Columna de Opinión, News

Últimas cartas a los MMCCSS de nuestro Director Adolfo Paúl Latorre Paúl Latorre

 

                                                                        Últimas cartas a los MMCCSS de nuestro Director

Adolfo Paúl Latorre

Señor Director

Viña del Mar, 27 de marzo de 2024.

Dañado sistema político 

         Lamentablemente la mayoría de los profesionales de la política no estudian ni leen textos básicos de economía o de ciencia política y que, de haberlo hecho, se habrían evitado males tales como el que produjo la supresión del sistema electoral binominal (ley 20.840, 5 mayo 2015).

Si hubiesen leído a Karl Popper, por ejemplo, habrían conocido las devastadoras consecuencias del sistema de representación proporcional y la conveniencia de un sistema bipartidista o algo que al menos se le acerque.

ADOLFO PAÚL LATORRE

 

Viña del Mar, 27 de marzo de 2024.

“Más Narbona, menos Craig”

            ¿Deterioro cognitivo?

ADOLFO PAÚL LATORRE

 

Viña del Mar, 25 de marzo de 2024.

JUSTICIA PARA MILITARES

En relación con la justicia que le es aplicada a los militares y carabineros que salvaron a Chile de caer bajo el yugo de la esclavitud marxista, cabría citar a Platón: “La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo”.

ADOLFO PAÚL LATORRE

Viña del Mar, 25 de marzo de 2024.

“¿De qué justicia estamos hablando?”

Complemento lo dicho por Vanessa Kaiser y Jorge Reyes, en su lúcida carta de ayer, con esta cita de Platón: “La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo”.

ADOLFO PAÚL LATORRE

 

Viña del Mar, 24 de marzo de 2024.

Incoherencia

Resulta incoherente responsabilizar a carabineros por hacer uso de la fuerza en cumplimiento de su misión constitucional de “dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior”, lo que hicieron no solo con apego a la legalidad, sino que llegando al extremo inaudito de no usar sus armas de fuego ni siquiera en defensa propia; mientras que a quienes realizaban actos vandálicos se les premia con el retiro de querellas por la Ley de Seguridad Interior del Estado, indultos, pensiones de gracia y homenajes en la sede del Congreso Nacional en Santiago

                                                                       ADOLFO PAÚL LATORRE

Viña del Mar, 23 de marzo de 2024.

Sistemas procesales penales

La Corte Suprema declaró: “En un Estado Democrático de Derecho no resulta concebible que sus ciudadanos se encuentren sometidos a dos clases distintas de justicia”.

            Lo inconcebible ocurre, no obstante que el nuevo sistema procesal penal, que respeta las normas del debido proceso, entró en pleno vigor el 16 de junio de 2005.

Aplicarle en la actualidad a ciertas personas el antiguo sistema procesal penal, que no respeta dichas normas, significa una brutal vulneración a la garantía constitucional de igualdad ante la ley y al derecho humano a un debido proceso.

            La coexistencia de dos sistemas procesales penales se debe a que jueces y legisladores le han dado carácter permanente a una disposición constitucional transitoria que —dada la magnitud de la reforma procesal penal— fue establecida para permitir la entrada en vigencia gradual del nuevo sistema en las diversas regiones del país, al autorizar la grave vulneración de tal garantía durante el proceso de reforma (entre los años 2000 y 2005) puesto que en las regiones en las que ya había entrado en vigor el nuevo sistema se aplicaba ese y en las otras el antiguo, resultando penas muy diferentes para un mismo delito.

Cuando el nuevo sistema procesal penal entró en pleno vigor en todo el territorio nacional, tal disposición constitucional transitoria quedó tácitamente derogada.

En los países civilizados del mundo basta acreditar que una sentencia fue dictada vulnerando las normas del debido proceso para que sea declarada nula.

                                         Adolfo Paúl Latorre

 

Viña del Mar, 22 de marzo de 2024.

SISTEMA PROCESAL PENAL

Complementando lo dicho por Miguel A. Vergara Villalobos en su carta de ayer, cabe citar la siguiente declaración de la Corte Suprema: “En un Estado Democrático de Derecho no resulta concebible que sus ciudadanos se encuentren sometidos a dos clases distintas de justicia”.

            Aplicarle en la actualidad a ciertas personas el antiguo sistema procesal penal, que no respeta las normas del debido proceso, en circunstancias que el nuevo sistema, que sí las respeta, entró en vigor en todas las regiones del territorio nacional el 16 de junio de 2005, significa una brutal vulneración a la igualdad ante la ley y al derecho humano a un debido proceso.

            La coexistencia de dos sistemas procesales penales se debe a que jueces y legisladores le han dado carácter permanente a una disposición constitucional transitoria que —considerando la enorme magnitud de la reforma procesal penal— fue establecida para permitir la entrada en vigencia gradual del nuevo sistema procesal penal en las diversas regiones del país; autorizando la vulneración de la garantía constitucional de igualdad ante la ley durante el proceso de reforma (que comenzó el año 2000 en las regiones IV y IX y culminó el 2005 en la Metropolitana) puesto que en las regiones en las que ya había entrado en vigencia el nuevo sistema procesal se aplicaba ese y en las que aún no entraba en vigor se aplicaba el antiguo, resultando penas muy diferentes por un mismo delito. Obviamente, cuando el nuevo sistema procesal penal entró en pleno vigor en todo el territorio nacional, tal disposición constitucional transitoria quedó tácitamente derogada.

En los países civilizados del mundo basta acreditar que una sentencia fue dictada vulnerando las normas del debido proceso para que sea declarada nula.

                                                Atentamente le saluda.

                                         Adolfo Paúl Latorre

Viña del Mar, 21 de marzo de 2024.

