Categoría: Seguridad y defensa

                                                            ASESINATO EN EL METRO

  Humberto Julio Reyes. General de Brigada (R). Past Presidente de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

A través de una carta en El Mercurio del sábado 16 de diciembre, me entero del asesinato de un ingeniero de 75 años de edad, en el Metro Los Héroes, noticia que me parece ha pasado desapercibida en medio del reciente plebiscito de salida.

Como un hecho delictual de esta gravedad no es habitual, uno podría esperar mayor cobertura al respecto o algún seguimiento de la noticia, pero, si ha existido, no me he enterado y, aunque no soy devoto de noticieros o matinales, me considero una persona medianamente informada.

También alguien podría argumentar que, dado el nivel de delincuencia que soportamos hoy en día, esta noticia sería algo ya rutinario y sólo la calidad de la víctima, un profesor guía de prestigio en la USACH, constituiría la excepción a la regla de que nadie está a salvo de ser asesinado, sea en un medio de locomoción, asaltado en su domicilio o en la calle, víctima de un portonazo o por bala loca.

Frente a un escenario tan negativo, varios alcaldes han solicitado que se convoque al Consejo de Seguridad Nacional o que en sus comunas se establezca estado de excepción, cosa que a más de alguna autoridad le ha parecido un despropósito y también nos hemos enterado de la organización de un “batallón de protección ciudadana” de guardias privados para colaborar con las policías que, aparentemente, estarían sobrepasadas por delincuentes que, al decir de una autoridad, no temen ser enfrentados.

¿Ese sería el problema?

¿Policías sobrepasadas que requieren que otras organizaciones les colaboren en forma directa a controlar la delincuencia?

Posiblemente sea prematuro emitir juicio respecto al mencionado “batallón” donde sin duda habrá personas que tengan las competencias requeridas, aunque otra cosa es que cuenten con atribuciones para actuar en forma efectiva.

Donde sí me adelanto a pronunciarme es respecto a un estado de excepción que implique desplegar personal militar, que carece de preparación y equipamiento para funciones policiales, esperando sean eficientes y efectivos para enfrentar delincuentes dispuestos a todo.

¿No sería mejor solución contar con más y mejores policías y el respaldo de una legislación que no los convierta en “victimarios” si deben actuar con la firmeza que requiere la actual situación?

Se me dirá que eso requiere tiempo y que, en el intertanto y tal como ya se ha hecho en las macrozonas norte y sur, también se pueden emplear las fuerzas armadas “en subsidio”, pero puedo imaginar la reacción que provocaría el uso de sus armas, aún cumpliendo con las restrictivas RUF, si se diera muerte a los delincuentes que lleguen a enfrentar.

Un regalo caído del cielo para el INDH y jueces que practican el activismo judicial. Sin olvidar a dirigentes políticos que expresan sin tapujos que siguen considerando a las fuerzas armadas como sus declarados enemigos.

Por ello, antes de pedir, proponer o adoptar soluciones de dudoso efecto, convendría que se definiera el problema con la mayor claridad posible, evitando toda ambigüedad, por difícil que sea.

La situación lo exige.

18 de dic. de 23

                                                                       COMENTARIO ACERCA DE POSICIÓN DE GADFA                                                                         SOBRE PROPUESTA CONSTITUCIONAL EN                                    DEFENSA NACIONAL

John Griffiths y Marcelo Masalleras, Jefe de investigación e investigador de AthenaLab.

El Mostrador, Opinión, 07/12/2023

Existe una animadversión, sesgo y prejuicio, al concepto de “seguridad nacional”, siendo que dicha noción es aceptada y oficializada en el ámbito de las relaciones internacionales, los estudios de seguridad y estratégicos a nivel global.

Con fecha 03 de diciembre, en una publicación de este medio, el Grupo de Análisis de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas (GADFA) llama a rechazar la propuesta constitucional que será sometida a votación el 17 de diciembre, por no cumplir “los estándares democráticos básicos”, con algunas observaciones a lo establecido en ella respecto de la defensa nacional y las FF. AA.

El motivo de esta respuesta no es revertir la intención de voto, sino que abordar las objeciones realizadas por este grupo de especialistas.

