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POR QUÉ LOS ATAQUES DE LAS EMBAJADAS EN QUITO Y DAMASCO SIENTAN UN PELIGROSO PRECEDENTE DIPLOMÁTICO Jorge Heine, Interim Director of the Frederick S. Pardee Center for the Study of the Longer-Range Future, Boston University The Conversation

 

                                                  POR QUÉ LOS ATAQUES DE LAS EMBAJADAS EN QUITO Y DAMASCO

                                           SIENTAN UN PELIGROSO PRECEDENTE DIPLOMÁTICO

Jorge Heine, Interim Director of the Frederick S. Pardee Center for the Study of the Longer-Range Future, Boston University

The Conversation, 10/04/2024

Durante mucho tiempo se ha dado por hecho que las embajadas deben tratarse como “zonas prohibidas” para otras naciones. Sin embargo, en una sola semana, dos gobiernos, ambos democracias establecidas desde hace tiempo, han sido acusados de violar de diferentes maneras las leyes que rigen las misiones diplomáticas extranjeras.

En primer lugar, el 1 de abril de 2024 la embajada de Irán en Damasco fue bombardeada, presumiblemente por Israel, matando a varios comandantes de alto rango de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Días después, el 5 de abril, la policía ecuatoriana entró por la fuerza en la embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, que solicitaba asilo político.

Ambas acciones han dado lugar a denuncias de violaciones del derecho internacional y acusaciones de que se contravino la Convención de Viena, que establece la inmunidad de las misiones diplomáticas.

Como buen conocedor de la vida de las embajadas –he sido jefe de misión de Chile en China, India y Sudáfrica y coedité The Oxford Handbook of Modern Diplomacy– creo que los dos incidentes son más preocupantes de lo que gran parte de la comunidad internacional parece creer.

Al contrario de la famosa ocurrencia del difunto empresario y candidato presidencial Ross Perot, las embajadas no son sólo “reliquias de los tiempos de los veleros”.

Más bien, en un mundo cada vez más complejo en el que los conflictos geopolíticos, las migraciones masivas, las pandemias y el cambio climático exigen una gestión diplomática cuidadosa y estable, cualquier incidente que erosione la inviolabilidad de las normas de las embajadas podría tener graves consecuencias negativas y conducir a un mundo más peligroso.

Curiosa indiferencia ante el ataque a la embajada. De los dos incidentes recientes, el atentado contra la embajada iraní es el más grave, ya que supuso la pérdida de vidas humanas y dio lugar a advertencias de ataques de represalia.

Sin embargo, los países occidentales, cuyos dirigentes suelen manifestar su preocupación por el mantenimiento del llamado orden basado en normas, se han mostrado reacios a condenar el acto.

Cabe destacar que las tres democracias liberales del Consejo de Seguridad de la ONU –Estados Unidos, Reino Unido y Francia– se negaron a condenar el ataque contra la embajada de Irán cuando se les planteó la cuestión.

Israel, aunque no reconoció oficialmente su responsabilidad, argumentó que la residencia del embajador iraní no era realmente una sede diplomática sino “un edificio militar disfrazado de edificio civil”. Como tal, para Israel era un objetivo perfectamente legítimo.

Pero según esta lógica, casi todas las embajadas se considerarían un objetivo legítimo. Casi por definición, la gran mayoría de las embajadas –especialmente las de los países más grandes– están pobladas por un número significativo de personal militar y de inteligencia.

Sugerir que, por esa razón, las embajadas deberían perder su inmunidad diplomática y convertirse en objetivos legítimos de ataques armados derrumbaría todo el edificio de la Convención de Viena.

Y con él se vendría abajo la estructura en la que se basan las interacciones diplomáticas formales en todo el mundo.

Principios diplomáticos fundamentales. El caso de Ecuador, aunque menos grave porque no se tradujo en víctimas mortales, es un poco más complejo y exige algunas aclaraciones.

En el centro de la disputa diplomática entre Ecuador y México se encuentra el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, que cumplió cuatro años entre rejas tras una condena en 2017 por cargos de corrupción.

Glas se enfrenta ahora a un juicio por diferentes cargos, lo que motivó su solicitud de asilo en la Embajada de México en diciembre de 2023. México aceptó la solicitud y así se lo transmitió al gobierno ecuatoriano.

El gobierno ecuatoriano justificó su decisión de enviar policías a la embajada mexicana por considerar que Glas no puede recibir asilo político al tratarse de un delincuente convicto.

