Autor: FJDM-C

 

                                                                     CASI LA MITAD DE LOS NUEVOS DIRIGENTES DEL FRENTE

                                                                AMPLIO TRABAJA PARA EL GOBIERNO: TIENEN SUELDO PROMEDIO

                                                                                                  DE $3,7 MILLONES

El Líbero, 22/07/2024

Convergencia Social, el partido del Presidente Gabriel Boric, y Revolución Democrática, que hasta ahora habían funcionado como la coalición del Frente Amplio, se constituyeron como partido político bajo ese mismo nombre hace menos de un mes.

Apenas hace una semana, su militancia participó en la elección de la directiva y del Comité Central de la tienda política recién creada. Un total de 118 personas fueron elegidas. De ellas, 60 trabajan para algún organismo público (51 %) y 53 (45 %) lo hacen para el gobierno.

El primer grupo se trata de personas que trabajan en algún ministerio, subsecretaría, servicio, municipalidad o incluso en el Congreso (como asesores). 53 de ellos reciben directamente un sueldo de un órgano de la administración Boric y cuatro están contratados por municipalidades.

Haciendo zoom a los sueldos brutos de estas 60 personas, el promedio de remuneraciones de los ahora frenteamplistas es de $3.735.670. 34 de ellos gana desde $3 millones hacia arriba.

Entre la directiva y el Comité Central, los principales representantes del recién creado partido, suman 118 personas. De ellas, 53 están contratados por la administración de Gabriel Boric en ministerios, subsecretarías y servicios. Otro puñado está en municipios y en el Congreso, y 17 tienen algún cargo de elección popular.

En renglón aparte están los integrantes del Comité Central recién estrenado cuyos sueldos provienen de dineros fiscales, pero se los deben a tener un cargo de elección popular. Son 17 de los 118 (14,41 %): 10 diputados, tres concejales, tres consejeros regionales y una alcaldesa.

Raya para la suma: de los 118 integrantes del Comité Central del Frente Amplio y la directiva, 77 tienen trabajos dentro del Estado (considerando gobierno, organismos autónomos y de elección popular), lo que da un total de 65 %.

Los integrantes del nuevo Comité que forman parte del gabinete o que trabajan en Presidencia. Dentro del nuevo Comité Central figuran dos ministras. Antonia Orellana, de la Mujer y Equidad de Género, que está desde el inicio de la nueva administración; yJaviera Toro, que está a cargo de la cartera de Desarrollo Social y Familia desde agosto de 2023. Desde el principio del gobierno, eso sí, ha sido parte del gabinete, pues comenzó como ministra de Bienes Nacionales.

En la Presidencia de la República tienen puestos Jason Cabezas Hermosilla, encargado de asesorar en temas de preparación y ejecución de la avanzada presidencial en giras del Jefe de Estado.

Camila Orellana Sanhueza y Roberto Arenas Vásquez (ambos representantes del FA por la Región de O’Higgins), también se desempeñan en la Presidencia, ambos como analistas de correspondencia ciudadana.

Tres de los dirigentes del FA son subsecretarios y cinco son jefes de gabinete. Francisca Perales Flores, subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), dependiente del Ministerio de Interior, integra la lista de miembros del Comité Central, al igual que Francisca Gallegos Jara (ex RD), subsecretaria de Servicios Sociales, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La primera, que hasta junio era militante de Convergencia Social, se sumó al Comité Central como representante de la Región de Valparaíso.

Se suma también Giorgio Boccardo Bosoni (ex Comunes), subsecretario del Trabajo, cargo en el que está desde marzo de 2022, cuando inició el actual gobierno.

De los elegidos para la primera cúpula del Frente Amplio, ahora como partido, cinco tienen cargos dentro del gobierno como jefes de gabinete de alguna repartición.

Simón Rodríguez González, electo como secretario ejecutivo de la directiva, se desempeña como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Servicios Sociales, en el Ministerio de Desarrollo Social, liderado por Toro.

David Andrew León Reyes es jefe de gabinete de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), del Ministerio de Interior, liderada por Francisca Perales.

En el Ministerio de la Mujer -cartera a cargo de Orellana- la jefa de gabinete también es parte del nuevo grupo, Javiera Cabello Robertson, quien fuera la “generalísima” de la campaña del Presidente. La fundadora de Convergencia Social, conocida como la “Pelo”, sonaba incluso en los albores del nuevo gobierno para subsecretaria, sin embargo se quedó en Mujer donde en 2023 enfrentó una indagación por supuesto acoso laboral, informó La Tercera, de la que fue sobreseída por falta de pruebas*.

En puesto similar, pero en la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, se ubica María del Pilar Gajardo, también del Comité.

Como jefe de gabinete, aunque de una municipalidad, figura Felipe Maltés Cañas, sobrino político de la diputada Pamela Jiles. El bibliotecario es la mano derecha de la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, municipio donde antes ofició como director de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco).

En un gabinete ministerial, pero no como jefa, sino que como asesora, figura la polémica Doris González Lemunao. Quien en 2016 fuera la líder del Movimiento de pobladores Ukamau, ahora es asesora del gabinete del ministro de Vivienda y Urbanismo, liderando la Secretaría Ejecutiva de Condominios.

Ukamau era conocido por sus llamativas protestas y por apoyar las manifestaciones violentas que hubo por ese entonces en contra de las AFP. González fue candidata a alcaldesa por Estación Central y a constituyente. En ninguno de los dos casos tuvo éxito. También se hizo conocida por su polémico viaje a Venezuela días después del estallido de 2019.

Miembros del Frente Amplio en La Moneda. No son pocos los integrantes del Comité Central del Frente Amplio que habitan La Moneda.

En el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) están Rodrigo Antonio Echecopar Kisic, que trabaja como jefe de la División de Coordinación Interministerial; Francisco Javier Arellano Rojas se desempeña como asesor del Plan Buen Vivir; mientras que Sofía Alejandrina Fuentes Olivares ocupa el cargo de asesora en la División de Relaciones Políticas e Institucionales. Fuentes ahora es parte de la directiva del partido, pues fue elegida como secretaria nacional de Acción y Despliegue del FA.

