Categoría: Columna de Opinión

Las opiniones vertidas en esta columna de opinión son de reponsabilidad de sus autores y no representan necesariamente el pensamiento de UNOFAR
Carta de Diputada Mª Angélica Cristi a Directora del Instituto DD.HH., donde la Diputada le hace presente la parcialidad en el trato de los DD.HH. con gestiones que solo van en desmedro de Carabineros de Chile y en apoyo de los violentistas

En respuesta a su carta enviada con fecha 8 de mayo del 2012, relacionada con mi intervención en la discusión que se generó en la Cámara de Diputados, sobre el rol del Instituto de Derechos Humanos en materia de registro y denuncia de la acción policial, debo señalar lo siguiente:
En la oportunidad indicada, me manifesté en contra de la implementación de un observatorio de derechos humanos, debido a que considero que la relación de cooperación que actualmente existe entre el Instituto y el alto mando de las Fuerzas de Orden y Seguridad y las unidades de derechos humanos que se han creado en tales instituciones, resultan suficientes para cumplir el objetivo de velar por el respeto a los derechos humanos.
Por otra parte, en esta oportunidad me gustaría pronunciarme respecto a ciertos aspectos preocupantes relacionados con la actividad de la organización que dirige.
Entiendo que, en cumplimiento con los tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país, corresponde a la institución que usted lidera y que el Estado de Chile financia, promover y educar en el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, considero que el Instituto no siempre respeta plenamente lo dispuesto en los primeros artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En la citada Declaración, se deja muy en claro que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” y que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Además, el mismo instrumento deja muy en claro que “toda persona” tiene los derechos y libertades que proclama, sin posibilidad de hacer distingo amparado en ninguna condición.
El Instituto de Derechos Humanos, bajo la premisa de que el principal transgresor histórico de los derechos humanos es el Estado, ha optado por ignorar que en el marco de protestas y situaciones de alteración del orden público, numerosos carabineros resultan heridos. Le informo que existen estadísticas que indican que, en el año 2011, el número de carabineros heridos en actos de servicio aumentó en un 1.350%, respecto del año anterior, son más de 1.200 seres humanos, con nombre y apellido, personas reales como usted y como yo, que sufrieron heridas realizando su trabajo.
Detrás del uniforme, que al parecer produce que usted confunda a estas personas con máquinas ejecutoras de las órdenes del Estado, hay seres humanos que también tienen familia y derechos que deben ser defendidos ante agresiones no sólo de carácter físico, sino también de carácter moral. Estos carabineros son golpeados, escupidos, insultados y le aseguro que soportan todos estos vejámenes por una renta que resulta desproporcionadamente inferior en atención a sus deberes y la responsabilidad que deben asumir.
Me resulta preocupante el hecho de que en su página web llame a los ciudadanos a subir videos donde aparezcan imágenes de abusos policiales y no suceda lo mismo con los reiterados casos de agresión contra los funcionarios de Carabineros. Es mi deber, además, señalar que la foto que pueda enviar una persona, en cualquier sentido, no es capaz por sí misma de producir fe, ya que pueden dar cuenta de situaciones aparentes que no tienen relación con la realidad o, simplemente, se pueden enviar fotos alteradas.
Espero que esto no se malentienda y no se piense que justifico el uso excesivo de la fuerza por parte de las policías, porque no es así. Sólo intento que se defiendan por igual los derechos humanos de TODOS, y no sólo los de un grupo de nuestros ciudadanos.
En el mismo sentido, teniendo en cuenta que su misión es promover el respeto a los derechos humanos y educar respecto del tema, debería no sólo preocuparse de vigilar a las instituciones de orden y seguridad, sino también iniciar campañas promoviendo las manifestaciones pacíficas, llamando a denunciar a todos aquellos que intervienen en las marchas y mediante actos violentos y delictuales impiden al resto de los ciudadanos ejercer su derecho a manifestarse en paz y o a vivir en un entorno seguro.
Debo recordarle que las denuncias de abusos cometidos por carabineros se dan, en mayor medida, en el marco de protestas y actos públicos que son convocados por los civiles, no por los Carabineros. Los policías concurren a ellas en cumplimiento de su deber, presionados por algunos para evitar desmanes o daños y, paralelamente, presionados por otros que ante el menor acto los acusan de abuso de autoridad. Considero que trabajar bajo influencias tan contradictorias debe ser realmente demoledor y confuso.
Estoy convencida de que lo último que Carabineros quisiera es tener que actuar en estas situaciones, las cuales además de desgastarlos en todo sentido, les impiden dedicarse a cientos de tareas en ayuda y protección de millones de chilenos que acuden a ellos y que, justamente, constituyen la razón por la cual son admirados, apreciados y considerados como una de las instituciones más confiables de nuestro país.
Finalmente, debo indicar que no comparto su afirmación sobre que las vías y tribunales ordinarios son suficientes para reclamar contra las vulneraciones que sufren los Carabineros, ya que el mismo argumento es aplicable para todos quienes ven afectadas sus garantías fundamentales.
Espero que, en el futuro, se corrijan estos desequilibrios en la protección de los derechos humanos en Chile, porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos, al ser un organismo financiado por el Estado, debe desplegar su actividad a favor de todos los chilenos y no de unos pocos.
Sin otro particular, le saluda atentamente-