 

CAUTELA

En relación con la carta de Daniel Arellano Walbaum publicada ayer bajo el título “Militares a las calles”, cabría comentar que la primerísima y esencial obligación de los gobernantes de un Estado —y que antecede a todas las demás— es la mantención del orden público; para lo cual cuentan con diversos instrumentos, entre ellos las “Fuerzas de Orden y Seguridad Pública” y las “Fuerzas Armadas”; que son las encargadas de aplicar la violencia física legítima del Estado (art. 101 CPR), la que debe ser proporcional a la resistencia ofrecida, a la gravedad del delito, a la situación que se controla, al peligro representado por los delincuentes y al objetivo legítimo que se persigue, lo que en casos graves justifica el empleo de medios letales.

Es por tanto, responsabilidad de los gobernantes, decidir cuándo hacer uso de tal violencia y de asumir los costos que su uso conlleva. Lamentablemente, durante la asonada revolucionaria del 18 de octubre de 2019 que buscaba derrocar al gobierno constitucional, la primera autoridad de la nación actuó con “cautela” y no se atrevió a hacer uso de la violencia física legítima del Estado con el rigor necesario para defender la democracia bajo asedio y mantener el orden público; porque tal acción podría haber ocasionado bajas fatales y ser acusado como “violador de derechos humanos” y de cometer “delitos de lesa humanidad”.

Esa responsabilidad política es la que los gobernantes quieren rehuir, con órdenes como la dada por el ministro del Interior Andrés Chadwick al General Director de Carabineros Mario Rozas Córdova:“Controlar el orden público dentro del ámbito legal y respetando irrestrictamente los derechos humanos»”, lo que los carabineros hicieron no solo con apego a la legalidad, sino que llegando al extremo inaudito de no usar sus armas de fuego ni siquiera en defensa propia, lo que dio lugar a más de 5000 carabineros lesionados, 126 recibieron impactos balísticos, 82 quemados con artefactos incendiarios, y 5 con pérdida ocular,

Es aberrante acusar a carabineros por las lesiones sufridas por quienes realizaban actos vandálicos, mientras que a estos se les premia con el retiro de querellas por la Ley de Seguridad Interior del Estado, indultos, pensiones de gracia y homenajes en la sede del Congreso Nacional en Santiago.

    Adolfo Paúl Latorre

Viña del Mar, 19 de marzo de 2024.

El problema es moral

Chile está viviendo horas dramáticas. La nación chilena está ante una crisis que amenaza con desintegrar a la nación y, si no adoptamos urgentes medidas rectificatorias, fatalmente caeremos en una dictadura totalitaria o en la horrenda desgracia de una lucha fratricida.

Si bien nuestro problema es básicamente político, económico, social y de orden y de seguridad pública —y psiquiátrico podríamos decir, debido a la enorme cantidad de ciudadanos mentalmente afectados por efecto de las drogas— el problema más grave es el moral.

Estamos ante una crisis de valores: la pérdida o el decaimiento de las virtudes morales de los ciudadanos —especialmente de la honestidad y del patriotismo— y, especialmente, de los gobernantes, legisladores y jueces, y de las personas que están en posición de influir en la sociedad.

Esta crisis no es nueva: ya la denunció Enrique Mac-Iver en el año 1900 en su famoso “discurso sobre la crisis moral de la República” y, un cuarto de siglo más tarde, Vicente Huidobro en su “Balance patriótico” en el que denunció la mediocridad y la falta de alma nacional: “Chile tiene su alma fracturada y doliente, la ansiada unidad nacional que podría hacer grande a Chile se cae a pedazos”. Gonzalo Rojas, por su parte, ha manifestado que hay un “déficit de humanidad”: “lo que realmente le sucede a nuestros actuales gobernantes es que saben muy poco sobre la persona humana”.

      ADOLFO PAÚL LATORRE

Viña del Mar, 18 de marzo de 2024.

Evaluación de renuncia

El ministro de Justicia, Luis Cordero, acerca del General Director de Carabineros Ricardo Yáñez declaró: “yo esperaría que evaluara su renuncia antes de ser formalizado” en la audiencia agendada para el 7 de mayo por su responsabilidad por cerca de 450 causas de lesiones o agresiones a personas a título omisivo.

Al respecto cabe comentar que la responsabilidad principal de tales lesiones recae en los “manifestantes” que cometían actos vandálicos con una violencia extrema, lo que obligó a carabineros a hacer uso de la violencia física legítima del Estado en cumplimiento de su misión constitucional de “dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior”; lo que hicieron no solo con apego a la legalidad, sino que llegando al extremo inaudito de no usar sus armas de fuego ni siquiera en defensa propia; no obstante que estaban siendo atacados con objetos contundentes, armas de fuego, bombas molotov y balines de acero disparados con hondas, lo que dio como resultado cinco mil carabineros lesionados y cinco con pérdidas oculares.

Es aberrante responsabilizar a carabineros por las lesiones sufridas por quienes realizaban tales actos vandálicos, mientras que a estos se les premia con el retiro de querellas por la Ley de Seguridad Interior del Estado, indultos, pensiones de gracia y homenajes en la sede del Congreso Nacional en Santiago.

             ADOLFO PAÚL LATORRE

 

MILITARES A LA CALLE

En relación con la idea de “sacar a los militares a la calle” y la crítica que se hace al respecto en el sentido de que ellos no están ni equipados ni entrenados para cumplir la función de garantizar el orden público y la seguridad pública interior —aparte de que los aleja de la función militar que les es propia— cabría comentar que por muy equipados y entrenados que estén de nada servirán si, al igual que los carabineros, solo pueden usar sus armas letales en casos de legítima defensa cuando esté en riesgo la vida de personas.

Con tal restricción quedan sin capacidades ofensivas, disuasivas o represivas, no constituyendo una amenaza real y reducidos a la calidad de meros observadores de quienes estén cometiendo o se apresten a cometer actos delincuenciales, vandálicos, subversivos o terroristas.

Tal despliegue solo serviría para el desprestigio y el escarnio de los miembros de las Fuerzas Armadas, pues la ciudadanía percibiría que ellos son incompetentes para resguardar el orden y para proteger eficazmente la infraestructura crítica; en circunstancias de que tal resguardo es la obligación esencial de los gobernantes, para lo cual deben dotar a los militares y policías no solo del debido equipamiento, sino que de las atribuciones legales que les permita ejercer sus funciones sin temor a ser condenados por “abuso de la fuerza” o por “delitos de derechos humanos”, pues al no contar con ellas se inhiben de actuar.

