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LAS REDES DE LA EXCONCERTACIÓN QUE SE ACTIVARON TRAS LA INICIATIVA DE “AMARILLOS POR CHILE por L. Jiménez y E. Rubio —LO QUE SE APROBÓ ESTA SEMANA Y VA AL BORRADOR DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN por Gabriela Mondaca (La Tercera)

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión

Ayer, un grupo de reconocidas figuras políticas hicieron pública una carta manifestando su preocupación por el devenir de la Convención Constitucional. La iniciativa fue liderada por el escritor Cristián Warnken.

Todo nació a través de un grupo de WhatsApp. “Amarillos por Chile” fue bautizado el espacio en el que hace unos 10 días se reunió un grupo de referentes de la exConcertación para hablar sobre la necesidad de hacer algo ante la preocupación del rumbo que tomaba la Convención Constitucional.

Sus ideas las plasmaron esta mañana en el manifiesto “Amarillos por Chile”, que contó con las firmas de 75 figuras políticas y causó revuelo en redes sociales.

“El espíritu que debe primar en la Convención debe ser el del diálogo, la conversación, el escuchar de verdad al que piensa distinto”, dice el texto, agregando que “el intento de algunas facciones radicalizadas de la Convención de ignorar, e incluso borrar, a un sector político significativo del país (la centroderecha), tal como intentaran hacerlo en la Constitución del 80 los maximalistas de entonces (de signo inverso a los de hoy), es un error político garrafal”.

La iniciativa comenzó a tomar forma desde hace dos o tres semanas, luego de que el escritor Cristián Warnken publicara la columna “Alerta Amarilla” en Pauta. “La Alerta Amarilla se justifica, queridos compatriotas, porque en vez de avanzar hacia una escucha genuina y a la búsqueda de un mínimo común compartido, al leer las propuestas aprobadas en las comisiones para ser discutidas por el Pleno de la Convención, todo indica que se está privilegiando el poner en primer lugar una visión maximalista, refundacional y en algunos casos derechamente revolucionaria antes que una mirada de Estado, de largo plazo, inclusiva”, aseveró en ésta.

De ahí que se activara un grupo de personas encabezadas por el escritor, el académico Mario Waissbluth, el economista Óscar Guillermo Garretón, además de Darío Contador, Pilar Peña y Ramón Montes, quienes pasaron a ser coordinadores de la iniciativa.

Ayer, un grupo de reconocidas figuras políticas hicieron pública una carta manifestando su preocupación por el devenir de la Convención Constitucional. La iniciativa fue liderada por el escritor Cristián Warnken.

Armaron entonces un grupo de WhatsApp, en el que rápidamente fueron incluyendo a más personas que quisieron sumarse a la iniciativa que se plasmó en esta carta que terminó de redactarse ayer. La mayoría de ellos comparten el haber formado parte de la Concertación, muchos como ministros de Estado.

Primero alcanzaron los 30 nombres, hasta que llegaron a 75. En el transcurso, se unieron firmantes como los excancilleres Soledad Alvear e Ignacio Walker (DC), los exministros de Hacienda Andrés Velasco, Alejandro Foxley y Manuel Marfán, los exministros de Justicia Jaime Campos e Isidro Solís, además de otras figuras del mundo democratacristiano como Jorge Burgos, Gutenberg Martínez, Mariana Aylwin, José Pablo Arellano, René Cortázar, entre otros.

El propio Warnken hizo llamados, mientras que otros referentes como Ignacio Walker también ayudaron a conseguir firmas. Mientras, en el grupo de WhatsApp se entregaban insumos sobre qué contenido tenía que incluir la carta, especialmente luego de una semana en que el grupo vio con preocupación algunas medidas que aprobó el pleno de la Convención Constitucional, como las reformas al poder judicial, ahora llamado sistema de justicia.

“Es una iniciativa ciudadana de un grupo bastante transversal de personas que nos hemos identificado con la centroizquierda, y que vemos con preocupación la ‘fiebre refundacional’ e identitaria que se está apoderando de la Convención, al margen de cualquier noción de bien común y de espaldas a la tradición constitucional chilena”, relató el excanciller.

El grupo coincidió en que la “pluma de oro” para escribir la carta la tenía el propio Warnken, quien tomó la batuta para redactar las dos páginas. Y si bien varios dicen en privado que no quieren que se vea como que la iniciativa está encabezada por alguien en particular, otros coinciden con que fue el escritor y poeta el principal impulsor.

Fue así que lanzaron la carta original, la cual tuvo algunos errores. Por ejemplo, no consignaron los nombres de Marfán y del constitucionalista Jorge Correa Sutil, además de un alcance de apellidos: entre los firmantes figura Claudio Elórtegui Gómez, cuando en realidad se trata del rector de la Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui Raffo.

Para esta tarde el grupo tiene contemplado inscribir la iniciativa en www.change.org, plataforma donde se reúnen firmas a gran escala. Y para la próxima semana -inicialmente el jueves- tienen contemplado reunirse a través de Zoom para seguir dialogando.

La idea es que el grupo -que algunos niegan que se trate de un movimiento- empiece a referirse a las iniciativas del pleno, pero más en lo específico y no con generalidades como la primera carta. Así, en el futuro se referirán a artículos en particular cuya redacción les sea preocupante.

Crítica a los partidos. Consultados por La Tercera PM, varios integrantes se refirieron a los motivos que tuvieron para incluirse en esta iniciativa, junto con criticar el rol que los partidos de centroizquierda han tenido en el proceso constituyente.

El expresidente de la DC, Gutenberg Martínez, dice que Warnken y los iniciadores de la carta “interpretaron un sentir que estaba latente entre muchos de nosotros. La necesidad de no quedarnos mirando qué es lo que sucedía con el tema constitucional, si no que era imperioso generar una voz de alerta”.

Martínez cuenta que la iniciativa fue “muy rápida”, y que encontró apoyo inmediatamente. “Hoy día la tarea es sumar y sumar muchas adhesiones, en un camino de expresión, que permita un gran acuerdo sustancial, responsable, democrático, en lo que sea la propuesta de la Convención. Los partidos han estado muy callados, con poca opinión sobre el tema constitucional, yo creo que hay que motivar a que todo el mundo opine”.

El exintendente Andrés Jouanet (DC), explicó que la iniciativa partió como “un grupo de personas que se conocen muchos entre sí y empezaron quizás a llamar a otras personas, esto naturalmente fue liderado por Cristián Warnken. Somos fundamentalmente un grupo de gente de centroizquierda que estamos preocupados por este espíritu refundacional que hay en la Convención, en este sentido del no reconocimiento del Chile que existe”.

El exministro Isidro Solís, en tanto, dijo que “yo no lo veo como un movimiento. En un primer momento hay una coincidencia colectiva de personas que yo creo, hemos circulado juntos muchos años de nuestras vidas, teniendo planteamientos políticos similares, que compartimos una preocupación bastante profunda por lo que se está viendo en el desarrollo de la Convención”.

Mientras que el también exministro Jorge Burgos (DC) recalcó que “los autores recogen un sentimiento de mucha gente, frente al silencio de los líderes políticos de la centroizquierda”. ( LAS REDES DE LA EXCONCERTACIÓN QUE SE ACTIVARON TRAS LA INICIATIVA DE “AMARILLOS POR CHILE por L. Jiménez y E. Rubio. La Tercera, Política, 19/02/2022

LO QUE SE APROBÓ ESTA SEMANA Y VA AL BORRADOR DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Gabriela Mondaca

La Tercera, 19/02/2022

Sistema de Justicia.

Entre los artículos aprobados se encuentra el 3, sobre independencia jurisdiccional, imparcialidad y exclusividad. Asimismo, se aprobó el inciso dos del artículo 5 referente al derecho de acceso a la justicia y, de la misma manera, se visó el artículo 6 sobre la tutela judicial efectiva.

