Categoría: Columna de Opinión

La democracia moderna es un intento por racionalizar la vida política y la competencia por el poder. Como tal, responde a la idea de que existe un conjunto de condiciones institucionales bajo las cuales el uso de la fuerza no resulta un medio aceptable para la consecución de los fines políticos.

Las narraciones filosóficas, tan importantes para el alumbramiento de la democracia moderna, acerca del tránsito desde un hipotético “estado de naturaleza” al “estado civil” son un ejemplo del esfuerzo encaminado a dilucidar ese conjunto de condiciones. En todas ellas, el propósito es distinguir entre uso legal o legítimo de la fuerza y la violencia.

En este sentido, la democracia se inscribe en una tradición filosófica e intelectual que defiende que la fuerza legal y la violencia son sustancialmente distintos, y que la vida social solo es justa y posible sobre la base de esa distinción.

La razón de esto estriba en la capacidad de la democracia representativa para recoger y reflejar, del modo más completo posible, las condiciones que pueden exigirse para la legitimidad de un gobierno en general: acceso al poder mediante la persuasión, preservación de la libertad política mediante la separación de poderes, reconocimiento de la igual libertad de todos los ciudadanos, reconocimiento de su derecho a participar en los asuntos públicos, etcétera.

Dado que contiene y refleja las condiciones de la legitimidad en general, la democracia constituye la medida para el enjuiciamiento de los eventos políticos. Los sucesos de octubre de 2019 no son una excepción. ¿Qué puede decirse acerca de los mismos?

En realidad, nada que no pudiera decirse ya el día en que comenzaron: en democracia no existe derecho a desobedecer o resistir a la autoridad; el derecho de reunión y la libertad de expresión no pueden ser ejercidos en desmedro de otras personas (por ejemplo, de los que sí quieren asistir a clases o transitar en paz por la ciudad) o de modos que supongan la destrucción de la propiedad pública o privada; que la responsabilidad de defender y preservar las instituciones democráticas recae sobre todos los ciudadanos por igual, y no únicamente sobre los que están en el gobierno.

En suma, no existe un derecho a impulsar proyectos políticos por fuera o, incluso, en contra de las instituciones democráticas. No porque dichas instituciones sean perfectas, sino porque son las únicas que, pese a sus imperfecciones, contemplan mecanismos de autocorrección institucional, concordantes con la libertad política y el respeto de los derechos individuales.

La negación de lo anterior es el “octubrismo”. Es decir, la creencia de que existe un derecho a imponer un proyecto político progresista por fuera o, incluso, en contra de las instituciones democráticas. Y eso incluye tanto a aquellos que creen que ese presunto derecho autoriza a desestabilizar directamente la democracia, como a aquellos que simplemente se aprovechan de la violencia que otros provocan. Ambos casos revelan, como es obvio, una falta de lealtad para con la institucionalidad democrática.

Pero debe decirse algo más, sobre todo por lo que toca a la concepción subyacente del octubrismo, que es la que en último término lo explica: la idea de que el uso de la violencia es legítimo para resarcir injusticias históricas profundas y atroces, que la vigencia de la democracia representativa —con igualdad formal— dejaría supuestamente impunes. Más precisamente, el octubrismo es una de las tantas versiones del mito de que resulta imperioso hacer una revolución capaz de reparar el curso de toda la historia nacional. Tanto las pretensiones refundacionales como el adanismo de la izquierda octubrista —en las que se regodearon, por ejemplo, algunos de los proyectos de preámbulo de la Convención— se explican por esta concepción de la historia.

¿Ha muerto el octubrismo? Es difícil que los mitos mueran. Para que ello ocurra debe romperse su hechizo. El fracaso sufrido por el octubrismo en el rechazo de la propuesta de la Convención es un duro golpe a la eficacia de ese hechizo, pues destruye la idea de que el pueblo, pese a los permanentes sabotajes de la oligarquía, siempre había querido y había permanecido fiel al proyecto político revolucionario.