Adolfo Paúl Latorre

 

Viña del Mar, 11 de marzo de 2024.

Reglas de uso de la fuerza

En relación con lo dicho por el lector Cristóbal Quiroz N. en su carta de ayer, cabe comentar que la garantía del orden y de la seguridad pública es la primerísima función del Estado —que antecede a todas las demás— y es, por tanto, la obligación esencial de los gobernantes. Las fuerzas de orden y seguridad son solo el instrumento para cumplir con tal función; la que no pueden cumplir si ellas pueden usar sus armas letales solo en casos de legítima defensa cuando esté en riesgo la vida de personas.

Con tal limitación quedan sin capacidades ofensivas, disuasivas o represivas, no constituyendo una amenaza real y reducidos a la calidad de meros observadores de quienes estén cometiendo o se apresten a cometer actos delincuenciales, vandálicos, subversivos o terroristas; sin poder resguardar eficazmente la infraestructura crítica, servicios públicos esenciales, iglesias patrimoniales, etc.

Con tal restricción no hay estado de excepción constitucional alguno

             Adolfo Paúl Latorre

Viña del Mar, 8 de marzo de 2024.

Pasan sin mirar

            En relación con la carta publicada el 7 del mes en curso bajo este mismo título, sobre la sentencia condenatoria dictada por el ministro Álvaro Mesa Latorre contra el subteniente Gabriel Fuentes Campusano (de 23 años de edad en 1973), sin acreditar la participación del condenado en el hecho punible —vulnerando la ley, principios esenciales del derecho penal y la legislación internacional sobre derechos humanos— cabría comentar que en una causa anterior, para  fundamentar su auto acusatorio, dicho Ministro utilizó un argumento de autoridad —ad verecundiam o magister dixit—; una falacia consistente en defender algo como verdadero porque quien es citado en el argumento tiene autoridad en la materia, pero lo más inaudito es que se cita a si mismo (C. Ap. Temuco Rol 63.551, 10 febrero 2021),

ADOLFO PAÚL LATORRE

Viña del Mar, 8 de marzo de 2024.

MAGISTER DIXIT

            El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Álvaro Mesa Latorre, dictó una sentencia condenatoria contra el subteniente Gabriel Fuentes Campusano (de 23 años de edad en 1973) sin acreditar la participación del condenado en el hecho punible —vulnerando la ley, principios esenciales del derecho penal y la legislación internacional sobre derechos humanos— afirmando que: “No importa la función que cumpliera, el acusado era partidario de una dictadura militar, de un régimen donde se detenía, apremiaba y ejecutaba a personas, luego entonces corresponde imputarle penalmente responsabilidad”. Es decir, para dicho Ministro no importa si el acusado participó o no en el delito; para condenarlo bastaba el hecho de que era militar.

            Al respecto cabría comentar que en una causa anterior, para  fundamentar su auto acusatorio, dicho Ministro utilizó un argumento de autoridad —ad verecundiam o magister dixit—; una falacia consistente en defender algo como verdadero porque quien es citado en el argumento tiene autoridad en la materia. Pero lo más inaudito es que se cita a si mismo (C. Ap. Temuco Rol 63.551, 10 febrero 2021).

                                Adolfo Paúl Latorre

Viña del Mar, 6 de marzo de 2024.

Uso de la fuerza

Independientemente de consideraciones que no vienen al caso, el uso de la fuerza debe estar en proporción a la resistencia ofrecida, a la gravedad del delito, a la situación que se controla, al peligro representado por los delincuentes y al objetivo legítimo que se persigue, lo que en casos graves justifica el empleo de medios letales.

Viña del Mar, 6 de marzo de 2024.

 

“Dictadura militar” de Pinochet

En relación con la aprobación en la Cámara de Diputados de un proyecto de resolución que acusa “dictadura militar” de Pinochet, cabría comentar que las cosas son lo que son, no lo que se dice que son.

Utilícese la denominación de “dictadura militar” u otra, el hecho cierto es que el gobierno militar, con la colaboración de destacados profesionales civiles, reconstruyó la economía y la democracia que habían sido destruidas por el gobierno de la Unidad Popular; impuso el orden y la seguridad pública y, con la dictación de una novedosa y acertada legislación y la aprobación de la Constitución Política de la República de Chile de 1980, sentó las bases de la modernización del país, logrando un sostenido crecimiento económico y progreso social, entregando a las nuevas autoridades civiles en 1990 una nación en pleno auge, cuyo estado floreciente nadie discutía.

Adolfo Paúl Latorre

Viña del Mar, 5 de marzo de 2024.

Dejamos atrás la Guerra Fría

Respondiendo a la oposición por cuestionamientos al Partido Comunista, la ministro Camila Vallejo dijo que “dejamos atrás la Guerra Fría hace bastante tiempo”.

Eso no lo tengo tan claro, pero sí que el Partido Comunista postula que “los trabajadores no tienen patria” y me preocupa que numerosos miembros de ese Partido ocupen cargos relevantes en el ministerio de Defensa y que tengan acceso a documentos de carácter secreto.

Adolfo Paúl Latorre

Viña del Mar, 17 de febrero de 2024.

Nulo efecto disuasivo

El Presidente de la República citó a una sesión del Consejo de Seguridad Nacional, que tuvo lugar el 5 de febrero, “para recibir opiniones acerca de la implementación de la reforma constitucional para la protección de la infraestructura crítica y otras materias vinculadas a la seguridad nacional, con la mirada puesta en la tranquilidad y el bienestar de todos los habitantes de nuestra patria”.

Al término de la sesión señaló que “todo esfuerzo será fútil si no se acompaña con una estrategia robusta” a lo que cabría agregar: y, en el caso del resguardo de la infraestructura crítica, si se restringe a los militares a usar sus armas letales “solo en casos de legítima defensa, cuando esté en riesgo la vida de personas”, puesto que con tal limitación quedarían sin capacidades disuasivas o represivas contra terroristas que se estén aprestando a cometer o que estén cometiendo ataques contra instalaciones de tal infraestructura.