Primero, existe una animadversión, sesgo y prejuicio, al concepto de “seguridad nacional”, siendo que dicha noción es aceptada y oficializada en el ámbito de las relaciones internacionales, los estudios de seguridad y estratégicos a nivel global.

Como fundamento de lo anterior, bien vale la pena establecer que, dentro de los países de la OCDE, existe arquitectura de seguridad nacional (en estos términos) en el 71,05 % de los países integrantes.

Ahora, si examinamos los Estados de la OTAN, el porcentaje en donde se encuentra dicha arquitectura de seguridad nacional, sube a un 80 %.

Si aún a pesar de lo anterior existen dudas del estudio de la seguridad nacional –como concepto–, podemos citar la revisión de la oferta educativa de las 30 mejores universidades del mundo, de acuerdo con el ranking elaborado por CONICYT-Chile, para el año 2019, y en ellas encontramos que en un 76,7 % ofrecen programas en donde se estudia la seguridad nacional, sin ambigüedades ni eufemismos.

Es decir, el concepto existe, se estudia, y es parte del cuerpo teórico de una disciplina como las relaciones internacionales, siendo clave hoy para entender los desafíos del Estado frente a los riesgos, amenazas y oportunidades que debe enfrentar en esta transición de orden internacional en que nos encontramos.

Segundo, indica que los roles propuestos llevan a militarizar el Estado, incorporando normas constitucionales, como la protección de la infraestructura crítica o el resguardo de zonas fronterizas.

Nuevamente, es necesario revisar la tendencia a nivel global en este aspecto, ya que evidentemente nos encontramos en un cambio de paradigma a nivel global en materia de seguridad y bien sabemos que los paradigmas al entrar en crisis ya no explican necesariamente los fenómenos actuales.

La protección de infraestructura crítica es una misión que cada vez más requiere la colaboración de las capacidades de las Fuerzas Armadas, cuando dicha infraestructura sea vital para la seguridad de la población.

No en vano, la Unión Europea, el 2008; Alemania, el año 2009; Australia, el 2010, y Estados Unidos, el mismo año, entre otros países, han definido la noción de infraestructura crítica y han diseñado estrategias para su protección en la que integran a todos los actores para su protección, sin excluir las capacidades de las Fuerzas Armadas, por cierto.

Ahora, en relación con el resguardo de zonas fronterizas, habrá que coincidir en que el control militar de frontera es función básica del Ejército, es el lugar donde se entrenan, se aclimatan, planifican la defensa de la soberanía nacional.

Distinto es que estos desarrollen funciones policiales permanentes. Pero el solo hecho que estén en frontera no cabe duda de que beneficia la seguridad de nuestro país.

Nada se ha escuchado hasta ahora del mismo grupo de analistas cuestionando el rol permanente de la Policía Marítima, dependiente de la Armada de Chile, la cual cumple funciones similares. Por cierto que lo anterior requiere de un proceso de integración y coordinación de los actores estatales en frontera, todos actuando bajo sus misiones constitucionales o legales.

Restarse al beneficio que aportan las Fuerzas Armadas en el control fronterizo, terrestre, marítimo y aéreo, no ayudará a contar con un país más seguro.

La policía fronteriza será un actor más que deberá ser integrado y coordinado en un esquema de seguridad de frontera más amplio.

Un tercer elemento referido es el capítulo especial, el capítulo VI, del proyecto constitucional que incluye a las FF. AA.

En este punto es importante destacar que el tema de fondo no es el capítulo, sino que sus misiones, y si están en la Constitución como capítulo no es por su autonomía ni porque están en el mismo nivel de los poderes del Estado, sino porque son esenciales para la seguridad del Estado y lo han acompañado desde su formación como república.

Si el fin del Estado es el bien común y este se expresa en términos de seguridad, desarrollo y bienestar para la población, qué problema existe en detallar sus misiones constitucionales en un capítulo, más aún cuando hoy el principal problema del país es su seguridad, como factor decisivo para el bienestar del ciudadano.

Cuarto, se señala que se limita la jefatura suprema del Presidente de la República, solo al caso de guerra, que se restringe su atribución de nombrar a los comandantes en Jefe de los cinco oficiales de mayor antigüedad, y que solo puede llamarlos a retiro por decreto fundado, todo lo que reforzaría la autonomía corporativa de sus mandos.