La afirmación tiene cierta base: según la Convención sobre el Derecho de Asilo de 1954 de la Organización de Estados Americanos, no se puede conceder asilo político a delincuentes condenados a menos que los cargos en que se base la condena sean de naturaleza política.

Pero al mismo tiempo, el artículo 21 de la Convención de Viena establece que las misiones diplomáticas gozan de plena inmunidad y extraterritorialidad. Eso implica que el gobierno anfitrión no tiene derecho a entrar en una embajada sin la autorización del jefe de la misión.

Ecuador argumenta que México abusó de su inmunidad diplomática, por lo que no le quedó más remedio que enviar a la policía. Sin embargo, aquí hay que hacer una distinción crucial.

Mientras que la inmunidad diplomática y la extraterritorialidad de las misiones extranjeras son principios fundamentales de la Convención de Viena, el asilo político es una cuestión aparte que debe tratarse por separado.

Como tal, si el gobierno ecuatoriano consideraba que Glas no reunía los requisitos para el asilo político, podría haber intentado bloquear legalmente el traslado o denegar el salvoconducto para que el solicitante de asilo saliera de la embajada y abandonara el país.

Sin embargo, México tendría motivos de peso para oponerse a tales medidas, ya que, según la Convención sobre el Derecho de Asilo de 1954, corresponde al Estado que concede el asilo decidir si el caso tiene una motivación política.

Implicaciones para el futuro. Independientemente de los méritos del caso de asilo, enviar el equivalente de un equipo SWAT para asaltar la embajada representa una violación deliberada de las normas diplomáticas.

Existe un largo historial de políticos latinoamericanos solicitantes de asilo que han pasado muchos años encerrados en embajadas porque los gobiernos no les han concedido un salvoconducto, entre los que destaca el dirigente peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, que pasó cinco años en la embajada de Colombia en Lima.

Sin embargo, salvo contadas excepciones, ni siquiera en la época más oscura de las dictaduras militares latinoamericanas de los años sesenta y setenta se permitió a la policía irrumpir en los edificios de las embajadas para detener a los solicitantes de asilo.

Y esto pone de relieve lo que hace que las acciones de Ecuador sean especialmente preocupantes.

Precisamente por los problemas de inestabilidad política y tradición de golpe militar que tiene América Latina, las leyes en torno al asilo político y la inmunidad diplomática son necesarias.

Si se socava la Convención de Viena de la forma en que lo ha hecho Ecuador, se corre el riesgo de sentar un precedente que otros gobiernos podrían verse tentados a seguir.

El asilo político en América Latina ha funcionado tradicionalmente como una válvula de seguridad que permite a los líderes depuestos salir del peligro. Debilitar las estructuras diplomáticas de apoyo al asilo dificultará la gestión de las rupturas democráticas.

También se corre el riesgo de exacerbar los desacuerdos regionales. Ya lo estamos viendo con México, que está rompiendo relaciones con Ecuador como resultado del asalto a la embajada.

Dificultar la diplomacia. Por supuesto, las violaciones de embajadas no carecen de precedentes. La dictadura de Guatemala atacó la embajada española en Ciudad de Guatemala en 1980, matando a varios solicitantes de asilo, entre ellos un exvicepresidente.

Y el gobierno militar de Uruguay envió fuerzas de seguridad a la embajada de Venezuela en Montevideo en 1976 para detener a un militante de izquierdas que había solicitado asilo, lo que provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Pero aquellos sucesos del pasado relativamente lejano fueron ampliamente condenados en su momento, y con razón, como producto de regímenes autoritarios poco respetuosos con las convenciones internacionales.

La actitud internacional comparativamente relajada ante las violaciones de las embajadas por parte de Israel y Ecuador refleja, en mi opinión, una incapacidad para comprender la importancia de la erosión de la inmunidad y las normas diplomáticas.

A medida que aumentan los desafíos globales, las embajadas y sus representantes adquieren más importancia, no menos.

Si lo que se extrae de los dos últimos incidentes en embajadas es que la protección de los locales diplomáticos puede ser secundaria frente a lo que sea políticamente conveniente en un día determinado, entonces será muy perjudicial para la gestión de las relaciones internacionales. La diplomacia resultará mucho más difícil.