En el ministerio de Camila Vallejo (PC), la Secretaría General de Gobierno (Segegob), trabaja Camila Tiznado Ibarra, como coordinadora de la Unidad de coordinación y gestión territorial. También quedó dentro del Comité Central el actor y exconstituyente Ignacio Jaime Achurra Díaz, que es director de la División de Organizaciones Sociales (DOS).

Dependientes del Ministerio de Interior, figuran otros nueve ahora integrantes del Comité Central. Entre ellas, las delegadas presidenciales provinciales de Tamarugal, Camila Castillo Guerrero, y de San Antonio, Caroline Sireau Guajardo.

El FA también cuenta con funcionarios en la Subdere y en la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Cinco seremis son parte del Comité del Frente Amplio. Son cinco las personas que han sido nombradas por el Ejecutivo en diversas Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) como su máxima autoridad y que ahora forman parte del Comité Central del FA.

Rodrigo Leiva Caro, seremi del Trabajo y Previsión Social de Los Ríos; Noemí Salinas Polanco, seremi de la Mujer de Tarapacá, y Tomás Garay Pérez, en la de Justicia de Atacama.

Otros dos secretarios regionales ministeriales que también integran el nuevo órgano son Paloma Zúñiga Cerda, seremi de Culturas de Biobío, y Dafne Pino Riffo, seremi de Energía de Antofagasta.

Miguel Angel Maugard Bravo, asesor de la Seremi de Vivienda de Arica y Parinacota, también es parte del Comité Central.

En tanto, Gabriela Carrasco Urquieta, directora regional de la Dirección de Obras Hidráulicas de Antofagasta, del Ministerio de Obras Públicas, también forma parte de los miembros del cónclave que trabajan para el gobierno central.

Otros integrantes con jefaturas y con cargos de elección popular. Entre los integrantes de la dirigencia del Frente Amplio hay otras jefaturas.

Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compín) de Ñuble, Claudio Ferrada Alarcón, también es parte del Comité, mientras que el director del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) de Antofagasta, dependiente del Ministerio de Economía, Kevyn Osvaldo Galleguillos Contreras, también fue electo.

Además, dentro de los nuevos dirigentes del FA hay 17 que hoy ostentan un cargo de elección popular.

Se trata de los diputados Andrés Giordano, Javiera Morales, Jaime Sáez, Gael Yeomans, Ericka Ñanco, Camila Rojas, Gonzalo Winter, Claudia Mix, Diego Ibáñez y Emilia Schneider.

También hay consejeros regionales: de Valparaíso, Nataly Campusano -que estuvo ligada a la Fundación Territorios Colectivos-, de Los Ríos, Matías Fernández, y de la Región Metropolitana, Leonardo Jofré.

En municipios, los frenteamplistas cuentan con la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann y los concejales Natividad Manqui (Valdivia), Margarita González (Los Vilos) y Javiera López Layana, concejala de Lo Espejo que fue contratada a «dedo» para una asesoría comunicacional de $22 millones en la Municipalidad de Ñuñoa.

En el Congreso, pero como asesores, está Sebastián Villarroel González, jefe de gabinete del senador Juan Ignacio Latorre (ex RD), así como también Magda Cottet, asesora legislativa de la diputada Javiera Morales (independiente – Convergencia Social).

16 de los 60 que trabajan en algún organismo público, fueron candidatos a algún cargo en el pasado.

De las tiendas políticas oficialistas, el Partido Comunista, que no pocas veces sale a contradecir y hasta a criticar a La Moneda, también tiene su cuota de puestos en el gobierno central.

De los 94 integrantes del Comité Central, 26 reciben un sueldo del gobierno de Boric.

Asimismo, 21 ocupan cargos de elección popular. Sólo 30 miembros del Comité Central -o sus familiares directos- no reciben un salario del Estado.

 

                                                                          EL BOOMERANG DE LA PSEUDO «JUSTICIA TRANSICIONAL»

Carla Fernández Montero, Abogada, Derecho Penitenciario

El Líbero, 06/08/2024

Parece increíble que, transcurridos 35 años desde el retorno a la democracia, levantar el secreto del Informe Valech, materializar y ampliar el Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos, cerrar el penal de Punta Peuco y trasladar a sus internos a cárceles comunes, o construir una cárcel de alta seguridad para cientos de nuevos condenados por causas de DD.HH., por señalar sólo algunos ejemplos, sean temas políticos de este año 2024.

Hagamos algo de historia: la necesidad de un “continuismo jurídico” -previamente negociado por las fuerzas políticas- hizo posible un proceso de transición democrática en nuestro país, entre otras cosas, posibilitando el plebiscito del año 1988 y la aprobación de las reformas constitucionales de Pinochet. Ello permitió el traspaso pacífico del poder desde el General a Patricio Aylwin el año 1990.

Han transcurrido 35 años desde el cambio de sistema político, y seguimos inmersos en esta dinámica de transición, y parte de nuestra sociedad sigue fracturada, y el resentimiento se mantiene. Las FF.AA., por su lado, prefieren los cuarteles que las calles. Ya saben que son “carne de cañón” para salvarle el día a la política, la misma que después no trepidará en darles la espalda.

Sin embargo, todo este proceso descansaba bajo una suposición implícita: que el DL 2.191-1978, de Amnistía, sancionado por el Gobierno Militar, sería respetado. Este acatamiento, no era algo baladí (basta ver la experiencia de la España post franquista).

Acatar la amnistía, según el profesor de Harvard Samuel P. Huntington (1991) -un experto mundial en la dialéctica histórica de los poderes civiles y militares-, es un requisito fundamental para lograr la reconciliación sobre la cual se sustente la democracia nueva, dejando atrás las divisiones.

Por cierto, bajo el prisma del debate clásico entre Herbert Hart y Lon Fuller sobre el Derecho y la Moral, este decreto de amnistía chileno, a los ojos del iusnaturalista estadounidense, no sería un derecho injusto propiamente tal, no solo porque su promulgación no fue “secreta” (como varias de las leyes nazis, por ejemplo), sino porque el sistema de normas democráticas chileno no lo ha expulsado luego de casi medio siglo desde su publicación (otra cosa es que los tribunales hayan decidido no aplicarlo).

En efecto, no resulta aceptable que, por un lado, una jurisprudencia sesgada rechace -por considerarlo injusto- un derecho vigente y que favorece al reo, pero que, al mismo tiempo, acoja un derecho (internacional) igualmente injusto para agravar la responsabilidad de ese reo (aun cuando, por ejemplo, se trate de un “Derecho de Guerra” ex post facto, autogenerado por los vencedores para “aplastar” a los vencidos, como es el caso de Nuremberg o Tokio).