MARÍA ANGÉLICA CRISTI MARFIL
DIPUTADA

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La verdad ha comenzado a abrirse paso, gracias a los cultivadores de la mentira y del odio.
No parecía que pudiera ser, pero así es. Chile ya no será el mismo después del Documental. Y lo más paradójico es que se lo debemos a los más perjudicados con él, los marxistas.

Si ellos no hubieran hecho el menor caso de la exhibición de esta película, una vez más habríamos concurrido los quinientos o mil adherentes de costumbre a verla, como tantas veces lo hemos hecho en estas décadas, en medio de la indiferencia general; habríamos corroborado el silenciamiento del evento por “la gran prensa”; yo ni siquiera habría tenido que conseguir permiso en la casa para asistir y en la noche del domingo nadie habría siquiera comentado en la TV el asunto.

Pero, como “el odio es más fuerte”, los de la doctrina que lo profesa no pudieron resistir la tentación de manifestarlo, de herir a otros, de perseguir a pacíficos espectadores a pedradas y de ocasionar grandes daños, porque la secuela del odio es siempre el daño a lo ajeno, al país (pues a ellos el país les esajeno).

De modo que, gracias al odio, “los medios” no tuvieron más remedio que volver la mirada hacia el Documental, y en él encontraron dos gigantescas sorpresas: la primera, a un Patricio Aylwin diciendo que la Unidad Popular había formado un verdadero ejército paralelo, de miles de irregulares armados y más diez mil llegados del extranjero, con capacidad de desafiar a las fuerzas armadas regulares; y que mediante él la UP se proponía tomar la totalidad del poder para consumar una revolución comunista;

Y la segunda, a un Salvador Allende corroborando lo anterior y diciéndole a Regis Debray que él se proponía establecer un “régimen socialista marxista total” y refiriéndose a la inevitabilidad del enfrentamiento armado para el “derrocamiento de la democracia burguesa”.

Esos dos testimonios cambiarán por completo el panorama de opinión en Chile. Tarde o temprano pasarán a ser de “común conocimiento”.

¿Cómo alguien podría volver a decir, entonces, que el de Allende era un gobierno democrático y constitucional, si lo que se proponía era destruir la democracia y consagrar el partido único?

¿Cómo alguien podría denegar el derecho al uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas regulares, si estaban amenazadas por un ejército paralelo de veinte mil o más hombres bien armados?

¿Alguien puede sostener que el golpe fue injustificado?

La tarde del domingo pasado cambió el clima de opinión en Chile.

Será un proceso paulatino, pero incontenible.

La verdad ha comenzado a abrirse paso, gracias a los cultivadores de la mentira y del odio.

