Categoría: Seguridad y defensa

                                                                      CRIMEN ORGANIZADO: HAY QUE RESPONDER CON TODA LA                                                                             FUERZA DEL ESTADO

Sergio Muñoz Riveros

Ex-Ante, 14/01/2024

¿Podría producirse en Chile una situación crítica como la de Ecuador? ¡Pero, si ya se produjo en 2019! ¿Es que alguien, a estas alturas, duda de que entonces el país experimentó en carne propia el inmenso poder destructivo del crimen organizado? ¿Quién puede aceptar todavía la versión “social” de lo ocurrido si los propios indultos presidenciales y las pensiones de gracia han revelado qué tipo de gente llevó la iniciativa callejera en los días del estallido antisocial?

Los graves acontecimientos de Ecuador, que han llevado al gobierno de ese país a declarar el estado de “conflicto armado interno” y a aceptar la ayuda militar de EE. UU., deben ser considerados como una advertencia definitiva para nuestro país respecto no solo de lo que puede ocurrir si las cárceles son capturadas por los delincuentes, sino de la capacidad del crimen organizado para desafiar al Estado y provocar la degradación institucional.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que la realidad de Chile no es la misma que la de Ecuador, pues “tenemos control de lo que pasa en las cárceles”.

Por su lado, el ministro de Justicia, Luis Cordero, declaró a una radio que “nosotros estamos muy distantes de lo que ha estado sucediendo ahí en términos de régimen institucional”.

Dijo que Ecuador ha abordado sus crisis de seguridad “rigidizando el código penal, sin preocuparse de las condiciones carcelarias”. La sobrepoblación, apuntó, favorece el reclutamiento del crimen organizado. Y sobre las cárceles chilenas, fue enfático: “Yo, lo primero que descartaría, es una hipótesis de riesgo”.

Sería mejor que el ministro Cordero no descarte nada. Es obvio que cada país tiene una realidad específica, pero el gobierno necesita examinar sin autocomplacencia nuestra propia situación.

La cuestión carcelaria es solo una parte de un problema mayor, que es la expansión del crimen organizado por encima de las fronteras. A la luz del inquietante avance de la criminalidad en Chile, ninguna hipótesis de riesgo debe descartarse.

Está a la vista el retroceso nacional en el terreno de la seguridad pública. Allí están para probarlo los asesinatos por encargo, las balaceras entre bandas, los secuestros, los asaltos a plena luz del día, etc.

Nadie duda de que muchos delincuentes avezados de Colombia, Venezuela y otros países aprovecharon las “ventajas comparativas” que ofrecía nuestro país.

Sobran, pues, las razones para que mucha gente sienta verdadera angustia por la situación de inseguridad y desprotección que se vive en numerosos lugares. La desgracia añadida es que el gobierno de Boric se ha demorado en entenderlo.

No tenemos cárceles tomadas en Chile, pero en una extensa zona del territorio nacional, la macrozona sur, el Estado está desafiado en el plano de la fuerza.

El terrorismo y el bandolerismo han debilitado gravemente la legalidad, lo que ha obligado a desplegar fuerzas militares en el marco del estado de emergencia.

Sin embargo, es indispensable llevar adelante un plan orientado a desarticular a los grupos armados. Hay que poner fin a la pesadilla en que vive la gente de la Araucanía y las demás regiones afectadas.

Cuando Boric era diputado, en 2016, visitó Temucuicui y declaró que era “territorio liberado”. Confiemos en que ya no crea eso.

¿Podría producirse en Chile una situación crítica como la de Ecuador? ¡Pero, si ya se produjo en 2019!

¿Es que alguien, a estas alturas, duda de que entonces el país experimentó en carne propia el inmenso poder destructivo del crimen organizado? ¿Quién puede aceptar todavía la versión “social” de lo ocurrido si los propios indultos presidenciales y las pensiones de gracia han revelado qué tipo de gente llevó la iniciativa callejera en los días del estallido antisocial?

No fueron manifestantes comunes los que atacaron comisarías y unidades militares, llevaron a cabo un sabotaje “profesional” del Metro, quemaron iglesias y promovieron la destrucción y el pillaje por doquier.

Tal devastación no se explica sin la asociación entre el lumpen y el golpismo de izquierda, y su objetivo fue empujar al país al caos y al quiebre institucional. Nadie espera que el Frente Amplio y el PC lo reconozcan.

La mayor amenaza para la seguridad del Estado y la convivencia en libertad viene hoy desde un enemigo que funciona como empresa transnacional, y que maneja gigantescos recursos que le permiten corromper jueces y policías, y hasta influir directamente en la política, como lo demuestra la experiencia de México.

