Carta al Director: Asalto al Palacio de Invierno

Viña del Mar, 4 de octubre de 2020.

Señor Director:

Comentando lo manifestado por Agustín Squella —hay que preocuparse más del millón doscientos mil chilenos presentes en la marcha de octubre 2019 y no de cincuenta vándalos— el destacado columnista Andrés Montero Jaramillo dijo: “Los vándalos fueron miles en todo Chile, estaban organizados y el daño que le hicieron a Chile y a los chilenos fue terrible. No es descartable que vuelvan a la carga y para eso hay que tener un plan preciso de acción, de lo contrario es posible que bajen por Alameda y se instalen en La Moneda”.

            No es por ser catastrofista, pero estas crudas palabras de Andrés Montero describen una posibilidad que debe ser tomada en serio.

En cualquier momento podrían reanudarse los actos de violencia y de destrucción vandálica iniciados con el estallido terrorista del 18 de octubre, impulsados por los promotores de la subversión y de la insurrección revolucionaria en curso, quienes se sienten libres y envalentonados para cometer tales actos porque no encuentran resistencia alguna, ni moral —ya no han sido condenados categóricamente; por el contrario, hay quienes los legitiman— ni física, puesto que no ha habido Fuerzas de Orden ni FF.AA. que se les opongan eficazmente. Esto último porque tales Fuerzas están sometidas a unas Reglas de Uso de la Fuerza tan extremada e imprudentemente restrictivas que, prácticamente, le impiden a los miembros de tales instituciones utilizar armas letales, dejándolos  sin capacidad disuasiva o represiva —ni siquiera serían capaces de evitar que turbas descontroladas destruyeran las mesas (urnas y libros de registro) e, incluso, incendiaran los locales de votación durante el próximo acto plebiscitario—, dejando a Chile indefenso y condenado a caer en manos de quienes están promoviendo la anarquía, el caos, la disolución social y la insurrección revolucionaria a fin de derrocar al gobierno legalmente constituido, hacerse con el poder total e instaurar una tiranía totalitaria que ahogaría la vida, la libertad, la propiedad y los demás derechos humanos de los ciudadanos. En un eventual asalto decisivo al “palacio de invierno” los revolucionarios usarían todo su potencial, incluidas las armas que tienen guardadas “por si las moscas”.

El Estado no solo tiene el derecho, sino que el deber de defenderse, con todos los medios a su alcance, aunque para ello sea preciso adoptar medidas extremas. Los gobernantes, por deber de autoridad, están obligados en justicia a aplicar la violencia física legítima del Estado para reprimir a quienes subvierten el orden social; los que no están dispuestos al diálogo o a escuchan razones, que no desisten en su empeño por llamados al orden y no son disuadidos por amenazas de “querellas contra quienes resulten responsables”.

Salus populi suprema lex est (la salvación del pueblo es ley suprema) era el primer principio del Derecho Público Romano. La historia solo condena a los pueblos que renuncian a defenderse.

                                  Atentamente le saluda.

Adolfo Paúl Latorre

Abogado