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Columna de Opinión

Carta de Carlos Peña en El Mercurio

Las opiniones vertidas en esta columna son de responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de UNOFAR
Como los presos políticos son personas en quienes la pena impuesta es política, con evidente ficción jurídica, nada los convencerá jamás que la pena que cumplen aportará en algo su normal y ejemplar comportamiento (Han luchado siempre por la paz), se obtiene en definitiva solo la feliz venganza del abusador ( humanoide).

Sr Director:
Carlos Peña escribió el domingo recién pasado una opinión muy cercana a lo que en algún momento se describió como de humanoides.
Opina sobre presos políticos uniformados, al parecer sin haber leído ninguna condena o motivo por el cual hoy ex uniformados se encuentran presos. No lee, humanoide. Presume al igual que en las condenas, varios delitos que no son tales (de humanoide). Afectado por motivaciones ideológicas añejas (de humanoide), que nuestras autoridades nacionales demonizaron durante 20 años (de humanoides), todo para lograr un sabor jurídico en penas, eludiendo y destruyendo nuestro Estado de Derecho (de humanoides).
Es así como hoy cumplen un encierro cruel o privación de dignidad y libertad injusta esos presos políticos, que siendo hoy personas menores de 80 años, por su jerarquía, no tuvieron ninguna responsabilidad u oportunidad, que pudieran haber evitado la guerra civil, incubada por años de violaciones a los DD HH´s , que desembocó en el gobierno militar en 1973.Es de ahí , que como las FF AA reaccionaron acertadamente ante autoridades humanoides, se afirma que son” PRESOS POR SALVAR A CHILE”(Cambio de autoridades).
Como tampoco se han encontrado cuerpos de desaparecidos de la época, el motivo principal del esfuerzo por persuadir esta acción está trunca hace años, o los presos actuales no tienen que ver con lo sucedido o pensemos que la calidad de las identidades de las personas, como era un chiste, que permitía tener varias, para las votaciones eran más . Se votaba seguramente con más peso (Responsabilidad absolutamente política )
Todo lo anterior olvida que la autoridad política es en definitiva la responsable del comportamiento humano de las sociedades (bien común) y es así que los gobiernos con sus autoridades hasta 1973 deberían asumir y debatir de una vez por todas la corrupción, incapacidad política, pobreza total, caos económico y social provocado con su actuar y terminar con el cuento que a las FF AA se les ocurrió en un chispazo de locura (Humanoide) tomarse el gobierno.
Como finalmente las FF AA nos proveyeron el actual Estado de Derecho y nos proporcionaron el “cómo” llegar a ser un país desarrollado, al gobierno militar sólo le debemos agradecimiento de agradecidos y no una historia de humanoides que en el futuro seguramente nuestros tataranietos de continuar así lo descubrirán.

Francisco Alomar Marchant
Ci Nº 5520589-2

Columna de Opinión

Carta al Sr. Presidente de la República

Las opiniones vertidas en esta columna son de responsabilidad de quienes las emiten y norepresentan necesariamente el pensamiento de UNOFAR
Señor Presidente, respetuosamente, ya es hora que su Gobierno haga algo para terminar esta persecución odiosa al margen del estado de derecho -entre el año 1973 y el 2009- el“crimen de lesa humanidad” no estaba tipificado en la legislación chilena y por tanto todo presunto delito de “apremios ilegítimos”, “detenciones arbitrarias” o “asesinatos en cualesquiera de sus variantes” están prescritos y además cubiertos por la ley de amnistía que no ha sido derogada

Respetado señor Presidente.


Don Sebastian Piñera Echeñique.

En la investigación judicial por la muerte del presidente Allende, el ministro Mario Carroza solicitó a la FACH, el  nombre y RUT de los pilotos que bombardearon la Moneda el 11 de Septiembre, a este respecto, me parece oportuno recordar que, inicialmente, circuló la versión que S. Allende fue muerto por los Militares que tomaron la Moneda, luego el mismo día 11 de septiembre se dio por hecho – confirmado por sus cercanos y aceptado por la familia – que se había suicidado. No obstante, en los últimos años, ha circulado la versión de asesinato por parte de agentes cubanos por orden de Fidel Castro y, más recientemente, que no murió al intentar suicidarse y fue rematado por un miembro de su guardia personal GAP.