Y dada la enormidad de los retos a los que se enfrenta el mundo hoy en día, eso es lo último que necesita cualquier país.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de  Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

Columna de Opinión, News

INERCIA E IDEOLOGÍA. Humberto Julio Reyes

 

                                              INERCIA E IDEOLOGÍA

                                                                                     Humberto Julio Reyes

         Aunque a menudo la palabra inercia se usa en sus acepciones de rutina o desidia, ambas peyorativas, me parece que, para todo efecto práctico, es una fuerza neutra que, al igual que otras regidas por una ley física, no tiene carácter positivo ni negativo, tal como ocurre también con la inteligencia.

         Permítame estimado lector algunos ejemplos.

         Si yo considero que mi situación de salud, financiera y emocional es satisfactoria, ¿por qué querría cambiarla en cualquier sentido, salvo yo sea un inconformista?

         Sin embargo, aún en este último caso, resulta muy improbable que alguien quisiera moverse, es decir romper la inercia, para retroceder, salvo por ideología.

         ¿Se acuerdan de la política educacional definida comúnmente como “quitar los patines”?

         No pudiendo mejorar la educación de la mayoría, es decir romper la inercia de una educación de bajo estándar, la romperé haciendo retroceder a una minoría que mi ideología me hace ver como injustamente favorecida.

         Lo señalado podría usarse como modelo para explicar por qué aún no se mejoran las pensiones, por qué la salud pública sigue siendo ineficiente o la delincuencia sigue imparable haciéndonos retroceder en índices de seguridad.

         En el primero de los temas la inercia la define la insistencia en que el aumento de cotización por parte del empleador no vaya a las cuentas individuales y se destine un alto porcentaje de dicho eventual aumento a la solidaridad aun si con ello las pensiones siguen siendo bajas. También se descarta aumentar o nivelar la edad de jubilación a pesar del envejecimiento progresivo de la población. La inercia entonces se rompería, haciéndonos retroceder hacia un fracasado sistema de reparto, “no más AFP”.

         Pese a las cifras que indican que el aumento constante y significativo del presupuesto destinado a la salud pública no parecen incidir en una mejor calidad del servicio, se pretende, quebrando las Isapres, enviarnos a todos a Fonasa. No permitamos que otro segmento privilegiado pueda acceder a mejor salud.

         Volviendo a la educación “gratis y de calidad” que se nos ha asegurado, avanzado el mes de abril la llamada “tómbola” mantiene a niños y jóvenes sin poder matricularse, todo un récord Guiness pero faltaría aun otro empujón que acelere la desaparición de la educación municipalizada. Para qué hablar de la tozuda insistencia en condonar el CAE que sí beneficiaría a aquel sector que ya ha sido privilegiado en su acceso a la educación superior, en lugar de crear incentivos para pagarlo.

         Así, mientras las principales preocupaciones de la población no son resueltas ni muestran señales de salir de la inercia, en un campo habitualmente no muy prioritario para nuestros compatriotas, parece vivirse otro mundo, el de “Bilz y Pap”, donde también la ideología hace de las suyas, rompiendo una conveniente inercia o continuidad, pero en sentido negativo.

         Me refiero a las relaciones internacionales de Chile y a la anunciada próxima gira presidencial a Europa.

         Para “vestirla” y prepararla la prensa informa que el canciller tiene previstas reuniones en Alemania, Reino Unido y Grecia.

         Con el primero de estos países se trataría, entre otros temas, la situación de los conflictos bélicos que actualmente acaparan la atención mundial dadas sus imprevisibles consecuencias.

         Confieso que me causa viva preocupación lo que pueda declarar al respecto nuestro primer mandatario, dada su habitual locuacidad en temas “de Estado”.

         También me preocupa que se tratarán con Gran Bretaña proyectos de cooperación antártica y que nuestro canciller exprese que las relaciones están en un excelente nivel, como si negar el acceso a puertos chilenos a los buques ingleses que provengan de las islas Falkland no tuviera importancia alguna.

         Para finalizar quisiera plantear algo que me inquieta cada vez que se nombra en cargos diplomáticos de alta responsabilidad a personas que no lo son, como si ser experto en relaciones internacionales, en el mejor de los casos, bastara para calificar.

         Asumo que todo diplomático, a través de su práctica profesional, termina siendo un experto en relaciones internacionales y, principalmente, un agente que siempre prioriza el interés nacional. En cambio, un internacionalista, por reputado que sea, no es un diplomático y su campo habitual es el multilateralismo más propio de las organizaciones internacionales.

         ¿Y usted estimado lector, qué opina al respecto?