En tanto, el pleno aprobó el artículo 10 que establece la gratuidad para el acceso a la función jurisdiccional; el artículo 11, sobre principios de responsabilidad jurisdiccional; el artículo 12, que indica la publicidad, probidad y transparencia, además del artículo 13 sobre el acceso a la justicia abierta.

Asimismo, se aprobó el artículo 14 que establece la paridad y perspectiva de género en la función jurisdiccional; el artículo 15 sobre plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad y, por último, se aprobó el artículo 16, que establece los mecanismos colaborativos de resolución de conflictos.

Forma de Estado

C.Durante la jornada del viernes, los convencionales aprobaron el artículo 1 que establece a Chile como un Estado regional. Además, se aprobó su inciso dos que dice que el Estado “promoverá la cooperación, la integración armónica y el desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales”.

También se aprobó el inciso del artículo 2 sobre las entidades territoriales. De la misma manera se aprobó el inciso tres que sostiene que “la creación, modificación, delimitación y supresión de las entidades territoriales deberá considerar criterios objetivos en función de antecedentes históricos”.

En la misma línea, se aprobó el inciso primero del artículo 3 sobre el territorio que establece que Chile forma un territorio único e indivisible. En tanto, se aprobó el inciso tres del artículo 4 sobre el meritorio para proteger los espacios marinos y costeros.

El inciso uno y dos del artículo 5 sobre la autonomía de las entidades territoriales fueron aprobados y sostienen -respectivamente- que los territorios autónomos están dotados de autonomía en sus funciones, pero no podrán “atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile”.

El primer inciso del artículo 6 sobre la solidaridad, cooperación y asociatividad territorial en el Estado regional fue aprobado y establece que las entidades territoriales se coordinarán bajo cooperación y apoyo mutuo. Asimismo, se aprobó el segundo inciso que señala que dos o más entidades podrán pactar convenios.

En tanto, se aprobó el artículo 7 de la participación en las entidades territoriales en el Estado regional. Mientras que el artículo 8 tuvo votación dividida y se visaron sus artículos uno y dos.

Los artículos que lograron los 2/3 para formar parte del texto que, tras su armonización, serán sometidos al plebiscito de salida.

Igualmente se aprobó el artículo 9 de la equidad, solidaridad y justicia territorial junto con el artículo 10 de la plurinacionalidad e interculturalidad en el Estado regional.

También se aprobó el inciso primero del artículo 11 sobre la postulación y cesación a los cargos de las entidades territoriales y el inciso dos sobre los requisitos para la postulación.

El artículo 12 sobre el principio de no tutela entre entidades territoriales fue aprobado al igual que los incisos uno y dos del artículo 13 sobre correspondencia entre competencias y recursos.

Además, se aprobó el artículo 14 sobre cuestiones de competencia y el artículo 16 sobre radicación preferente de competencias que sostiene que estas deberán radicarse priorizando la entidad local sobre la regional y esta última sobre el Estado.

Del mismo modo, se aprobó el artículo 17 sobre diferenciación territorial y el artículo 18 sobre las regiones autónomas y su definición.

En tanto, el pleno aprobó el artículo 23 sobre el gobierno regional; el artículo 24 sobre el consejo de alcaldes y alcaldesas y el inciso cuarto del artículo 26 que menciona al consejo social regional.

Por último, el pleno aprobó los incisos 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18 referidos al artículo 27 sobre las competencias de la región autónoma.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR. Antonio Varas

ITURRIAGA: EL GENERAL DEL EJÉRCITO QUE SOBRELLEVÓ EL ESTALLIDO SOCIAL por Víctor Rivera. La Tercera, Nacional 19/02/2022

Las opiniones en esta columna son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión

Sobre los desafíos que enfrentará, Prokurica pronostica que “deberá seguir avanzando en la modernización, profesionalización y alto nivel de alistamiento, y en lograr un mayor reconocimiento y legitimidad social”

No tiene asesores directos, no tiene un círculo íntimo que maneje su agenda, ni menos la intención de responder los requerimientos de quien quiera hablarle por WhatsApp, aunque en su avatar se lee el mensaje: “Siempre disponible y alerta”.

Lo catalogan de irónico y destacan que tiene un humor negro…, “demasiado negro”, advierten. Sobre su personalidad no hay una definición transversal al interior del Ejército que retrate a su próximo comandante en jefe, Javier Iturriaga del Campo (56).

Lo que sí, están conscientes al interior de la institución castrense, la nueva máxima autoridad -que asumirá el 9 de marzo- no es un desconocido para el ciudadano común.

El militar se hizo conocido para el estallido social, cuando, 24 horas después de que el Presidente Sebastián Piñera sostuviera que estábamos “en guerra”, fue consultado en su calidad de jefe de la Defensa Nacional por los dichos del Mandatario. Con una leve sonrisa en su rostro respondió simplemente que él era un “hombre feliz” y que no había tal conflicto.

Nacido el 26 de octubre de 1965 en Santiago, Javier Iturriaga fue el segundo hijo del matrimonio conformado por el general del Ejército Dante Iturriaga Marchese y Gloria María del Campo Ortiz. “Es de ADN militar”, dicen sus cercanos. Ahondan que “está muy marcado por su padre, Dante, quien también fue general del Ejército, y se caracterizaba por su sentido de rectitud y justicia, y de asumir costos por su postura inclaudicable”.

El progenitor del nuevo mandamás del Ejército fue un militar que alcanzó el generalato como brigadier por los años 70. Durante la crisis de 1978 comandó las unidades militares de Arica e Iquique, que estaban reforzadas y expectantes ante el posible ataque de Perú en medio de un reinante escenario de tensión en el país. Luego, durante la crisis de las Malvinas estuvo a cargo de distintas secciones en Punta Arenas.

En esa época, Iturriaga tenía 13 años, pero ya anhelaba seguir los pasos de su padre: dos años después ingresó a la Escuela Militar, graduándose con el grado de alférez en el arma de Infantería en 1984. Sus compañeros lo apodaron “Ícaro”, porque en general la “chapa de combate” suele ser un concepto con la inicial de su apellido y coincide con el personaje de la mitología griega que tenía alas.

Y es que lo de Iturriaga eran las alturas. Conocida era su pasión por los paracaídas y los comandos, por lo que se formó en la rama de Fuerzas Especiales. Ahí, dicen, definió un perfil transversal con la tropa. En simple: no tiene un sesgo de clase con los suboficiales. Tanto en el Ejército como en el Estado Mayor Conjunto, cuentan, nunca se le vio con un “séquito de asesores, como acostumbran otros altos oficiales”.

En enero de 2014 fue designado como agregado militar en Brasil. Hasta allá llegó con su familia para estar un año, antes de ser designado como general de brigada en Operaciones Especiales.

Este viaje, sin embargo, podría acarrear alguna situación “incómoda” para el general, dado que es una de las tantas salidas del país que la ministra Romy Rutherford indaga en la arista “empresas de turismo” del caso judicial denominado “fraude en el Ejército”. En este se indagan diversas irregularidades cometidas por militares con arcas fiscales.

Sin ir más lejos, todos los comandantes en jefe tras la llegada de la democracia están procesados o vinculados en el caso. Por eso quienes lo conocen saben que esta indagatoria seguirá siendo una pesada sombra para la institución, donde Iturriaga deberá liderar, al menos, un año más con las pesquisas que requiera la magistrada, quien ha mantenido más de una situación tensa con el Ejército, debido a las diligencias que ha desarrollado en la investigación.

“Un hombre feliz”. En noviembre de 2018, Iturriaga alcanza el grado de general de división, entrando así en la composición del Alto Mando del Ejército, que es liderado actualmente por el general Ricardo Martínez.

Al perfilarlo, todos recuerdan el día en que Iturriaga dejó de ser un militar más y saltó a las primeras planas de los medios del país. Era el 21 de octubre de 2019 y tres días antes, el Presidente Piñera lo había nombrado como jefe de la Defensa Nacional en medio del estado de excepción que se vivía entonces por los desórdenes del 18 de octubre de ese año.