Con el debido respeto creo que más que un tema de los tribunales de justicia esto es motivo de investigación histórica. En 1973 no estaba contemplado en el ordenamiento jurídico de nuestro país el delito de “ Crimen de Lesa Humanidad”, que es imprescriptible y, la ley que lo establece el año 2009 deja expresa constancia de que no tiene efecto retroactivo, en consecuencia – aún existiendo mérito para suponer la figura de asesinato, asesinato frustrado u otra aplicable a su muerte – está prescrita y, por tanto, no amerita abrir un proceso donde más que culpables, al igual que en el caso Prats, se corre el riesgo de condenar en calidad de cómplices o encubridores a personas que nada o muy poca responsabilidad les cabe en el hecho, como serían todos los militares – de general a conscripto- integrantes de la unidad que en una acción de combate ordenada por el mando superior, asaltaron y tomaron la Moneda.

En esta misma causa se está pidiendo el nombre de quienes leyeron los bandos militares en los cuales se amenazó con fusilar a los disidentes que se resistieran a los procedimientos del régimen militar. Con esta lógica absurda, mañana se podría pedir el nombre de los señores diputados que aprobaron el Acuerdo de la Cámara de Diputados de fecha 22 de Agosto de 1973 como presuntos “ autores intelectuales” del Golpe Militar y sus consecuencias.

Señor Presidente, respetuosamente, ya es hora que su Gobierno haga algo para terminar esta persecución odiosa al margen del estado de derecho -entre el año 1973 y el 2009- el“crimen de lesa humanidad” no estaba tipificado en la legislación chilena y por tanto todo presunto delito de “apremios ilegítimos”, “detenciones arbitrarias” o “asesinatos en cualesquiera de sus variantes” están prescritos y además cubiertos por la ley de amnistía que no ha sido derogada.

Señor Presidente, los uniformados en retiro confiamos en su palabra y no hemos olvidado el compromiso que contrajo, como candidato, respecto a que en su gobierno se respetaría el principio constitucional de “igualdad ante la ley” para los militares procesados por violaciones a los “ Derechos Humanos”.

Respetuosamente

Enrique Maldonado Roi

Capitán de Navío (R)

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Beneficios carcelarios

Las opiniones vertidas en esta columna de opinión, son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de UNOFAR
A estas alturas nadie ignora que a los militares no se les respeta los alcances de la ley de amnistía que es una ley vigente de la República, la prescripción ni la cosa juzgada. Nadie desconoce que frente a la ficción jurídica del secuestro delito permanente preferimos mirar para el lado y que, los beneficios carcelarios se les aplica a todos quienes cumplen con los requisitos para obtenerlos, menos a los ex uniformados

 

 Finalmente el gobierno ha presentado el proyecto de ley que busca descomprimir el hacinamiento carcelario y que, en términos generales, establece la posibilidad de penas alternativas como el trabajo social para delitos menores o no pago de multas para quienes no pudieran cumplir con ello por falta de recursos, un esfuerzo especial para rehabilitar a quienes hayan delinquido, un aumento de recintos penitenciarios y una mejoría sustancial en la formación y exigencias del personal de gendarmería.
El proyecto aprobado nos permitirá ver el resultado final de esta iniciativa pero, será la experiencia que obtengamos de la implementación de estas medidas, la que nos indicará lo acertado de ellas y, consecuentemente, la evaluación que la gente haga de la sensación de seguridad, que constituye un imperativo para el gobierno.
Lamentablemente, el proyecto queda en falencia al no responder a las esperanzas generadas por los compromisos adquiridos por el presidente Piñera en las reuniones con el mundo militar, durante su campaña electoral. El principio de que en nuestro país la ley se aplicaría por igual a moros y cristianos y que la justicia como un bien superior sería resguardada, respetada y hecha respetar por todos, ha quedado nuevamente como lo que fue, una promesa de campaña, para la que no ha existido ni el valor ni la voluntad de cumplirla.
A estas alturas nadie ignora que a los militares no se les respeta los alcances de la ley de amnistía que es una ley vigente de la República, la prescripción ni la cosa juzgada. Nadie desconoce que frente a la ficción jurídica del secuestro delito permanente preferimos mirar para el lado y que, los beneficios carcelarios se les aplica a todos quienes cumplen con los requisitos para obtenerlos, menos a los ex uniformados.
En esta oportunidad, se excluyó específicamente a quienes tuvieran más de ochenta años o que sufrieran una enfermedad terminal, porque por esta medida algún militar podría salir en libertad. ¿Es que constituyen un peligro para la sociedad? ¡No! Si ellos solo son la consecuencia de una venganza sin límites por parte de algunos y de una cobardía increíble por parte de otros, venganza y cobardía que me permito expresar, por el momento, con mi más profundo desprecio.
Jorge P. Arancibia Reyes
Columna de Opinión