Al respecto, no existe tal autonomía corporativa, aunque se repita majaderamente. En nuestro entramado legal, las Fuerzas Armadas están sometidas al poder político de turno, que ejerce cada gobierno a potestad. La jefatura es suprema en caso de guerra, porque es el Presidente quien ejerce directamente la conducción de las operaciones militares, pero en tiempo de paz no está dedicado a conducirlas, sino que delega su función en el ministro de Defensa Nacional.

A mayor abundamiento, puede llamar cuando lo desee a retiro a los comandantes en Jefe, mediante decreto fundado, del que solo toma conocimiento el Congreso Nacional.

Lo anterior, no limita sus facultades presidenciales, sino que las confirma.

El Presidente de la República nombra al futuro comandante en Jefe dentro de las cinco primeras antigüedades, por ser una norma que otorga estabilidad, en una función tan delicada como la defensa y la seguridad nacional.

Se asegura que quien ejerza dicho cargo posea no solo las competencias, sino que la experiencia adecuada y esperada para ello.

Si no le acomoda, lo puede llamar a retiro cuando le parezca. La norma apunta a la rendición de cuentas de los actos presidenciales, pero no a limitar la autoridad presidencial.

Con todo, se estima que el contenido de la proposición no afecta el rol profesional de las Fuerzas Armadas, que hoy claramente –dados los desafíos del contexto internacional– está colaborando en un espectro mayor de sus funciones, tal como ocurre en la mayoría de las democracias europeas y países desarrollados.

Lo relevante no es dejarlas al margen, sino que establecer las atribuciones legales específicas, que deben cumplir en colaboración con las instituciones del Estado en un proceso interagencial, o interinstitucional, conducido políticamente, del que no sería sensato restarlas.

Por lo demás, en el actual desempeño operacional regido por la actual Constitución ya lo están haciendo y no hay mayores cuestionamientos a las decisiones del actual Gobierno en emplearlas en el norte y sur de Chile.

Donde sí estamos de acuerdo con GADFA, es en que dichas funciones no deben ser desarrolladas ni utilizadas más allá del límite en que vean afectadas su misión principal, siendo esto solo un empleo excepcional, tal como está definido en el proyecto constitucional.

                                                                           “CASAS DE PIQUE”: EL MÉTODO PARA DESCUARTIZAR QUE                              PODRÍA HABER LLEGADO A CHILE

Diana Lozano Perafán

El Líbero, 24/11/2023

Al menos ocho casos en los que se ha empleado el modus operandi de descuartizar a las víctimas se han registrado en el país entre abril y noviembre de este año, lo que da un promedio de uno al mes. Aunque las autoridades no se arriesgan a afirmar que la práctica de «picar» personas esté instaurada en el territorio nacional, la ministra del Interior, Carolina Tohá, sí dijo ayer que se trataba de «prácticas extremadamente repugnantes que en Chile no habíamos conocido». En tanto, Claudia Carrasquilla, ex fiscal nacional de crimen organizado en Colombia, señala a El Líbero que estos desmembramientos de personas son comunes en Buenaventura y Medellín, ciudades de donde provenían criminales que fueron detenidos en Chile. En Bogotá hubo el año pasado 23 casos, muchos de los cuales fueron atribuidos a «El Tren de Aragua», banda venezolana que también actúa en el territorio nacional.

Una pierna en el mar, una cabeza en una caja en un basurero, otra colgando de un árbol, un torso con las manos amarradas a la espalda y con las piernas sólo hasta las rodillas en plena avenida Alameda. Macabros han sido los hallazgos de partes humanas que se han registrado en diversas regiones del territorio nacional en los últimos meses. Anteriormente el método de descuartizar se veía en las noticias de otros países o en películas o series, pero no de forma frecuente en los reportes de crímenes nacionales.

Entre abril y noviembre de este año van al menos ocho casos en todo el país -cuatro en la Región Metropolitana-, lo que da un promedio de uno por mes. El último fue en Coquimbo hace poco días.