“No hay que apagar el incendio con bencina”, repetía por esos días, dado que la presencia militar en las calles era para muchos una exageración. El entonces diputado Gabriel Boric -hoy presidente electo- llegó esa vez hasta Plaza Italia a pedirles explicaciones a los uniformados por portar “armas de guerra”.

El 20 de octubre, el Presidente Piñera durante la noche decía estar “en guerra frente a un enemigo poderoso”. Iturriaga salió al día siguiente a entregar un reporte sobre los desmanes y se le consultó por las declaraciones del Mandatario. El general se tomó cuatro segundos, miró el piso y lanzó: “Mire, yo soy un hombre feliz y no estoy en guerra con nadie”.

Tanto en el Ejército como en La Moneda algunos llevaron sus manos al rostro en señal de reprobación y se manifestaron incómodos frente a algo que se interpretó como una “quitada de piso” al Jefe de Estado.

Una de las tres primeras antigüedades del Ejército en esa época recuerda el episodio: “No fue lo más adecuado, claro, porque de alguna manera le llevó la contra al Presidente. No se nos informó de nada oficial, pero varios escuchamos que el comandante en jefe tuvo que llamar a La Moneda para dar explicaciones y excusas”.

Algunos pensaron que sería el fin de su carrera, pero el tiempo dijo otra cosa. El propio Piñera el 3 de noviembre lo nombró comandante en jefe del Ejército, cargo que asumirá el 9 de marzo.

Críticas y loas. Uno de los críticos al nombramiento de Iturriaga es el exjefe del Estado Mayor del Ejército John Griffiths. “Es un buen militar, eso sin duda. Yo le veo habilidades más en el hacer que en el pensar. Yo esperaría que se asesorara bien, es que si no… no se puede ser tan simple en las resoluciones”, dice a La Tercera.

Agrega que “se requiere de un buen manejo y para eso hay que hacerse asesorar y formar un equipo, siempre y cuando el líder sea quien resuelva finalmente, pero siempre escuchando al resto”.

Quien alcanzó un alto grado de confianza con Iturriaga durante los últimos años fue el ministro de Defensa, Baldo Prokurica. En su puesto de jefe del Estado Mayor, el alto oficial debió viajar mucho con la autoridad de gobierno.

Desde Defensa descartan que Iturriaga sea un general alejado de la doctrina y la “intelectualidad” militar, pues fue jefe de Educación y Doctrina, plan donde se generan los planes de estudio en las ramas castrenses.

Prokurica señala que “tengo un gran aprecio por el general Iturriaga, por ser un soldado muy profesional, eficiente, con un ejemplar comportamiento. Es valorado por sus altas capacidades estratégicas, su trato directo y cercano con sus pares y subalternos”.

Sobre los desafíos que enfrentará, Prokurica pronostica que “deberá seguir avanzando en la modernización, profesionalización y alto nivel de alistamiento, y en lograr un mayor reconocimiento y legitimidad social”.

PERPETUANDO EL SUBDESARROLLO (El Mercurio, Editorial, 18/02/2022)

Las opiniones en esta columna son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión.

Corresponde a todas las fuerzas políticas responsables no seguir observando con letargo este proceso, sino contribuir a corregir su rumbo.

Mientras los principales liderazgos políticos y partidarios —especialmente en el caso de las colectividades de Chile Vamos— aparecen sumidos en una inexplicable pasividad, los avances del debate que se produce dentro de la Convención Constitucional anticipan un complejo desenlace.

Aunque desde un principio levantó alertas la preponderancia de voces radicalizadas, el análisis de lo hasta ahora aprobado da cuenta de una mayoría dispuesta a perpetuar el subdesarrollo y dejar pasar la oportunidad histórica de construir consensos democráticos amplios.

Una de las comisiones que de mejor manera han ilustrado esta situación es la de Medio Ambiente y Modelo Económico. Su desbalanceada composición ha permitido la aprobación en primera instancia de un importante número de iniciativas que no solo desafían el análisis técnico, sino incluso el sentido común.

Muy lejos de teorías conspirativas como las que insisten en levantar algunos constituyentes, son señales como estas las que explican parte importante de la caída en los niveles de aprobación de la Convención en recientes encuestas.

Entre las iniciativas aprobadas por esta comisión se encuentra el principio de la “soberanía alimentaria” como ordenador de las políticas agrarias, que otorga al Estado el rol de garante y promotor de la alimentación, estableciéndose además el derecho a la semilla y su protección, de la mano de la figura del defensor de la naturaleza.

Las consecuencias socioeconómicas y sobre las actividades productivas en distintas industrias ciertamente no fueron consideradas en la discusión. También se aprobó un deber del Estado respecto de las actividades económicas y empresariales, centrado en la organización económica comunitaria y obligándolo a promover la desconcentración económica. Similar respaldo tuvo la idea de otorgar un reconocimiento constitucional a la gestión comunitaria del agua y saneamiento rural.

Ambas fórmulas representan visiones parciales y desinformadas de las complejidades asociadas con las estructuras de los mercados y las necesidades de inversión en el ámbito de los servicios básicos.

Mientras el país enfrenta un desafío climático de proporciones, la liviandad con que se discuten este tipo de propuestas es alarmante.

Corresponde a todas las fuerzas políticas responsables no seguir observando con letargo este proceso, sino contribuir a corregir su rumbo.

Por su parte, la iniciativa que establece los deberes del Estado para el desarrollo y protección de la micro, pequeña y mediana empresa (aprobada en tres votaciones) no hace más que generar incentivos constitucionales para perpetuarlas en una determinada categoría. Así, la posibilidad de un emprendimiento de crecer, crear empleo y oportunidades, estaría afectada.

Se agrega, por contraste, la votación de rechazo a la posibilidad de profundizar el reconocimiento a la libertad de emprender y de desarrollar actividades económicas.

Así, se hace evidente cómo el conjunto de medidas aprobadas minimiza la importancia de la actividad privada y el crecimiento. De este modo, un país que enfrenta inmensas demandas sociales arriesga terminar pagando un importante costo si prospera un diseño constitucional ajeno a sus necesidades.

En la misma línea, la comisión ha aprobado el establecimiento de un estatuto general de los bienes estratégicos, que incluye la nacionalización de los recursos mineros y define un retrógrado sistema de compensaciones. Y, en paralelo, la posibilidad de que el Estado se retire unilateralmente de los tratados de libre comercio y de los mecanismos de solución de controversias en torno a inversiones.

Sin el más mínimo análisis de las consecuencias económicas, sociales y geopolíticas de estas ideas, la facilidad con que el grupo despachó la vasta mayoría de los artículos es en extremo preocupante.

Algo similar se ha observado durante los últimos días a propósito de la precarización del derecho de propiedad aprobada en la comisión de Derechos Fundamentales.

El proceso constitucional fue la respuesta del país a una difícil coyuntura. Sin duda, lo mejor para Chile sería que se lograra concordar un texto balanceado, que pueda recibir amplia aprobación ciudadana. Lamentablemente, a la luz de decisiones como las adoptadas por esta comisión —y también de lo visto en las votaciones del pleno—, tal parece hoy un objetivo lejano.

Corresponde a todas las fuerzas políticas responsables no simplemente seguir observando con letargo este proceso, sino contribuir a corregir su rumbo. Por cierto, eso pasa, en primer lugar, por impulsar dentro de la misma Convención fórmulas alternativas y buscar acuerdos en torno a ellas, aunque por ahora esto se vea como un ejercicio solo testimonial.

Es sin duda anticipado adelantar posiciones de rechazo a una Constitución que aún no ha sido elaborada, pero tampoco corresponde desconocer las graves señales que van emergiendo y el real peligro de que el resultado de este proceso sea una propuesta que resulte inaceptable por vulnerar derechos ciudadanos, debilitar el funcionamiento democrático o infligir un profundo daño a las posibilidades de progreso del país.