Adolfo Paúl Latorre

Viña del Mar, 2 de febrero de 2024.

Responsabilidad de mando

En la audiencia de formalización agendada para el 7 de mayo se les imputará a los exgenerales directores de Carabineros Mario Rozas y Ricardo Yáñez la responsabilidad por cerca de 450 causas de lesiones o agresiones a personas a título omisivo.

La responsabilidad principal de tales lesiones recae en los “manifestantes” que cometían actos vandálicos con una violencia extrema, lo que obligó a carabineros a hacer uso de la violencia física legítima del Estado en cumplimiento de su misión constitucional de “dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior”; lo que hicieron no solo con apego a la legalidad, sino que llegando al extremo inaudito de no usar sus armas de fuego ni siquiera en defensa propia; no obstante que estaban siendo atacados con objetos contundentes, armas de fuego, bombas molotov y balines de acero disparados con hondas, lo que dio como resultado cinco mil carabineros lesionados y cinco con pérdidas oculares.

Es aberrante responsabilizar a carabineros por las lesiones sufridas por quienes realizaban tales actos vandálicos, mientras que a estos se les premia con el retiro de querellas por la Ley de Seguridad Interior del Estado, indultos, pensiones de gracia y homenajes en la sede del Congreso Nacional en Santiago.

Magister dixit
El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa
Latorre, dictó una acusación contra un militar en retiro por “el delito de secuestro calificado, en su
carácter de lesa humanidad” (causa Rol 63.551, 10 febrero 2021), sin acreditar la existencia del hecho
punible y por hechos ocurridos antes de la entrada en vigor de la ley que tipificó los delitos de lesa
humanidad en nuestro ordenamiento jurídico; violentando la ley, principios esenciales del derecho
penal y el sentido común.
Aunque lo antedicho se repite en numerosas causas sobre “violación de derechos humanos”
en este caso llama la atención que, para fundamentar su auto acusatorio, dicho Ministro utilizó un
argumentum ad verecundiam —argumento de autoridad o magister dixit—; una falacia consistente en
defender algo como verdadero porque quien es citado en el argumento tiene autoridad en la materia,
pero lo más inaudito es que se cita a si mismo.
Publicada en El Mercurio de Santiago el 16 de febrero de 2021 

Adolfo Paúl Latorre

Viña del Mar, 29 de enero de 2024.

¡Viva Chile inviable! ¡Viva Allende!

En relación con la lúcida columna de Hermógenes Pérez de Arce Ibieta titulada “¡Viva Chile inviable!” publicada el 29 de enero, cabría citar al destacado filósofo chileno Víctor Farías Soto, quien ha dicho: “Salvador Allende fue un personaje político híbrido e irresponsable que no abrió ninguna alameda, un actor que solo supo construir enmarañados laberintos trágicos también para sus propios camaradas y poner a un país respetable al borde del abismo” (Los documentos secretos de Allende. La caja de fondos en la Moneda, editorial Maye, Santiago, 2010, p.178).

Adolfo Paúl Latorre

Viña del Mar, 27 de enero de 2023.

¿Qué es ser de derecha?

Magdalena Merbilháa en la entrevista publicada ayer, titulada “Bajo las luces”, dice que “ha faltado definir qué es ser de derecha”.

Podríamos definir la posición política de derecha como aquella que defiende con convicción y valentía principios tales como la trascendencia y los derechos de la persona humana; la primacía de la persona frente al Estado; del individuo frente al estatismo, al intervencionismo y al igualitarismo; una concepción de la sociedad alejada tanto de un liberalismo individualista como de un socialismo colectivista; el derecho de las personas para construir su propio destino con iniciativa, libertad y responsabilidad; la subsidiariedad y el amparo de los grupos intermedios de la sociedad; el respeto de la vida humana desde la concepción; el matrimonio bien constituido; la familia, núcleo y fundamento del orden social, que eduque, forme y ampare; los de una sociedad libre; la libertad para emprender, elegir, educarse, asociarse, trabajar y producir, y para adueñarse del fruto del esfuerzo individual que es la propiedad; una economía social de mercado en lugar de una centralmente planificada; la preservación de la autoridad; los ideales de orden y progreso; la justa armonía entre la libertad y el orden público; la aplicación de la violencia física legítima del Estado cuando ello fuere preciso para resguardar el Estado de Derecho, el orden social y el bien común; la igualdad ante la ley y el derecho a un debido proceso penal. Una mentalidad de derecha es aquella que promueve la virtud, la tradición y el patriotismo; la familia y el trabajo; la libertad y la responsabilidad; el imperio de la ley, el Estado de Derecho, el bien común, la protección de los sectores más modestos de la población a fin de elevar su condición; la seguridad, la propiedad y el orden público; todo con una concepción realista y no utópica del hombre y de la sociedad.

Adolfo Paúl Latorre

Viña del Mar, 20 de enero de 2024

Crónica de una muerte anunciada

En relación con la crisis de las ISAPRES y de las AFP, podríamos decir que se trata de una crónica de una muerte anunciada. En efecto, si leemos el Programa de Gobierno del presidente Boric, leemos:

“Debemos terminar con la administración privada y el mercado de las AFP, reforzando el rol del Estado y dar confianza a las personas para que el ahorro y formalidad estén alineados con una vejez digna. Para terminar con el rol actual de las AFP, debemos crear un ente público legalmente autónomo que sea la cara visible del sistema que se encargue de administrar los fondos. Se creará un Fondo Solidario Colectivo que pueda aumentar las pensiones hoy y que entregue beneficios para personas y generaciones con menor ahorro, con equidad de género”.

“Decretaremos la universalización de la cobertura del FONASA, quedando todas las personas del país afiliadas a dicha institución. Esta recaudará y solidarizará las cotizaciones de las y los trabajadores (7%). Aseguraremos un sistema de prestación publica de carácter universal, basado en prestadores estatales, con altos estándares de calidad”.