“Este no era un modus operandi tradicional en Chile, era muy excepcional (…). Es ajeno a nuestra historia criminal. Es importante mirarlo con mucha atención porque ha ocurrido en otras partes del mundo. En Colombia y en Argentina ha ocurrido”, señala a El Líbero Felipe Harboe.

Al ex subsecretario del Interior le llaman la atención las cifras. “Tenemos casi un hallazgo por mes. Esto habla de que estamos en presencia de una situación que, si bien todavía sigue siendo aislada en el contexto de la cantidad de delitos que hay en Chile, resulta preocupante porque, por alguna razón, está aumentando”, indica.

Ministra Tohá: “Prácticas extremadamente repugnantes que en Chile no habíamos conocido”. En el marco de la reunión del Consejo Nacional contra el Crimen Organizado, encuentro que tuvo que adelantarse dada la contingencia en materia de seguridad y que se efectuó ayer, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a los casos en los que se ha empleado el método de descuartizar, así como a otros sucesos en extremo violentos que se han registrado en las últimas semanas.

Tohá habló de “hechos de sangre que además se desarrollan a través de prácticas extremadamente repugnantes que en Chile no habíamos conocido y a los que no nos queremos acostumbrar”.

Unidad Especializada de Crimen Organizado ha “investigado con detención” el modus operandi de descuartizar víctimas. El director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía, Ignacio Castillo, entrevistado ayer en el programa Mirada Líbero, también se refirió a los hallazgos de partes humanas que se han registrado en los últimos meses en el país.

“Más que quedarnos en la casuística, tenemos hoy día ciertos fenómenos delictivos que no teníamos y efectivamente no al nivel que tenemos hoy día”, dijo.

Castillo indicó que el modus operandi de descuartizar es un fenómeno que “preocupa” al Ministerio Público y que han “investigado con detención”. Sin embargo, aseguró que hasta ahora no tienen elementos para afirmar que sea un accionar criminal “que se trajo desde afuera”.

Estos hallazgos inquietan a las autoridades. Aunque nadie se atreve a confirmar que estén en Chile, algunos advierten fuera de micrófono sobre la eventual implementación del método criminal de “picar” personas, lo que en Colombia se realiza en las llamadas “casas de pique” desde hace varios años. Eso sí, en 2022 se registró el primer caso en Bogotá, en hechos que se le atribuyen a la banda criminal venezolana “El Tren de Aragua”, que también tiene sus tentáculos en Chile.

“La Chily”, dueña de las casas de pique en Colombia, fue capturada en Chile. La ex Directora Nacional contra el Crimen Organizado en Colombia, Claudia Carrasquilla, que por años se desempeñó como fiscal especializada en esta materia en Medellín, explica a El Líbero que en Buenaventura (Valle del Cauca) funcionan “casas de pique”, lugares destinados para desmembrar personas.

“Se han encontrado cadáveres que han sido desmembrados en Buenaventura. Esto obedece a un tema cultural. Ellos tienen la creencia de que si a la persona que ellos asesinan no la descuartizan, el alma de esa víctima se va a impregnar en el alma del sicario. Suena muy aterrador, pero es una realidad cultural que hay en esa zona del Pacífico”, señala Carrasquilla, actualmente concejal de Medellín.

La denominada por los medios de su país como “dueña de las casas de pique” de Buenaventura, la colombiana Fanny Gruesso Bonilla, alias “La Chily”, fue capturada precisamente en Santiago en 2014.

“La Chily”, según la prensa colombiana, había pertenecido a las Farc, luego a las Autodefensas Unidas de Colombia y, posteriormente, luego de pasar por varias organizaciones criminales, integró el llamado ‘Clan del Golfo’ o grupo antes denominado ‘Los Urabeños’, por tener su área de injerencia en el Urabá, zona ubicada entre Chocó y Antioquia, en límites con Panamá, dedicada al tráfico de armas y droga.

Un año después de la captura de “La Chily”, fue detenido en Chile Edilberto Oliveros Correa, alias “Mundo Malo”, cabecilla de la principal organización criminal antioqueña, “La Oficina de Envigado” (comuna que limita con Medellín, en la que creció Pablo Escobar), y que en sus inicios sirvió al Cartel de Medellín. El hombre, que también pasó por las Farc y por un grupo de autodefensas, es acusado de haber instalado en Chile los préstamos a altísimos intereses, denominados “paga diario” o “gota a gota”.