Aniversario 27.F.2010. Almirante Jorge Arancibia Reyes

Las opiniones vertidas en esta columna son de responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de UNOFAR
En este proceso hemos visto, como era de esperar, lo mejor y lo peor de las características de nuestro ser nacional, estando entre las primeras, la capacidad creativa para permitir que en la fecha dispuesta la totalidad de nuestros niños y jóvenes pudieran iniciar su año escolar, la capacidad de nuestros ingenieros y trabajadores especializados para recuperar los puentes, caminos, autopistas, sistemas de comunicaciones, de distribución de poder, de agua, de sistemas sanitarios y de infraestructura portuaria

 

Aniversario.
Este domingo 27 de febrero se cumplirá un año de esa trágica noche en que la zona central de nuestro país sufrió un sismo de gran intensidad y un maremoto que asoló las costas de las regiones afectadas. Hace un año y aun se mantiene en nuestras retinas ese cuadro increíble de ineptitud e incompetencia de las más altas autoridades del país, que reunidas en la ONEMI no sabían atar ni desatar.
Hace un año cuando con asombro veíamos como la gente de las zonas afectadas, de las más variadas clases sociales asaltaban las tiendas para robarse, no solo artículos de primera necesidad, sino que lavadoras, televisores y hasta refrigeradores, en tanto, la Presidente caía en esa actitud inexplicable de demorar la entrega del control de la situación a las FFAA, demostrando de paso la profundidad de la tranca que guardaba en lo más profundo de su espíritu, pese a la tan publicitada actitud reconciliada con que asumió su mandato.
Pero eso ya es historia, pues llevamos un año tratando de recuperar nuestras capacidades e infraestructura y de asistir a los más necesitados en la reconstrucción de sus viviendas.
En este proceso hemos visto, como era de esperar, lo mejor y lo peor de las características de nuestro ser nacional, estando entre las primeras, la capacidad creativa para permitir que en la fecha dispuesta la totalidad de nuestros niños y jóvenes pudieran iniciar su año escolar, la capacidad de nuestros ingenieros y trabajadores especializados para recuperar los puentes, caminos, autopistas, sistemas de comunicaciones, de distribución de poder, de agua, de sistemas sanitarios y de infraestructura portuaria.
Es también destacable que, no habiendo dudas de que se tienen que haber cometido errores administrativos en la inversión de los cuantiosos recursos asignados, al ser oportunamente detectados por el órgano contralor, se ha evitado el caer en esos lamentables procesos de corrupción que caracterizaron especialmente al tercer gobierno de la Concertación, con lo que se han logrado procesos enmarcados en ese ambiente de sobriedad y honestidad característicos de nuestra cultura cívica.
En los aspectos negativos, cabría mencionar ese intento reiterado de desconocer la magnitud del esfuerzo hecho y la capacidad de coordinar y ejecutar complejos proyectos, con lo que se va creando un medio ambiente crítico, que es alimentado por esos cuadros que con elocuencia muestran los distintos medios de comunicación, de los lugares donde existe un mayor nivel de atraso o una obra en malas condiciones, como lo pudimos ver el otro día cuando el Presidente Piñera inauguraba unas casas y lo que mostraba la televisión eran casas destruidas en vez de las nuevas construcciones. ¿Casualidad, descuido, intencionalidad?.
Pero como no puede faltar, también existen los representantes de las propias tropas, que no pierden oportunidad para complicar los escenarios que se están estructurando y, con una genialidad digna de mejor causa, hacen un planteamiento que debidamente grabado y difundido genera una crisis, que complica más allá de lo razonable a las autoridades del gobierno, que al quedar entre lo que corresponde desde un punto de vista ético y lo que conviene desde un punto de vista electoral, terminan por resolver según se reconoce como “políticamente correcto”, cueste lo que cueste.
Veamos ahora que nos depara el futuro y como lo vamos a enfrentar. ¡Suerte!
Jorge Arancibia Reyes
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Caza de brujas (Patricio Julio). Lo Secreto ( Almirante Jorge P. Arancibia Reyes)