Proyectar todos los posibles escenarios y los distintos caminos institucionales para impedir el radicalizado experimento ideológico en el que una mayoría de convencionales parece querer embarcar a Chile debiera ser una prioridad.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

ALLAMAND por Carlos Peña ( El Mercurio, Columnistas, 13/02/22) —– DETERMINACIÓN BRITÁNICA (El Mercurio, Editorial, 16/02/22)

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión

“Si se deja de lado la mezquindad que en estos días abunda, lo que se ve es un político haciendo fintas, retrocediendo dos pasos y avanzando uno y contribuyendo objetivamente a la recuperación de la democracia (la firma del Acuerdo Nacional es análoga a la firma del Acuerdo luego del 18 de octubre de Boric)”.

La renuncia de Allamand a la política nacional es un acontecimiento digno de análisis.

Cuando se miran los últimos treinta o cuarenta años, si no más, Andrés Allamand aparece como el arquetipo del político. No se trata de sus ideas o sus preferencias electorales, casi todas las cuales son reprobables (sus ideas acerca del divorcio; su apoyo al Sí, a Lavín; su voto por el Rechazo). Se trata de su conducta.

El arquetipo del político se reconoce no por lo que piensa, sino por el comportamiento que lleva adelante (las ideas individualizan al ideólogo, la conducta al político; la contemplación al primero, la acción al segundo). Al político se lo reconoce no por sus ideas, sino por la manera que tiene de afrontar los problemas, de encarar los conflictos, de cortar con rapidez, y con sentido del riesgo, el nudo de las dificultades.

Y en eso, sería mezquino negarlo, Andrés Allamand ejerció el oficio la mayor parte de las veces a un alto nivel.

Ortega y Gasset en su ensayo sobre Mirabeau (lo mismo que Berlin en el suyo sobre la originalidad de Maquiavelo) observa que el político de veras suele tener un comportamiento que para la gente vulgar y corriente es incomprensible.

“Si se deja de lado la mezquindad que en estos días abunda, lo que se ve es un político haciendo fintas, retrocediendo dos pasos y avanzando uno y contribuyendo objetivamente a la recuperación de la democracia (la firma del Acuerdo Nacional es análoga a la firma del Acuerdo luego del 18 de octubre de Boric)”.

Esta incomprensión es equivalente a la de “la mujer -el ejemplo es de Ortega- que se casa con un artista porque es artista, y luego se queja porque no se comporta como un jefe de negociado”.

La gente piensa que todos los valores son coherentes entre sí y que se pueden lograr todos a la vez, en tanto el político sabe que para alcanzar algunos hay que sacrificar otros. El político (para usar la figura de Koestler) no es ni yogui ni comisario, ni cree que la vida social es puro espíritu ni que todo se deba a la estructura.

Por eso el político es capaz de jurar esto o aquello un día y traicionarlo luego (Adolfo Suárez juró que no legalizaría al PC y, acto seguido, lo hizo en Semana Santa) o dar tres pasos adelante y uno atrás.

Y es que la vocación del político es, dice Ortega, pensar y organizar, dar forma a las cosas, someterlas en la medida de lo posible a la propia voluntad. El político de veras (y fueren cuales fueren sus ideas, puesto que, cuando se trata del arquetipo, lo que importa es la acción que ejecutan) mira en torno y ve en él no un muro inconmovible, sino una acción posible a ser realizada.

Si se ponen en paréntesis el partidismo y la mezquindad que por estos días abunda y se observa el quehacer de Andrés Allamand de los últimos treinta o cuarenta años -desde el golpe a la vuelta a la democracia y la posterior transición-, lo que se ve es un político maniobrando, imaginando, haciendo fintas, retrocediendo dos pasos y avanzando uno y contribuyendo objetivamente a la recuperación de la democracia (la firma del Acuerdo Nacional es análoga a la firma del Acuerdo luego del 18 de octubre de Boric).

Desde el Acuerdo Nacional a la transición y la política de los acuerdos -e incluso a esa exageración que llamó el desalojo- Andrés Allamand dio muestras de una firme voluntad por encauzar el proceso político hacia una disputa pacífica por el poder.

Mereció, no cabe duda, ser el líder de la derecha y su candidato presidencial; pero ya se sabe, en política no es el mérito, sino el azar y la intriga, y el conflicto y la suerte los que tienen la última palabra. Cometió multitud de errores, pero ninguno de ellos logró ensombrecer algunos de sus principales logros, de los que se benefició no solo la derecha, sino el espectro político en su conjunto.

De sus frases en la política nacional (tuvo varias) quedan dos de particular significado: una, la de los poderes fácticos, frase copiada de otra pronunciada alguna vez por Adolfo Suárez, pero cuya importancia no deriva de su originalidad (que no la tenía), sino del momento en que fue pronunciada (ahí sí fue muy relevante, puesto que reveló al pinochetismo alojado en el empresariado); la otra, que la política es sin llorar, con lo cual no quería decir la bobada de que no había que quejarse por perder, sino que se trataba de una actividad en la que el sentimentalismo debía ser desplazado por la más fría racionalidad y cálculo.

Y como a otros políticos de su talla (se viene a la memoria el caso de Fraga en España) le ocurrió que si bien todo hacía pensar que en algún momento conduciría el Estado, ello nunca ocurrió.

Y ya no ocurrirá.

ALALAMAND por Carlos Peña

El Mercurio, Columnistas, 13/02/22

 

DETERMINACIÓN BRITÁNICA

El Mercurio, Editorial, 16/02/22

Mientras se suceden en estas horas contradictorias señales rusas respecto de la crisis de Ucrania, resulta oportuno revisar el papel que están jugando distintos actores del escenario internacional.

En este sentido, tal como la semana pasada concitaron atención las gestiones diplomáticas del Presidente francés, Emmanuel Macron, es interesante observar el papel desempeñado por el Reino Unido, cuya actuación ha sido particularmente frontal.

Las relaciones entre Londres y Moscú, de hecho, se encuentran en el nivel de tensión más alto desde la Guerra Fría. Cada vez es más común que cazas de la Royal Air Force tengan que salir a vigilar a aviones rusos que se acercan al espacio aéreo, y lo mismo sucede en los mares con los buques de la Royal Navy.

Recientemente, la televisión británica reveló la colisión entre el sonar de arrastre de una fragata y un submarino ruso, a lo que se suma el hostigamiento a un destructor en el Mar Negro por aviones y buques de Rusia.

Las relaciones entre Londres y Moscú se encuentran en el nivel de tensión más alto

También se tienen como antecedentes los envenenamientos de los exespías rusos Litvinenko y Skripal en suelo británico, así como las denuncias de constantes intrusiones y ciberataques.

Reino Unido tiene pues motivos para desconfiar del Presidente Vladimir Putin y así se comprende su decisión de enviar misiles antitanques a las fuerzas ucranianas y asesores militares para entrenar tropas en tácticas defensivas.

Esa medida, por supuesto, irritó a Moscú. Así quedó de manifiesto en la reunión que sostuvieron la ministra de Relaciones de Exteriores, Liz Truss, y su par, Serguei Lavrov, quien calificaría posteriormente el encuentro como un “diálogo de un sordo y un mudo”.

No mucho mejor le fue al ministro de Defensa, Ben Wallace, quien, tras reunirse con su colega Serguei Shoigu, declaró que las relaciones de cooperación entre ambos países están “cercanas a cero”.

Las acciones de Londres en la crisis ucraniana tienen muchos ángulos. Primero, se confirma el rechazo tradicional a las políticas de “apaciguamiento” de líderes autoritarios, que —como ha comprobado dramáticamente el Reino Unido en su historia— suelen beneficiar solo al agresor. Segundo, las acciones coordinadas de Defensa, Relaciones Exteriores y otras agencias que preparan sanciones financieras, son la puesta en práctica de la “Integrated Review”, documento base de la acción global británica, y tercero, el país sigue demostrando que es un actor crucial para la seguridad de Europa.