Adolfo Paúl Latorre

Viña del Mar, 19 de enero de 2024.

Ideas claras

Numerosas autoridades de gobierno se destacan por tener ideas sumamente claras sobre las más diversas materias políticas o asuntos de interés nacional, tales como la que sigue: “Los cuatro puntos cardinales son tres; el sur y el norte” (Vicente Huidobro).

Adolfo Paúl Latorre

Viña del Mar, 7 de enero de 2024.

Gracias a doña Michelle

Gracias a la propuesta de Reforma Educacional contenida en el Programa de Gobierno de doña Michelle Bachelet 2014-2018, que fue llevada a la práctica, el Instituto Nacional dejó de ser el “primer foco de luz de la nación”.

  Adolfo Paúl Latorre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de  Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

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REV 4

Revista Aniversario UNOFAR N° 50

Presentamos al conocimiento de nuestros socios y lectores en general, la edición N° 50 y número Aniversario de nuestra revista UNOFAR.

Esta edición reproduce artículos seleccionados publicados en las 49 ediciones anteriores, dividido en cuatro períodos, esto efectuado convencionalmente y considerando  importantes etapas de la vida editorial debidamente explicadas.

Los artículos seleccionados para cada etapa fueron propuestos por un comité editorial, el que buscó representar en la mejor forma posible la característica general de las revistas consideradas. Hemos establecido una primera parte que abarca los años 1995 al año 2005, denominado “De la satisfacción por el deber cumplido al estupor por el odio”, el que es explicitado en un apretado resumen.

Este primer período contempla la selección de artículos que fueron publicados en las revistas N° 1 a la revista N° 12.

Se inicia con el “Editorial” de la Revista N° 1, escrito por el CRL José A. Quinteros M, el

fundador de la revista, quién explica y resume en muy buena forma el pensamiento y objetivos que tendría la revista y que hemos seguido hasta la fecha.

El segundo período, que considera los años 2006 al 2010, ha sido denominado como “Hacia un bicentenario con heridas abiertas. Tan distinto del 1er. Centenario”.

El nombre y objetivos de esta parte de la revista, se explican igualmente, en un resumen orientador.

Aquí se incluyen artículos extraídos de las revistas N° 13 a la revista N° 22. Esta selección incluye excelentes artículos dirigidos principalmente a la situación y violaciones al derecho y procesos que afectan a nuestros camaradas presos en los diferentes penales. El tercer período, el que abarca los años 2011 al 2018, tiene por nombre “Chile como objetivo de los planes del foro de Sao Paulo y de la revolución bolivariana”

En esta sección se incluyen artículos publicados en las revistas N° 23 y siguientes, hasta

la revista N° 38. Los artículos seleccionados continúan refiriéndose a la situación de los camaradas procesados y de aquellos condenados que cumplen prisión en los diferentes penales, constituyendo este aspecto, uno de los objetivos que orientan a nuestra Unión.

Finalmente, tenemos una cuarta sección, abarcando esta, los años 2019 al año actual, 2023. Se le ha llamado “El asedio de la subversión y el terrorismo y el inicio de la deconstrucción del estado republicano”.

En esta parte y final, la que incluye artículos publicados en las revistas, del N° 39 a la revista N° 49, cierra con una variedad de artículos, siempre manteniendo nuestro norte hacia la situación de los camaradas afectados por procesos espurios de

derechos humanos, utilizando falsa y atemporalmente el delito de “Lesa humanidad”,

delito que no existía en Chile antes del año 2009, fecha en que Chile adhirió a dicha carta internacional.

 

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Columna de Opinión, News

CRUZANDO EL RUBICÓN. Diego Pérez de Castro, Periodista

 

                              CRUZANDO EL RUBICÓN

Diego Pérez de Castro, Periodista, Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos en la Universidad Adolfo Ibáñez

El Mostrador, 22/03/2024

Lo acontecido el pasado martes en el Congreso Nacional con el nombramiento de José García Ruminot (RN) como nuevo presidente del Senado, con el apoyo de Demócratas, fue el corolario de “cruzar el Rubicón”.

El Rubicón es un río del nordeste de Italia que desemboca en el mar Adriático y en la época de los romanos marcaba el límite del poder del gobernador de la Galia Cisalpina e Italia y, según la ley romana, ningún gobernador provincial podía atravesarlo al frente de sus tropas.

Hace más de 2070 años, Julio César se detuvo un instante ante el Rubicón inquieto por las dudas… cruzarlo significaba cometer una ilegalidad: convertirse en enemigo de la República e iniciar la guerra civil.

Finalmente dio la orden a sus tropas de cruzar el río, pronunciando en latín la frase “alea iacta est(“la suerte está echada”).

Lo acontecido el pasado martes en el Congreso Nacional con el nombramiento de José García Ruminot (RN) como nuevo presidente del Senado, con el apoyo de Demócratas, fue el corolario de “cruzar el Rubicón”.

La oportunidad se dio, ante una serie de deficiencias políticas al interior del oficialismo que terminaron por poner al senador por La Araucanía a cargo de la Cámara Alta por el próximo periodo legislativo.

Si bien desde la derecha consideraron –en un principio– respetar el acuerdo político, que indicaba que para este periodo le correspondía la presidencia a un parlamentario de la bancada PPD-Independientes, apareció el factor Demócratas, más precisamente el de la senadora Ximena Rincón.

La eterna pugna entre la exministra del Trabajo de Bachelet y la senadora DC por Atacama, que viene desde hace ya varios años, y cuyo último round concreto fue la quitada de piso del partido de la falange a la candidatura presidencial de Rincón (le cedieron el cupo a Provoste porque básicamente marcaba más en las encuestas), hizo que el pacto se cayera.

“Pan para ayer y hambre para hoy”, ese conflicto generó una serie de movimientos que dejaron al PPD Pedro Araya sin los votos necesarios para liderar el Senado.

De más está decir el nefasto proceso interno de su partido para escoger un representante con anticipación, lo que da cuenta de la poca capacidad organizativa que tiene el oficialismo en ese sentido.

Como en política todo es calculado (nada se hace porque sí), la senadora por el Maule se puso la armadura de Julio César y vio una oportunidad concreta de cruzar el Rubicón y establecer de manera oficial una alianza con Chile Vamos para controlar el Senado, poniendo incluso a Matías Walker como vicepresidente, luego que Luciano Cruz-Coke (Evópoli) le cediera el cupo.

En ese sentido, ya empieza a establecerse de manera oficial un principal frente opositor al Gobierno en el Senado (tienen 27 de los 50 representantes, incluido el exrepublicano Rojo Edwards) y resta ver cómo esto se organizará en la Cámara de Diputados, donde con los apoyos del PDG y algunos independientes podrían marcar aún más diferencia.

Pero por más que Walker, Rincón y compañía digan que quieren ser una “oposición constructiva”, lo cierto es que su acercamiento a Chile Vamos (en conjunto con Amarillos, con quienes irán unidos en las próximas elecciones) da pistas de lo que, en teoría, ya se está haciendo realidad: establecer un conglomerado de centroderecha que enfrente las próximas elecciones presidenciales en 2025.

Este símil a la Concertación –pero del otro lado de la vereda– tiene dos años para ponerse de acuerdo en términos programáticos, sobre todo luego de las elecciones municipales y de gobernadores regionales de este año, con el fin de establecer una alianza que verdaderamente dé certezas a la ciudadanía post Gabriel Boric.

En política, los tiempos son cortos y los acuerdos tampoco abundan, por lo que será interesante observar cómo resulta este nuevo experimento en que a todas luces y, como dijo Julio Cesar al cruzar el Río Rubicón, “la suerte está echada”.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de  Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

News, Seguridad y defensa

“Algunos alcances sobre la Responsabilidad de Proteger”. Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos. ANEPE

                                                              “Algunos alcances sobre la Responsabilidad de Proteger”

                                                                  Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos. ANEPE 

 

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Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Columna de Opinión, News

MÁS DE LO MISMO, PARA INDIGNACIÓN Y VERGÜENZA. Humberto Julio Reyes

 

                                                            MÁS DE LO MISMO, PARA INDIGNACIÓN Y VERGÜENZA.

Humberto Julio Reyes

Últimamente han circulado en redes sociales y aparecido en cartas al director de algunos medios, diversas opiniones referidas a las duras penas impuestas por los tribunales, a miembros de las Fuerzas Armadas que han debido actuar para restaurar el orden en situaciones de excepción.

El paciente lector dirá que esto no es algo nuevo, ya que, desde que llegó la alegría los tribunales “se están poniendo al día” y que, lo novedoso sería que los medios publiquen dichas cartas, algo habitualmente evitado por “políticamente incorrecto”.

Pero no me refiero a procesos y condenas por delitos que habrían sido cometidos durante el Gobierno Militar, sino que a hechos más recientes y que tienen como origen lo que muchos siguen llamando “el estallido social”.

Hemos sabido de un Capitán, un cabo y ahora ¡un conscripto!

Sí, leyó usted bien, un conscripto que se presentó voluntariamente a cumplir con su servicio militar y que se sumará a otros conscriptos que cumplen penas en prisión por hechos de hace medio siglo.

Estos miembros del Ejército han sido condenados por tribunales ordinarios que parecen asumir que emplear las armas, aunque sea por órdenes superiores y mandato de la autoridad política “responsable”, constituye grave delito per se.

Ellos se suman a muchos miembros de Carabineros que perdieron su carrera tratando de proteger a sus conciudadanos amenazados por un enemigo implacable, como bien dijo el presidente de la época que fue acusado de “declararle la guerra al pueblo”, sustantivo éste tan abusado y tan amplio en su significado que permite amparar crímenes y delitos de organizados violentistas autodenominados “pacíficos manifestantes”.

Pero, ¿qué dice el poder judicial que impone las duras penas?

Nada, no se oye padre. Como dicen, se expresa a través de sus fallos.

Recientemente, el pleno de la Corte Suprema, rechazó en dos líneas un recurso contra un ministro de fuero que, para ahorrarse esfuerzo y con mucha creatividad, condena en bloque a todos quienes sirvieron en alguna unidad con un argumento que, de aceptarse permitiría condenar, “sólo por pertenencia”, a todo aquel que haya estado en las filas de las fuerzas armadas y de orden entre el 11 de septiembre de 1973 y la fecha de entrega al poder civil en 1990. Quien no se retiró o se opuso sería culpable solidario de “los crímenes de la dictadura”.

Eso sucede en un estado de derecho y, como recordó recientemente en forma pública, un afectado por tan flagrante arbitrariedad, joven subalterno en 1973, todos “pasan sin mirar”.

¿Acaso nada puede hacerse para defender a las víctimas de esta desigual guerra que ha declarado el poder judicial, representado en particular por la segunda sala de la Corte Suprema?

Si por milagro un ministro de fuero absuelve a un procesado por no poder acreditar que cometió delito, o es una sala de la Corte de Apelaciones la que rectifica una sentencia que no se atiene a la ley vigente, es la segunda sala la que procede a imponer altas penas, confirmando o subiendo las propuestas y sumando nuevas causales como es la manida “asociación ilícita”, lo que en la práctica implica cadena perpetua para personas de avanzada edad y deteriorada salud que vivirán sus últimos años en abarrotados recintos, aspecto este último fácil de comprobar en cualquier visita.

¡En Colina 1 duermen en los comedores!

Abandonada toda esperanza de justicia en este mundo y para evitar injusta prisión más de alguien en estos años se ha suicidado, ganándose el respeto de sus camaradas y el escarnio de algún desquiciado. Escapa a la venganza y al odio que motiva a quienes no ahorran esfuerzo en su eterna victimización y búsqueda de “reparación”.

Resumo:

Es más de lo mismo, pero lo positivo es que se conozca y se difunda, para vergüenza de quienes son los verdaderos responsables e indignación de quienes estamos hartos de un prolongado abuso judicial que no tiene visos de cesar.

El verdadero responsable, en mi opinión, es aquella autoridad que recurre a las fuerzas armadas y de orden pidiéndoles que impongan o restauren el orden sobrepasado, pero, “con irrestricto respeto a los derechos humanos”, como habría instruido un ministro para salvar su responsabilidad.

¿Puede haber mayor cobardía?

Ejemplos de lo anterior existen en la Historia pero en nada libera de responsabilidad a quien recurre a esa “salvaguarda” y eso, debieran considerarlo los tribunales, en lugar de hacer caer todo el peso de la ley sobre jóvenes ejecutantes que, a diferencia de la presunta víctima, no eligieron estar ahí para defendernos pero, como acertadamente ha señalado el autor de una carta, han debido asumir el riesgo de una función pública como si fueran simples particulares, ya que dicho riesgo se ha “privatizado”.

En medio de tan negativo escenario, una luz de esperanza:

“Fiscal judicial (s) de la Suprema advierte privación de derecho de “integridad física y psíquica” de condenados de DD.HH.”

¿Hará verano esta golondrina?

 

25 de mar. de 24

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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News, Seguridad y defensa

LAS RUF Y EL DESCALABRO DE LAS FF. AA. Julio Leiva y John Griffiths. La Tercera


                                                                          LAS RUF Y EL DESCALABRO DE LAS FF. AA.

Julio Leiva y John Griffiths

La Tercera, 21/03/2024

De acuerdo con la legislación vigente, principalmente el artículo 208 del Código de Justicia Militar, los militares se encuentran —y siempre se han encontrado, por la vigencia del código— afectos a las “causales eximentes de responsabilidad penal, cuando cumplan funciones de guardadores del orden y seguridad públicos”.

Más aún nuestra actual legislación y código penal chileno consagra el derecho a la legitima defensa a todo evento, cuando ocurran algunas de las siguientes circunstancias:

  • Agresión ilegitima;
  • Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla
  • Que se establezca una falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

De allí que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en cumplimiento a misiones de seguridad interna, en los denominados estados de excepción constitucional, deban contar como piso con las atribuciones y respaldo legal anteriormente explicitado.

Ninguna “Regla del Uso de la Fuerza” (RUF), puede degradar o afectar este legítimo y mínimo derecho jurídico. Más aún, cuando las FF. AA. se despliegan por orden presidencial y ratificación del poder legislativo. De esta manera se alinean responsabilidades y atribuciones, protegiendo a la fuerza de sus derechos básicos.

La actual propuesta de RUF, en la que se definen un gran número de condiciones, definiciones, deberes, principios, grados de resistencia y clasificación del agresor o de la agresión, etapas de uso de la fuerza, modelos para subir o bajar su uso y los correspondientes medios para cada modelo, afectan considerablemente el principio sobre el que se establece una RUF.

Dicho principio sanciona conductas y no condiciones, muchas veces difíciles de discernir o identificar, máxime en condiciones de alta complejidad.

A modo de ejemplo, no es relevante la condición de origen, género u otra del que comete la agresión, sino precisamente el hecho y conducta de querer causar daño a quienes están velando por la seguridad y el orden público.

A mayor abundamiento, analizadas en estudio comparado las distintas reglas del uso de la fuerza, tanto en la fuerza pública, como en despliegues de operaciones de paz, ninguna afecta —como base o piso— el derecho a la legítima defensa de los representantes del Estado.

Adicionalmente, las RUF poseen como característica principal ser claras y objetivas, basadas en principios de apreciación general y no pueden contener un conjunto de detalles que al ser aplicadas inhiban el cumplimiento de la misión principal. Vale decir, en situaciones extraordinarias donde autoridades políticas y fuerzas de orden y seguridad están sobrepasadas.

Por otra parte, las RUF cuando operan en estados de excepción constitucional deben estar sujetas a la competencia de tribunales militares, dada la naturaleza de la decisión que requirió su empleo, no debiendo quedar al amparo de tribunales ordinarios de tiempo de paz y normalidad, con fiscales que establecen responsabilidades, obviando el contexto que dispuso su empleo.

Así las cosas, si las Reglas de Uso de la Fuerza que se proponen al país se mantienen, serán completamente inútiles, inhibirán a quién se espera deba aplicarlas y, en caso de su empleo, solo producirán como consecuencia la persecución penal y el encarcelamiento de militares, mientras los delincuentes ampliarán su actividad criminal a límites inimaginables, por las ventajas concedidas.

Apelamos a que, en esta materia, nuestras fuerzas de orden y seguridad, así como las FF. AA., cuenten con los vitales respaldos políticos y jurídicos, para que puedan contribuir a recuperar el estado de derecho y la grave situación de seguridad que afecta a toda la sociedad.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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News, Seguridad y defensa

¿LOS MILITARES AL PAREDÓN?. Vanessa Kaiser. El Líbero

 

                                                   ¿LOS MILITARES AL PAREDÓN?

Vanessa Kaiser

El Líbero, 18/03/2024

Carabineros logró resistir, pero es fundamental que los miembros de las FF.AA. y la ciudadanía tengan a la vista su experiencia posterior a los tiempos de caos ahora que se quiere a los militares en la calle.

Imagine que en Chile hay varios alcaldes pidiendo al gobierno que los militares salgan de sus cuarteles y pasen tiempo en las calles para colaborar con Carabineros en funciones de orden público.

Imagine también que uno de esos alcaldes twitteaba el 23 de octubre lo siguiente: “Cuesta dormirse viendo tanto video de abusos de poder y violencia de parte de carabineros. Velar por la defensa de DD. HH. debe ser nuestro foco principal hoy. No podemos permitir que se siga normalizando esta situación”.

La situación era ni más ni menos que un golpe de Estado dado por dos titanes: cierto sector político que intentó derrocar al fallecido Presidente Piñera en el Congreso mientras apoyaba la violencia y el crimen organizado.