Después de 2022, la pretensión de esa izquierda de representar la auténtica voluntad democrática del pueblo ha quedado desmentida. La derrota del octubrismo es la victoria de la democracia liberal y representativa, es decir, de la única forma verdadera y funcional de democracia.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Gonzalo Rojas Sánchez – El Mercurio, Columnistas, 16/10/2024

Los chilenos somos duros de mollera y, además, tenemos mala memoria histórica: hemos hecho tantas leseras que probablemente no queremos ni acordarnos de buena parte de ellas.

Pero, por todo lo que dicen las encuestas y las entrevistas, parece que el efecto del 18 de octubre sobre las neuronas y sobre los recuerdos no ha sido menor.

En efecto, la insurrección violenta está muy presente; todavía late en nuestros espíritus su siniestro tamtam, aunque hayan pasado ya cinco años de ese devastador big bang.

¿Qué lecciones o conclusiones pueden sacarse, con la perspectiva del lustro transcurrido?

Se leen decenas de análisis, y no es sorpresivo que así sea: desde octubre de 2019 a marzo de 2020 Chile fue un laboratorio público, y el experimento ha arrojado resultados que son casi ciencia exacta. Veamos entonces algunos, solo en el plano de la violencia, partiendo de lo más abstracto a lo más terriblemente sangriento.

En primer lugar, hay que situar esa violencia en su contexto teórico. Alguna fue de matriz anarquista, otra de inspiración trotskista o leninista, pero que las tesis de Laclau y Mouffe operaron también desde su aparente moderación, no cabe ninguna duda.

¿Cuántos fueron los profesionales jóvenes, los universitarios e incluso los secundarios que, embriagados de deseos por llenar con sus agravios el famoso “significante vacío”, se lanzaron a las calles, en unos u otros momentos, para demoler al “neoliberalismo opresor”? Yo al menos me acuerdo de uno, bien simbólico: Gabriel Boric. Y con él, miles y miles.

Primera lección: vamos a tomarnos en serio a Laclau y Mouffe.

Una segunda consideración resulta casi ofensiva para los mayores de 60, pero la maravilla del drama humano es que las generaciones se renuevan a una velocidad tan grande que hay que explicar una y otra vez lo mismo, pero a gentes diversas.

Y esa repetición consiste en hacer presente algo sencillo y terrible: una buena parte de las izquierdas está siempre dispuesta a usar la violencia física, sin límites.

Ni la ética —el bien de cada persona— ni la política —el bien común— fueron obstáculos para que, en esos meses terribles de hace cinco años, el objetivo de aquellas izquierdas solo pueda ser descrito con sustantivos indeseables: destrucción, destitución, aniquilación, muerte.

Para eso, como en 1946, y en 1949 y en 1957, esas izquierdas articularon la más eficaz combinación de liderazgo intelectual con lumpen de primera línea. Y esta vez, además, contaron con el apoyo del internacionalismo proletario, bajo la forma de la solidaridad bolivariana.

Y no puede quedar fuera de nuestra consideración una tercera conclusión, quizás la más novedosa: la evidencia de que, por la vía del hecho noticioso grotesco, una minoría violentista empujó a profesionales de la comunicación a rendirse, cautivados ante la noticia extraordinaria.

Y fueron precisamente esos comunicadores quienes mediaron entre la violencia y la protesta, conduciendo irresponsablemente a enormes multitudes hacia la inicial aceptación del “quemémoslo todo”. Y el fuego era real.

Fue, en efecto, el mundo al revés: una violencia detestable se convirtió en noticia elogiable y pasó, por efecto de la difusión reiterada, a ser marea multitudinaria, al menos por unos días. Hubo, por lo tanto, mucha violencia discursiva en los matinales y en los noticiarios, en radios y en redes manejadas por profesionales de la información, quienes, por semanas, fueron activistas de la subversión.