También resulta interesante observar que todas estas acciones ocurren cuando algunos auguraban los días finales del Primer Ministro, Boris Johnson, por el llamado “partygate”, las reuniones sociales realizadas durante las cuarentenas impuestas por el covid-19.

Pero el gobierno, lejos de inmovilizarse, ha seguido mostrando determinación, en lo que también es una oportunidad para Johnson de proyectar una imagen de estadista que le permita superar los escándalos.

“Es hora de despertar. La era de la introspección del mundo libre debe terminar ahora. En cambio, necesitamos la era de las ideas, la influencia y la inspiración. Y es por eso que Gran Bretaña está decidida a trabajar con nuestros amigos para formar una red de libertad que abarque el mundo”, afirmó Truss en un reciente discurso en Chatham House, el influyente centro de estudios internacionales.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR.

INICIATIVAS POPULARES DESECHADAS El Mercurio, Editorial, 15/02/2022 —LOS RIESGOS DE ELIMINAR O ACOTAR EL VETO PRESIDENCIAL Eduardo Alemán, University of Houston / Andrés Dockendorff

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión.

Desde la propia Convención algunos alentaron expectativas desmesuradas respecto de la incidencia de estas propuestas. —- Más que atenuar el poder del Ejecutivo, esta propuesta deja en extremo debilitado al presidente en el proceso de formación de la ley. En simple, el presidente no puede frenar iniciativas que desnaturalizan su programa”.

 Ha generado cuestionamientos a la Convención el que algunas de sus comisiones hayan rechazado la semana pasada iniciativas populares de norma que venían avaladas por un importante número de firmas, las que han quedado así desechadas del proceso.

No cabe, sin embargo, desconocer la legitimidad de la decisión, adoptada conforme los reglamentos que ese órgano se ha dado y propia de un sistema de democracia representativa.

En efecto, son los convencionales quienes han sido mandatados por la ciudadanía para elaborar una propuesta de texto constitucional, en una tarea indelegable y respecto de la cual las iniciativas populares, como también el aporte de quienes han concurrido a exponer o han enviado documentos a las mismas comisiones, tienen solo el carácter de insumos para una mejor deliberación.

Parte de la molestia puede explicarse, sin embargo, a partir de expectativas desmesuradas levantadas desde la propia Convención.

La exaltación por parte de distintos convencionales de la idea de una democracia “participativa”, que permitiría superar los problemas de la representación política, pudo llevar a muchos a suponer que estos mecanismos tendrían una incidencia mayor.

De hecho, según se ha informado, casi un millón de personas dieron su apoyo a una o más de las 2.496 iniciativas dispuestas en la plataforma del órgano constitucional. Tal número de participantes —conseguido en pocos meses y cuando parte de la ciudadanía se encuentra de vacaciones— bien podría estimarse un éxito del proceso, pero el sistema concebido, por su propia operatoria, arriesga transformar fácilmente ese logro en motivo de frustración.

Esto pues, aunque la cifra de apoyos demandados para que una propuesta fuera considerada —15 mil firmas, cota superada solo por 77 iniciativas— parece razonable, el contraste entre el esfuerzo desplegado por sus impulsores para conseguir esos apoyos y la rapidez con que un puñado de convencionales dentro de una comisión puede desechar su iniciativa, ha de estar resultando desalentador para muchos.

La posibilidad de que algunas ideas rechazadas sean eventualmente recogidas vía indicaciones parece débil consuelo para quienes pudieron creer que aquello de una Constitución “escrita por todos” era un compromiso literal.

En definitiva, lo ocurrido es ilustrativo de varias de las limitaciones de los mecanismos de “democracia directa”.

Desde luego, junto con movilizar genuinamente a miles de ciudadanos —lo que sin duda debe ser valorado—, se ha hecho notorio también el peso que pueden ejercer por esta vía grupos de presión organizados para instalar en el debate sus demandas particulares, sean o no representativas del interés general.

Desde la propia Convención algunos alentaron expectativas desmesuradas respecto de la incidencia de estas propuestas.

Por otra parte —y como, en rigor, era esperable—, los convencionales han tendido a privilegiar aquellas iniciativas que coinciden con sus puntos de vista, usándolas para avalar sus propias posiciones, antes que aprovechar este mecanismo para abrirse a considerar otras inquietudes.

Finalmente, una revisión del listado de propuestas, con toda su heterogeneidad —desde normas para garantizar la libertad de conciencia hasta otras para poner fin a los tags o para legalizar el cannabis— y carácter a veces contradictorio, hace evidente la imposibilidad de confluir, por la vía de la mera agregación de iniciativas que susciten algún respaldo, en un planteamiento constitucional coherente y orgánico.

Cuando se ha insistido en la idea de incorporar también a la nueva institucionalidad diversos mecanismos participativos, las conclusiones de esta experiencia debieran ser ponderadas por la propia Convención, entendiendo que, aunque tales mecanismos pueden enriquecer la discusión pública, no deben concebirse cual sustitutos de la democracia representativa.

Ad portas de las primeras votaciones de eventuales normas constitucionales por parte del pleno, y en momentos en que sectores radicalizados siguen intentando desbordar el proceso, lo ocurrido con las iniciativas populares tal vez pueda ser un aleccionador baño de realidad.

Iniciativas Populares desechadas. El Mercurio, Editorial, 15/02/2022

LOS RIESGOS DE ELIMINAR O ACOTAR EL VETO PRESIDENCIAL

Eduardo Alemán, University of Houston  / Andrés Dockendorff, Instituto de Estudios Internacionales, U. de Chile. El Mercurio, Columnistas, 14/02/22

 El poder de vetar por completo propuestas de ley enviadas por el Congreso es una potestad clásica de los mandatarios en los sistemas presidenciales. En varios casos, también se le permite al presidente responder a la propuesta de ley enviada por la asamblea con otro tipo de alternativas.

En Brasil y Argentina, por ejemplo, los mandatarios pueden vetar partes de la propuesta o su totalidad. Más común, sin embargo, es darle al presidente la posibilidad de incluir observaciones que van más allá de un veto parcial. En Chile, estas modificaciones que puede introducir el Ejecutivo se conocen como veto sustitutivo y veto aditivo.

En la Convención Constitucional está en discusión actualmente el tipo de veto presidencial que quedará en pie. Algunas de las propuestas abogan por eliminar la posibilidad de presentar observaciones y restringir al presidente dándole solo la posibilidad de ejercer un veto total. Consideramos esta alternativa una opción desacertada, que descarta una herramienta valiosa para promover acuerdos entre el Ejecutivo y el Congreso.

La prerrogativa presidencial que permite introducir observaciones a propuestas de ley vetadas es una innovación del constitucionalismo latinoamericano que ya era utilizada en el siglo XIX. En Chile, esta facultad presidencial se incorporó por primera vez con la Constitución de 1828, y ha sido utilizada por presidentes de todas las corrientes políticas.

La posibilidad de presentar observaciones permite al presidente construir acuerdos y evitar así el estancamiento o parálisis legislativa. Esta alternativa puede ser aceptada o desechada por una mayoría, igual que una enmienda presentada por legisladores durante el proceso legislativo previo. Este diseño institucional promueve la responsabilidad al demandar que ambos poderes, Ejecutivo y Legislativo, concurran en una propuesta aceptable o que uno de ellos asuma la responsabilidad por rechazarla.

Otras propuestas en debate se enfocan en eliminar el veto total y la mayoría calificada para desestimar observaciones. Por ejemplo, una propuesta de “potestad legislativa”, presentada por convencionales del Frente Amplio, el Partido Comunista e independientes, a mediados de la semana pasada, parece, dada su ambigüedad, eliminar en los hechos la figura del veto total salvo en casos de presunta inconstitucionalidad.

“… más que atenuar el poder del Ejecutivo, esta propuesta deja en extremo debilitado al presidente en el proceso de formación de la ley. En simple, el presidente no puede frenar iniciativas que desnaturalizan su programa”.

En la globalidad, se prescindiría de la herramienta clásica del Ejecutivo en el proceso de formación de la ley, erosionando uno de los pilares sobre los cuales se afirma el principio de pesos y contrapesos. La propuesta señalada intenta reemplazar un mecanismo clásico del constitucionalismo chileno por un articulado nuevo, similar al de la última Constitución de Bolivia.

La iniciativa de los convencionales chilenos establece una simple mayoría de los presentes para insistir a favor de la propuesta del Congreso, que ahora sería unicameral, en caso de que el Ejecutivo introduzca observaciones.

En el caso de la Constitución de Bolivia, sin embargo, la mayoría necesaria para desestimar las objeciones del presidente es absoluta, en un contexto en el que la figura del veto ya es débil. Es decir, la propuesta eliminaría la mayoría calificada para insistir en un proyecto de ley cuando el presidente lo objeta por medio de observaciones.

Los convencionales parecen no advertir los incentivos que esto va a generar. A modo de ilustración, si esta figura estuviese en regla al iniciarse el gobierno electo, una mayoría circunstancial de legisladores de la derecha y el centro podría aglutinarse para terminar imponiéndole al Presidente Boric una ley ajena a su programa y a la cual objeta en su totalidad.

De esa forma, más que atenuar el poder del Ejecutivo, esta propuesta deja en extremo debilitado al presidente en el proceso de formación de la ley.

En simple, el Presidente no puede frenar iniciativas que desnaturalizan su programa. Como consecuencia, los mandatarios terminarán considerando como óptimas estrategias tales como: (a) presionar a los legisladores para evitar el tratamiento de propuestas en la sala o (b) evitar introducir ciertos mensajes por temor a que una mayoría fortuita los desvirtúe totalmente.

En aras de lograr sus objetivos refundacionales y atenuar el poder presidencial, es entendible que los constituyentes discutan alternativas que se distancian de la institucionalidad actual. No obstante, es justo reconocer que ciertos aspectos del constitucionalismo chileno, como aquellos relacionados con el veto presidencial, han favorecido un balance adecuado entre el Ejecutivo y el Legislativo, promoviendo la formación de acuerdos.

 Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas C.

PROCLAMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL por Mario Barrientos Ossa, Caballero O’Higginiano (Perla O´Higginiana, 12/02/2022) — REFUNDACIÓN JUDICIAL (El Mercurio, Editorial)— Vacaciones con sentido Patrio por Joaquín Muñoz

Las opiniones en este sitio son de responsabilidad de sus autores, y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

En la ciudad de Talca, donde se encontraba, Bernardo O’Higgins presidió la jura de la independencia del Ejército del Sur, ceremonia que se celebró con salvas, una misa, Te Deum y festividades públicas.

Mariano Osorio, al frente del ejército del rey, amenazaba nuevamente con poner fin a nuestra libertad, y el gobierno se percató que la independencia de Chile no estaba formalmente declarada, lo que se estimó necesario llevar a cabo, para que nuestro ejército enfrentara al realista con la calidad de pertenecer a una nación soberana y no a una simple colonia del invasor.

El acta de declaración de nuestra independencia fue firmada por O’Higgins y sus ministros con fecha 1 de enero de 1818, en Concepción, pero era necesario llevar a cabo la solemne proclamación y jura de la misma.

Se acordó realizarla el primer aniversario de la Batalla de Chacabuco: el 12 de febrero de 1818.

El 9 de febrero, el Director Supremo Delegado, don Luis de la Cruz, publicó por bando el programa de ceremonias y fiestas públicas para aquel día en Santiago. Las actividades comenzaron el 11 de febrero en la tarde, con el lanzamiento de salvas de cañón desde el cerro Santa Lucía.

A las nueve de la mañana del 12 de febrero de 1818 concurrieron todas las autoridades y el pueblo al Palacio Directorial de Santiago, donde se montó un escenario, frente a la Plaza de Armas.

El ministro Miguel Zañartu leyó el Acta de la Independencia. Al término de su lectura, el Director Supremo Delegado, Luis de la Cruz, colocó sus manos sobre una biblia y prestó el siguiente juramento: “Juro a Dios y prometo a la patria bajo la garantía de mi honor, vida y fortuna sostener la presente declaración de independencia absoluta del Estado chileno de Fernando VII, sus sucesores y de cualquier otra nación extraña”.

En la ciudad de Talca, donde se encontraba, Bernardo O’Higgins presidió la jura de la independencia del Ejército del Sur, ceremonia que se celebró con salvas, una misa, Te Deum y festividades públicas.

Durante esos mismos días, se proclamó y juró la independencia de Chile en las demás villas y ciudades del país, con todo el aparato que fue posible disponer en cada una de ellas.

Esta es una de las obras más relevantes del Libertador O´Higgins, porque fue su voluntad y convicción la que dio origen a la declaración de nuestra Independencia.

REFUNDACIÓN JUDICIAL

El Mercurio, Editorial, 12/02/2022

Ha seguido la comisión de Sistemas de Justicia de la Convención sorprendiendo con propuestas que, en su conjunto, implican una verdadera refundación de lo que hasta ahora conocemos como Poder Judicial.

Entre las más llamativas se encuentra aquella según la cual “las resoluciones dictadas en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos” permitirían dejar sin efecto sentencias firmes y ejecutoriadas de los tribunales chilenos.

Luego está la propuesta de que el Sistema Nacional de Justicia —como pasaría a llamarse el servicio público que asumiría las funciones del actual Poder Judicial— coexista “en un plano de igualdad con los Sistemas Jurídicos Indígenas”. Y, en tercer lugar, medidas como la supresión del rango constitucional que hoy tiene el fuero de los magistrados, la temporalidad de sus cargos y la ampliación de la indemnización por errores judiciales más allá del ámbito penal.

Tras cada una de estas propuestas hay problemas reales. El ordenamiento jurídico chileno debe contar con reglas que permitan implementar los pronunciamientos de los tribunales internacionales reconocidos por el Estado.

Las particularidades de algunos sectores de la población podrían ser siempre más y mejor consideradas por la administración de justicia. Y es evidente que se puede perfeccionar la forma en que el Estado y los magistrados cargan con la responsabilidad por las decisiones que adoptan en ejercicio del considerable poder que se les ha conferido. Pero todas estas cuestiones son objeto de un debate universal que ha tenido y tendrá lugar mientras existan instituciones y personas encargadas de administrar justicia.

Las propuestas adolecen de un simplismo y una tosquedad que están lejos de ser inocuos.

La historia de las instituciones jurisdiccionales es, precisamente, la de los esfuerzos por asignar correctamente las responsabilidades e inmunidades sin afectar la independencia, por morigerar la necesaria abstracción de las leyes generales sin caer en la justicia particular y, más recientemente, por armonizar el derecho de cada Estado con las normas y el funcionamiento de las instituciones supraestatales sin abdicar de la soberanía.

En este contexto, las propuestas de la comisión adolecen de un simplismo y una tosquedad que, por desgracia, están lejos de ser inocuos.

El sistema internacional de protección de los derechos humanos, por ejemplo, no posee un tribunal, sino órganos regionales cuyos criterios y lineamientos no son estáticos ni completamente uniformes; el Estado no puede renunciar de antemano a determinar caso a caso el carácter vinculante de una determinada decisión y, luego, tanto la viabilidad como el mejor camino para su implementación.

Por otro lado, los sistemas jurídicos indígenas no son mayormente problemáticos cuando las personas tienen la facultad de someterse voluntariamente a ellos. Pero son altamente conflictivos y discriminatorios si alguien pudiera ser obligado a comparecer o a litigar ante el foro indígena en lugar de la justicia nacional.

Mientras esto no se resuelva, la propuesta carece de contenido.

Finalmente, el conjunto de medidas aprobadas respecto de la carrera y responsabilidad de los jueces tendría, de concretarse, graves efectos sobre su independencia. Jueces meramente temporales, que pueden ser inhabilitados, aunque sea transitoriamente mediante acciones judiciales infundadas, y temerosos de que una interpretación posible de la ley pueda considerarse luego como un error indemnizable, son jueces incapaces de garantizar independencia en el ejercicio de sus funciones.

VACACIONES CON SENTIDO PATRIO

Joaquín Muñoz L.

VivaChile.org, Educación, 22/01/2022

Hablar sobre las distintas efemérides de enero da para varios artículos, pues, son muchas: Chorrillos, Miraflores, Entrada en Lima y Yungay, solo por mencionar algunas.

La más importante es la Batalla de Yungay, la culminación de la primera gran tarea nacional que acometimos como estado independiente, contra toda lógica o probabilidad de éxito, como ha sido la constante de nuestra historia.

La victoria de Yungay significó que el pueblo chileno terminara de tomar conciencia de sí mismo, o sea, terminó de formarse el espíritu de nacionalidad.

Con los vientos que corren, no es de extrañar que no haya habido una ceremonia de estado para celebrarla. Sería políticamente incorrecto ensalzar los valores patrios y la fortaleza de la unidad nacional en pos de un fin superior. Se contrapone esto con el clima de división y desintegración nacional en curso.

Tal vez sea mejor hablar de los “nuevos Yungay”, homenajear esta gesta de la chilenidad no mirando solo al pasado, sino viendo el presente y mirando el futuro parece lo más conveniente.

Hoy por hoy, los grupos deconstructivistas aprovechan cada oportunidad para cumplir sus oscuras metas. Las vacaciones bien pueden ser una de esas oportunidades, así que a ganarles el quién vive.

Las vacaciones dentro de Chile serán, por lógica, la ocasión para disfrutar y aprender de la historia, costumbres y tradiciones de nuestra patria, de imbuirse de nuestra cultura.

Todo resulta muy fácil. Con ir a los museos de cada ciudad visitada o al casco antiguo. Otra forma de aprender es leer las placas puestas en monumentos y edificios. También están los sitios arqueológicos. Por supuesto que no debemos olvidar las innumerables bellezas naturales de nuestra tierra.

No obstante, debemos preguntarnos qué y para qué aprendemos. Primeramente, conocer lo que hemos sido para aprender a valorarlo y proyectarlo. También debemos conocer lo que tenemos para valorarlo y defenderlo, he aquí la importancia de conocer el territorio nacional y sus potencialidades.

Todo esto se ve muy simple y fácil, pero no es así. Hay quienes se oponen a este enfoque, ellos son quienes adhieren al deconstructivismo. Unas vacaciones verdaderamente culturales no son de su agrado, no les convienen. No les convienen porque, recorriendo Chile con ojos observadores, se comprueba la existencia de hechos y personajes del pasado y del presente que nos enseñan a valorar lo nuestro.

Dicho de otro modo, un pueblo que se conozca a sí mismo es más difícil de manipular por los deconstructivistas, pues, no pueden falsear la historia gratuitamente, tampoco pueden destruir el patrimonio cultural ni pretender cambiar o eliminar costumbres y tradiciones, pero, por desgracia, no es el caso nuestro. Llega a niveles increíbles el desconocimiento de Chile entre los chilenos, aún dentro de la élite, por ello, a la ultraizquierda le salió gratis su vandalismo. Si no se conoce algo, no se valora, y, si no se valora, no se defiende.

Actualmente, la mayor amenaza para nuestra Patria y para la civilización occidental es la guerra cultural, en la que cada día se retrocede más.

La formación de las personas es la mejor arma contra ésta, por ello, es de vital importancia aprovechar cualquier ocasión, incluidas las vacaciones -ojalá en familia-, para conocer lugares, hechos y todo tipo de expresiones que nos reencuentren con la fe -santuarios, iglesias, etc.-; que nos conecten con el heroísmo -monumentos, campos de batalla-; que nos enseñen el verdadero pasado -sitios arqueológicos y otros-; que nos eduquen en la defensa de lo que tenemos -nuestro territorio y su riquezas-, y, especialmente, que nos enseñen nuestras costumbres y tradiciones -lugares apartados, fiestas tradicionales, modos de vida, etc.-

Me permito una digresión para particularizar lo que quiero decir. Un ejemplo de la importancia de la formación de las personas y su relación con las costumbres y tradiciones es el de la fiesta del rodeo. Deporte y fiesta típica rural muy concurrida, es el segundo deporte con más público en el país, solo superado por el fútbol.

Constantemente, grupos progresistas animalistas están protestando contra éste, incluso han propuesto prohibirlo, pues, según ellos existe maltrato animal. Sin embargo, no se pronuncian sobre las medidas que los clubes de rodeo han ido tomando para evitar dicho maltrato, que de existir sería muy mínimo.

Bajo los criterios usados por estos animalistas sui generis, debería prohibirse todos o muchos deportes de contacto y, especialmente, todos los que tengan que ver con luchas. En estas disciplinas, han muerto personas, en cambio, en el rodeo, no han muerto animales. Claro está que dirán que los animales no tienen discernimiento, que no pueden decidir, pero los niños que practican los deportes de contacto, tampoco, y nadie reclama.

Otro detalle muy importante que desnuda a estos grupos es su cero protesta frente a los mataderos o criaderos de animales enjaulados que casi no se pueden mover. ¿Qué es lo que les incomoda del rodeo? Que es una tradición, por ende, un bastión de la chilenidad.

Sigamos con las vacaciones. También existen las vacaciones fuera de Chile, un poco restringidas por el covid. Aunque no lo parezca, igualmente son una oportunidad para aprender a conocer y valorar lo nuestro.

Se puede constatar cuánto hemos avanzado y cuánto nos falta por avanzar. Además de cómo hacerlo y cuánto nos ha costado.

Este ejercicio de darle otro sentido a las vacaciones está pensado principalmente en las nuevas generaciones, esas que se han comprado estúpidamente los cantos de sirena revolucionarios; que no saben lo complicado que es construir un país con futuro; que no vivieron el Chile de antes, el del 45 % de extrema pobreza; que desprecian a sus mayores sin reparar en el detalle que si han vivido bien es gracias a ellos; que se dan gustos que sus padres solo desearon y sus abuelos ni siquiera soñaron; que respetan la democracia solo cuando ganan sus candidatos.

Si se toman vacaciones con sentido patrio y éstas dan algún resultado positivo, podemos decir que estamos frente a un caso de un “Nuevo Yungay”.

El objetivo de fortalecer el espíritu de nacionalidad se habría cumplido. Sería éste el mejor homenaje a esa heroica gesta y a sus autores, desde el roto chileno al Gran ministro Portales.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas C.

TANTO VA EL CÁNTARO A LA FUENTE por Humberto Julio Reyes —–QUE VIVAN LOS ALARMISTAS por Cristián Warnken El Mercurio, Columnistas, 10/02/2022 —– EVOLUCIÓN Y PROYECCIONES DEL USO DE BIG DATA EN DEFENSA 2021. Cuaderno de Trabajo N° 9- 2021de la ANEPE

Las opiniones en esta columna son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión.

Quisiera, al igual que muchos, que los condenables incidentes no se repitieren pero ¿Cuál es la probabilidad de que lo dejen trabajar en paz o que goce esta vez de la protección eficaz de la fuerza pública como espera todo ciudadano que respeta la ley y paga sus impuestos?

A medida que se aproximaba otro viernes confieso que un sentimiento mezcla de angustia e impotencia me ha ido dominando.

¿Volverán mañana los “jóvenes manifestantes”, en jerga periodística, a entretenerse vandalizando nuestra querida Fuente de tan gratos recuerdos?

¿Seguirá resistiendo el señor Siri, solo y desamparado, a la turba que lo ha elegido para descargar su instinto destructivo en reemplazo del desaparecido monumento?