Utilizar esta normativa global aplicable a conflictos armados internacionales para calificar los hechos criollos como un delito de “lesa humanidad”, aun cuando ni siquiera contenga una descripción de los tipos penales que permita su aplicación directa ni una previsión específica sobre las penas, es un despropósito.

Remontándonos nuevamente a esa época, el nuevo Gobierno de Aylwin daría el inicio a la denominada justicia transicional, quizás pensando -de manera incauta- que ese deseo de unidad entre civiles y militares, plasmado en el discurso del 12 de marzo de 1990 en el Estadio Nacional, arrojaría frutos para quienes buscaban la paz, la justicia y la añorada (y utópica) reconciliación.

Sin embargo, pese a todo su “capital moral y político”, Aylwin no fue capaz de concretar su anhelo de unidad.

El asesinato de Jaime Guzmán una semana después de su discurso que rechazó el indulto presidencial a terroristas, dejó claro cuáles eran las intenciones de la extrema izquierda: impunidad para ellos, pero cárcel para los militares (una proclama que, gracias a nuestros tribunales, se vería cumplida).

Años más tarde, en 1996, el FPMR concretaría la operación “Vuelo de Justicia”, y los asesinos del senador restarían impunes de ese asesinato, hasta el día de hoy.

¿Alguien recuerda eso? ¿Se le ha tomado el peso al significado político que hoy tiene que nuestro actual Presidente -siendo diputado- se haya tomado una foto con una polera con el rostro baleado del senador o que haya viajado a Francia a presentar sus respetos al “Comandante Ramiro”?

A nadie le interesa profundizar sobre esas conductas de quien hoy dirige el destino de nuestro país, simplemente, las banalizan.

Sin embargo, estas acciones están cargadas de significado y de simbolismo, que implícitamente nos dice que la herida está abierta, y que la justicia transicional no ha terminado, es más, hoy vuelve a renacer bajo la forma del retribucionismo penal retroactivo.

Bruce Ackerman (1992), advierte sobre el “espejismo de la justicia correctiva”, argumentando que su implementación generaría miedo y resentimiento y la creación de profundas divisiones entre varios sectores de la sociedad, lo que sería muy difícil de revertir, dado el perfil de los gobernantes promotores de este tipo de justicia retroactiva, que en general poseen más capital moral que organizativo, por lo que, a la larga, terminarían perdiendo el primero, gracias al déficit que tienen del segundo.

Lamentablemente, quedó demostrado que en realidad Chile no es uno solo y que, en ese mundo de la ahora “eterna justicia transicional”, los militares no tienen cabida como personas. No tienen derechos, porque son considerados enemigos del Estado (hostis generalis).

Pero entonces, ¿qué nos trajo esta justicia transicional criolla? Nada menos que ¡la resurrección de Kant!

Porque las organizaciones de DD.HH. y las fuerzas políticas de extrema izquierda no estaban (no están ni estarán) dispuestas a permitir que no se castigue hasta el último culpable, hasta aquel remotamente responsable, aun si la sociedad chilena se acercara al límite de la disolución.

Retribución pura, ad infinitum.

¿Y el principio de legalidad penal? Una quimera. Porque se trata de “ajustar cuentas” con el sistema político anterior y sus representantes (en realidad el “target político” abarca y pretende englobar a cualquiera que haya pertenecido o servido a las FF. AA. en esos tiempos).

La detención de Pinochet en Londres; la primera querella contra él del año 1998 presentada por el PC, y la seguidilla que vendrían; el inocente “nunca más” de Cheyre del año 2003; y las reformas constitucionales del año 2005 (especialmente en el Cosena y la justicia), formaron el caldo de cultivo perfecto para eliminar todo “contrapeso” que permitiera alcanzar -por así decirlo- un equilibrio paretiano en materia de DD.HH. Ya no sería posible lograrlo.

Inevitablemente, un grupo de nuestra sociedad (las FF. AA.) no tendría otra alternativa que capitular -pero sin condiciones- frente a esta arremetida de la extrema izquierda. La derecha, mientras tanto, “comía cabritas”.

En efecto, la oleada de tratados internacionales de DD. HH. suscritos por Chile en esa época y su influjo “talibán” en la jurisprudencia de nuestros tribunales, que extendían la imprescriptibilidad también a las acciones civiles de reparación (transformando al Estado en una caja pagadora, con cargo a impuestos generales), condenó para siempre a un grupo de miembros de nuestra sociedad, dándole “el vamos” a la “temporada de caza” de civiles y militares, a todo nivel.

Ya los incentivos no eran solo “morales”, sino, además, económicos. No resulta exagerado hablar de una “industria de los DD. HH.”.

Así, la retribución, la retroactividad y la imprescriptibilidad, aceitaron la maquinaria judicial, dando inicio al juzgamiento y encarcelamiento masivo de civiles y militares por causas de DD. HH.

¿Y cómo se aseguró el éxito de esta “cruzada” por la justicia transicional no obstante el paso del tiempo? En primer lugar, gracias a la forma procedimental que asumieron los juicios, derivada del espurio acuerdo político para que la Reforma Procesal del año 2000 no alcanzara a estos hechos pretéritos por causas de DD. HH., sometiéndolos al conocimiento y juzgamiento en un proceso penal inquisitivo, secreto y “eterno”, en donde la prueba de presunciones, permite salvar el obstáculo de la no preservación de las pruebas materiales por el transcurso propio del tiempo.

En segundo lugar, los avances de la medicina, hicieron lo suyo, aumentando las expectativas de vida de la población, y con ello, se aseguró la sobrevivencia de los supuestos responsables (ancianos en su mayoría), permitiendo a la jurisprudencia progresista hacer gala de un “camuflado” derecho penal de autor, que bajo el ropaje de la dogmática roxiniana, ha condenado a personas por lo que eran en esa época, más que por lo que realmente hicieron.

Así, el rango militar o la función, sellaron el destino penal de muchos condenados que suman cientos de años de pena. Bienvenido también el derecho penal simbólico.

