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Con ocasión de la muerte del suboficial Mayor de Ejército Sr. Héctor Omar Vallejos Birtiola en el hospital de la Penitenciaría de Santiago. Preso político uniformado, sin piernas hace años por una dura enfermedad y en la miseria e indigencia provocada por el aislamiento sin cuidados, me viene a la memoria el caso del jerarca alemán Hoeneker al cual, después de la caída del muro de Berlín, el gobierno de Chile ( de la concertación) realizó extraordinarios esfuerzos para evitar su procesamiento logrando, finalmente, que no fuera llevado a juicio por razones humanitarias ya que padecía de un cáncer terminal y logró su deportación a Chile, donde recibió las atenciones del gobierno de turno.  El S.O M. Vallejos Birtiola, acusado y condenado a 5 años de cárcel por la muerte en la cordillera de la IV Región de un matrimonio extranjero que trataba de salir del país por un paso no habilitado, fue detenido en la Serena casi treinta años después de los hechos investigados (causa por homicidio prescrita) cuando se encontraba postrado y se le había amputado una pierna a causa de una avanzada diabetes. Los policías a cargo de la detención y después la cárcel de Serena hicieron presente el precario estado de salud del detenido, logrando como única atención “ humanitaria” su traslado a Punta Peuco luego hubo que amputarle la otra pierna y se le detectó un cáncer . Durante el Gobierno de la Presidenta Bachelett no se dio curso a una solicitud de indulto por razones humanitarias y el gobierno del Presidente Piñera tampoco hizo nada para darle la oportunidad de morir junto a sus familiares en La Serena. Volviendo al doble estándar y la situación alemana, no he escuchado que después de la caída de muro se haya procesado por crímenes de “lesa humanidad” a algún policía o soldado que haya disparado y dado muerte a uno de los miles de alemanes que cayeron tratando de escapar del paraíso comunista, en tanto en Chile se procesa y condena después de 30 años a soldados marineros o conscriptos por el solo hecho de formar parte de una patrulla que detuvo y entregó en una repartición o centro de detención a una persona que hoy figura en la lista de detenidos desaparecidos.

¿No será que el llamado Derecho Internacional Humanitario es una arbitrariedad que solo se aplica a los sudamericanos que lucharon contra la guerrilla izquierdista de los años 70 y mañana contra policías y militares colombianos que hoy combaten a las FARC?
Enrique Maldonado Roi
27 de mayo de 2010

LA VENGANZA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Sin que la sociedad chilena lo haya notado, en forma discreta y sin mayor difusión, en la noche del 25 de Mayo de 2010 se ha producido en el Hospital de Gendarmería el primer fallecimiento de un PRESO POLITICO MILITAR. Se trata del Suboficial Mayor de Ejército ( R ) don Héctor Vallejos Birtiola (Q.E.P.D.), quien cumplía condena de 5 años en el Penal de Punta Peuco, por hechos ocurridos hace 37 años. El cáncer y la diabetes lo derrotaron finalmente a la edad de 71 años, encontrándolo encarcelado y lejos de sus seres queridos.

Se trata del primer militar que fallece en cautiverio, formando parte de una larga lista de Presos Políticos, condenados en razón a su participación no buscada en el hecho más relevante ocurrido en nuestro país durante el siglo XX, cuando se evitó la imposición de un modelo revolucionario rechazado por la inmensa mayoría de los chilenos.

Nadie puede asombrarse por el uso del concepto de “preso político”, calificación que merece cualquier ciudadano que sea perseguido por actuaciones vinculadas a sus ideas, en este caso muy distintas a las de una ideología política, de las que se diferenciaron por corresponder a un ideal patriótico, materializadas en el cumplimiento del deber militar.

Si a lo anterior agregamos que a dicho ciudadano se le aplica una legislación diferente y principios legales muy distintos a los que tiene derecho el común de los mortales, entonces nadie puede discutir que en el Chile del siglo XXI, tenemos PRESOS POLITICOS.

Confirma lo anterior el somero análisis del caso del fallecido Suboficial Mayor Vallejos:

1. Los hechos por los cuales fue condenado ocurrieron en el año 1973, como parte de las acciones desarrolladas para impedir el escape de terroristas extranjeros que se encontraban infiltrados en nuestro territorio nacional.

2. En la época de los acontecimientos, el Suboficial Mayor Vallejos ostentaba un grado jerárquico claramente subalterno, estando obligado por Ley y por los Reglamentos a cumplir sin cuestionarla toda misión que le fuese impuesta, en especial al encontrarse vigente el “estado de sitio”.