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Junto con ese auto de procesamiento se me ha hecho llegar certificado de que el procesado Krassnoff, a la fecha del supuesto secuestro del mirista Moreno, se encontraba fuera del país, como miembro de la guardia de protección del entonces Presidente Augusto Pinochet en su visita a Bolivia, con motivo del “abrazo de Charaña”. ¿Cómo pudo Krassnoff estar, al mismo tiempo, en Bolivia protegiendo a Pinochet y en Santiago deteniendo a Moreno? No pudo, pero al ministro de fuero Miguel Vázquez eso no le importa

Yo sostengo que el país se ha acostumbrado a vivir en un estado de cinismo permanente. Otra demostración de ello me ha llegado hoy por correo electrónico. Es el auto de procesamiento dictado por el ministro de fuero Miguel Vázquez Plaza en contra del brigadier (r) Miguel Krassnoff por el “secuestro calificado” del mirista Germán Moreno Fuenzalida, supuestamente ocurrido el 15 de julio de 1974.
¿Y cómo puede acusarse a un funcionario de las fuerzas armadas de secuestro, si ese delito está en el párrafo referido a los que sólo pueden ser “cometidos por particulares”? Es que si se dijera la verdad, correspondería calificar el delito como “detención ilegal”, que tiene menor penalidad, que sólo puede tener lugar mientras el autor de la detención sea agente del Estado y, por tanto, debería cesar y prescribir cuando él hubiere dejado las filas. Entonces el juez debe recurrir a un “ardid”: aplicarle una figura que sólo puede ser cometida por particulares. Ya se sabe que, en esos casos, los jueces superiores “miran para otro lado”.

Todo lo anterior es verdad. Pero en Chile hay jueces que no aplican el derecho y NADA SUCEDE. El país mira para otro lado.

Junto con ese auto de procesamiento se me ha hecho llegar certificado de que el procesado Krassnoff, a la fecha del supuesto secuestro del mirista Moreno, se encontraba fuera del país, como miembro de la guardia de protección del entonces Presidente Augusto Pinochet en su visita a Bolivia, con motivo del “abrazo de Charaña”. ¿Cómo pudo Krassnoff estar, al mismo tiempo, en Bolivia protegiendo a Pinochet y en Santiago deteniendo a Moreno? No pudo, pero al ministro de fuero Miguel Vázquez eso no le importa.

Conste que según el Código de Procedimiento Penal (tanto nuevo como antiguo) el juez tiene la obligación de investigar con el mismo celo las pruebas que inculpen a una persona como aquellas que la absuelvan. Pero este juez en particular NO HA INVESTIGADO NADA sobre loe hechos que pudieran absolver a Krassnoff, porque obviamente sería muy fácil interrogar a personas que estuvieron con el Presidente Pinochet en Bolivia para acreditar que su guardia estaba integrada, el 15 de julio de 1974, por Miguel Krassnoff. En este caso hay un abandono de deberes judiciales público y notorio por parte del juez. Pero NO SUCEDE NADA. En otros casos de delitos cometidos por jueces (pues no aplicar las leyes es un delito, que se llama de prevaricación) los diarios exhiben grandes titulares. En éste, ninguno. No dicen nada. Nadie dice nada. Los camaradas de armas de Krassnoff tampoco dicen nada. Es que el país está en un estado de cinismo permanente.

De la lectura del auto de procesamiento fluye evidentemente la falsedad de los testigos de cargo que han servido para inculpar a Krassnoff, pues ellos dicen haber visto al supuestamente secuestrado Moreno en diferentes lugares: Londres 38, Tres Álamos, Cuatro Álamos, “en el norte”. Es decir, no son testigos contestes, que es el primer requrimiento para que un testimonio sea constitutivo de prueba.

Además, en el auto de procesamiento se señala que Krassnoff ha prestado declaración, que es un requsito del procesamiento. Se llama “declaración indagatoria”. Pero jamás Krassnoff ha sido interrogado por el ministro Vázquez. Éste ni siquiera lo conoce. Mismo caso de otros jueces, en particular Alejandro Solís, que afirma en varios procesos haber interrogado a Krassnoff, no habiéndolo siquiera visto personalmente NUNCA.

¿Cómo puede ser posible todo esto? Puede serlo, porque el país vive, a este respecto, en un estado de cinismo permanente, ante hechos graves e inaceptables, pero cuya “corrección política” (ese resumidero general de las inmoralidades) lleva a que no le importen a nadie.