Caza de brujas (Patricio Julio). Lo Secreto ( Almirante Jorge P. Arancibia Reyes)
Las opiniones vertidas en esta columna son de responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de UNOFAR
En esta lucha de intereses los más perjudicados son las FF.AA, quienes como cuerpo disciplinado y no deliberante, deben acatar y acomodarse a los designios del cargo y a los intereses políticos semi oculto de quienes lo ejercen.

 

Sr. Director:
La  actual situación del Ministerio de Defensa se debe que hace rato los gobiernos de la concertación y ahora el gobierno de la alianza han usado y están usando  este ministerio para nombrar Ministros por acomodos políticos, premios por lealtades  al partido o al gobierno de turno,  mostrar un gobierno  de unidad nacional  o aquietar  algunas disidencias.
Con la reciente salida del Ministro Jaime Ravinet, quien deja el cargo bajo una serie de denuncias de irregularidades administrativas y acusaciones cruzadas por mala gestión entre el ministro saliente, el segundo piso de la moneda y el ministerio de OO.PP. queda en evidencia que la selección se realiza con los criterios antes señalados.
En esta lucha de intereses los más perjudicados  son las FF.AA, quienes como cuerpo disciplinado y no deliberante, deben acatar y acomodarse a los designios del cargo y a los intereses  políticos semi oculto de quienes lo ejercen.
La llegada del Sr. Allamand, no hace más que confirmar  la regla, lo lamentable de esto, es que en el afán de lucir políticamente, se ponga en duda la honorabilidad de los Altos Mandos de las instituciones, al generarse una verdadera caza de bruja,  con publicitados sumarios administrativos, que siempre han existido en las reparticiones públicas, pero que   al ventilarlas por los medios denostan a personas que no cuentan con los mismos medios publicitarios para defender su honra.
Las FF.AA. son instituciones permanentes y  patrimonio de la nación, no tiene derecho a huelga ni a sindicalizarse, por lo tanto su conducción debe obedecer a criterios muy técnicos y profesionales, una mala conducción no hace más que debilitarlas.
Espero que el Sr. Ministro Allamand,  como admirador de  Winston Churchill aplique en su  gestión una mirada de estado y no tenga nuevamente que realizar una travesía en el desierto.
Patricio Julio González
Oficial de Ejercito ( R )

 