Descuartizar víctimas, un método criminal que también se aplica en Medellín. Carrasquilla también se refiere al modus operandi de descuartizar víctimas en Medellín, capital de Antioquia, donde también son comunes los hallazgos de partes humanas, especialmente en el río homónimo, que atraviesa la ciudad.

“En Colombia los descuartizamientos comenzaron cuando hubo presencia de los grupos paramilitares en las diferentes áreas rurales de Colombia. También se han presentado en las estructuras criminales en diferentes ciudades como Medellín, donde se realizan por ajuste de cuentas”, dice y hace la salvedad de que en la capital de Antioquia no funcionan “casas de pique”.

“En Medellín, en las guerras por el control de territorio para el microtráfico, se han presentado algunos desmembramientos. Estos hallazgos se efectúan en los ríos, en zonas despobladas, en vehículos. Ciertas estructuras criminales realizan ese tipo de actividades para generar terror en las otras bandas, pero no es que haya casas de pique”, agrega.

El más reciente caso chileno: “cortes parejos y posiblemente con empleo de sierra manual o eléctrica”. En Chile, el caso más reciente en el que se evidenció la aplicación del método de descuartizar a la víctima, se registró en Coquimbo. Entre el viernes y el domingo de la semana pasada fueron halladas en el mar siete partes humanas: primero una pierna, luego la cabeza y un muslo, después un pie. Así se inició la lista.

Saltan a la vista las declaraciones que al respecto ofreció a los medios el fiscal que lleva el caso, Mauricio Cartes. “Claramente con las pericias mecánicas que se han realizado por parte de la Brigada de Homicidios, los cortes dicen relación con una acción humana, con cortes parejos y posiblemente con el empleo de un elemento tipo sierra manual o sierra eléctrica”, dijo. El supuesto responsable, eso sí, sería chileno.

En Bogotá atribuyeron casos de piques a ‘El Tren de Aragua’, banda que también acciona en Chile. Carrasquilla advierte que además de Buenaventura y Medellín, Bogotá también ha sido escenario de hallazgos de cuerpos desmembrados, crímenes que en esa ciudad han sido atribuidos al “Tren de Aragua”.

“Últimamente ha habido presencia también de desmembramientos no sólo en Medellín, sino también en la ciudad de Bogotá. Esto obedece a los venezolanos que han tomado también parte de la criminalidad y han venido siendo actores en las diferentes ciudades de Colombia”, explica la especialista.

En el segundo semestre del año pasado, medios colombianos informaron del hallazgo, en distintos hechos, de un total de 23 cuerpos desmembrados que fueron dejados en bolsas de basura en diversos puntos de la capital de ese país. Parte de esos crímenes fueron atribuidos a la banda criminal venezolana.

Hay testimonios de que ‘El Tren de Aragua’, en la cárcel de Tocorón, lanzaba partes de sus víctimas a los cerdos. La periodista venezolana Ronna Rísquez, especializada en investigaciones de crimen organizado y autora del libro “El tren de Aragua”, también habló con El Líbero sobre los hallazgos de cadáveres desmembrados en Bogotá, que fueron atribuidos en buena parte a la mencionada organización criminal que nació en la cárcel de Tocorón y que se ha extendido por América Latina.

“El caso de Bogotá fue de alguna manera un poco excepcional, porque el descuartizamiento no es algo que se hubiera visto en Aragua o en otro lugar de Venezuela. Allá se identificó incluso un hotel donde se supone que se torturaba a estas personas y luego eran descuartizadas. Según las autoridades, en algunos de esos crímenes hubo participación del Tren de Aragua”, explica.

Rísquez indica que en su país los casos de descuartizamientos, que en efecto están asociados a enfrentamientos entre bandas, no son muy comunes, aunque se han registrado.

La especialista, sin embargo, hace una advertencia. “Hay un elemento que es importante considerar. A lo mejor este tipo de prácticas no eran tan visibles en Venezuela por factores como las zonas donde estaba ubicado originalmente el Tren de Aragua, en la prisión de Tocorón. Hay muchos testimonios de personas que consulté para el libro, por ejemplo, que decían que había personas que eran asesinadas dentro de la prisión y que las enterraban allí o que sus partes eran lanzadas a los cerdos”, relata.