Gentileza de nuestro amigo don: Alfredo M

Comentario seleccionado del blog de Hermogenes Perez de Arce

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Es verdad que siempre tendremos como vecino a Argentina y que ni ellos ni nosotros nos podemos cambiar de barrio, por lo que debemos de tratar de vivir en paz con ese país y mantener ese frente tranquilo, pero otra cosa es actuar desconociendo la historia y apoyando los caprichos argentinos y sus acostumbrados atropellos del Derecho Internacional y de todo tipo de acuerdos ( con respecto a esto último, no olvidemos el corte del suministro de gas proveniente de ese país, las trabas comerciales a nuestras exportaciones, etc.)
En estos días hemos visto como el Gobierno de Chile ha comprometido a nuestro país con un apoyo total e incondicional con la causa argentina que pretende obtener soberanía sobre las islas Falkland o Malvinas, actualmente bajo soberanía de Gran Bretaña. También hemos presenciado que un grupo de compatriotas ha formado una organización que se denomina “Grupo de Amigos de las Malvinas” apoyando las pretensiones argentinas sobre esas islas, entre los cuales figuran ex ministros y parlamentarios de la Concertación, un ex Canciller y algunos otros personajes afines.

Lo señalado resulta sorprendente ya que una persona de mediana ilustración, debería saber, por una parte, que Argentina es un país que normalmente no cumple sus compromisos ni tratados, es decir, es un país no confiable, y por la otra, que nuestra actitud producirá daño en nuestras relaciones con el Reino Unido, aunque nuestro Canciller opine lo contrario.

Con respecto a nuestras relaciones con Argentina, la historia, gran maestra, nos enseña que Argentina siempre que ha podido nos ha jugado sucio, y por lo tanto, tenemos una larga experiencia en esta materia. Para refrescar la memoria de nuestro Presidente, del Canciller y de los miembros del “Grupo de Amigos de las Malvinas”, aquí van sólo algunos ejemplos no muy lejanos:

– En 1965, fuerzas de Gendarmería Argentina, emboscaron y dieron muerte al Teniente de Carabineros don Hernán Merino Correa en el territorio chileno, en esa época, de Laguna del Desierto. Este territorio fue entregado mas tarde a Argentina tras el dudoso fallo de jueces latinoamericanos y la mala defensa de nuestra soberanía por parte de los gobiernos de los Presidentes Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz Tagle.

– En 1978, Argentina desconoció el Laudo del Beagle, refrendado por la Reina de Inglaterra, cuyo cumplimiento estaba entregado al “Honor de ambas Naciones,”declarándolo “Insanablemente Nulo”. Esto nos llevó al borde de la guerra con ese país.

– En 1982, Argentina puso en ejecución el “Plan Rosario” que consistía, en una primera fase, en apoderarse de las islas Falkland y luego invadir nuestras islas Picton, Nueva y Lennox, las mismas que no habían podido obtener por medio del Laudo del Beagle. Esto fue anunciado por el General Galtieri el 2 de abril de ese año desde los balcones de la Casa Rosada y ha sido ratificado recientemente por el Brigadier General de la Fuerza Aérea Argentina Basilio Lami Dozo, miembro de la última Junta Militar Argentina, en una entrevista otorgada a un medio de ese país. Debemos subrayar que mientras se desarrollaba este Plan, nos encontrábamos en pleno proceso de mediación de su Santidad Juan Pablo II por el litigio del Beagle.

Recientemente, el General del Ejército Argentino Mario Benjamín Menéndez, quien fuera Gobernador Militar de las Malvinas durante el conflicto, ha declarado “los chilenos no se portaron como hermanos, se portaron como cerdos” al mencionar que apoyamos a los británicos en esa oportunidad. Seguramente el General Menéndez pretendía que ayudáramos a Argentina para asegurar su victoria en las Falkland para luego tenerlos lo antes posible invadiendo nuestro territorio, de acuerdo a lo contemplado en el Plan Rosario. A este General le correspondió el deshonor militar de rendir sus fuerzas ante los británicos.