Lo Secreto.
En el ámbito privado, lo secreto o lo reservado es tan amplio como la personalidad de quien resguarda estos espacios de intimidad, situación que, en la vida pública, adquiere una connotación absolutamente distinta y, de hecho, se debiera aplicar en un ámbito definitivamente reducido, como es en las instituciones de la defensa.
Ahora bien, con referencia a la exposición noticiosa de la adquisición de un puente mecano por parte del Ministerio de Defensa, a través del Ejército de Chile, estimo se hace indispensable el distinguir los niveles de reserva necesarios para enfrentar los actos administrativos, de las acciones operativas que se cumplen en las Instituciones de la Defensa y de la Seguridad Nacional.
Respecto a los actos administrativos, cabría distinguir aquellos que significan inversión de recursos y que tendrían una serie de consideraciones de acuerdo al monto o niveles de urgencia con que se necesitan, lo que hace necesario el llamado a licitación pública o privada y a la compra directa nacional o internacional, no viéndose inconvenientes en que luego de efectuada la compra, se explicite las razones de una u otra decisión, como podría haber sido en el caso del puente, siendo, en este punto, necesario informar a la ciudadanía que existen reglamentos específicos con todos los pasos a seguir en los distintos procedimientos.
En este sentido, hay que tener presente que las compras de material militar, en general, están rodeadas de un cierto grado de reserva cuando se trata de aquellos aspectos que hacen la diferencia, como niveles de amunicionamiento o alguna implementación técnica que modifique capacidades especiales, a diferencia de las grandes compras, que el propio proveedor se encarga de difundir y que aparecen registradas en las publicaciones especializadas en la materia.
Distinto es el caso de aquellos actos administrativos que tienen que ver con la marcha de las instituciones, como calificaciones, comisiones, destinaciones, órdenes específicas y otras, que no tienen el carácter de información pública y cuya justificación, solo es demandada por la autoridad competente, es decir, aquella que está expresamente autorizada para requerir la información, siendo ella la responsable de su difusión si lo estima conveniente.
En el caso del área operativa institucional, sí que requiere una consideración de reserva especial. Los procesos de planificación y las decisiones estratégicas que se adopten, la obtención de las informaciones de inteligencia, el alistamiento de los medios y los apoyos logísticos necesarios, no pueden estar en el debate público luego de la decisión política del posible empleo de las fuerzas, decisión que autoriza el comienzo de la planificación respectiva.
Lo anterior es fundamental y no resiste análisis, ya que el factor sorpresa es de un valor inconmensurable al momento de la ejecución, algo que es evidente cuando vemos esas fulminantes acciones policiales contra el narcotráfico en las noches capitalinas, operaciones desde las cuales es posible imaginar como será la preparación militar de una operación de gran envergadura y el grado de reserva que se debiera tener en la preparación de la misma.
Este tipo de análisis se hace en esta oportunidad, cuando empiezan a proliferar los comentarios relativos a falta de transparencia de instituciones que se han ganado el reconocimiento de la ciudadanía, por la forma en que preservan los principios y valores tradicionales de su accionar y frente a los cuales, observaciones normales, menores y corregibles de la Contraloría General de la República, no pueden dañar.
Jorge P. Arancibia Reyes.

 

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Resultado de la reciente cacería de brujas y Baja en las encuestas.

Las opiniones vertidas en esta columna son de responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de UNOFAR
En un Estado de Derecho nadie es culpable hasta que una sentencia establezca – más allá de toda duda razonable – que esa persona es culpable del delito que se le imputa.

 