11 de abr. de 24

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional

Columna de Opinión, News

INDULTOS A MILITARES Y CARABINEROS. Francisco Javier Urbina.El Mercurio

 

                                                                                INDULTOS A MILITARES Y CARABINEROS

Francisco Javier Urbina

El Mercurio, Cartas al director, 04/04/2024

Señor Director:

En su columna del martes, Joaquín Fermandois propone una amnistía o indulto para funcionarios de las FF. AA. y Carabineros condenados por delitos relativos al uso de la fuerza durante el “estallido social”.

Tiene la razón. En muchos casos, se trata de personas a las que el Estado colocó en una situación imposible: les exigió reprimir desórdenes públicos, en un contexto excepcional para el que ninguna institución estaba preparada.

Y lo hizo, en muchos casos, sin capacitarlos debidamente ni entregarles el equipo adecuado.

Cuando ocurrió un error (esperable en esas circunstancias), se les hizo asumir personalmente el costo de esta falencia estatal.

Un caso especialmente dramático es el del conscripto Carlos Robledo, relatado por su madre en estas páginas, que con 18 años fue condenado a pena de cárcel. Ciertamente, un soldado conscripto, en unos pocos meses, no está entrenado para cumplir funciones de control de disturbios y menos para hacerlo con equipamiento militar.

Además de remediar una injusticia, el indulto o la amnistía permitirían dar una señal concreta de respaldo a la fuerza pública. Sin esto, no puede haber una agenda de seguridad creíble.

El uso de la fuerza, en cualquier nivel, exige respaldo político. Pero mientras persistan situaciones como las de Carlos Robledo, no será creíble ese respaldo.

El indulto debiera ser una condición política de cualquier acuerdo en esta materia.

La idea de usar el indulto para situaciones vinculadas al “estallido” no es novedosa. El Presidente Boric ya la usó, en relación con delitos de civiles.

En esa ocasión, justificó la decisión de indultar en que “vivimos un proceso que fue tremendamente complejo”, y en que los indultados “no son delincuentes”. Ambos argumentos se aplican con más fuerza al caso de Carlos Robledo.

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Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional

News, Seguridad y defensa

LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y DE LA CADENA DE MANDO MILITAR Y POLICIAL . Richard Kouyoumdjian I. El Líbero

                                                                                         LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y DE LA CADENA

                                                                                  DE MANDO MILITAR Y POLICIAL

Richard Kouyoumdjian I.

El Líbero, 10/04/2024

Los soldados Robledo y los comandantes Crespo de Chile demandan a sus máximas autoridades de gobierno y mandos institucionales respectivos asumir las responsabilidades que corresponden, y que no sean las manos de ellos las que se tienen que meter al fuego para sacar las castañas.

Les anticipo que esta no es una columna neutra y con el avanzar de los párrafos entenderán por qué digo eso.

En las últimas semanas se ha avanzado como nunca en la sensibilización de la opinión pública sobre la suerte que han corrido integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros producto de haber sido acusados por supuestos crímenes realizados por ellos como agentes del Estado durante los estados de emergencia o en el control del orden público del 2019 al 2021.

El caso del soldado conscripto Robledo, o bien el caso del comandante Crespo, el que está muy reflejado en el libro que el mismo publica bajo el título de “G3, Honor y Traición”, el cual fue motivo de un acalorado debate en el capítulo 13 de la temporada 4 de Sin Filtros, han puesto sobre la mesa lo solos que se sienten muchos de los que integran o integraron las instituciones de la defensa y las policías.

Sienten abandono y sienten rabia. Abandono por parte del Estado y las instituciones a las que pertenecieron, y rabia con quienes ahora están en el gobierno y en esa época lideraban los desórdenes públicos, mal llamados por algunos como el “estallido social”, y correctamente por otros, como un intento de derrocamiento de un gobierno legítimamente establecido.

El cómo llegamos a que los buenos estén en la cárcel o siendo procesados y los malos gozando de libertad y pensiones de gracia está ampliamente detallado en la columna “Jaque mate de la izquierda o autogol de la derecha.

La situación del soldado Robledo o del comandante Crespo no es muy distinta a la que viven quienes están presos por acciones realizadas durante el gobierno militar, con los cuales la izquierda no ha mostrado ninguna piedad a pesar de que no sólo no recibieron una correcta justicia, sino que además están bastante mayores y en muchos casos, con una salud resentida por el paso de los años.