Es verdad que siempre tendremos como vecino a Argentina y que ni ellos ni nosotros nos podemos cambiar de barrio, por lo que debemos de tratar de vivir en paz con ese país y mantener ese frente tranquilo, pero otra cosa es actuar desconociendo la historia y apoyando los caprichos argentinos y sus acostumbrados atropellos del Derecho Internacional y de todo tipo de acuerdos ( con respecto a esto último, no olvidemos el corte del suministro de gas proveniente de ese país, las trabas comerciales a nuestras exportaciones, etc.)

A lo anterior, debemos agregar que nuestras FFAA. poseen material británico y que éste requiere de repuestos, munición y de misiles para poder operar. Asimismo, se debe tener presente que Gran Bretaña efectúa cursos y entrenamiento de excelente nivel para nuestros oficiales y personal.

En suma, lo señalado nos indica que estamos en presencia de un nuevo y penoso desacierto de nuestra Cancillería en el manejo de nuestras relaciones internacionales y también, lo señalado nos indica que, para resguardar el interés nacional, nuestra posición en este conflicto debiera ser neutral, es decir, deberíamos dejar la solución de la controversia en manos de los dos países y del Derecho Internacional, ya que es un tema bilateral y no continental como lo ha querido plantear Argentina. Por lo anterior, estimo que no nos debemos sumar a la comparsa de países latinoamericanos que defienden las pretensiones de ese país sobre las Falkland y que, a su vez, intentan efectuar una suerte de bloqueo sobre ellas. Está claro, además, que para el interés y seguridad nacional lo conveniente es que esas islas permanezcan en manos Británicas.

Rafael González Rees
Contraalmirante (r)

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Se ha sabido que la Oficina de DD.HH. del Ministerio del Interior trabaja con especial celo en tramitar causas antiguas como patrocinando nuevas. Dicha oficina la forman 20 abogados nombrados por la concertación y este Gobierno no ha sido capaz de removerlos; lo que sumado a la actitud de los jueces izquierdistas se ve el horizonte cada vez más lejos de alcanzar, porque se pretende enviar a tribunales cerca de 2000 causas más
Para nadie es un misterio, la situación en que se encuentran los Militares presos-políticos, a raíz de la no aplicación para ellos, por parte de los Jueces, de las medidas que la ley dispone-tanto para civiles como militares en favor del reo. A los civiles se les aplican, a los militares no y el panorama se ve sombrío. En efecto, el Presidente de la Corte Suprema Sr. Rubén Ballesteros al inaugurar el año Judicial el 1° de Marzo de 2012, señalo que a la fecha se tramitaban en todo el país 1268 causas de DD.HH. y que NO HAY FECHA DE TÉRMINO para ellas. Lo que significa que en el futuro cercano habrá un mayor número de personal procesado y tal vez condenados, agravando la situación existente.
Por otra parte se ha sabido que la Oficina de DD.HH. del Ministerio del Interior trabaja con especial celo en tramitar causas antiguas como patrocinando nuevas. Dicha oficina la forman 20 abogados nombrados por la concertación y este Gobierno no ha sido capaz de removerlos; lo que sumado a la actitud de los jueces izquierdistas se ve el horizonte cada vez más lejos de alcanzar, porque se pretende enviar a tribunales cerca de 2000 causas más.
¿De donde sale tanto delito?; lo que ocurre es que cualquier individuo puede aseverar que fue torturado-lo que a uno se le ocurra, ahora es tortura-y por medio de testigos falsos, debidamente pagados, los que son aceptados por los jueces. El acusado ¿de donde obtiene testigos?, de ninguna parte porque la mayoría de las causas son inventadas o no recuerda quienes estaban con el. Además es un buen negocio el querellarse por “torturas”. Si llega a demostrarse –aunque sean falsas-el querellante recibirá del Estado una suma apreciable para vivir gratis con el producto de nuestros impuestos, y los chilenos que somos artífices para procurarnos dinero-con malas artes-se darán maña para que así sea.
En cualquier país con cierta cultura y sentido común ya se habría buscado la fórmula para cerrar definitivamente este capítulo y que al paso que vamos y considerando la lentitud de la Justicia, tal vez nuestros tataranietos, todavía estén escuchando lo mismo. Otra muestra de estulticia llevada a los extremos, todo ello alimentado con el odio marxista que no tiene límites. Después de la guerra civil de 1891, el Almirante Jorge Montt, Presidente de la República, dictó siete leyes de amnistía a fin de pacificar el país lográndolo en gran medida.
El Poder Ejecutivo, no ha dado señales de cumplir lo prometido y, muy por el contrario el Ministerio del Interior no ha hecho nada para desmantelar esa oficina de DD.HH. cambiando a sus componentes y darle otra orientación y no dedicarse a su afán persecutorio. El Sr. ministro Hinzpeter expreso haberse sentido dolido cuando la gritaron ”judío”, yo creo que a este Sr. no le duele nada pues si tanto le afecta la discriminación, debiera al menos preocuparse que su Oficina velara por la aplicación correcta de todas aquellas leyes que hoy no se aplican en favor de los militares-presos políticos. Tengo la impresión que a el sólo le interesa su futuro político y sus negocios como abogado.