Quisiera, al igual que muchos, que los condenables incidentes no se repitieren pero cuál es la probabilidad de que lo dejen trabajar en paz o que goce esta vez de la protección eficaz de la fuerza pública como espera todo ciudadano que respeta la ley y paga sus impuestos?

Veamos:

Si no bastare con la evidente satisfacción que determinadas personas experimentan al agredir y destruir lo que se ponga por delante, existe todo un ambiente propicio para que los vergonzosos incidentes continúen.

La oposición política que sigue callando al respecto mientras tozudamente persiste en amnistiar los delitos cometidos en un determinado período pero sólo por parte de los delincuentes y no por quienes pudieran haberlos cometido al tratar de hacer respetar la ley de acuerdo a su ineludible deber.

Un INDH que, aunque tomado hace más de medio año, saca inmediatamente la voz para advertir a los agentes del Estado que estará alerta para controlarlos y asegurarse que no se exceden en el uso de sus atribuciones lo que sería innecesario a menos que se busque inhibirlos.

Unos convencionistas que superándose en sus desvaríos (sí, ello es posible, recordando que Murphy decía que siempre puede ser peor) proponen ahora amnistiar “a futuro” lo que equivale a un grotesco llamado a actuar en la absoluta impunidad.

Una autoridad responsable del orden público que para decir lo “políticamente correcto” ha reprochado al Sr. Siri que usara un arma de aire comprimido para intentar disuadir a los “manifestantes”. ¿Y si acaso el Sr. Siri sintiendo amenazada su vida o la de sus clientes y empleados hubiera usado un arma de fuego no habría estado en su derecho ante la ineficacia de la fuerza pública?

El Imbunche

Son muchas las voces —afortunadamente— que están encendiendo las alarmas, desde distintas sensibilidades, sobre los peligros que se ciernen sobre Chile y nuestra democracia, por las propuestas que están siendo aprobadas en las comisiones de la Convención.

Ya no es solo el alarmismo habitual de una cierta derecha que durante décadas (las décadas de la Concertación, que hoy añoran) decía igual que el personaje de un viejo cuento: “viene el lobo, viene el lobo” y el lobo no venía… Hasta que el lobo llegó: el lobo de la avidez y desmesura refundacional en este caso, pero ya nadie le cree.

No. Esta vez son alarmas bien fundadas, que vienen desde gente de centro, centroizquierda e incluso izquierda, que votaron “apruebo” en el plebiscito y que hoy se sienten complicados ante muchas propuestas que parecieran encaminadas más a deconstruir el Chile republicano que a proponer una Constitución que nos represente e incluya a todos.

Hay quienes están advirtiendo, incluso, que habría algunos peligros para la soberanía territorial de Chile en algunos artículos de las resoluciones de las comisiones.

“El gran peligro no es solo que los delirios sean aprobados por los dos tercios, sino que se termine redactando un ‘imbunche’ “.

La plurinacionalidad propuesta —por ejemplo—, inspirada en las ideas de Evo Morales (quien estará muy contento con esto), apuntaría a convertirnos en una corta y angosta faja de tierra, no en el país que somos. Se cumpliría con ello la frase de Parra: “creemos ser país/ y somos apenas paisaje”.

Entre quienes están señalando esto, está el experto en temas internacionales y Premio Nacional de Humanidades José Rodríguez Elizondo, destacado intelectual, del que nadie podría decir que es un opinólogo alarmista.

Este tema va más allá de diferencias entre derechas e izquierdas. Y es solo un botón de muestra de muchos otros desvaríos que están tomando cuerpo en la Convención y que preocupan a demócratas y gente pensante y seria de todos los sectores.

Óscar Guillermo Garretón, economista y ex-subsecretario de Economía del gobierno de Allende, nos hace ver que las nacionalizaciones propuestas llevarían al país a la ruina y que parecen pensadas por personas que no vivieran en nuestro siglo XXI globalizado: como si alguien viajara desde los años 70 hacia el futuro, a aplicar fórmulas fracasadas en todas partes del mundo al Chile de hoy.

Mario Waissbluth, ingeniero y fundador de Educación 2020, quien tiene una evaluación muy positiva de Boric y su futuro gobierno y su gabinete, ante las propuestas de la Convención, en cambio, afirma: “tengo mis escasos pelos completamente parados de punta”. Dice que los redactores de estas propuestas en sus entrevistas “suenan a escolares de segundo medio” (entre ellos, una “dama explicando cómo se podrían producir autos con litio como en Bolivia”) y “causan una mezcla de risa con llanto”.

¿Lo acusarán también de anticiparse demasiado a una improbable debacle? ¿Pero de qué serviría encender las alarmas cuando ya sea demasiado tarde y no tengamos a quién decirle: “¿y ahora, quién podrá defendernos?”.

El gran peligro no es solo que los delirios sean aprobados por los dos tercios (si eso ocurriese, no hay nada más que hablar, sino el rechazo puro y duro), sino que se termine redactando un “imbunche”, un texto que intente satisfacer (y calmar) en algo a los más radicales (que no son pocos) para no llegar al fiasco de no tener texto que presentar al país.

Un mamarracho que haría revolcarse en su tumba a Andrés Bello.

Por eso, no se burlen ni desprecien tan rápido a los alarmistas; en tiempos en que la democracia en el mundo está tan frágil y vulnerable, ellos cumplen una función. Sobre todo, los que, como Garretón y Elizondo, tenían la edad de Boric cuando vivieron la derrota y la tragedia de los 70.

Lo dijo Han Jonas en su libro ‘El Principio de la Responsabilidad’: “Se profetiza la catástrofe, para impedir que llegue. Y sería el colmo burlarse de los alarmistas si la situación no llegó a un punto tan extremo. Su mérito tal vez resida en quedar burlados”. Diversas autoridades, que tienen alguna responsabilidad en este aparente dejar hacer, nada dicen o hacen al respecto.

La “denuncia” de alguien que “pasaba por ahí” y fue impactado por el arma que manipulaba del Sr. Siri y que fue rápidamente recogida por cierta prensa.

Si las diversas expresiones de simpatía o apoyo al Sr. Siri son más bien de carácter testimonial por las duras circunstancias que enfrenta una empresa que a muchos nos ha brindado gratos momentos por mucho más que los repudiados “treinta años” en lugar de promover alguna acción más decidida.

¿Cuál sería entonces la probabilidad que mañana viernes se den un descanso quienes hasta ahora persisten en una abierta forma de desprecio por nuestra legalidad y el derecho de sus semejantes a vivir en paz?

Aunque uno quisiera que fuera alta, el realismo lleva a considerarla muy baja. Quiera Dios que me equivoque.

¿Las manoseadas palabras solidaridad y empatía no aplican a la indefensión en que se encuentra este ciudadano chileno ya por más de dos años ante la indiferencia de gran parte de nuestra clase política?

Lo anterior me lleva a recordar a un personaje a quien nada lo hastiaba más que la política, como no fuesen los políticos (Agatha Christie en “The secret of Chimneys”).

Aunque ficticio me interpreta absolutamente.

10 de feb. de 22

2021

ANDREA LODEIRO ENCINA

Resumen:

Con  el  propósito  de  contar  con  algunas  estimaciones  acerca  de  cómo  big  data

puede dar respuesta a los desafíos estratégicos actuales e identificar las brechas

que  representan  el  desarrollo  asimétrico  de  estas  capacidades,  tanto  en  el  entorno

regional como nacional, el presente Cuaderno de Trabajo aborda la evolución de esta

noción; el desarrollo de capacidades de Defensa en torno a estas tecnologías por

parte de EE.UU., Reino Unido e Israel y otros ejemplos; la respuesta de las industrias

del sector y los desafíos que representan estas tendencias para Chile. El análisis

sobre el “estado del arte” se prevé que contribuya a sistematizar el panorama sobre la

versatilidad de las aplicaciones de big data en el ámbito de la Defensa y los procesos

que le competen a su implementación.

  Ver en: https://www.publicacionesanepe.cl/index.php/cdt/issue/view/118