Estamos en una situación crítica, ya que de producirse un levantamiento similar al de octubre de 2019, o un incremento de la actividad violenta del crimen organizado, Carabineros, la primera línea de defensa, como bien dice el comandante Crespo en su entrevista en el programa Sin Filtros, no se va a inmolar como lo hicieron en esa oportunidad a no ser que las cosas cambien, haya respaldo político y judicial a su actuar, y no vean en el Ministerio Público y en Tribunales a su peor enemigo.

Lo mismo aplica a las Fuerzas Armadas y representa a mi entender su sentir en esto.

Sin una disposición a actuar de las policías y las Fuerzas Armadas, cosa que se puede cambiar si reciben los respaldos legales necesarios, las cosas no se ven muy bien para Chile y los chilenos.

Estando lo anterior meridianamente claro, los uniformados tampoco van a actuar si es que no ven que sus mandos están dispuestos a asumir la responsabilidad por las acciones que les ordenan realizar, y estos a su vez, lo mismo respecto de las autoridades políticas que lideran el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio de Defensa Nacional, y el mismísimo Presidente de la República.

Esto es algo que aplica a la realidad actual como a las ocurridas en el pasado.

Las policías y las Fuerzas Armadas son buenos ejemplos de que el hilo se corta por lo más delgado. Los que están en la cárcel o siendo procesados son o eran oficiales subalternos, suboficiales, clases y gente de mar cuando ocurrieron las acciones por las cuales se les acusa o privó de libertad.

La excepción la constituye el caso de los generales Rozas y Yáñez, a quienes el Ministerio Público va a formalizar el 7 de mayo por su responsabilidad de mando durante los desórdenes públicos de fines del 2019 y comienzos del 2020.

En este caso, ellos cumplieron la orden del Presidente de la República de controlar el orden público, algo que hicieron, hicieron bien, y es la razón por la cual aún somos una democracia y no nos fuimos al desfiladero o terminamos como una colonia de Venezuela, ya que fueron los Carabineros los que se llevaron la peor parte y el esfuerzo mayor.

Los subalternos afectados quieren ver a sus oficiales generales saliéndolos a defender como en su minuto lo hizo el contraalmirante Parga con los infantes de marina acusados incorrectamente por matar a un insurgente mapuche en Cañete, o el ejemplo de otro almirante que asumió completamente la responsabilidad por lo que pudo haber ocurrido cuando se desempeñó como Jedena durante el estado de emergencia que se decretó en octubre de 2019.

No quieren que los dejen caer como muchas veces sucede en Carabineros, que a la primera los sacan y dejan en la más completa indefensión.

Si alguien no está en condiciones de hacerse responsable por las órdenes que da, entonces que no las dé, o bien da un paso al costado y deja que otro asuma el mando. Esto aplica desde el Presidente de la República y hacia abajo en toda la cadena de mando.

Sabemos que las Fuerzas Armadas y las policías han representado al Poder Ejecutivo la inconveniencia de las reglas de uso de la fuerza (RUF) que se quieren implementar, o bien lo poco efectivo que es el proyecto de infraestructura crítica cuando no hay amenazas a la infraestructura como tal, o bien de la necesidad de usar la justicia militar a todo evento en que un militar o un policía esté involucrado en cuanto esté cumpliendo con su consigna, o la inconveniencia de emplear fuerzas militares para el control del orden público o en acciones antidelincuencia.

Desconozco si han representado a las autoridades la necesidad imperiosa de que las defensas de los militares y policías sea asumida por sus instituciones, y no en forma particular, o con colectas realizadas por terceros.

Claudio Crespo lleva gastados $160 millones entre abogados y peritos, y de no ser por su suegra, estaría totalmente perdido. Otros deben su suerte a organizaciones nobles como son la Fundación Nos Importan.

Es muy posible que la situación de Chile requiera de posiciones más firmes por parte de los comandantes en jefe o los directores generales de las policías.

Es correcto que han representado al Poder Ejecutivo sus opiniones y puntos de vistas técnicos en las materias que nos preocupan, pero al final del día, las autoridades políticas hacen lo que quieren, dejándoles claro a las instituciones que son obedientes, jerarquizadas y no deliberantes, no dejando espacios para opiniones que, aunque muy bien fundamentadas, no calzan con lo que ellas desean y las responsabilidades que no quieren asumir.

Los soldados Robledo y los comandantes Crespo de Chile demandan a sus máximas autoridades de gobierno y mandos institucionales respectivos asumir las responsabilidades que corresponden, y que no sean las manos de ellos las que se tienen que meter al fuego para sacar las castañas.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Columna de Opinión, News

NADA HUELE BIEN. Magdalena Merbilháa. El Líbero

 

                                                            NADA HUELE BIEN

Magdalena Merbilháa

El Líbero, Columnas, 09/04/2024

Ya nadie está con Jadue, pareciera ser que la prudencia llama a abstenerse o bien ponerse en contra. Veremos qué sucederá, pero nada huele bien.

El anuncio de formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, de parte de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte ha revuelto las aguas política y ha hecho que las caretas caigan y se devele el doble estándar.

El blindaje de parte del partido a la figura, ha dejado en evidencia que las potenciales irregularidades sólo les importan dependiendo del color político.

Es bastante evidente, para ellos, su visión es la que debe imponerse, y el bien y el mal no lo juzgan de modo objetivo, sino que de modo instrumental a su causa.

El PC se ha dedicado a instalar desde una campaña comunicacional que el proceso no es más que una “persecución política”. De hecho han descartado suspender la militancia del investigado, ya que aseguran con certeza, que es inocente.

Esto ha llevado a “rasgar vestiduras” de otros partidos que sí han suspendido a sus militantes formalizados y voces del “Socialismo Democrático” aseguran que esto es parte de un “criterio” necesario.

Lo cierto es que “el río” de Recoleta hace mucho que suena. Es de popular conocimiento, que muchas veces “cuando el río suena es porque piedras trae”.

Las acusaciones contra el edil son por presuntos delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, asociadas a la compraventa de insumos por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades con las llamadas “Farmacias Populares”.

Esta causa se suma a los problemas con las inmobiliarias, las luminarias y otras tantas acusaciones, siempre desestimadas por quien parece cree estar más allá del bien y el mal.

De hecho, el involucrado habló de “prejuicio y politización excesiva” apuntando al mismo presidente del Consejo de Defensa del Estado y al mismo Presidente. Acusa de una “operación en su contra”. Dice que ha abierto todas sus cuentas, como si eso fuera garantía de algo, sin considerar que se puede pagar en efectivo o como plantea la acusación, en bienes.

Aunque no sea para “enriquecimiento personal”, obligar a pagos para el partido es inmoral y delito.

Es cierto que existe la presunción de inocencia y que nadie es culpable hasta que esto se demuestre. La formalización per se no implica culpabilidad. Por lo mismo, sus dichos frente a la investigación, deja evidencia que teme.

Probablemente está en una situación tan compleja que desde el PC para blindarlo deciden culpar a su propio sector, al Frente Amplio.

Antes todos estaban con Jadue, era común frente a otras sospechas ver el hashtag #todosomosjadue, hoy frente a acusaciones específicas frente a una larga investigación pareciera ser que todos están contra Jadue.

Pero la idea de la presunción de inocencia es algo que ahora, que tocan a sus filas, al PC parece preocuparle, antes no.

Siempre que se investigó a sus contendores políticos, su actitud fue la condena antes del juicio. Para ellos todo es relativo a la causa. Si piensan como ellos, son inocentes; si no piensan como ellos, son culpables.

Lo cierto es que para ellos toda potencial corrupción no está en sus filas, no puede estarlo.

Ellos instalan el “paraíso terrenal” sobre la tierra. De hecho Stalin intentó ocultar casos reales de asesinos en serie en la URSS, ya que en el “paraíso” no hay asesinos. Eso es algo propio de la “corrupción inherente del capitalismo”.

Siempre la culpable es “la derecha”, “el neoliberalismo” y “Pinochet” que fomentó el “sistema perverso”.

Esta lógica es exactamente la misma que opera en este caso. No importa la evidencia, a ellos eso nunca les ha importado. Simplemente en ellos no hay corrupción, porque son “éticamente superiores”.

Es una “ética” sin noción de Bien objetivo, ni Verdad absoluta, algo simplemente instrumental a la causa.

Es eso mismo lo que los lleva a instrumentalizar el concepto de “derechos humanos”, negando la realidad de ser en forma concreta y objetivamente “violadores sistemáticos” históricos a nivel mundial de los mismos, a ser como víctimas de violaciones en Chile, los garantes de ese concepto.

Ellos no erran y hacer “movidas” por el bien del partido es visto como un bien. Es instrumental a la causa. Ellos siempre pretenden fijar la verdad y visión de la historia, de ahí tanto afán por atacar “el negacionismo”.

Lo cierto es que objetivamente y teniendo en cuenta la evidencia y las “piedras del río” que pareciera ser que el alcalde de Recoleta está, como dicen en buen chileno “hasta las masas”.