Rísquez hace una segunda consideración. “En otras zonas donde el grupo opera, como por ejemplo la zona minera, también hay testimonios según los cuales las personas que de alguna manera violan las reglas son llevadas a parajes solitarios -que son extensísimos y hasta inaccesibles- y simplemente son ejecutadas y desaparecidas”, señala.

“Estas cosas son atroces y uno trata de no darles credibilidad, pero uno no sabe si realmente pasaron. Tal vez esta práctica no era visible en el caso venezolano porque tenían otros mecanismos para, por decirlo de alguna manera, desaparecer los cuerpos de sus víctimas”, señala la periodista.

En Venezuela, la información oficial sobre asuntos de criminalidad, entre otros temas de interés público, empezó a ser prácticamente nula pocos años después de la llegada del régimen chavista al poder.

                                                                 ¿ESTADO DE EXCEPCIÓN EN LA REGIÓN METROPOLITANA?

Richard Kouyoumdjian Inglis, Vicepresidente Directorio AthenaLab y director de la Liga Marítima de Chile

El Mostrador, 06/12/2023

Excepto la policía marítima de la Armada, las Fuerzas Armadas tampoco están diseñadas para manejar el crimen organizado, perseguir delincuentes y detener ladrones, asesinos y sicarios. Sí imponen respeto, pero estimo que ello no es suficiente para el problema que experimentamos en las urbes.

Partiendo esta columna quiero dejar claro que entiendo la inseguridad que se vive en muchas comunas de la capital y la desesperación tanto de quienes habitan en ellas como de sus alcaldes y autoridades.

Vivimos en un Chile en que el crimen y la violencia pasaron a ser parte del día a día, con delincuentes que no temen a las policías, fiscales, jueces y al Gobierno Central, que son los responsables últimos de asegurar la efectividad del Estado de derecho.

Ante la desesperación por la falta de efectividad de las acciones del Gobierno y las policías que trabajan para el Ministerio del Interior, más de algún gobernador o alcalde ha solicitado la implementación de un Estado de Emergencia o de Sitio, debido a que ello implica que la comuna, provincia o región respectiva queda bajo el mando de un oficial general de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), el cual por ley reporta directamente al Presidente, ya que actúa como delegado suyo en materias de seguridad pública y administrativas, en lo que es una militarización de facto del país.

No es raro que en una situación de este tipo la opinión pública pida la intervención de las FF. AA., debido a que las instituciones de la Defensa Nacional y las policías encabezan la lista de las instituciones más prestigiadas de Chile y sus mandos son reconocidos como las autoridades con mejor imagen pública.

También ayuda a que se pida la intervención de los institutos armados en las zonas urbanas el hecho de que ya están presentes desde hace más de dos años en la macrozona sur y en las fronteras con Perú y Bolivia, desde que se promulgó el decreto 265 en el 2019, o por la vía de la reforma constitucional que autoriza su uso para protección de infraestructura crítica, definición que incluyó, a petición de la ministra Tohá, las fronteras por las cuales ingresan tanto delincuentes como inmigrantes ilegales.

Con esos ejemplos, gobernadores y alcaldes dicen ¿por qué ellos tienen ese beneficio y nosotros no?

Las Fuerzas Armadas están diseñadas para atender problemas militares y se entrenan para eso. No están preparadas para resolver problemas policiales y es por eso que la Constitución establece claramente que solo deberán ser usadas excepcionalmente en tareas que no les son propias y es por eso que existen los Estados de Excepción Constitucional.

Esto es algo que el actual Gobierno no entiende y ya transformó la excepción en una rutina y, lo peor de todo, lo hace con el beneplácito de ambas Cámaras del Congreso.

Lo hace tanto para atender la insurgencia mapuche en la macrozona sur, a la que llama incorrectamente “violencia rural” y, por ende, se maneja como un problema delictual, y lo hace en las fronteras con Bolivia y Perú, en donde el problema es de inmigración ilegal y de crimen transnacional, fenómenos que claramente no son de carácter militar.