No son tres violencias distintas. Son solo tres matices de una misma perversión, tres dimensiones de un mismo propósito: había que destruir la democracia. Y estuvieron muy cerca.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Decidí comenzar mi exposición leyendo estos pensamientos sobre la verdad, porque la verdad es uno de los valores más importantes de la convivencia humana y porque es la idea central del libro que estamos presentando.
En efecto, el objetivo de mi obra es el de contribuir al rescate de la verdad histórica y está especialmente dirigida a los jóvenes, que deben conocer la historia.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

                                                                                   CONCEPCIÓN    DEL DERECHO

Carlos Peña – El Mercurio, Columnistas, 15/10/2024

El debate acerca de la conducta de los jueces permite volver sobre aspectos fundamentales del Derecho y de las instituciones. Por supuesto la conducta de los jueces puede ser referida a acciones particulares suyas relativas a sus deberes, o, en cambio, a la manera en que conciben su quehacer.

Juzgar una conducta particular de los jueces a fin de decidir si abandonaron o no sus deberes es lo que por estos días examinará el Senado. Analizar y someter a crítica la forma en que los jueces conciben su quehacer, es la tarea que cabe realizar en la esfera pública.

Desde luego, llevar a cabo esto último no es fácil, ni es cómodo; pero es de la máxima importancia pública y los jueces no deben sentirse ofendidos por ello. Someterse a la crítica —decía un gran jurista— es la servidumbre a que obliga la grandeza que se pretende.

El Derecho es un sistema de reglas adoptadas por la comunidad a las que subyacen determinadas razones que, en la medida que han sido fruto de la deliberación democrática, deben ser llamadas razones públicas. Los jueces son quienes están llamados a aplicar esas reglas o, como suele decirse, a administrar justicia.

Pero administrar justicia no quiere decir adoptar una decisión conforme a lo que al juzgador le parece justo, sino que significa decidir en base a las reglas dotadas de autoridad y a las razones que le subyacen. Los jueces no tienen línea directa con la justicia, solo se trata de personas que por su ilustración administran un sistema de reglas.

Por supuesto, en la medida que las reglas están expresadas en un lenguaje natural, no formalizado, suelen poseer ambigüedades e indeterminaciones que favorecen su interpretación. Pero ello no conduce, o no debe conducir, a creer que los jueces están en tal caso y sin más autorizados a decidir conforme a su particular sentido de justicia.

Si así fuera, los jueces carecerían de todo control y cada uno de ellos realizaría lo que Max Weber llama “la justicia del Cadí”. Existe una amplia masa de literatura (lo que los juristas llaman doctrina) y una práctica previa a la que los jueces deben atender a la hora de interpretar. Por eso los jueces han de ser personas ilustradas, conocedoras de esa literatura y de esas prácticas.

Esa concepción del Derecho en una sociedad democrática —una sociedad gobernada por reglas que son fruto de la deliberación común— es la que se pone en peligro cuando los jueces mal entienden su quehacer y piensan, en cambio, que su tarea consiste en hacer justicia material en cada caso.

Esa concepción particularista de la justicia es lo que la tradición llama equidad, y más tarde epiqueya, y que (es cosa de leer a Aristóteles o Santo Tomás y de ahí hasta la literatura contemporánea sin excepciones) se admite solo en casos excepcionalísimos donde hay vacíos o resultados que el Derecho, concebido globalmente, rechazaría.

Por supuesto esa concepción particularista nunca se expone tal cual, sino que se la realiza esgrimiendo valores generales —la justicia, la persona— recurriendo a los cuales se acaba abandonando a las reglas.

Un ejemplo de ello lo constituyen las recientes declaraciones del juez Sergio Muñoz, quien ha confesado la forma en que concibe su quehacer: “Me siento —ha dicho— una persona que con las herramientas que se le entregan trata de administrar justicia y siempre considerando en el centro de las preocupaciones a las personas”.

Pero ocurre que cuando se pone en el centro de la consideración a las personas (ni siquiera a la persona como valor, sino a las personas que comparecen ante la justicia) se arriesga incurrir en lo que la literatura desde muy temprano rechaza. A eso se lo llama acepción de personas y es una forma de injusticia, un abandono de las reglas y de la imparcialidad.

Tomar en cuenta las características o situaciones de las personas a la hora de decidir, es abandonar las reglas, que lo que procuran es justamente lo opuesto: estandarizar las situaciones en base a características generales, única forma de alcanzar la imparcialidad y la igualdad entre quienes comparecen ante la justicia.

Las reglas no son herramientas que se entregan a los jueces, son razones finales para decidir, y el rol de juez es una profesión que ha de ejecutarse esforzándose por prescindir de la propia subjetividad, única forma de que la comunidad cuente con reglas comunes a las que atenerse, ejercer el control público de los funcionarios y por referencia a las cuales sea posible juzgar la conducta propia y la de los otros.

En estos días no se juzgará la manera en que los jueces conciben su quehacer, sino si acaso han incumplido o no sus deberes, lo que incluye discutir si se les exigirá el comportamiento de un hijo de vecino o alguno siquiera un poco más alto.

Pero fuere cual fuere el resultado de lo que el Senado discierna, ello no debiera conducir a abandonar el debate acerca de cómo se concibe el Derecho en Chile.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Cristián Labbé Galilea

Poco se ha dicho, y para los ilustrados de siempre (políticos, académicos, dirigentes empresariales, opinólogos, etc.) ya no es tema que el Gobierno haya montado una exposición, en la que se hace un elogioso panegírico de la vida revolucionaria de Miguel Enríquez y del MIR, que además contó con la presencia del Presidente de la República. De verdad increíble… Increíble porque, como dice el refrán, “es necio quien cree que el enemigo está dormido”.

Esta acción del Mandatario es una prueba irrefutable de su ADN que hoy fingidamente quiere ocultar. Imposible no recordar la obra “Tartufo”, de Moliere que desenmascara el papel hipócrita de personajes -especialmente políticos-, los cuales no son más que saqueadores, que sólo pretenden el poder y hacer de éste su botín (Cualquier similitud…).

Esta pluma recuerda a sus jóvenes contertulios que el MIR se fundó en los años 60 aprobando el uso de la violencia política, rechazando la vía pacífica, y reafirmando que el único camino para derrocar el régimen democrático y “burgués” existente (E. Frei M.) era la insurrección popular armada.

Aquí una pequeña muestra de lo que esta frágil memoria recuerda de algunos casos de violencia perpetrada por la izquierda radical y revolucionaria antes del 73.

• El 6 de junio de 1969, militantes del MIR secuestraron en Concepción al periodista Hernán Osses.
• 29 de noviembre de 1970, campesinos del MIR se toman el fundo “La Tregua” de Panguipulli.
• 11 de agosto de 1970, Militantes del MIR asesinan al cabo de Carabineros Luis Fuentes.
• 21 de septiembre de 1970, un comando mirista asesina al cabo de Carabineros Armando Cofré López.
• 24 de mayo de 1971, al asaltar un supermercado en Santiago se da muerte al Cabo de Carabineros Tomás Gutiérrez Urrutia.
• 8 de junio de 1971, se asesinó al exministro del Interior Edmundo Pérez Zujovic.
• 30 de agosto de 1972, asesinan al Cabo Exequiel Aroca Cuevas.
• 29 de agosto de 1973, asesinan al Subteniente de Ejército Héctor Lacrampette.
• Ese mismo mes los campesinos José Toribio Núñez Fuentes y Celso Fuentes Aliste mueren en Curicó, en el atentado perpetrado por MIR que voló el oleoducto Concepción – Santiago.

He aquí parte de la violencia que cohonestó y respaldó el Presidente con su visita a la exposición sobre el MIR, justo cuando el país recuerda con horror los días del octubrismo de 2019. El mandatario pareciera ignorar que el país tiene memoria, y que no hay disfraz alguno que encubra su ánimo revolucionario y violentista.

Por último, para esta pluma resulta imposible obviar tal agravio al orden institucional y a Carabineros de Chile. No podemos ignorar que Miguel Enríquez, un “burgués hijito de su papá”, decía en esos años: “… odio al órgano represor de la burguesía, el cuerpo de Carabineros…”, esa misma Institución que hoy “le presta ropa” a la Ministra del Interior, a través de su ex General Director, a quien el gobierno “dejó caer” sin contemplaciones… confirmando que: “quien de la izquierda se fía, se arrepentirá algún día”.