Del Poder Legislativo, mejor ni hablar porque bien podría fiscalizar que se cumplan las leyes que han emanado del congreso, como es el caso en comento, pero como no es políticamente rentable para qué preocuparse por algo que no da votos, ni publicidad, ni nada que sea atractivo para su futuro político. La Concertación pasó 20 años hablando de reconciliación y unidad nacional, no logrando ni lo uno, ni lo otro. Pero hay que ver que significa reconciliación para ellos. Para que haya reconciliación es preciso que haya perdón y eso no lo conciben por doctrina y por qué el Partido Comunista es el gran generador y administrador del odio en Chile. Resultado: tenemos un país dividido y no reconciliado. En esta Semana Santa deberíamos recordar: El que vive del Amor misericordioso de Dios está pronto a responder a la llamada del Señor. ”VÉ PRIMERO A RECOCILIARTE CON TU HERMANO” (Mt 5,14) pero ¿Uds. Creen que los marxistas van a entender esto? cuando son ateos, amorales y han hecho las más graves ofensas a la Iglesia en todo el mundo y su fin último es destruirla.
Conclusiones:
1. La situación de DD.HH. tanto para los que están presos como los que no lo están se ve con mal pronóstico.
2. La oficina de DD.HH. del Ministerio del Interior ha recrudecido su accionar sobre el personal en retiro.
3. El ministro del Interior es responsable que su oficina no verifique que se aplique la ley en igual forma para todos.
4. Nada se puede esperar del Ejecutivo en esta materia pues hasta la fecha nada ha hecho. Es más el manifestó que no deseaba que los juicios se eternizaran, pero la oficina del Ministerio del Interior hace todo lo posible para que ello ocurra.
5. Los retirados estamos solos; no tenemos Comandantes en jefe, no tenemos fuerza para presionar; por lo tanto sólo nos queda anular nuestro voto de los candidatos de la Alianza.

Fernando Navajas I
Vicealmirante

Fernando.Martínez Collins

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La Corte Suprema de Chile revocó hoy dos fallos anteriores y ordenó reabrir la investigación de un grupo de exmarinos que denuncian haber sido torturados antes del golpe militar de 1973, por haber denunciado la conspiración que se gestaba contra el Gobierno de Salvador Allende.
Así como van las cosas, tiendo a pensar que el salvajismo jurídico del que se da cuenta más abajo es cierto.