RESULTADOS DE LA RECIENTE CACERÍA DE BRUJAS
 
 
            El diputado Tucapel Jiménez debe estar muy satisfecho. Intentó que uno de nuestros camaradas quedara sin trabajo y las autoridades de gobierno les cooperaron con entusiasmo aportando con otros ex uniformados que fueron rápidamente “desvinculados”.
            El flamante Ministro de Defensa, exagerando en su celo, no solo arremetió contra varios asesores de su ministerio que habían pertenecido a servicios de inteligencia, sino que aprovechó de prescindir de los servicios del General Orlando Carter por su condición de yerno del General Manuel Contreras.
            Este arbitrario acto, tipo “patrón de fundo”, se justificó por “razones políticas”.
            El subrogante en el Ministerio de Vivienda también se movió con rapidez para cesar el contrato de Jefe de Seguridad del Parque Metropolitano (Zoológico) de otro camarada.
            Ninguno de los afectados por estos atropellos a sus derechos está siquiera procesado pero, ¿para qué recurrir a los lentos tribunales si “por secretaría” se obtienen estos rápidos resultados?
            Opina en “El Mercurio” la Subjefe del Departamento Estudios y Proyectos de la Defensoría Penal Pública:
            En un Estado de Derecho nadie es culpable hasta que una sentencia establezca – más allá de toda duda razonable – que esa persona es culpable del delito que se le imputa.
            Le faltó agregar “salvo que se trate de algún miembro de las Fuerzas Armadas y de Orden”. ¿O será que vive en otro país?
            No es primera vez que ocurren estos atropellos, el anterior fue en septiembre de 2009 y, como ya es costumbre, se alude a “políticas”, eufemismo que esconde el desconocimiento de derechos constitucionales, leyes y reglamentos.
            Es como si un empresario pudiera pagar menos del sueldo mínimo porque esa es “la política de la empresa”.
            Tampoco autoridad alguna se ha dado la molestia de justificar el contrato respectivo, señalando qué necesidad del servicio era satisfecha por el funcionario “desvinculado”. Mejor guardar silencio para no incomodar a los perseguidores y “tontos útiles”.
            Afortunadamente nuestro camarada, el General Carter, ha difundido públicamente los trabajos que realizó recientemente en el Ministerio de Defensa Nacional y los diversos cargos que había servido en los últimos años, en particular durante los gobiernos de la Concertación.
            A ver qué le contestan quienes se llenan la boca hablando de transparencia.
            Y, como en el pedir no hay engaño, no está lejano el día en que no se permita desempeñar trabajo alguno, público o privado, a quien hubiera cometido el delito de servir en las Fuerzas Armadas y de Orden, a partir de 1973, ya que el haber sido promovido y ascendido “en democracia” ya nada significa.
            Triste episodio, pero puedo apostar que, por desgracia, esta no será la última cacería.
Humberto Julio Reyes
Brigadier General
Co Presidente Ejército
BAJA DE APOYO A PRESIDENTE EN ENCUESTASComparando el tiempo de mandato que lleva el Presidente Sebastián
Piñera con los veinte años que lo precedieron, donde la Concertación
dejó una sucia huella de vergonzosas inmoralidades, indudablemente que
todo hoy se ve mejor: un gobierno decente y eficiente que trabaja con
profesionalismo y capacidad.¿Entonces a que se debe la desaprobación paulatina y creciente del
Presidente en las encuestas? El Gobierno ha cumplido en todo y con
todo lo propuesto, la cara de Chile cambió notablemente desde su
asunción al poder. La desidia y suciedad desapareció en todas las
reparticiones públicas. Se limpió el fisco de la haraganería
inoficiosa y onerosa que tenía la Concertación. Se enfrento incluso en
forma brillante los nuevos escollos del camino, como el terremoto, el
caso mineros y otros.

Entonces el Presidente debiera preguntarse seriamente a que se debe su
permanente baja en todas las encuestas de opinión pública. Si no lo
hace, quiere decir que simplemente es un hombre ambicioso que luego de
lograr sus objetivos personales, pierde interés en lo que hace y busca
nuevos objetivos que satisfagan su ego.

Pero descartando la última aseveración por el poco tiempo que el
Presidente lleva en el Gobierno, sí podemos decir con absoluta
seguridad que ha cometido dos errores muy graves, y esos están
gatillando la caída de su popularidad. Y si no los subsana mientras
aun sea tiempo, la derecha política se verá muy afectada en futuros
comicios, con el consiguiente daño al país, al verse sometido una vez
más a la corruptela concertacionista.

El primer error, el menor de los dos, es esa suerte de “cogobierno”
que mantiene con la Concertación. EL Presidente no puede ejercer su
mandato sometiéndose a las presiones y gustos de sus opositores. El se
debe a todos y cada uno de sus conciudadanos y nunca debe perder de
vista su programa de gobierno y promesas de campaña. Y a sus
opositores, respetarlos con mucha cautela, y mantenerlos a una
distancia bien marcada, ellos no son gente de fiar, en el poder sólo
mostraron bajeza, y como opositores solo buscan el fracaso del
Gobierno.