Por lo mismo, en un acto de desesperación, cree que no hay mejor defensa que un buen ataque. Pero esa acción se ve burda y absurda.

Ya nadie está con Jadue, pareciera ser que la prudencia llama a abstenerse o bien ponerse en contra. Veremos qué sucederá, pero nada huele bien.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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LA ARREMETIDA INTERNACIONAL CONTRA EL ESTADO QUE SE ALISTA POR EL CASO POLVORÍN. Ex-Ante

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                                                                                                      ESTADO  QUE SE ALISTA POR EL CASO POLVORÍN

                       

Ex-Ante, 09/04/2024

Un grupo de 7 oficiales y suboficiales condenados por homicidios y apremios ilegítimos ocurridos en Temuco en 1973, alista una denuncia internacional. Argumentan que, al igual que en la autorización de videollamadas de los presos de la ex Cárcel de Alta Seguridad (CAS) —caso por el que se abrió en marzo un sumario administrativo en contra del juez Daniel Urrutia que las autorizó—, acá el ministro en visita Álvaro Mesa habría actuado más allá de sus atribuciones, lo que violaría el principio de pleno acceso a la justicia sancionatoria. La Corte Suprema ha rechazado sus recursos previos.

El 15 de septiembre de 2023, el ministro en visita Álvaro Mesa condenó a 23 militares en retiro y colaboradores del Ejército por su responsabilidad en 7 homicidios calificados y apremios ilegítimos perpetrados en contra de dirigentes y militantes comunistas y adherentes de la Unidad Popular en Temuco, en noviembre de 1973.

Los crímenes fueron falsamente difundidos entonces como un asalto al polvorín de la Isla Cautín del Regimiento Tucapel, en el que habrían participado un número indeterminado de extremistas, lo que resultó ser un montaje.

De los 23 condenados en el Caso Polvorín, 20 fueron sentenciados a presidio perpetuo, uno a 20 años, uno a 10 años y otro a 427 días.

El 9 de febrero de este año, el abogado Juan Carlos Manríquez —también abogado del exdirector de la PDI Sergio Muñoz y de la viuda de teniente (r) del ejército venezolano Ronald Ojeda— presentó un escrito en representación de 6 oficiales en retiro y un suboficial (r), quienes alegan inocencia.

En éste solicitó al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, activar el código iberoamericano de ética judicial, suscrito por el tribunal y recogido en un auto acordado, contra el ministro Mesa.

En el escrito acusó que se estaba incumpliendo “con el estándar mínimo de fundamentación que debe tener este tipo de sentencias”. El recurso fue declarado inadmisible el 26 de ese mes.

El 5 de marzo presentó un recurso de reposición, argumentando que “el ministro cita jurisprudencia internacional que no existe; (…) niega diligencias fundamentales de descargo sin mayor fundamento; (…) agrega piezas de otros procesos sin previo interrogatorio o contrastación (…) decide no investigar la veracidad de declaraciones prestadas ante notario o bajo juramento, cuando contrarían su tesis”.

El 18 de marzo, se declaró no ha lugar la reposición.

Con la vía interna agotada, es que los sentenciados preparan una ofensiva internacional contra el Estado de Chile, acusando que no se ha dado cabal acceso a la justicia en las instancias sancionatorias administrativas.

Se trata de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que busca abrir una causa en la Corte Interamericana.

El argumento de los militares condenados es que, al igual que en la autorización de videollamadas de los presos de la ex Cárcel de Alta Seguridad (CAS) —caso por el que se abrió en marzo un sumario administrativo en contra del juez Daniel Urrutia que las autorizó—, acá el ministro en visita habría actuado más allá de sus atribuciones, lo que violaría el principio de pleno acceso a la justicia.

Lo anterior, conforme a las normas de la CIDH sobre debido proceso sancionatorio administrativo.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

News, Seguridad y defensa

ASÍ SE TRAZARON LA CAÍDA Y CAPTURA DE “LOS TRINITARIOS” . Catalina Batarce. La Tercera

 

                                                                         ASÍ SE TRAZARON LA CAÍDA Y CAPTURA DE “LOS TRINITARIOS”

Catalina Batarce

La Tercera PM, 09/04/2024

Cuarenta integrantes de la banda nacida en Estados Unidos y compuesta por ciudadanos oriundos de República Dominicana fueron detenidos tras una solicitud de la Fiscalía Regional Occidente, en un megaoperativo que se planificó por semanas. Principalmente ligados al tráfico de drogas, los sujetos habían sido calificados como un riesgo para la seguridad de la población.