Sigamos exacerbando el odio entre los chilenos; sigamos persiguiendo a los militares por presuntos delitos ocurridos hace cuarenta años; sigamos vulnerando el principio de autoridad y el Estado de Derecho (como lo es el no respetar la prescripción y la cosa juzgada); sigamos renuentes a aplicar la violencia legítima del Estado para reprimir los crímenes, los actos vandálicos y la violencia ilegítima, por temor de las autoridades políticas a que las traten de autoritarias o dictatoriales; sigamos restándole atribuciones a los carabineros, quienes ni siquiera pueden usar sus armas en legítima defensa, con lo que no producen ni el más mínimo efecto disuasivo y son agredidos impune y salvajemente; sigamos ingenuamente haciéndoles el juego a los comunistas y pactando con ellos, como los demócrata cristianos o por quienes los reciben con sonrisitas en La Moneda y en el Congreso; sigamos creyendo que los comunistas son idealistas que quieren lo mejor para Chile y no en que lo único que pretenden –como lo han hecho siempre a través de la historia– es crear el caos y la anarquía para luego aparecer ellos como los únicos que pueden imponer el orden social; sigamos permitiendo que los congresistas, en lugar de encauzar racionalmente a los movimientos sociales inorgánicos y de moderarlos, se sumen irresponsablemente a ellos; sigamos creyendo que liderar es hacer lo que dicen las encuestas o las mayorías, para así captar votos, sin considerar que la razón no siempre está en las mayorías, sino que ésta surge del pensar y que obrando así se puede conducir a la sociedad a su descalabro; sigamos tratando de aprobar los abortos directos y negándonos a sacrificar a los perros vagos; sigamos diciendo que los militares violaron los “derechos humanos” y omitamos decir que ellos salvaron a Chile y que se vieron obligados a aplicar la violencia para reprimir a los terroristas y a quienes querían hacer de Chile una nueva Cuba; sigamos… un largo etcétera, y tendremos una nación en paz, unida, floreciente, poderosa y reconciliada.

“Dios, dame tu fortaleza”.
Corte Suprema de Chile ordena reabrir juicio por marinos torturados en 1973
03 de abril de 2012 • 14:00

La Corte Suprema de Chile revocó hoy dos fallos anteriores y ordenó reabrir la investigación de un grupo de exmarinos que denuncian haber sido torturados antes del golpe militar de 1973, por haber denunciado la conspiración que se gestaba contra el Gobierno de Salvador Allende.

En un fallo unánime, la II Sala Penal del máximo tribunal chileno ordenó la designación de un nuevo juez especial y la realización de varias diligencias tendentes a esclarecer las denuncias de los exmiembros de la Armada chilena, que suman alrededor de un centenar y se han organizado en la Asociación de Marinos Constitucionalistas.

“Es un fallo muy importante para nosotros, trascendental, porque recupera la Justicia que se nos había denegado en los fallos anteriores”, dijo a Efe, tras enterarse de la resolución, el presidente de esa asociación, Víctor López.

La resolución de la Corte Suprema revoca un dictamen emitido en enero de 2011 por la jueza especial Eliana Quezada, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que ordenó el sobreseimiento definitivo de la causa.

Ese dictamen fue posteriormente ratificado por la propia Corte de Apelaciones del principal puerto chileno, pero hoy la Corte Suprema consideró que el fallo de primera instancia, refrendado después por el tribunal de alzada, “no explica ni desarrolla satisfactoriamente los fundamentos del sobreseimiento definitivo decretado”.

Por ello, ordenó la realización de una serie de diligencias “por parte de un nuevo juez, que deberá ser nombrado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso”, entre las cuales destacan los expedientes de los juicios que se siguieron contra los marinos afectados en 1973 en el Juzgado Naval de Valparaíso.

En esos juicios, los marinos, que denunciaron los preparativos golpistas del alto mando de la Marina, fueron acusados de sedición, de agentes marxistas y de militar en grupos de ultraizquierda que pretendían apoderarse de los buques de la Armada para bombardear Valparaíso y Viña del Mar, entre otros cargos, siendo condenados a duras penas de prisión.

Muchos de los afectados fueron expulsados de Chile después de consumado el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

La Corte Suprema ordenó incorporar a la nueva indagatoria “todas aquellas investigaciones que guarden relación con la actual, en particular de los autos de procesamiento y acusatorios, así como de las respectivas sentencias de primer y segundo grado”, y eventualmente de las de casación emanadas de propia Corte Suprema.

Asimismo, ordenó la realización de reconocimientos en rueda de presos y los careos que correspondan entre los querellantes y los inculpados que ya han declarado ante el tribunal.

Para Víctor López, la resolución de la Corte Suprema “reconoce que los hechos (denunciados) están acreditados”, y recordó que la prensa de la época los difundió profusamente, antes del golpe que encabezó el general Augusto Pinochet.

“Esperamos que con este fallo de la Corte Suprema se pueda hacer justicia”, manifestó a Efe el exmarino.

Según el Diccionario, de la RAE traición significa: