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Las opiniones vertidas en esta columna son de responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de UNOFAR
La verdad es que a la mayor parte de las personas con cierto grado de cultura les es incómodo ver que la dignidad de una autoridad se desviste a sí misma con el uso de recursos que rayan en la vulgaridad, donde a través de gestos ajenos a la persona se busca concitar la simpatía de una masa que rechaza lo antinatural.

La palabra “autoridad” proviene del latín auctoritas que en esencia se refiere al poder de que disponen algunos ciudadanos para exigir a los otros el respeto a las conductas consideradas correctas por la sociedad organizada. Esto que parece tan fácil, conlleva sin embargo una serie de elementos que le dan estructura y sustento, entre los cuales cabe señalar la propia obligación de las autoridades de observar las formas y protocolos arraigados en el alma nacional del pueblo que gobiernan.
Es así que cuando hablamos de una autoridad, estamos pensando en un ciudadano que por el tiempo que dure su mandato estará encargado de dirigir los destinos del país, de su región, provincia o comuna y a su vez de respetar la Constitución y las Leyes que conforman ?en lo grueso? las conductas fundamentales consideradas como positivas por la sociedad en su conjunto.

Si bien dichos cuerpos fundamentales no lo consideran, hay un componente esencial que se agrega a ellos, dado por el respeto a las tradiciones de la República, lo que a veces es dejado de lado por la pasión en el ejercicio del cargo, cuando se abandona la mesura y la prudencia que debe caracterizar a quien ejerce la autoridad. En tal sentido, es posible observar en forma cada vez más frecuente que los recursos faranduleros ejercidos a discreción durante las campañas políticas, terminan siendo incorporados como distintivos de carácter de los ex – candidatos y destacados como atributos de sencillez y naturalidad.
La verdad es que a la mayor parte de las personas con cierto grado de cultura les es incómodo ver que la dignidad de una autoridad se desviste a sí misma con el uso de recursos que rayan en la vulgaridad, donde a través de gestos ajenos a la persona se busca concitar la simpatía de una masa que rechaza lo antinatural.
El argumento de que “los chilenos debemos dejar de ser fomes” no vale cuando se ha dejado de ser un ciudadano común para recibir la potestad de un cargo que junto con otorgarle derechos le impone deberes irrenunciables. Una autoridad no necesita ser “simpática” ni requiere parecerlo. Lo que de ella se espera es que sea y parezca “autoridad”, cualquiera sea el nivel del cargo en que se desempeñe.
El respeto al protocolo diferencia los pueblos educados y cultos de aquellos primitivos e incultos. Es éste el medio que ordena las conductas que la tradición nacional ha seleccionado como las correctas para desarrollar determinadas actividades formales, llamadas por esa misma razón “protocolares”. Es por tanto el ceremonial establecido un sistema de procedimientos superior a quien ejerce la autoridad temporal, puesto que ha sido legado por la tradición y es su obligación entregarlo incólume a sus sucesores. No es propio de los cambios naturales en los estilos de conducción que diferencian a un gobierno de otro, el tener que cambiar el ceremonial y la tradición republicana.
Sabido es para quienes vivieron la época de la Unidad Popular, la degradación producida en el concepto de autoridad conseguido por los “compañeros intendentes” o “compañeros gobernadores” que llegaban a las ceremonias sin corbata o fuera de horario, demostrando su irrespeto por las formas, talvez para dar una señal de igualdad “hacia las clases trabajadoras”. ?entre otros? señalaban satisfacer la necesidad de gobernabilidad expresada a través del ejercicio de la autoridad y que el servicio de post venta es clave, puesto que de otra forma los clientes buscarán satisfacer en la competencia su necesidad insatisfecha. En esta suerte de mercado electoral, la fidelización no se logra solo con realizaciones materiales o nuevas leyes, si no también mediante el estímulo de los satisfactores que el cliente ansía. Uno de ellos, es que el producto no solo sea lo que decía ser, si no que también lo parezca. Así, pueden estar seguros que los electores esperan que como autoridades se diferencien del ciudadano común y ejerzan sin temor ni vergüenza el poder que les ha sido otorgado, pero a su vez que respeten las tradiciones y el ceremonial legado por la historia, sin permitir que sea banalizado por modas o por el simple capricho de hacer cambios sin razón justificada.
Sin embargo, es necesario reconocer que durante los veinte años de gobierno de sus herederos históricos, la tradición y el protocolo fueron mayormente respetados, con la excepción del vergonzoso episodio del trotecito con el que la primera autoridad de Chile acudió al llamado imperioso del tirano caribeño, dejando botada una ceremonia oficial en honor a nuestro país. Con esta lamentable excepción, el resto mostró un respeto acorde a la dignidad de los cargos que ejercieron, indicando que al parecer su periplo por el mundo durante los años del exilio les enseñó más que los mil días de Allende, respecto de la necesidad de mantener las tradiciones y las costumbres nacionales.
El problema en cuestión se hace presente al aparecer nuevas autoridades que parecieran no sentirse cómodas siéndolo, tratando de mostrar de todas formas que son simples ciudadanos y que no gustan de ejercer el poder político que les ha llegado de pronto. Gran equivocación de conducta y seguramente en la mayoría de los casos, de apreciación de lo que significa ser autoridad. A ellos habría que decir que la autoridad que ejercen les ha llegado por delegación de un pueblo al que ofrecieron sus servicios políticos para dirigirlo durante cuatro años, lo que fue aceptado y ratificado a través de las urnas y que su obligación presente es ejercer dicha autoridad y cumplir con lo ordenado por la nación chilena.
Tratándose en este particular caso de profesionales y técnicos ligados principalmente a la empresa privada, talvez sea conveniente decirles que el “mercado electoral” decidió comprar el producto ofrecido, cuyos atributos
Pueden estar seguros que sus electores y los chilenos del futuro se lo agradecerán.
18 de Septiembre de 2010
Patricio Quilhot Palma

Las opiniones vertidas en esta columna son de responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de UNOFAR
Para quienes sufren el efecto de esta asimetría judicial, lo anterior no es más que otra farsa de una izquierda que se aprovechó del poder ejercido casi sin oposición durante veinte años para llevar a cabo su venganza en contra de quienes impidieron la concreción de su sueño revolucionario de los años 70.

Durante los últimos años Chile y el mundo han sido testigos de una persecución implacable en contra de los militares en retiro, promovida por la izquierda política y ejecutada por un sector del Poder Judicial, abiertamente proclive a sus ideas. Junto con la ficción jurídica del “secuestro permanente”, uno de los delitos más denunciados corresponde al de “asociación ilícita”, habiéndose llegado incluso a calificar como tal a la simple pertenencia a un organismo público, creado por Ley de la República, con planta establecida y al cual los miembros de las FF.AA. eran destinados sin que se les preguntara su opinión. ?con un poco de empeño? acusados de delitos de “lesa humanidad”.
Al reconocer los tribunales la existencia del delito por la sola causa señalada, lo que es ratificado por la Corte Suprema de Justicia cuando califica a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) como una gran “asociación ilícita”, se está cometiendo un abuso jurídico de dimensiones incalificables, atribuyendo el carácter de delincuente a todo aquel que integró este organismo público, sin consideración al rol que hubiese desempeñado, ya que la obligatoriedad de su destinación y su ratificación por la Contraloría General de la República ni siquiera concitó el menor interés de parte los magistrados.
Para la izquierda política y algunos ingenuos infaltables, la calificación del delito está muy clara y todos quienes integraron las filas de la DINA deben ser tratados como delincuentes, encasillados como violadores de los derechos humanos y
Para quienes sufren el efecto de esta asimetría judicial, lo anterior no es más que otra farsa de una izquierda que se aprovechó del poder ejercido casi sin oposición durante veinte años para llevar a cabo su venganza en contra de quienes impidieron la concreción de su sueño revolucionario de los años 70.
La discusión casi no existe al respecto, por cuanto quien se atreve a alzar la voz en defensa de los militares es denostado públicamente, no solo por los más fieros representantes de la izquierda, si no que también por aquellos inconsecuentes que tratan de congraciarse con ella para cosechar algún mezquino aplauso, soñando con alcanzar su simpatía y en una de esas, incluso conseguir su apoyo.
Hoy sin embargo, a partir de las declaraciones de uno de los asesinos del Senador Jaime Guzmán Errázuriz, nos encontramos ante la inédita situación en que los mismos que instauraron, fomentaron o permitieron la implantación de todo tipo de artimañas jurídicas para encarcelar a los militares, comenzando por la no aplicación de la Ley de Amnistía y de la Prescripción, se encuentran siendo desenmascarados por haber encubierto y quizás promovido el mayor crimen político habido en la historia patria, desde el asesinato de Portales, en el Siglo XIX.
Como parte de esta sorprendente noticia, denunciada sin éxito en su momento por un honesto y hoy exonerado policía, queda en evidencia que las autoridades de la época fueron informadas oportunamente de los planes terroristas y una vez concretado el crimen, supieron exactamente quienes y por qué lo habían cometido. Esto, hasta ahora, sin descartar que se pueda llegar a saber si les cupo participación en la selección del blanco a ejecutar. Total, la lucha armada había sido aprobada, armada y dirigida por quienes hoy son sus socios políticos, mientras la eliminación del Senador Guzmán sacó convenientemente de circulación a un opositor temible por su inteligencia, oratoria y por sobre todo, por poseer una visión ideológica única y de una proyección incalculable. La fuerza ideológica creada por Jaime Guzmán representaba en ese entonces la luz que hoy se echa de menos en una derecha que fue capaz de llegar a disputar al apoyo popular en las propias poblaciones donde el comunismo reinaba sin discusión. ?mejor aún? de declarada antipatía por la izquierda y que se sirvan del sistema procesal penal antiguo, ese que permite que a los militares les investigue, acuse y condene una sola persona y donde la presunción de inocencia no existe y el acusado debe realizar infructuosos esfuerzos para demostrarla.
Al conocerse las declaraciones de Hernández Norambuena, es posible comprender las intrigas vividas por el gobierno de la época, donde interactuaron muchas más fuerzas que las que se conocieron en forma pública y que buscaban consolidar el poder apenas alcanzado en las urnas. Así, es posible visualizar desde el grave debilitamiento de la justicia a través de las Leyes Cumplido, hasta la manipulación de los movimientos subversivos bajo la falsa imagen de buscar su neutralización.
Tan inmoral fue esta tarea que se llegó a permitir el sacrificio de informantes, al liberarlos de la prisión para dejarlos indefensos frente a la venganza de sus socios criminales. En ese marco, la designación de un mirista a cargo del organismo superior de inteligencia, conocido como “la Oficina” y la integración a éste de delincuentes subversivos con amplia formación criminal lograda en Cuba y Nicaragua, demuestra que las autoridades de la época no son inocentes y que lo ocurrido debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias. Eso sí, sin que aparezcan “salvavidas” como aquel que rescató en el último momento a uno que hoy está muy callado al respecto, mientras dicta charlas al mundo sobre su gran experiencia y liderazgo.
Para que a las autoridades de aquellos años se le de un trato justo, necesariamente se debieran aplicar para ellos los mismos criterios en uso en contra de los militares. Para tal efecto, la investigación judicial debiera ser llevada bajo los mismos principios y con el mismo sistema de justicia aplicado para los uniformados, designándose jueces especiales, de reconocida simpatía por la derecha o
Obviamente, aquí no puede haber ni prescripción ni amnistía y los delitos que se comprueben deben ser considerados de “lesa humanidad”, puesto que se trató de un asesinato cometido por motivaciones evidentemente políticas y con el propósito de imponerse por la fuerza del amedrentamiento sobre un sector de la población que profesaba una ideología distinta de los que detentaban el poder.
De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española (RAE), la palabra “concertación” corresponde a la “acción de concertar, pactar o tratar un negocio o asunto”, es decir, materializa o concreta una asociación para fines determinados. Siendo el delito de “asociación ilícita” aquel en el que más de tres personas se asocian o conciertan para cometer otro delito, podemos entonces considerar que estamos frente a un claro caso criminal y que el gobierno de la época constituyó una “concertación ilícita” que merece el repudio público y el encauzamiento de sus dirigentes y responsables. Eso sí que ojala en esta oportunidad no terminen en la cárcel solo funcionarios de tercer o cuarto rango y algunos detectives de la PDI, mientras quienes se utilizaron políticamente de ellos siguen libres y formulando pomposos discursos en foros nacionales e internacionales, donde se lamentan de los “errores” o “excesos” cometidos por sus subordinados.
4 de Septiembre de 2010
Patricio Quilhot Palma
Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
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