Y en tercer lugar, porque el afán retribucionista -aun cuando se circunscribe a las agrupaciones de DD. HH., el PC y extrema izquierda- se ha mostrado comunicacionalmente como una “misión de Estado” (sobre todo a partir del gobierno de la Nueva Mayoría, que incorporó el PC al poder), y también -por qué no decirlo- gracias al apoyo de la derecha, que bajo el pretexto de la búsqueda de cohesión con el resto de los actores políticos respecto a la meta de la justicia transicional, ha evidenciado una “falta de pantalones” imperdonable, manteniendo viva una llama que políticamente parece ajena, pero que en los hechos, también le pertenece.

No olvidar que fue un gobierno de derecha el que habló de los “cómplices pasivos”; o cerró el penal Cordillera; o se preocupó con sus nombramientos de asegurar una minoría en el TC; o que impulsó diversas querellas por causas de DD. HH. desde el Ministerio de Interior o la reapertura de sumarios por ministros de fuero; o que denegó indultos humanitarios a ancianos presos por causas de DD. HH. (aun en tiempos de Pandemia por Covid-19), etc.

Pero… ¿Por qué no es bueno el retribucionismo retroactivo? El jurista alemán Winfried Hassemer (2004), rechaza esta política de “ajuste de cuentas” en contextos transicionales democráticos. Excluye la retribución (“Ley del Talión”) y boga por una prevención general positiva, respetuosa de los principios del derecho penal.

Es más, señala este eximio autor que “(…) es absurdo atribuir a los anteriores “dominantes” una pérdida de derechos fundamentales (…), bajo el argumento de que ellos tampoco respetaron los derechos fundamentales de sus sometidos (…)”.

Por su parte, Ludwig Feuerbach (1986), señaló que la justicia retributiva y retroactiva tampoco permite materializar la prevención por intimidación teorizada por él, “(…), porque no se puede esperar banalmente que un ciudadano que consiente el delito se impresione ex post por normas penales prohibitivas; la teoría penal de la prevención general negativa intimida mediante normas penales, con miras al futuro, y, por tanto, en el plano teórico penal, no presenta interés alguno en aplicar normas retroactivamente”.

De este modo, no respetar garantías básicas del debido proceso penal en la investigación, juzgamiento, condena y cumplimiento, derivado de causas de DD. HH., es una forma de aplicar esa Ley del Talión a la que se refiere Hassemer.

Tampoco se puede hablar de justicia transicional cuando quien investiga funge además como juez, al amparo del secreto sumario y sin un tiempo que limite su investigación, pudiendo mantener por decenas de años a una persona sujeta a la disposición unilateral de un persecutor implacable.

No solo no hay debido proceso en ello, sino, además, un desprecio a la dignidad del perseguido.

Ni menos existe justicia transicional cuando se ordena encarcelar a personas ancianas moribundas, o a sujetos que, por edad y estado de salud, no están aptos para sobrellevar una privación de libertad en condiciones carcelarias infrahumanas de hacinamiento o de falta de atención médica.

Y si ellos, tienen “la suerte” de ser hospitalizados, la muerte digna fuera de la cárcel aparece como un premio inmerecido por los querellantes, quienes no obstante haber recibido lo suyo del sistema de justicia, siguen insatisfechos, y como buitres exigen a los ministros de fuero que el enfermo provecto muera en la cárcel, ojalá pudriéndose.

Es más, ni siquiera ha sido necesario publicitar a nivel estatal una imparcialidad judicial para reforzar la credibilidad en la justicia transicional frente a la sociedad (la parcialidad o falta de objetividad es invisible).

Es tan malo el manejo comunicacional de la derecha que, por ejemplo, la mayoría de la sociedad no sabe que los militares son juzgados por un proceso inquisitivo y carente de garantías, y muchos aún creen que la justicia militar es una justicia “privilegiada”.

¿Sabe la población chilena que un joven criminal del Tren de Aragua tiene más garantías procesales que un anciano nonagenario condenado por causas de DD. HH., y que incluso los querellantes no son intervinientes durante la ejecución de la pena ante la nueva ley procesal penal?

En el entendido que la primera de todas las garantías del proceso es la imparcialidad del juzgador: ¿Se habla acaso de que el proceso antiguo -por el solo hecho de ser inquisitivo y secreto- no garantiza la imparcialidad subjetiva ni la imparcialidad objetiva?

En efecto, el viejo y obsoleto proceso penal de 1906 ha sido utilizado casi en su totalidad para encarcelar a militares. No hay juicios contra terroristas de izquierda, y las pocas solicitudes de extradición, han sido rechazadas, porque sus crímenes -a los ojos de nuestros ministros de fuero- no constituyen delitos de lesa humanidad, por lo que se encontrarían prescritos.

Como si la muerte de senadores o de ciudadanos indefensos a manos del terrorismo de izquierda no constituyera un atentado a los DD. HH. ¡vergonzoso!

Lo paradójico de toda esta cuestión, y contrario a la experiencia internacional, es que pese a que en Chile la democratización se realizó a través de negociaciones destinadas a lograr consenso, y que durante el transcurso de estos 35 años no ha existido un balance precario entre la viabilidad de la democracia y los “reclamos públicos” de justicia retributiva y retroactiva, la materialización de esta justicia transicional se haya llevado a cabo como si la transición democrática se hubiera logrado de manera violenta y, a sólo pocos años del cese del régimen militar anterior.

La respuesta judicial a esa fuerza de sentimientos retributivistas, y que ostenta un grupo político de extrema izquierda muy minoritario de nuestro país -pero con tentáculos poderosos en el andamiaje estatal- ha sido, es y seguirá siendo draconiana, inmisericorde. Ya lo hemos señalado antes, es una mancha indeleble en la justicia chilena.

No se explica de otra forma que octogenarios y nonagenarios enfermos graves y terminales, sigan siendo juzgados y condenados por estas causas de DD. HH., al amparo de un proceso penal inconstitucional, sin las garantías del debido proceso, y que estas personas estén muriendo como moscas en nuestras precarias cárceles, y, además, en condiciones indignas de salubridad y hacinamiento.

Eso, señores, ¡no es derecho penal! Es la materialización de un “geriatricidio carcelario”.

¿Pero entonces, existe un límite de tiempo para cerrar de una vez por todas este capítulo? O acaso mientras exista una persona dispuesta a querellarse por violaciones a los DD. HH. (sin importar su grado de parentesco con la víctima) o mientras haya un ministro de fuero que presionado por la política de extrema izquierda decida reabrir sumarios, ¿se mantendrá abierta esta puerta de la justicia transicional?