Este último actuó volando bajo el radar del derecho gracias al estallido social que se desató en paralelo.

La pregunta sobre cuál es el vínculo entre los dos titanes se ha silenciado sistemáticamente. Otro interrogante que se silencia es por qué los comunistas, frenteamplistas y medios de comunicación necesitaban desprestigiar a las fuerzas de Orden y Seguridad Públicas.

Siempre en el mundo imaginario del que hablamos al principio de esta columna, creo que el desprestigio de Carabineros era clave para derrocar al gobierno por la fuerza del caos, puesto que contaban con la negativa de las FF. AA. a inmiscuirse en la medida de que se trataba de un “estallido social”.

El trabajo fue de joyería. Como nunca se habló de un golpe de Estado (y hasta hoy pocos quieren asumir la verdad, aunque muchos tiritaban de miedo en las semanas posteriores al 18-O), las FF. AA. no tenían espacio para la acción.

Sólo quedó una delgada línea verde entre la caída del gobierno, su reemplazo por algún miembro del grupo golpista y la imposición de un proceso constituyente bolivariano muy bien diseñado por ciertos intelectuales de la nueva izquierda que todos conocemos.

Carabineros logró resistir, pero es fundamental que los miembros de las FF. AA. y la ciudadanía tengan a la vista su experiencia posterior a los tiempos de caos ahora que se quiere a los militares en la calle.

No sólo porque tras su sacrificio para salvar la República han sido perseguidos -por ejemplo, el INDH interpuso querellas en contra de más de 3.000 efectivos- y, algunos, ya están tras las rejas sentenciados por jueces y fiscales con claro sesgo ideológico, sino porque quienes ahora piden militares en las calles podrían estar jugando un doble juego que sirva al golpe final del proceso revolucionario iniciado el 18-O.

Para entender a qué me refiero es necesario preguntarse: ¿qué significa la introducción hecha por la ministra Tohá a la ley que se discute sobre las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), estableciendo especificaciones para un uso diferenciado de la fuerza en caso de niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o personas adultas mayores?

¡Ideología! Gritan muchos, como si con eso se libraran de sus efectos prácticos e implicancias políticas. Por ideología se apoyó el golpe de Estado, se retiraron las querellas por Ley de Seguridad Interior, se indultó y dieron pensiones de gracia a criminales, se puso freno a todas las leyes que dificultaban el avance del crimen organizado, se firmó un acuerdo de “seguridad” con una narcodictadura, se ha perseguido a carabineros y militares violando principios fundamentales como la igualdad ante la ley y se trajo en líneas aéreas a miles de haitianos de forma ilegal.

También, “por ideología” se dejan las fronteras abiertas y se autoriza, pocos días antes del comienzo de los incendios en la Quinta Región, a criminales de la Cárcel de Alta Seguridad a hacer videollamadas. Podría seguir ad infinitum desde los asesores cubanos de Manuel Monsalve hasta el intento de desarme de la población civil que ha cumplido con todos los requisitos que exige la ley para tener un arma.

Echarle la culpa de lo que hacen quienes detentan el poder a sus convicciones ideológicas, como si con eso los aliviáramos de la responsabilidad por haber convertido a Chile en la tumba no sólo del neoliberalismo, sino, además, de la seguridad, la educación, la salud y de la moral y las buenas costumbres, no sólo es irresponsable; es poco inteligente.

¿Se imagina que uno fuera a decirle a un cubano preso político, o sumido en la eterna miseria, que Fidel Castro igual era buena persona, lo que pasa es que, en realidad, el problema era su ideología?

Eso es exactamente lo que está sucediendo en Chile y es patético. ¡Justamente de ideología se trata la política! Y si, siguiendo en nuestro mundo imaginario, tenemos un sector político que avanza su proyecto de destrucción del país, aunque fue rechazado y ha hecho alianzas con una narcodictadura y sus secuaces, entonces, ¿cómo podemos entender el llamado a que los militares salgan de su cuartel?

Voy a ser malpensada porque estoy aburrida de la cerrazón, genuflexión y buenismo de quienes debiesen estar denunciando todo lo que sabemos y guardan incómodo silencio. Una imaginación muy nutrida me lleva a creer que quizás no es tan descabellado pensar que el propósito de sacar a los militares de sus cuarteles no tenga nada qué ver con la seguridad de los ciudadanos, sobre todo teniendo a la vista la indicación de la ministra Tohá a las RUF. Y es que no hay que ser muy inteligente o imaginativo para juntar algunas piezas del puzle.

Primero, si salen a la calle no tendrán respaldo político para hacer nada. Segundo, si hacen algo, terminarán presos, basta con tener a la vista el nombramiento del Presidente Boric de 95 jueces octubristas en la Corte de Apelaciones y de 12 en la Corte Suprema.

En consecuencia, si son agredidos por miembros del crimen organizado tendrán dos opciones, o se dejan asesinar o terminan tras las rejas. En otras palabras, sacar a los militares a la calle bajo este gobierno sólo puede significar una cosa: su neutralización definitiva.

Y no sería extraño, dado que, a diferencia de otros lugares del mundo, nuestras FF. AA. no han sido penetradas por esa “ideología” culpable de tantas cosas malas que hacen los niños “puros” y “buenos”, tan faltos de experiencia política.

La verdad, es que tienen el país como sartén por el mango. Solo les falta desarmar definitivamente a la población civil, saber en qué casa hay miembros de las FF. AA. y de Orden, terminar de socavar las relaciones con Israel para pasar a ser miembros de la esfera iraní -cuyos líderes están estrechamente vinculados con Bolivia y Venezuela- y el golpe de gracia: llevar a los militares al paredón que integran jueces y fiscales activistas.

Una vez neutralizados, el camino quedará libre de cualquier obstáculo para cumplir con el sueño de una “vanguardia” tan mal comprendida por el pueblo.

Lo más grave del asunto es que, quienes debiesen oponer resistencia, denunciar y hacer uso de todos los instrumentos legales de que aún disponemos, están convencidos de que el octubrismo fracasó.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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