están gravemente enfermos. ¡Esa es la Verdad!
¡SE PROMETIÓ A MILITARES IGUALDAD
ANTE LA LEY. ART. 19 CONSTITUCIÓN!