El profesor Samuel P. Huntington, dentro del análisis de la dialéctica de los poderes civiles y militares, específicamente, la relación entre justicia retroactiva y democracia, recomienda que en las transiciones democráticas conseguidas por medio de un reemplazo del antiguo régimen (como en Chile), los juicios contra los líderes de los regímenes autoritarios (ni siquiera hace referencia a los subalternos) se realicen si la población lo considera moral y políticamente deseables y si se comienzan y concluyen en un solo año, ya que de lo contrario, la efectividad no existe, porque los costos políticos sobrepasan en mucho los beneficios morales.

En cambio, en aquellos países donde la transición democrática se consigue mediante la transformación del régimen anterior, este autor señala que las persecuciones penales lisa y llanamente, deben ser evitadas.

Han transcurrido 35 años desde el cambio de sistema político, y seguimos inmersos en esta dinámica de transición, y parte de nuestra sociedad sigue fracturada, y el resentimiento se mantiene. Las FF.AA., por su lado, prefieren los cuarteles que las calles. Ya saben que son “carne de cañón” para salvarle el día a la política, la misma que después no trepidará en darles la espalda. El ejemplo de ello está frente a sus ojos, y tendrían que estar dementes para querer experimentar en “carne viva” ese sufrimiento, tanto para su familia como para ellos.

El sociólogo y profesor español Juan José Linz (1978), respecto a los efectos de la transición entre los autoritarismos militares y los sistemas democráticos, dijo: “Los nuevos gobernantes (de los regímenes democráticos en transición) también tienen una tendencia, basada probablemente en su sentimiento de superioridad moral, a gastar la energía en lo que se podría llamar política de resentimiento contra las personas y las instituciones que se identifican con el viejo orden. Esto consistiría en pequeños ataques contra su dignidad y sentimientos, (…)”.

Estos son precisamente los “costos políticos” que identifica Ackerman y a los que el profesor Huntington también hace referencia.

Entonces, está bastante claro que mantener este statu quo a través del tiempo, ¡no saldrá gratis!

Sabemos que nuestra sociedad chilena ya no es la misma de hace 35 años, y la clase política se ha ido pudriendo con el tiempo. Pero lo peor, es que los problemas sociales de antes ya no son los de ahora. ¡Dios nos pille confesados!

A los ciudadanos de hoy, les preocupa el “día a día”: llegar a fin de mes, que no les roben, no los maten o no los secuestren, o que sus hijos no caigan en manos del narcotráfico y crimen organizado.

El enjuiciamiento y encarcelamiento de militares ancianos por hechos acaecidos hace medio siglo, hoy, para la mayoría de nuestra sociedad, no es tema. Ni siquiera ahora que se acerca septiembre. Pero seguramente la política de trinchera de siempre hará su pega. ¿Y adivinen quien seguirá “comiendo cabritas”?

Como vamos actualmente, el terrorismo propio del crimen organizado en algún momento se manifestará con crudeza en nuestra sociedad (morirán políticos, jueces, fiscales o simplemente gente inocente por medio de atentados), y muy probablemente, la política cooptada por el narcotráfico, no hará nada, y nuestras policías, si no han caído en la tentación, no serán capaces de hacerle frente a esta oleada criminal. ¿Alguien sabe realmente el poder de fuego del crimen organizado? ¿De dónde obtienen sus armas?

Esta verdadera “injusticia transicional”, que está acabando con seres humanos dignos, haciendo realidad el “geriatricidio carcelario”, no será infinita.

Llegará un momento en que nuestra sociedad no será capaz de organizarse políticamente para hacer frente al crimen organizado -ni por medio del Gobierno, ni de la oposición, cualesquiera sean los colores- y aun cuando nuestras mujeres vuelvan a salir a la calle y desconsoladas agiten los pañuelos blancos exigiendo orden, y se pregunten ¿y ahora…quién podrá defendernos?

Ni el “chapulín colorado” acudirá a ese llamado.

Quizás recién en ese momento se haga un “caldo de cabeza” nacional, pero lamentablemente, ya será demasiado tarde.

 

                                     A TRAVÉS DE LA NOCHE DE PIEDRA

Ascanio Cavallo

La Tercera, Opinión, 04/08/2024

Lo dicho, ya varias veces: Nicolás Maduro es el problemazo de la izquierda latinoamericana. Su modelo es el de una izquierda que trabaja para ganar elecciones por vías democráticas y, una vez que lo logra, trabaja para erosionar la democracia y no entregar nunca el poder; y además, no se considera una izquierda, sino la única izquierda, la de veras, la auténtica.

En el lenguaje de leninismo degradado con que se expresan, se les termina por presentar lo que llaman “el problema del poder”.

¿Cómo no va a ser un problemazo que te metan en ese saco?

Cuando se habla de Maduro no se habla sólo de una persona, sino de un grupo que ha copado todas las posiciones principales del aparato del estado y que, además de gozar de los privilegios de los elegidos, determina qué es bueno o malo para Venezuela. Para este grupo, es frecuente que el pueblo esté equivocado y que su voluntad esté alienada por intereses foráneos. En esos casos, no hay que escucharlo.

Dado que esta es la única izquierda, las otras, la de mentira, son disfraces del imperialismo. Pero hay casos, como Chile y Brasil, donde esas “otras izquierdas” gobiernan en conjunto con personas que defienden la inconducta de Maduro, con lo que dan la razón a quienes piensan que ellas, sus socios y sus aliados son un peligro para la democracia.

El caso paradigmático es el Partido Comunista chileno, que tiene una trayectoria histórica bien asentada en estas materias: nunca, ni en sus momentos más lúcidos, levantó la voz contra Stalin, Brezhnev, Mao, Honecker, Fidel Castro et al, y jamás defendió la libertad en Hungría, Checoslovaquia, Polonia o Afganistán.

No se puede esperar que, con sus actuales dirigentes, cambie esa conducta. Aunque tenga la diferencia de un abismo con otros miembros de su coalición -incluido el presidente-, no saldrá de ella ni renunciará a las posiciones de poder que ha alcanzado en el gobierno.