Los tres fenómenos que nos tienen complicados son de naturaleza distinta.

Una cosa es la insurgencia mapuche, que eventualmente se puede atender con soluciones militares, pero que requiere reconocer que no es un problema policial, ya que, si lo es, deberá ser atendido por las policías y el Ministerio Público.

Si lo declaramos por lo que es, las fuerzas militares en un muy corto plazo se pueden hacer cargo del problema, pero ello requiere de voluntad política y aceptar que va a haber bajas a uno y otro lado.

Lo que tenemos en la macrozona sur no es lo mismo con lo que arrancamos hace dos años o lo que se implementó a comienzos del Gobierno de Boric.

Partimos usando muy limitadamente las FF. AA., resguardando caminos y controlando lo que por ellos transitaba, para pasar a un modelo actual que da más libertad al jefe de la Defensa en el uso de los recursos, lo que ha traído (junto con un mejor trabajo de las policías y el Ministerio Público) una realidad más controlada y menos peligrosa.

Dicho eso, de existir la voluntad de usar todos los recursos del Estado en la eliminación o neutralización de los grupos insurgentes, ello se podría hacer sin mayor dificultad, pero –como dije antes– pasa por entender la naturaleza del problema y tener la voluntad política para resolverlo.

En las fronteras del norte y noreste de Chile el fenómeno es distinto. Tenemos tanto inmigrantes ilegales como grupos criminales transfronterizos que se aprovechan de la gran extensión que tienen esas fronteras y lo inhóspito del territorio para ingresar al país.

Claramente ello es un problema, pero es un problema policial, ya que no estamos enfrentando a ejércitos enemigos. El tema no es simple, ya que independientemente de que las Fuerzas Armadas operan apoyando a las policías, su sola presencia indica que estamos militarizando un problema policial y, al igual que en el caso de la macrozona sur, estamos haciendo permanente algo que las normas constitucionales referidas a infraestructura crítica indican que es excepcional.

Los despliegues tanto en la macrozona sur como en las fronteras implican para el Ejército y la Armada esfuerzos para los cuales no están diseñados, debido a que se declaran y atienden como problemas policiales.

Están diseñados para la guerra y no para ser guardias de punto fijo. Su máxima efectividad es cuando actúan para eliminar o destruir un objetivo u organización.

Excepto la policía marítima de la Armada, las Fuerzas Armadas tampoco están diseñadas para manejar el crimen organizado, perseguir delincuentes y detener ladrones, asesinos y sicarios.

Sí imponen respeto, pero estimo que ello no es suficiente para el problema que experimentamos en las urbes chilenas.

El problema criminal de Chile se resuelve rápidamente, entendiendo que los problemas policiales se atienden con soluciones policiales, las que deben ser efectivas, y para que lo sean deben contar con inteligencia, apoyo político y judicial irrestricto.

Si ello no ocurre, la opinión pública va a continuar buscando la intervención de las Fuerzas Armadas, cediendo sus libertades individuales a cambio de seguridad y, más importante aún, buscando un liderazgo político fuerte, eficaz y que no tema ejercer su autoridad.

Los Bukele son una realidad. La gente ya sabe de ellos y, al igual que los romanos antiguos, quieren que un cónsul se haga cargo de solucionar los problemas y, si ello significa dejar suspendida la democracia, lo van a hacer.

En resumen, el general Martínez[1] tiene razón cuando responde al gobernador Orrego en el sentido de que la militarización de Santiago no va a resolver un problema que es de naturaleza policial y no militar.

Evidentemente la presencia militar da tranquilidad, pero el problema solo se resuelve si el Gobierno se pone las pilas, decide ejercer su autoridad, apoya irrestrictamente el accionar de las policías y de la inteligencia del Estado, coordina y acuerda con el Ministerio Público y los tribunales una estrategia efectiva y, por sobre todo, deja atrás todos sus complejos en lo que se refiere al uso de la fuerza para derrotar al crimen organizado y los delincuentes que no nos dejan vivir tranquilos.

Gobernador Orrego: lamentablemente, las respuestas las tiene que pedir a la ministra Tohá y no a los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas de Chile.

[1] Nota: Tal vez el autor debió decir Iturriaga y no Martínez.