Cerca de 1.000 efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) desplegados, 128 domicilios allanados en 18 comunas, dos fiscales en terreno y dos retroexcavadoras andando.

Esas fueron parte de las características del megaoperativo desplegado la jornada del viernes 5 de abril por parte de la Fiscalía Regional Occidente y que terminó con la detención de 63 personas, 40 de ellas integrantes de la banda delictual “Los Trinitarios”, la cual surgió en una cárcel de Nueva York, Estado Unidos, y cuyos integrantes son en su mayoría de origen dominicano.

¿Pero cómo fue que se trazó dicha operación? Fueron meses de ardua preparación.

De acuerdo con personeros que conocieron sobre la planificación de las diligencias, existieron al menos seis reuniones entre los equipos investigativos de la Fiscalía encabezada por el fiscal regional Marcos Pastén.

En ellas, como pudo recabar La Tercera, participaron los equipos operativos de la PDI y también representantes de la Unidad de Estudios Occidente, pues todo debía marchar conforme a lo estipulado.

De hecho, solo horas antes de que se iniciara la operación, durante la tarde del jueves 4 de abril, tuvo lugar la última cita de coordinación, por lo que se convocó a los casi mil detectives que entrarían en acción a las dependencias del Ministerio Público.

En dicho encuentro se revisó paso a paso el plan de acción, poniendo énfasis en cómo se realizaría el acceso a la toma “Nuevo Amanecer”, en la comuna de Cerrillos.

Ahí, quienes lideraban la puesta en escena expusieron con mapas y puntos georreferenciados, detallando cómo debían moverse los efectivos policiales.

Llegada la hora estipulada para materializar la estrategia, se instaló un puesto de mando en dependencias de la PDI, desde donde el fiscal nacional, Ángel Valencia; el fiscal regional, Marcos Pastén, y autoridades de la policía de civil liderada por Eduardo Cerna monitorearon todo.

En 45 minutos, de acuerdo con fuentes ligadas al caso, los oficiales lograron asegurar el principal sitio donde se ejecutó la operación y concretó la anhelada detención de la banda criminal ligada a delitos de lavado de activos, asociación ilícita, tráfico de drogas y otros ilícitos vinculados con Ley de Control de Armas.

Todo era parte de una gran planificación, pues justamente durante la tarde de ese viernes 5 de abril el cabecilla de “Los Trinitarios” en Chile viajaría nuevamente a territorio nacional.

Por lo mismo, mientras se desarrollaba el operativo, representantes de la Fiscalía seguían el trayecto que el sujeto identificado como Luis Ariel González Pérez realizaría.

Sabían que durante la mañana abordaría un vuelo desde República Dominicana hasta el aeropuerto de Panamá, y que desde ahí, a las 15:33 horas, tomaría el segundo avión que lo traería hasta Santiago. Por lo mismo, a eso de las 23:00 horas ya estaba todo dispuesto en el aeropuerto Arturo Merino Benítez para aprehenderlo y encausarlo.

¿Cómo se instaló la banda en Chile? De acuerdo con antecedentes de la indagación, fue en enero de 2023 que surgieron los primeros indicios respecto de que “Los Trinitarios” estaban operando en nuestro país.

En esa época se tomó conocimiento de un homicidio que presuntamente cometió el máximo líder de la facción de la banda que opera en Chile: Onnis Moreno Consoro.

Desde ahí, constatando que el sujeto se había dado a la fuga y que había vuelto a residir a Estados Unidos, se comenzó a indagar de quiénes se trataba, cómo operaban y qué clase de redes habían trazado en territorio nacional.

Se identificó, en primer punto, que Onnis Moreno se había concertado con Luis González Pérez, con el hermano de este y su sobrino, para instalar una “sucursal” de la organización en la Región Metropolitana.

Pero su asentamiento en Cerrillos es anterior. Mediante los análisis realizados por los investigadores, se pudo establecer que fue durante la pandemia que los primeros integrantes del clan se instalaron en dicha comuna, copando territorialmente la toma “Nuevo Amanecer”.

Los líderes de la organización prácticamente se “apropiaron” de la zona, y a través de un testaferro oriundo de Perú, empezaron a lucrar de los espacios.

Y es que como relata un conocedor de esta estructura criminal, antes de que esta toma se convirtiera en lo que es hoy, ellos “lotearon” la zona. De esta forma, arrendaban terrenos por alrededor de $500 mil pesos.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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