Sus presuntas grietas internas han de considerarse como una fantasía de sus adversarios, por lo menos hasta que se demuestre lo contrario. Y cuando Juan Andrés Lagos dice que el actual Congreso interno analiza la política de alianzas -como si fuese una advertencia- no puede entenderse de ningún modo que quiere dejar la que hoy tiene.

En cambio, las “otras izquierdas”, como el Frente Amplio, que vieron con entusiasmo el “socialismo del siglo XXI” y la “revolución bolivariana”, chocan de frente con el monstruo que ha salido de esas entrañas. (No hay que confundir esto con el español Podemos, que se apuró en felicitar a Maduro: en su caso, lo que prevalece es la nostalgia, porque la Venezuela de Chávez los financió generosamente durante varios años, incluyendo el grotesco proyecto de la moneda única latinoamericana).

Para más inri, Maduro ha concluido una elección que nunca deseó -que fue el producto de los Acuerdos de Barbados del 2023- con un fraude de manual, carente de toda vergüenza, con interrupción del conteo, horas de silencio, aritmética defectuosa, porcentajes truculentos, expulsión de embajadores, en fin, todo el repertorio de un latrocinio vulgar como el que sólo puede cometer una dictadura derrotada.

Nunca un fraude electoral de América Latina había tenido tan amplia difusión; hasta los niños hablan de eso.

La comunidad internacional ha pedido lo mínimo: que muestre las actas electorales. Brasil le puso un plazo “prudente”. Ese plazo ya pasó. Las actas no aparecerán. Y si llega a haberlas, en meses más, ocurrirá sólo si es que los funcionarios de Maduro consiguen falsificarlas. Es más probable lo primero: no habrá actas.

De modo que el “socialismo del siglo XXI” y la “revolución bolivariana” se han transmutado ostentosamente en lo que intentaban disimular: un estalinismo latinoamericano, con su Gulag para disidentes, su policía política y su justicia subalterna. El madurismo sabe que, aunque en la región tiene menos aliados que en otros tiempos, tampoco hay instancias capaces de cambiar su decisión.

El factor de influencia que podría ser Brasil difícilmente lo será: Lula no es un líder regional y Maduro ya aprendió a encajar su retórica. (Aunque hay rumores de que la diplomacia brasileña negocia una restauración del diálogo político en Venezuela: dudoso). En Colombia hay un gobierno que presenta más de un síntoma de simpatía con el modelo madurista. De México, ni hablar: el partido de AMLO no hace más que imitar la camaleónica política exterior del PRI.

En este cuadro poco alentador, la diplomacia chilena ha tenido un comportamiento impecable desde el punto de vista del estándar democrático, pero carece de fuerza conceptual y de liderazgo para enfrentar a Maduro, que ha ejercido en su contra una forma amatonada cuyo mensaje es: no nos importan ni un pepino.

Ante su problema interno, el presidente Boric ha dicho que reconoce la diferencia con el PC, pero que es él quien conduce las relaciones internacionales. Es, otra vez, una manera de apaciguar la bronca comunista, que no resuelve el problema de fondo: ¿cómo se confía en una izquierda así?

Los venezolanos no están solos en su lucha electoral; el mundo los mira con asombro. Pero la verdad cruda es que sí están solos en su confrontación con un régimen demasiado descarado, demasiado decidido, demasiado comprometido.

Maduro le ha subido el precio a su permanencia en el poder y al mismo tiempo ha depreciado toda influencia externa, incluso la de los políticos frívolos que ansiarían un punto menos de cinismo. Desde el domingo, ha convertido a Venezuela en el territorio de una confrontación en la que ya no sirven el voto ni la presión externa. El drama venezolano es más desolador de lo que parece.

 

                          CEGUERA SELECTIVA

Josefina Araos, investigadora IES

La Tercera, Opinión, 04/08/2024

Apenas tres semanas antes de la elección en Venezuela, Michelle Bachelet publicó una columna en un importante medio donde manifestaba la preocupación que hace un tiempo sabemos la embarga, a ella y a buena parte de la izquierda: el avance de la ultraderecha.

Su argumento sigue un derrotero conocido, en que la constatación del éxito de figuras como Javier Milei o Marine Le Pen, es seguida por la denuncia de los verdaderos motivos que los inspirarían.

Se trata de los denominados “retrocesos civilizatorios”, iniciativas que buscarían revertir los derechos alcanzados por las minorías y grupos excluidos, mientras socavan por dentro las instituciones democráticas para perpetuarse en el poder.

Los problemas de este enfoque ya han sido señalados: caracterizaciones abstractas que agrupan a figuras muy distintas entre sí y que, preocupadas por construir cercos sanitarios para contenerlas, no terminan de explicar por qué esos líderes logran tal adhesión ciudadana.

Sin embargo, los trágicos hechos ocurridos desde el domingo pasado en Venezuela, luego del escandaloso fraude electoral que solo viene a refrendar –y no apenas a iniciar, como parecen decir algunos con su sorpresa– la configuración de un régimen dictatorial en ese país, hacen aún más evidentes los puntos ciegos de esta mirada.

Desde hace más de un año que Bachelet –también el Presidente Boric, y distintos miembros de la izquierda local– manifiestan su inquietud por la amenaza latente de la ultraderecha, mientras en el vecindario los riesgos objetivos están también, y hace un buen tiempo, del otro lado del espectro (además de Venezuela, en Nicaragua y Cuba). No se trata de negar los problemas evidentes de la derecha radical, sino de subrayar la desconexión absoluta de las preocupaciones de aquellos que la cuestionan.

Lo grave de todo esto es que sugiere que el compromiso con la democracia es ambiguo, pues ella solo merece defensa robusta cuando la amenaza proviene del adversario. Así, advertencias como las de Bachelet pierden credibilidad y persuasión: sus análisis críticos son generalizaciones que no dan cuenta de las circunstancias particulares, ni buscan identificar todos y cada uno de los peligros.

Pasan así con total facilidad del escándalo al silencio cómplice, pues mientras las elecciones del parlamento europeo despiertan sofisticadas reflexiones sobre el riesgo de la ultraderecha, los hechos ocurridos en Venezuela no merecen por días mención alguna. Y cuando al fin llega el momento de referirse a ellos, es de una tibieza que raya en lo inaceptable.