Hay que defender a Chile ahora. Si los poderes del Estado no enfrentan esta amenaza con decisión, las consecuencias pueden ser devastadoras.

Nos encontramos en un punto en el que se requiere mucho más que una ley por ahí o una querella por allá. ¿Cuán cerca estamos de que las organizaciones mafiosas penetren y corrompan nuestras instituciones? ¿Quizás, ya está ocurriendo?

La experiencia de 2019 dejó una enseñanza elemental: las cosas pueden descomponerse rápidamente.

El país corre riesgos de gran envergadura, y la capacidad del Estado para enfrentarlos no puede estar trabada o en suspenso porque en el bloque gobernante hay quienes siguen pensando, como hace 4 años, que “el enemigo” es Carabineros o las FF. AA.

La inmensa mayoría de los chilenos piensa muy distinto. De la seguridad pública depende la vida en libertad y las posibilidades de progreso, y ello exige poner en tensión toda la fuerza del Estado.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

                                Balance Estratégico 2023-2024

                                Destinos Regionales

Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE)

Durante las dos últimas décadas, los pre- supuestos analíticos sobre el entorno de riesgos y amenazas globales describieron asertivamente los potenciales esce- narios en los cuales podríamos tener que desarrollar nuestras actividades en el futuro y en donde los Estados podrían incidir, creando capacidades para mitigar los efectos negativos de las situaciones que se irían presentando: Amenazas asimétricas, transnacionales, híbridas; conflictos interestatales, terrorismo, espionaje, apropiación intelectual; clúster del crimen organizado abocados a comprometer la soberanía y a provocar Estados fallidos; el uso de tecnologías en acciones de ciberguerra y cibercrimen; proliferación de armas de destrucción masiva (ADM); creciente influencia económica y política de actores no estatales; desplazamientos humanos masivos e irregularizados; depredación de los recursos naturales y minerales; etc. Una lista extensa, pero no invisible.

Como se manifiesta en el siguiente trabajo, estos desafíos no han hecho otra cosa que acentuarse bajo un estrés económico, climático y bíosanitario cada vez más incierto y complejo.

La deslocalización de la economía y la lucha por la influencia en las políticas mundiales que fijan su regulación, promete un largo periodo de tensiones in-flacionistas provocadas por la nueva regionalización de las cadenas de valor, la búsqueda por la proximidad de la producción y por la tendencia a acumular stocks. Asimismo, se verá complejizado por el disputado liderazgo tecnológico, el dominio del espacio y del ciberespacio. Además, por las amenazas militares desde Corea del Norte o Irán, o por la acción bélica en Ucrania y su significado en las reivindicaciones geopolíticas, o por las acciones para garantizar la soberanía china sobre Taiwán, principal productor de la tecnología avanzada.

Por otro lado, los Estados Unidos junto a la OTAN, la UE, bien el QUAD, AUKUS e IPEF en Oceanía e Indo-Pacífico, bajo un pronóstico beligerante, proyectan la defensa de sus políticas económicas, de desarrollo y de seguridad colectivos, es- trictamente regulados y selectivos en sus relaciones con los países periféricos. Un frente en el que América Latina es proclive a quedar marginada a pesar de su rol en el Pacífico.

Como contraparte, China y los proyectos de la Franja y la Ruta, que prospera ofre- ciendo una arquitectura de conectividad (rutas, puertos, carreteras eléctricas, di- gitales, energéticas), donde el desarrollo es débil o no existe, principalmente en países de Eurasia, el Indo-Pacífico, África y América Latina; facilitando las condiciones crediticias (alternativa al Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional) a los países apremiados por la inmediatez. También el BRICS + 6, el que construye un mundo de Estados transaccionales que no quieren tomar partido como blo- que en temas como la guerra de Ucrania o el calentamiento global.

Estas y otras situaciones estarían afectando severamente los espacios decisionales y su incidencia regional, sobre todo en aquellos Estado-nación en donde los índices de violencia han destacado más que sus proezas. Podría ser el caso de varios países latinoamericanos.

Esta década comenzó con un mal pronóstico al constatarse que la ventaja estratégica de quienes consolidaron su base de poder en medio de la pandemia COVID-19 y hoy lesionan la seguridad a través del crimen organizado, radicó en sus capacidades de combate, coordinación y adaptación a un ritmo y magnitudes difíciles de contrarrestar con instituciones que se creían fuertes, pero eran insuficientes. Los países cooptados por este fenómeno también dan cuenta del creciente papel de las mafias albanesas, chinas e italianas, entre otras. De haber entrado en un punto de no retorno, po- drían agudizarse las deficiencias estructurales como la desigualdad social, la pobreza y, por ende, el descrédito de la democracia y el aumento de la violencia.

