Columna de Opinión

CASO PRATS Y LAS ÉLITES. Columna de Gonzalo Rojas (14 de julio de 2010). En adjunto proyecto para degradar a los militares. (UNOFAR Va. Región)

Los números. El gobierno militar se inició con un enorme apoyo popular (y terminó, después de casi 17 años, con un gran 43 por ciento). ¿Todos cómplices? ¿Todos cobardes? ¿Todos culpables? No, sólo las élites, se nos dice. ¿Las élites? O sea, ¿todo dirigente poblacional, laboral, estudiantil, profesional, deportivo, empresarial, social? ¿Todo profesor, intelectual, comunicador o artista? ¿Por el solo hecho de estar en el lado de allá?
Gonzalo Rojas
Miércoles 14 de Julio de 2010
Caso Prats y las élites
A raíz de la sentencia sobre el caso Prats, en diversas instancias se vuelve a insistir acerca de la eventual culpabilidad de todos aquellos que fueron partidarios del gobierno militar. Si apoyaste a Pinochet —se afirma—, aunque sólo fuese desde tu humilde trabajo o con tu abnegado estudio, eres culpable. No es necesario que hayas sido uniformado o funcionario público; basta que tú, chileno de a pie, hayas estado con el 11 de septiembre. Con el solo hecho de apoyarlo, o fuiste cómplice o fuiste cobarde. Y de ahí al “Mereces castigo” no hay más que un par de pasos: simplemente una querella y después una sentencia.
Pero, en tres dimensiones complementarias, esa propaganda no resiste análisis: cuantitativamente es inviable; conceptualmente es ilógica; históricamente es tuerta.
Los números. El gobierno militar se inició con un enorme apoyo popular (y terminó, después de casi 17 años, con un gran 43 por ciento). ¿Todos cómplices? ¿Todos cobardes? ¿Todos culpables? No, sólo las élites, se nos dice. ¿Las élites? O sea, ¿todo dirigente poblacional, laboral, estudiantil, profesional, deportivo, empresarial, social? ¿Todo profesor, intelectual, comunicador o artista? ¿Por el solo hecho de estar en el lado de allá?
Si la respuesta fuese afirmativa, estamos hablando de 50 mil o 100 mil personas, las que a su vez habrían promovido la complicidad o habrían sembrado la cobardía en millones de sus compatriotas.
A procesarlos entonces, a todos, uno por uno, a 50 mil, a 100 mil —y, eventualmente, a millones más—, para que no suceda con ellos lo que pasa en los juicios por corrupción con los jerarcas de la Concertación: que siempre el hilo se corta allá abajo, que las responsabilidades nunca llegan allá arriba, a las élites de estos últimos 20 años. Inviable.
Pero, en segundo lugar, la proposición es absurda. En todos los actos humanos efectivamente malos, hay autores y cómplices, encubridores y beneficiarios, espectadores y herederos… y así hasta el infinito, hasta “lectores sobre los dramas del pasado”, gente también vinculada con esos hechos, aunque sólo por el estudio o por lejanos intereses.
¿Hasta dónde debe llegar la responsabilidad, la eventual culpabilidad? ¿Incluye al opositor a Pinochet que estudiaba en aulas elitistas y que nunca se la jugó en contra de ese gobierno, a pesar de sus críticas actuales? ¿Se extiende al dirigente concertacionista que colaboró con el gobierno militar —justamente en los primeros años—, para —legítimamente— cambiar de bando después?
Si así fuera, en el plano jurídico se acabaría el derecho penal; en el plano moral, se terminaría la responsabilidad desde y ante la conciencia; y en el plano político, fenecería la habilitación para segundas y terceras oportunidades.
Finalmente, la sugerencia es históricamente tuerta. Mentirosa más bien, porque implica que todos los que desde 1965 vieron surgir al MIR, todos los que leyeron los llamados a la lucha armada del PS en Linares y en Chillán (1965 y 1967), todos los que conocían de sobra cómo organizaba el PC su aparato militar, todos ellos, a pesar de todo eso, son inocentes.
O sea, en paralelo: el dirigente poblacional que supo que en noviembre de 1974 habían ido a buscar a un mirista para interrogarlo es culpable; pero el dirigente poblacional que supo que durante agosto de 1973 ese mismo mirista había acumulado explosivos y armamentos varios es inocente. Y el ex parlamentario que conoció una redada antisocialista en 1975 es culpable, mientras que el parlamentario socialista que firmó los llamados a la violencia armada, justo pocos años antes, es inocente.
Qué fácil inventarse teorías. Qué difícil matizar sobre la verdad

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UNOFAR VALPARAÍSO

PROYECTO PARA DEGRADAR A LAS FFAA

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U al dia

CON DIOS Y CON EL DIABLO

Hoy la Iglesia busca que se respeten los derechos de un sector absolutamente desprotegido de nuestra sociedad: los procesados y condenados por “violaciones a los derechos humanos”. La izquierda y muchos liberales y progresistas se alinean para rasgar vestiduras y dejarla al margen de “asuntos temporales”. ¡Algunos a pretexto del combate a la delincuencia

 

 
            Una noticia nacional, difundida esta semana, nos ha hecho recordar el popular dicho, “estar bien con Dios y con el Diablo”, que aplicamos a quienes se equilibran buscando quedar bien con todo el mundo, infalible receta para el fracaso aun si, a veces, asegura la propia supervivencia.
            El Ministro del Interior ha concurrido a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y, confrontado con una activa organización, ha optado por manifestar “a título personal”, su opinión contraria a la facultad presidencial del indulto y a concederlo a quienes la jerga popular llama “violadores de los derechos humanos”.
            No se detuvo ahí el Secretario de Estado, en sus opiniones personales, sino que expresó abierta crítica al rol que la Iglesia Católica ha tenido en la promoción del llamado “Indulto Bicentenario”.
            Con cristiana caridad, nuestro Cardenal, al contestarle, ha supuesto que debe estar arrepentido de sus dichos, junto con señalar que la Iglesia no se amedrenta por sus críticas.
            Hace poco tiempo, el embajador de Chile en Argentina perdió su cargo al emitir opiniones personales en una entrevista. Aquí, hasta ahora, nadie ha pedido la renuncia del Ministro del Interior.
            ¿Cuál es la diferencia?
            Las opiniones del embajador molestaron a la izquierda, en cambio las del ministro han sido recibidas con un agrado que no fue óbice para que igual pasara un mal rato en la citada comisión.
            Años atrás, durante el Gobierno Militar, la Iglesia Católica, a través de la Vicaría de la Solidaridad, protegió a quienes eran perseguidos por los servicios de seguridad. La izquierda aplaudió, incluso la atea o “agnóstica” o de otros credos.
            Hoy la Iglesia busca que se respeten los derechos de un sector absolutamente desprotegido de nuestra sociedad: los procesados y condenados por “violaciones a los derechos humanos”. La izquierda y muchos liberales y progresistas se alinean para rasgar vestiduras y dejarla al margen de “asuntos temporales”. ¡Algunos a pretexto del combate a la delincuencia!
            Claro que hay que tener presencia de ánimo para enfrentarse al diputado Gutiérrez o las señoras de la AFDD pero, al tratar de equilibrarse, el ministro no quedó bien con Dios, ¿y con el Diablo?
2010-07-17
U al dia

¿ Y SE HIZO JUSTICIA ?

A quienes han condenado duramente a estos camaradas, conviene recordarles que, tal como lo ha señalado el propio Presidente de la Corte Suprema en ejercicio, ninguno de los inculpados y procesados de acuerdo al antiguo sistema procesal ha tenido garantía alguna, en otras palabras no han tenido derecho a un debido proceso. Fueron condenados de antemano, sólo las penas a aplicarles quedaban sujetas a las distintas instancias judiciales.

 

            La Corte Suprema ha dictado fallo definitivo en el llamado caso Prats, después de más de 35 años de sucedidos los hechos.
            La sentencia afecta a varios camaradas, algunos miembros de la Unión de Oficiales en Retiro, situación que despierta nuevamente nuestra solidaridad, expresada como política de nuestra organización:
            “Apoyamos a nuestros camaradas en desgracia, a los que cumplen penas en prisión y a quienes están en calidad de procesados, sin pronunciarnos respecto a su presunta o efectiva responsabilidad o culpabilidad”.
            Una prudencia elemental nos inhibe de juzgar a quienes no eligieron estar donde estuvieron y que cumplieron con su deber de obediencia de acuerdo a su conciencia y sentido de la disciplina.
            Tampoco conocemos los antecedentes de este y otros procesos, a excepción de aquello que nos tocó vivir o que es de conocimiento público en forma no controvertida.
            A quienes han condenado duramente a estos camaradas, conviene recordarles que, tal como lo ha señalado el propio Presidente de la Corte Suprema en ejercicio, ninguno de los inculpados y procesados de acuerdo al antiguo sistema procesal ha tenido garantía alguna, en otras palabras no han tenido derecho a un debido proceso. Fueron condenados de antemano, sólo las penas a aplicarles quedaban sujetas a las distintas instancias judiciales.
            Quedamos con la duda razonable respecto a lo que realmente ocurrió y a quienes fueron los que efectivamente debieran responder como responsables o culpables de este crimen sólo explicable en el ambiente de odio generado por la crisis que culminó el 11 de septiembre de 1973.
            Es efectivo que el General Carlos Prats González (QEPD) renunció a su cargo después que perdiera su ascendiente de mando, situación que no puede ser ignorada por lo que ahora se nos muestra como un cruel e innecesario asesinato, en particular por que al llevarlo a cabo también se ultimó a su esposa.
            Las verdaderas causas de este crimen y sus motivaciones deben pesar eternamente en la conciencia del autor confeso y de quienes tuvieron efectiva autoría intelectual o pudieron colaborar a sabiendas a su perpetración.
            En el vecino país y en relación con esto último, dos generales han dado recientemente una lección a muchos al asumir plenamente sus responsabilidades, a sabiendas que ya han sido condenados.
            Ese es un ejemplo que quisiéramos hubiera sido seguido en nuestro país por todo aquel que, al rehuir sus responsabilidades, ha dejado en la estacada sus subalternos que fielmente le obedecieron. Nunca es tarde.
U al dia

SE PRESUME CULPABLE. (Invitación aniversario UNOFAR Va. Región. Ver adjunto y en filiales). Ver en adjunto comentario radial “No bastan las declaraciones” de Raúl Hermosilla

Repitiendo el reciente episodio de la citación al Subsecretario de Defensa y en perfecta sincronización, ya se ha exigido que se le pida la renuncia al actual embajador de Chile en Panamá, por supuesto antes que siquiera preste declaración. Debemos decir que los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden ya estamos acostumbrados a semejante predicamento.

 

            Prosiguiendo incansable su labor, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en realidad una de sus abogadas, ha procedido a obtener la citación como inculpado del actual embajador de Chile en Panamá.
            Repitiendo el reciente episodio de la citación al Subsecretario de Defensa y en perfecta sincronización, ya se ha exigido que se le pida la renuncia, por supuesto antes que siquiera preste declaración.
            Esto parece realmente un modelo de eficiencia, si de eliminar funcionarios nombrados por el actual gobierno se trata.
            Para plantear esta extemporánea exigencia, por supuesto que se le presume culpable ya que el hecho que haya prestado servicios en la embajada de Chile en Argentina, durante el gobierno militar, aunque fuera en funciones muy subalternas, basta para fundamentarla.
            No interesa que se trate de un distinguido funcionario de larga carrera y que haya servido en todos los diversos cargos y destinos propios del escalafón del Servicio Exterior.
            Debemos decir que los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden ya estamos acostumbrados a semejante predicamento.
            La presunción de culpabilidad se basa en haber pertenecido a estas instituciones y haber estado en servicio activo el 11 de septiembre de 1973.
            Si no renunció inmediatamente significa que es cómplice, encubridor o autor de atroces crímenes, salvo que logre demostrar, cosa bastante difícil con el antiguo sistema penal que se nos aplica, que se estaba con licencia en algún lejano país.
            El solo hecho de haber pertenecido a una unidad militar o policial ya es suficiente argumento: tuvo que tener participación en algo o, al menos, haberse enterado de algo.
            En estos días, y a raíz de la citación al Subsecretario de Defensa, se ha llegado a sostener que esta autoridad debió concurrir voluntariamente a declarar, sin esperar que se le citara, aunque nada pueda aportar en el caso que se investiga.
            A quien no lo haga, por absurdo que parezca, se le presume culpable.
2010-07-03
U al dia

GANAR POR SECRETARÍA/// Cambio fecha de sesión solemne de Aniversario de UNOFAR V. Viernes 09 de Julio, a las 12.00 horas, en los salones del Club Naval de Valparaíso.(ver invitación en “filiales”) Movimiento mensual de socios julio 2010

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS EN CLUB DE OFICIALES DE LA FACH EL 5 DE JULIO A LAS 12.30 HRS. Y DESPUÉS ALMUERZO SIN COSTO. DETALLES EN LA AGENDA.CONFIRME SU ASISTENCIA.

 La semana recientemente pasada la opinión pública se ha enterado de un nuevo intento de honrar esta costumbre nacional.
Nuevamente, los protagonistas han sido los (as) dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Llegaron a La Moneda a exigir la satisfacción de algunas peticiones, siendo la central la exclusión de cualquier beneficio futuro a quienes cumplen condenas o han sido procesados en causas instruidas por reprimir al extremismo y que los medios de comunicación califican como de Derechos Humanos.
Se nos dirá que, en el pedir no hay engaño, pero parece excesivo que, quienes han sido apoyados permanentemente por el Estado Chileno y favorecidos por el Poder Judicial, sigan exigiendo mayores concesiones.
¿Qué los ha motivado en esta nueva exigencia?
Es la perspectiva que, en el marco del jubileo del bicentenario, la Iglesia, junto a otras instituciones, proponga al Gobierno, la concesión de algunos beneficios a los condenados y procesados por la Justicia, tal como es habitual en fechas que conmemoran algún histórico acontecimiento.
No ha sido suficiente el contar con un Poder Judicial dispuesto a dejar de lado el ordenamiento judicial vigente con tal de condenar a todo aquel que es acusado por “violar los derechos humanos”; tampoco el disfrutar de todo tipo de asignaciones pecuniarias, exenciones legales y privilegios a título de “indemnización”.
Había que intentar la obtención “por secretaría” de aquello que la justicia no ha concedido, todavía.
Pero, parece que fueron por lana y salieron trasquilados.
Insatisfechos (as) por las respuestas del Gobierno, han procedido a descalificar a sus interlocutores, asociándolos a la odiosa “dictadura”, sólo porque, esta vez, las autoridades no se apresuraron a conceder lo que se les exigía.
Pero, qué duda cabe, seguirán tratando de “ganar por secretaría”.
        
Columna de Opinión

INDULTO DEL BICENTENARIO . ¿SOLUCIÓN AL PROBLEMA?

Las opiniones vertidas en esta columna son de responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de UNOFAR
La persecución política desatada a todo dar en contra de los uniformados está comenzando a alcanzar ciertos límites de descaro que afortunadamente la ponen en evidencia ante los ojos de una sociedad que hasta ahora ha mantenido una hipócrita indiferencia, aceptando el cuento que le han querido contar y adoptando una posición de distancia crítica de los “violadores de los derechos humanos”. En ello, no ha habido la menor consideración a las injusticias que a diario cometen en contra de los uniformados algunos tribunales que aplican leyes no vigentes en Chile o que violan principios jurídicos que la Constitución garantiza para todos los chilenos, sin distinción, como por ejemplo: la prescripción

 

Ante la inminente presentación de la propuesta final de la Iglesia Católica sobre el indulto del bicentenario, la izquierda ha comenzado a apretar las clavijas a su estrategia de bloqueo, con el propósito de evitar que se debilite la campaña de persecución político-jurídica que ha orquestado en contra de los militares en retiro.

La ambigüedad mostrada por el gobierno al no definir claramente su posición frente a la posibilidad de que el beneficio pueda llegar a los uniformados condenados por casos de derechos humanos, ha estimulado a la maquinaria vengadora haciéndola llegar incluso a La Moneda, donde intentó imponer las medidas que sirven para sus espurios intereses. Junto con exigir al gobierno que no incluya a los uniformados en el indulto, demandaron a éste el reemplazo de la Jefa del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, mostrando su insatisfacción por la tarea cumplida por quien dirige la suerte de “cabeza de playa” que la izquierda mantiene dentro del palacio. Esta última petición es realmente curiosa, puesto que hasta ahora dicha funcionaria había realizado al menos dos actuaciones relevantes en favor de la izquierda y que amenazaron gravemente al gobierno de la Alianza.

La primera, como se recordará, correspondió a la insistencia en pedir la reapertura del caso Soria, situación que para fortuna del Ejecutivo fue resuelta convenientemente por la Corte Suprema, evitando que su eventual aceptación desatara una avalancha de reaperturas de otros casos que como éste, se encuentran absolutamente cerrados y ejecutoriados.

La segunda, se trató de la sorpresiva e injustificada citación a declarar en un caso de DD.HH. al recién nombrado Subsecretario de Defensa y ex – Comandante en Jefe del Ejército, la que fuera gestionada por un abogado subalterno del programa en cuestión, sin conocimiento de su jefa, ni menos del Ministro del Interior.

Ambas situaciones debieran haberle ganado a esta funcionaria el agradecimiento de esta suerte de “comando vengador anti-militar”, conformado por una amplia gama de organizaciones establecidas al amparo de la Concertación y financiadas generosamente por los gobiernos anteriores. Sin embargo, el resultado fallido de ambas gestiones incomodó a sus líderes, impulsándolos a exigir su reemplazo a un gobierno que no reaccionó ante el ridículo en que lo dejó esta oficina.

La molestia del Presidente frente a la impertinente exigencia de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos quedó en evidencia con la brusca interrupción de la reunión, informada por los medios de prensa y ratificada por las enojadas y frustradas dirigentas, acostumbradas a que las autoridades se doblegaran a sus demandas. El problema es que las dirigentas cometieron en esta oportunidad el grave error de extralimitarse en el ejercicio del poder adquirido en los últimos años, consiguiendo sacar de quicio a un Presidente que se ha caracterizado por adoptar una posición conciliadora y contemporizadora, que al parecer fue confundida con una debilidad inexistente.

Aún cuando la ratificación de la jefa del programa era la reacción esperable ante el exabrupto de la agrupación en cuestión, llama la atención que el Presidente de la República siga validando la existencia del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, organismo que dice continuar el trabajo de la Comisión de Reparación y Reconciliación, creada por la Ley 19.123 y que terminó su existencia el 31 de Diciembre de 1996. El programa que el Presidente valida, fue creado por Decreto Supremo 1.005 de fecha 25 de Abril de 2007, para un propósito meramente administrativo, es decir para velar por el destino de los bienes de la disuelta comisión, sin que en caso alguno se le faculte para participar en procesos judiciales y sin que pueda prolongar la vida de una corporación extinta por la misma ley que la creó.

¿Cómo se explica entonces que los tribunales de derechos humanos sigan aceptando la participación de este organismo ilegal? ¿Cómo se puede entender que el Ministerio del Interior de este gobierno no se haya tomado la molestia de entender que el tal programa no es otra cosa que una forma de desviación de platas para financiar la venganza? Esta y muchas otras inquietudes surgen de casos como éste, pero es aquí en particular que se agradece el descriterio de la AF.DD.DD., quienes con su acción nos permiten denunciar el hecho de fondo, muchísimo más grave que la buena o mala evaluación de un mando medio del gobierno.

Es realmente sorprendente que la primera autoridad de la nación carezca de una asesoría capaz de advertirle que no debe ni puede seguir validando esta ilegalidad, por la que tarde o temprano alguien deberá rendir cuenta y que

 

?como se han ido dando las cosaspuede ocurrir que por no haberse deshecho de ella a tiempo, la responsabilidad sea atribuida por los descarados de siempre a un gobierno que la recibió de herencia. ?aunque parezca increiblerecién comienza a tener vigencia en Chile a partir de mediados del año 2009, sin poder ser aplicado con efecto retroactivo, según lo establece el propio Estatuto de Roma, instrumento internacional que lo define y que fue suscrito por el gobierno y debidamente ratificado por el Senado. ?ya que no de justiciaa un grupo importante de ex – uniformados hoy en prisión, no es ni la sombra de la solución que este sector de la población necesita, ya que el perdón por el bicentenario solo podrá llegar a algún pequeño universo de presos políticos militares, sin conseguir poner término a la persecución política que se desarrolla sobre una enorme cantidad de ex – miembros del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros y que con la ampliación a los casos de “tortura”, promete seguir con uno cuantos miles más. Todo ello, en un país que se jacta de ser “democrático”.

La persecución política desatada a todo dar en contra de los uniformados está comenzando a alcanzar ciertos límites de descaro que afortunadamente la ponen en evidencia ante los ojos de una sociedad que hasta ahora ha mantenido una hipócrita indiferencia, aceptando el cuento que le han querido contar y adoptando una posición de distancia crítica de los “violadores de los derechos humanos”. En ello, no ha habido la menor consideración a las injusticias que a diario cometen en contra de los uniformados algunos tribunales que aplican leyes no vigentes en Chile o que violan principios jurídicos que la Constitución garantiza para todos los chilenos, sin distinción, como por ejemplo: la prescripción.

Este tipo de abusos pseudo-jurídicos han sido eficazmente cubiertos por el engañoso manto de los delitos de “lesa humanidad”, concepto que

En medio de este caos virtual de la justicia en Chile, la posibilidad de que un indulto permita hacer llegar un poco de clemencia

27 de Junio 2010

Patricio Quilhot Palma