El problema en Venezuela no es la falta de transparencia en las elecciones del domingo ni tampoco el fraude electoral, sino la perpetuación en el poder de un dictador dispuesto a todo.

El Presidente Boric, que a todas luces ha sido más enfático y duro con lo que pasa en ese país, permanece en la misma tibieza, o al menos en la ingenuidad: a casi una semana de la elección sigue esperando un conteo justo, cuando esa alternativa desapareció hace un buen rato del horizonte. Si acaso alguna vez fue posible esperarlo.

Necesitamos líderes políticos con juicios consistentes respecto de los acontecimientos en curso, que manifiesten un compromiso real con la democracia. Con esto no se está pidiendo una suerte de empate que dirija condenas fáciles a un lado y otro, reproduciendo así los análisis infructuosos.

El desafío es ofrecer interpretaciones críticas y libres frente a las circunstancias que toca atestiguar, y no en cambio reflexiones interesadas. Eso exige cuidar la democracia (distinto a defender el propio proyecto).

En caso contrario, la ciudadanía ya desapegada advierte tales estrategias, y si constata en sus líderes un compromiso instrumental, nada impide que ella misma profundice su distancia con el sistema. Ese es, en último término, el principal peligro.

 

                                                                            MADURO, EL VECINO INCÓMODO: LAS CONSECUENCIAS

                                                                            DE UN RÉGIMEN AUTORITARIO EN LA ESTABILIDAD DE

                                                       LA REGIÓN

José Ignacio Araya

La Tercera, 04/08/2024

Las recientes elecciones presidenciales en Venezuela dejaron una estela de preguntas y relaciones trizadas a su paso. Que si son reales los datos entregados por las autoridades, que si se puede confiar en la administración de Nicolás Maduro o si habrá paz tanto al interior del país como en la relación con sus vecinos regionales.

Y de confirmarse un nuevo gobierno chavista, una nueva interrogante emerge: ¿Generará este una mayor inestabilidad en América?

Tener un vecino problemático, en términos democráticos, podría remecer a la región entera. Ya sea mediante una posible nueva ola migratoria -datos citados por analistas hablan incluso de dos millones más, que se suman a los ocho que ya salieron- o dificultando el logro de acuerdos en instancias bilaterales o multilaterales, expertos consultados por La Tercera señalan algunos de los efectos que se deben considerar de cara a una nueva era venezolana.

Ya sea debido a los efectos migratorios o a los de sana convivencia regional, el tener como vecino a un país bajo un régimen autoritario tiene efectos para toda la comunidad que le rodea y, en algunos casos, mucho más allá, según señalan expertos consultados por La Tercera.

Así, temas locales, como lo son las elecciones estadounidenses, se entremezclan con otros regionales, donde la migración puede llegar a marcar la carrera presidencial prevista para noviembre de este año. Y, al mismo tiempo, la ya compleja integración de Venezuela a eventos regionales se hace cada vez más improbable.

Víctor Aguilar, responsable para América Latina y el Caribe de Crisis Group, aseguró a este periódico que el problema que las dictaduras o los regímenes autocráticos conllevan para la región en la que ocurren es que, al carecer de legitimidad, “suelen exacerbar las tensiones y los conflictos políticos”.

Al no tener “mecanismos e instituciones para resolverlos por medios pacíficos”, su desarrollo suele traducirse “en patrones migratorios extendidos que pueden afectar a los países vecinos, interrupciones en los flujos comerciales y de personas, la generación de tensiones en torno a las zonas fronterizas y el impedimento de las relaciones diplomáticas regulares”.

Una postura distinta propone Brian Winter, redactor jefe de Americas Quarterly y experimentado analista de la política latinoamericana, quien divide la situación venezolana en efectos evidentemente negativos, pero también uno positivo: el ejemplo para otros países sobre los extremismos.

“Los efectos más evidentes de tener cerca una dictadura son los que tenemos ante nuestros ojos: El aumento del hambre, los ocho millones de emigrantes, la mayoría de los cuales han emigrado a otros países latinoamericanos, incluido Chile. La expansión del crimen organizado, que tiene sus raíces en la duplicación de la producción de cocaína en América Latina en los últimos 10 años, pero que se ha visto agravada por el desplazamiento de bandas venezolanas como el Tren de Aragua a Estados Unidos, Chile y otros lugares”.

Sin embargo, añade que también “está la parte positiva”. Para el analista, Venezuela “ha servido de advertencia para la generación actual sobre los peligros que plantea la izquierda autoritaria. La prueba de que este modelo, a pesar de sus promesas igualitarias, solo conduce al sufrimiento, a la represión de las libertades y a la pobreza”.

En sus viajes por Chile, Brasil y Argentina, “el miedo a convertirse en ‘otra Venezuela’ está en todas partes. A veces es exagerado y explotado, pero la preocupación subyacente es válida”, dice. Y añade: “Me gustaría creer que también ha desacreditado a la derecha autoritaria. Es terrible que los venezolanos hayan sufrido para que otros aprendan una lección”.

María Gabriela Trompetero, docente e investigadora venezolana de la Universidad de Bielefeld, en Alemania, conversó con La Tercera sobre la situación de su país natal. En su opinión, “la existencia de regímenes autocráticos en la región, como el venezolano, crea condiciones amenazantes para la democracia”.

“La consolidación de un régimen autoritario genera la falsa impresión de que los canales institucionales no funcionan y, por lo tanto, la aparición de Estados autoritarios, sea cual sea su ideología, se hacen necesarios para responder a las necesidades de la población o para oponerse al enemigo ideológico autoritario de la otra orilla”.

¿Una nueva salida masiva? Días antes de las elecciones del pasado domingo, donde el chavismo coronó como su presidente una vez más a Nicolás Maduro, en medio de cuestionamientos a la veracidad y transparencia de los comicios, no eran pocos los que se preguntaban sobre su futuro en el país.

El 51 % de votos que el mandatario había obtenido, según cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE), le otorgan la presidencia por sobre Edmundo González, delfín de María Corina Machado, quien fue inhabilitada por el chavismo previo a los comicios.

El resultado desfavorable para la oposición hizo a varios de los países vecinos, especialmente a los que ya han experimentado de primera mano la diáspora venezolana, sobre los efectos en sus fronteras.

Datos de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU señalaban que, para julio de 2022, cerca de 6,1 millones de venezolanos habían dejado el país. Dos años después, en junio de 2024, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) cifraba en 7,7 millones los que salieron del país.

En Chile, por ejemplo, las autoridades ya advirtieron lo que podría ocurrir en los próximos meses. “Tomamos contacto con el Presidente, que nos ha pedido lo siguiente: que hagamos y sigamos haciendo todos los esfuerzos de la coordinación a nivel de los países de la región precisamente para enfrentar la situación, eventualmente que se podría producir por un flujo migratorio mayor”, dijo en la semana la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, tras una reunión con el Presidente Boric; la ministra del Interior, Carolina Tohá; el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y la ministra de Defensa, Maya Fernández.

Algunos ya se habían hecho la pregunta incluso antes de las elecciones. Una encuesta publicada en abril de este año señalaba que el 40 % de los venezolanos consideraba irse del país si Maduro era declarado ganador de la contienda electoral. El sondeo, realizado por Meganálisis, también mostró que solo el 16 % de los consultados de seguro se quedaría en Venezuela, independiente del resultado del 28 de julio.

“Si Maduro sigue en el poder, es probable que la migración continúe o incluso aumente, al menos durante algún tiempo”, dijo Víctor Aguilar, de Crisis Group. Sin embargo, tomó distancia de los sondeos.

“El número real de personas que decidan emigrar dependerá de cómo se afronte la situación política y de cómo evolucionen las circunstancias. Algunos podrían marcharse por motivos políticos, mientras que otros lo harían por la crisis económica. Venezuela se enfrenta a una emergencia humanitaria compleja, y mientras no se restablezcan las capacidades económicas e institucionales, es probable que continúe la emigración”, aseveró a este periódico.

Chris Blattman, economista y politólogo de la Universidad de Chicago, señaló en X que el apoyo de países como Rusia a la postura de Maduro tienen tintes geopolíticos, pero también migratorios. “Rusia y sus aliados parecen tener todos los incentivos para avivar las llamas de la represión. ¿Otros dos millones de refugiados fluyendo a través de Centroamérica hacia la frontera estadounidense 60 días antes de las elecciones, en un tema en el que los demócratas suelen ser miopes? Un regalo”, escribió.

“Si (la oposición) es derrotada, o no ven ningún camino hacia la victoria, espero que demos una oportunidad a los dos millones que vengan. La necesitarán. Si tenemos suerte, la Casa Blanca y Seguridad Nacional se están preparando para que la inundación sea ordenada”, añadió.

Para Trompetero, “si Maduro continúa en el poder, aumentará considerablemente el éxodo venezolano”, concluyó. “El éxodo que generaría que en Venezuela no se produzca un cambio político provocaría nuevas presiones en los sistemas de servicios de los países de destino, donde ya hay complejas tensiones sociales entre migrantes y comunidades de acogida. Lamentablemente, algunos países de la región, como Chile, Perú o Ecuador han girado hacia políticas de cierre contra la migración, lo que genera más retos para ambas partes, pues estas no conducen a la integración de los migrantes que, de igual forma, seguirán migrando a pesar de las barreras”, advirtió.

Navegando aguas turbulentas. El migratorio no es el único de los temas que afectan a una región que convive con un régimen autoritario.

La relación política, bilateral y multilateral también se ve seriamente trastocada. Basta mirar a 2025, fecha en que está programada la próxima Cumbre UE-Celac, en Colombia. Y un escenario de relaciones rotas, como el que se puede entrever con la expulsión de las representaciones diplomáticas de siete países latinoamericanos, incluido Chile, hacen difícil una completa integración.

Para María Gabriela Trompetero, “la existencia de estos regímenes antidemocráticos socava la legitimidad de los organismos multilaterales. De allí que estos Estados se vuelvan aún más fuertes en contra de sus ciudadanos, dejándolos sin instancias superiores vinculantes que puedan dar vuelta a decisiones judiciales injustas”. “Es necesario que los Estados vecinos se ajusten a los acuerdos de los organismos multilaterales antes firmados y no acomodarlos a la coyuntura política del momento”, dijo la experta.

En concreto, son solo Bolivia, Nicaragua y Cuba quienes han reconocido abiertamente a Maduro como presidente electo, sumados a China y Rusia. En cambio, el resto de los países de la región espera a que se transparenten las actas, pese a que este viernes el CNE ratificó la victoria chavista sin mostrar el detalle de la votación.

“Es el momento de presentar cargos de imputación y orden de captura por parte de la Corte Penal Internacional contra los principales responsables, incluido Maduro”, dijo el miércoles el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Hasta ahora, EE.UU., Perú, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Uruguay y Panamá han rechazado la proclamación de Maduro y han reconocido a González como el mandatario electo. Muchos ojos, sin embargo, se posan en el primero. El papel de EE. UU. en las sanciones económicas al chavismo y sus funcionarios, así como los papeles que la libre determinación y el intervencionismo tienen, vuelven a resonar.

“Se trata de un debate que se está produciendo ahora mismo desde Brasilia a Washington, pasando por Santiago. En Washington, pienso que los responsables políticos, tanto en círculos republicanos como demócratas, están tratando de averiguar cuáles son los límites del poder estadounidense en nuestra era, tras las fallidas guerras de Afganistán e Irak”, explicó a este periódico Brian Winter.

Ligado a migración y políticas internacionales, el redactor jefe de Americas Quarterly cree que “no hay nada que Washington tema más en estos momentos que un nuevo aumento de la inmigración. Si se produjera antes de noviembre, supondría un desastre para la candidatura de Kamala Harris, sobre todo porque está asociada a la política de inmigración del gobierno actual. Las encuestas muestran rutinariamente que la inmigración está entre las mayores preocupaciones de los votantes estadounidenses y, según algunas mediciones, el nivel de inmigración en este país se ha triplicado desde la administración Trump”.

“La triste verdad, en mi opinión, es que cuando un gobierno como el de Maduro decide seguir un camino autoritario, y es indiferente tanto a la opinión internacional como al sufrimiento de su pueblo, no hay mucho que la comunidad regional pueda hacer”, añadió.

Respecto de las medidas que la actual administración podría tomar, el analista señala que no espera que el país “intente una nueva ronda de sanciones al sector petrolero de Venezuela, u otras medidas que podrían agravar aún más la crisis. Tienen miedo de que los efectos lleguen literalmente a su frontera”.