3. Durante el proceso que culminó con su condena se hizo caso omiso a su derecho a la prescripción, pese a encontrarse ampliamente cumplidos los plazos que extinguían el delito del que se le acusaba y siendo su aplicación una obligación ineludible para el Juez.

4. Igualmente, se le negó el derecho a beneficiarse con la Ley de Amnistía, dictada para promover la paz social y el reencuentro entre los chilenos y que fuera ampliamente usada para favorecer a terroristas y delincuentes subversivos.

5. Los fundamentos esgrimidos por el Juez para desconocer la validez innegable de la prescripción y la amnistía, se basaron en que se trataba de “delitos de lesa humanidad”, concepto que recién en el año 2009 fuera validado por el gobierno de Chile, sin que pueda ser aplicado sobre hechos ocurridos con anterioridad.

Todo lo anterior, demuestra que la Justicia chilena no solo renegó de sus propios principios de legalidad, irretroactividad y otros, sino que utilizó en contra de este distinguido Suboficial Mayor, como de muchos otros militares, criterios

discriminatorios e inconstitucionales, alentados por una campaña de venganza política que nace del odio que caracteriza a sus gestores.

Se suma a ello, la falta de humanidad con la que el gobierno de Bachelet rechazó de plano la humilde solicitud de indulto formulada por el moribundo Suboficial Mayor, quien solo pretendía terminar sus días junto a su familia. Pudo más el odio acumulado por quienes propugnan el “ni perdón ni olvido”, con lo que prolongan indefinidamente en la gente el recuerdo de la violencia de las hordas marxistas del pasado.

Vemos con pena que nuestros soldados comienzan a morir en la cárcel. Pena por ellos, por sus familiares y por Chile, cuyos ciudadanos parecen haberse doblegado ante la campaña de desinformación desatada para ocultar las verdaderas causas del 11 de Septiembre de 1973 y que con su silencio culpable permiten que se siga abusando de un sector de la sociedad, tradicionalmente digno, disciplinado y de correcto proceder, pese a lo cual hoy es denostado por haber alguna vez defendido los derechos de todos, a costa de arriesgar sus propias vidas y comprometer gratuitamente su futuro.

La cobardía y el odio de quienes detentaron el poder por los últimos veinte años puede ser justificada por la falta de valores morales inherente a su añeja ideología rectora. Sin embargo, no es comprensible el desinterés mostrado por quienes declaran cultivar los valores y principios propios del humanismo cristiano. Por desgracia, los hechos demuestran que el nuevo gobierno desea evitar a toda costa involucrarse en el tema de la venganza de los derechos humanos, dejando que sus impulsores sigan actuando libremente, algunos de ellos incluso cómodamente infiltrados dentro del propio gobierno.

Mientras los militares comienzan a morir en la cárcel, nos preguntamos ¿Hasta cuándo durará el abuso y la discriminación? ¿Qué reacciones podemos esperar en los años venideros? ¿Llegará el día en que la comunidad nacional comience a cansarse de ello? ¿Llegará el momento en que el mundo comience a preguntar por qué hay presos políticos en Chile? ¿Veremos comenzar una nueva ola de juicios y demandas contra quienes como Garzón se consideran judicialmente intocables?

Todo esto y quizás que otra cosa podría llegar a pasar cuando el abuso sature la capacidad de aguante, puesto que la historia ha probado con creces que cuando ello sucede, la reacción del ser humano desesperado y sin nada que perder puede alcanzar niveles insólitos e inesperados. Ojala que antes que ello ocurra, las bien intencionadas declaraciones de unidad nacional de los nuevos gobernantes se transformen en hechos concretos y que a partir de ello nuestra sociedad sea capaz de mostrar un grado de mayor madurez, dejando las odiosidades definitivamente atrás.

En este triste momento, formulamos votos por la difícil resignación que esperamos llegue prontamente a la querida familia militar del Suboficial Mayor Vallejos (Q.E.P.D.), esperando que su sacrificio injusto sirva para hacer reaccionar a las autoridades, para que se decidan de una vez por todas a poner término a la vergonzosa discriminación que afecta a nuestros PRESOS POLITICOS MILITARES.

Patricio Quilhot P

 Vergüenza y asombro son los primeros sentimientos que vinieron a nuestro encuentro cuando nos enteramos que el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior había “conseguido” finalmente que se citara a declarar en el proceso por la muerte de Víctor Jara, ni más ni menos que al Subsecretario de Defensa, General ( R ) Oscar Izurieta Ferrer. Vergüenza , al confirmarse el tremendo desaguisado del Ministerio del Interior, que ahora aparece persiguiendo judicialmente a uno de los más selectos integrantes del gabinete, gracias a la encomiable diligencia de uno de los abogados de una oficina de su dependencia y con una jefa designada por el régimen que ni siquiera se enteró de ello. Asombro, ante la inesperada falta de control del gobierno sobre los actos de sus subordinados, permitiendo que desde sus propias filas se atente contra la imagen de un Presidente que ha puesto su empeño en seleccionar al mejor equipo.

Ambos sentimientos se enmarcan en un cuadro de confusión generalizada que ronda entre los partidarios del gobierno, al no conseguir comprender la porfiada demora en designar a los ocupantes de los cargos que configuran el ejercicio del poder político para la conducción del estado. Más aún, cuando después de dos meses, las nuevas autoridades insisten en compartir dicho poder con conspicuos agentes del antiguo régimen, quienes pueden ejercitar libremente su acción de “quinta columna”, para minar paso a paso la imagen de un cambio que no llega.

En pocas palabras, la operación política montada en los días finales del gobierno anterior obtiene hasta ahora una clara victoria sobre los nuevos ocupantes de La Moneda, sumando la actuación soterrada de los infiltrados en la administración pública a un coro de voces agoreras que denuncian “despidos injustificados” o “por razones políticas”, mientras claman por los derechos de prístinos y eficientes trabajadores fiscales, aún cuando se trate muchas veces de simples y vulgares operadores políticos, sin otra justificación para seguir en sus cargos que la inmoral extensión de su contrato, realizada pocos días antes de entregar el gobierno.

Los gritos son tan fuertes como sincronizados en tiempo y espacio, consiguiendo apabullar cualquier asomo de reacción en las flamantes autoridades, cuya formación ética y moral les coarta las posibilidades de imponer su voluntad, haciéndolos retroceder cada vez que hay riesgo de ser acusados de cometer algo injusto o indebido.

Es pintoresco ver que justamente quienes han amparado o participado en los actos de mayor inmoralidad hoy rasgan vestiduras y acusan a ministros, subsecretarios e intendentes de estar “abusando del poder” o “desarrollando campañas de persecución política” sobre inocentes funcionarios. En un gesto de descaro increíble, connotados sinvergüenzas hoy abogan por la “ética” y la “probidad”, olvidando la corrupción en que nadaban hace apenas unos meses.

No es posible que la calidad profesional de las nuevas autoridades sea debilitada por rasgos de ingenuidad que facilitan la acción disociadora de sus adversarios políticos, al auto-restringirse para llevar a cabo la renovación de cargos a que tiene derecho cualquier gobierno, en cualquier país del mundo, sin necesidad de pedir la anuencia de nadie y menos de sus opositores, a quienes por algo derrotaron limpiamente en la urnas.

El ejemplo de la citación a Izurieta demuestra como un organismo ajeno a los intereses del gobierno actual, creado en 1997 para continuar la investigación sobre la ubicación de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, como también las circunstancias de su desaparición o muerte y con vigencia sólo por un año, ha sobre-extendido ilegalmente su funcionamiento,transformándose en una suerte de fiscalía especializada en la persecución de militares, imponiendo su agenda aún a costa de crear problemas mayúsculos al gobierno de quien supuestamente depende. Así estuvo a punto de conseguirlo cuando su jefa insistió vehementemente en reabrir el caso Soria, so pena que se le viniera encima una avalancha de reapertura de casos completamente cerrados y ejecutoriados. Así ocurre hoy, cuando llevan ante la justicia a un Subsecretario de la misma administración. ¿Quién podría encontrar una explicación racional para que ello ocurra en el gobierno actual?

Para quienes votaron por la Alianza no es grato observar como la opinión pública comienza a criticar a un gobierno que – habiendo manejado en forma impecable la reacción ante el terremoto – duda en ocupar los espacios de poder que legítimamente le corresponden, sometiéndose a los reclamos de una oposición derrotada en todos los frentes y con graves problemas internos. En vez de aprovechar la oportunidad estratégica ofrecida por la debilidad de su adversario, el gobierno pareciera estar esperando que éste se fortalezca.

La reconocida fragilidad del apoyo ciudadano debiera llamar la atención del gobernante hacia el resultado de las primeras encuestas, donde comienza a hacerse evidente un prematuro grado de desencanto. ¿Podrá éste ser solamente atribuible a los problemas relacionados con el terremoto o tendrá elementos referidos a la falta de ejercicio de la autoridad?

Hay sin embargo un sector de la sociedad que no resultó sorprendido con la actuación del abogado del Ministerio del Interior. Se trata de la Familia Militar, quien ha sufrido por años la más injusta persecución política, sostenida por quienes no desean que el pasado siga su rumbo natural hacia el olvido y buscan mantener los beneficios y prebendas conseguidas al amparo de su condición de “víctimas de violaciones a los derechos humanos”.

Así, mientras los terroristas o delincuentes subversivos del ayer gozan de la amnistía, prescripción y toda clase de beneficios, los uniformados siguen encarcelados o perseguidos en interminables procesos judiciales, donde se les aplica una forma de justicia exclusiva, muy distinta a la del resto de los chilenos. Por si fuera poco, mientras los militares condenados por hechos ocurridos hace más de 30 años jamás han sido acusados de volver a presentar conductas reprochables, la sociedad conoce cada cierto tiempo de casos de terroristas amnistiados o indultados que han seguido involucrados en el mundo criminal, tanto en Chile como en el extranjero, habiendo concitado a pesar de ello, la compasión y simpatía de los gobiernos de la concertación.

En el proceso eleccionario recién pasado, la familia militar, al igual que la mayor parte de la población, optó por un camino que ofrecía la posibilidad de terminar de una vez por todas con las odiosidades del pasado, confiando en lo ofrecido por el candidato vencedor. Lamentablemente, hoy debe ver con tristeza que el cambio parece quedarse solo en un sueño.

Ojala el gobierno de la Alianza, deje de lado el temor a producir el cambio que ofreció y que lo llevó a triunfar, asumiendo que es mejor dejar que los perros ladren a seguir durmiendo con el enemigo.

Patricio Quilhot P.

CONSEJO DE CALIFICACION CINEMATOGRAFICA Y LA ESMERALDA

El Mercurio del día domingo 16 de Mayo de 2010 publica un artículo que da cuenta de una increíble decisión del Consejo de Calificación Cinematográfica. En ella, el ente calificador rechaza otorgar el carácter de “educativa” a la película del realizador chileno Elías Llanos, “Esmeralda 1879”, en la que se presenta un relato vívido y emocionante de uno de los hechos heroicos que ligan en forma más nítida el alma nacional con la historia de la Patria. La decisión en sí no tendría nada de particular si se compara con el haberse asignado en cambio dicha calificación a la cinta “Dawson, Isla 10”, de Miguel Littin.

Tal como ocurriera hace un tiempo atrás con la discutida e incomprensible elección del supuesto Gran Hombre de Chile en el Siglo XX, nos encontramos una vez más ante una brutal deformación de los valores históricos y culturales, afectados por una manipulación descarada, al servicio de una ideología totalitaria que no pierde oportunidad para intentar imponer su mensaje provocador.

No sorprende en sí la arbitrariedad del consejo calificador de la cinematografía chilena, reconocidamente teñido de un color político determinado, si no que la impunidad con la que éste sigue actuando para tratar de penetrar la mente de una ciudadanía que expresó a través del voto su cansancio hacia esta agotadora forma de propaganda. Igualmente, sorprende la aparente ingenuidad con la que las nuevas autoridades siguen dando espacio para que entes como el citado consejo sigan utilizando esta clásica estrategia disociadora del alma nacional.

Los chilenos nos enorgullecemos de nuestros héroes y el homenaje permanente y la admiración hacia ellos forma parte de nuestra idiosincrasia. Al contrario, el culto a los símbolos políticos que dividen y que recuerdan los gravísimos hechos que quebraron algún día la unidad nacional forman parte de lo que los chilenos queremos olvidar de una vez por todas para poder mirar por fin un futuro mejor, sin diferencias y sin resentimientos de ningún orden.

Es por ello que actuaciones como la del Consejo de Calificación Cinematográfica deben ser denunciadas y rechazadas ante la opinión pública, impidiendo que un pequeño grupo de calificadores siga ejerciendo el derecho de manipular la mente de una sociedad que se encuentra harta de odios y rencores que solo sirven para alimentar las ambiciones de unos pocos, a costa del sacrificio de muchos.

La película “Esmeralda 1879” debiera constituir un apoyo natural al proceso de enseñanza de nuestros colegios, por cuanto expone en forma magistral el heroísmo real de un grupo de marinos que inmolaron sus vidas en el cumplimiento de una misión recibida de sus superiores, sin cuestionarla ni evaluar sus consecuencias, solo obedeciéndola en forma disciplinada, convencidos de que si se les había ordenado era porque la Patria lo demandaba, aún a costa de sus vidas.

Las imágenes de este hecho histórico extraordinario, magistralmente presentadas en “Esmeralda 1879” constituyen un verdadero aporte a la educación de los chilenos, muy a diferencia de lo que resulta de exponerlos a una reseña de hechos de claro contenido ideológico y que pretende elevar a la categoría de héroes a un grupo de políticos de un sector, por el solo hecho de haber sido detenidos temporalmente por la responsabilidad que les pudieron caber en la grave crisis vivida por Chile en aquella época.

Patricio Quilhot

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