Y el segundo error del Presidente Piñera, el más grave, es la postura
adoptada frente a las Fuerzas Armadas y de Orden en lo que se refiere
a la “política” de derechos humanos. La Concertación construyó un
sucio y vengativo andamiaje en contra de estas Instituciones
permanentes de la República: Una justicia politizada y prevaricadora.
Organos del estado con dedicación exclusiva al tema. Agrupaciones con
financiamiento estatal para el marketing antimilitar. Una persecución
sin límite en contra de Uniformados activos o retirados. Y
lamentablemente, el actual Presidente continúa alimentando esa
barbarie, incluso se ha hecho parte de ella, y ha borrando con el codo
todo lo prometido en el tema durante su campaña. Tanto así, que hasta
rechazó una proposición de la Iglesia sobre indultos que podían
favorecer a Militares.

A estas alturas los chilenos solo quieren, por una parte, un
Presidente que muestre su real capacidad y que dejé a sus opositores
en el lugar que merecen por el daño que hicieron a Chile. Y por la
otra, que cierre las heridas que el marxismo abrió en Chile hace 40
años. Que se limpie el poder judicial prevaricador, para eso tiene
facultades constitucionales. Y que a los Militares se les otorguen los
beneficios que la ley les concede y que se les han negado por 21 años.
Beneficios que sí recibieron todos los terroristas que sembraron de
pánico y sangre nuestro suelo. Son más de ocho mil subversivos los que
hoy están libres, entre los cuales, un millar de peligrosos
criminales.

Si el Presidente Piñera no enmienda estos dos gravísimos errores,
principalmente el último, su popularidad continuará cayendo, y Chile
inevitablemente se verá otra vez en manos de ineficientes y
deshonestos.

Alejandro Russell O’Kuinghttonss

Columna de Opinión

LA CACERIA DE BRUJAS DEL DIPUTADO JIMÉNEZ

Las opiniones vertidas en esta columna de opinión, son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de UNOFAR
Nuestro camarada ha dado pruebas a lo largo de todo su desempeño profesional de su destacada calidad como persona, militar e ingeniero y no merece una “desvinculación” entre gallos y medianoche para calmar la inextinguible sed de venganza que refleja este absurdo cuestionamiento que se inscribe en el permanente desconocimiento de todo derecho a quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas y de Orden durante el Gobierno Militar.

 

 
 
            Leyendo El Mostrador del 30 de diciembre de 2010, me entero que el diputado Tucapel Jiménez (PPD), ha expresado que “Ravinet debe responder por asesor que perteneció a la DINA y la CNI”.
            Como el renunciado Ministro ya no está en funciones, siendo improbable que conteste dicho emplazamiento, siento mi obligación aclarar la situación de un camarada, miembro de nuestra Unión, a quien se le pretende atropellar su derecho al trabajo difamándolo sin otro argumento que la mencionada pertenencia.
            Para sostener sus dichos, el diputado recurre a dos falacias.
            La primera que el Presidente Piñera se comprometió a que “ningún personaje de la Dictadura y de organizaciones represivas iba a trabajar en su administración” y que ahora debería cumplir su palabra.
            Que yo recuerde el Presidente solamente excluyó de su gabinete ministerial, y en principio, a colaboradores del Gobierno Militar.
            Del resto no me he enterado.
            Segundo que el fallo de la Corte Suprema del caso Prats declaró a la DINA asociación ilícita y criminal.
            Eso tampoco es efectivo ya que la calidad de asociación ilícita se les dio a quienes, en opinión del tribunal, se concertaron para cometer el delito. Nada más.  
            Espero que alguna autoridad del Ministerio de Defensa señale con claridad que su contratación obedeció a una necesidad del servicio expresada en el requerimiento de una persona con las competencias y reconocida calidad profesional del Brigadier Italo Seccatore Gómez.
            Nuestro camarada ha dado pruebas a lo largo de todo su desempeño profesional de su destacada calidad como persona, militar e ingeniero y no merece una “desvinculación” entre gallos y medianoche para calmar la inextinguible sed de venganza que refleja este absurdo cuestionamiento que se inscribe en el permanente desconocimiento de todo derecho a quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas y de Orden durante el Gobierno Militar.
            Y si el diputado tiene algún antecedente concreto, que recurra a los Tribunales y no intente ganar por secretaría.
            Al menos, así yo lo pienso.
Humberto Julio Reyes
Brigadier General
Copresidente Ejército

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