Especial atención merece el caso de Ecuador que hace solo cinco años ocupaba el puesto N°66 en el índice de Paz Global 2017 y hoy N°97, por debajo de Argelia y Azerbaiyán. Como contrapunto, Chile descendió en 2023 a la posición N°58 luego de Moldavia y Namibia, mientras que antes ocupaba el lugar N°26 en este ranking.

Para el Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos de la ANEPE (CIEE-ANEPE), todos los antecedentes asociados a estos acontecimientos han sido motivo suficiente para abordarlos desde distintos análisis a la luz de sus publicaciones como la serie “Mirador Mundial”, “Panoramas de Seguridad y Defensa”, “Cuadernos de Trabajo” o “Newsletter”, y que el CIEE publica periódicamente durante el año. Cada uno, en su propósito, permite mantener a la comunidad de seguridad y defensa informada sobre el acontecer global y nacional. Como complemento, su Balance Estratégico, documento bianual, no pretende en modo alguno redundar en lo mismo.

En este “Balance Estratégico 2022–2023: Destinos Regionales”, el cuarto volumen desde su creación en 2017, tal como en las ediciones anteriores, se intenta tras- cender del diagnóstico hacia algunas proyecciones. Pues, su fin último, en el marco de un periodo de observación de más largo plazo, es dotar de sentido los hechos que impactan nuestra área de estudio que es la Seguridad Nacional y la Defensa Nacional. Ámbitos que están demostrando con suficientes argumentosser consustanciales a las condiciones de desarrollo de los países y la paz regional. De ahí el énfasis en destacar cuáles han sido las decisiones que se han adoptado en esta dirección y bajo qué premisas podría determinar el futuro de Chile y su entorno.

Puede ver el balance en el siguiente link: https://www.publicacionesanepe.cl/index.php/balance/article/view/1068/728

                                                                   GENDARMERÍA BAJO AMENAZAS: ORDENAN A FUNCIONARIOS                                                                  EVITAR USO DE UNIFORME O DISTINTIVOS EN LA VÍA PÚBLICA

Catalina Batarce

La Tercera PM, 18/01/2024

La instrucción llegó al personal luego de que la semana pasada el ministro Luis Cordero, el director nacional Sebastián Urra y la alcaide de la Cárcel de Alta Seguridad fueran amenazados por sujetos que aún no son identificados. La medida busca, como se lee en un oficio enviado a los diferentes recintos penitenciarios, evitar riesgos tanto para funcionarios como para sus familias.

Fue el pasado viernes 12 de enero que la Fiscalía Metropolitana Sur recibió la denuncia en que Gendarmería alertaba sobre las graves amenazas que apuntaban en contra del ministro de Justicia, Luis Cordero; del director nacional, Sebastián Urra, y de la alcaide de la Cárcel de Alta Seguridad, Fabiola Valladares.

De inmediato se activaron diligencias y se ampliaron los contingentes de seguridad de los involucrados.

Pero eso no fue todo. Esa misma jornada, de acuerdo con antecedentes a los que tuvo acceso La Tercera, el subdirector Operativo de la entidad penitenciaria emitió un oficio donde dispuso una serie de medidas de seguridad y resguardo en el uso del uniforme institucional para el personal.

Esto, como se detalló en la providencia firmada por el jefe del subdepartamento de Servicios Especializados, para evitar que funcionarios sean blanco de agresiones o amedrentamientos.

Y es que no se tomó a la ligera que sujetos desconocidos lanzaran panfletos con los rostros de las citadas autoridades siendo “apuntadas” por pistolas ni menos que se asegurara que ellos serían los responsables de operaciones del crimen organizado.

“El verdadero crimen organizado lo autoriza el Presidente de la República, ministro de Justicia, director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra Palma, y su peona alcaide, Fabiola Valladares Álvarez”, se leía en los papeles lanzados a las afueras del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas), en Avenida Pedro Montt.

Y agregaban: “Si la justicia “legal” no se aplica, ni cesan las torturas, llegará la justicia popular”.

Los panfletos fueron hallados al exterior de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago (CAS).

Por lo mismo, la instrucción a todo el personal de servicio de Gendarmería, ya sea civil o uniformado, es que debe “abstenerse de transitar por la vía pública vistiendo uniforme o portando algún distintivo institucional, con el fin de evitar ser víctima de agresiones directas o indirectas, insultos o amenazas por parte de terceros”.

Asimismo, se les pide evitar salir al exterior del recinto penitenciario mientras se encuentren de servicio, “salvo que se trate del cumplimiento de una labor propia de su competencia y exigencia”.

Integridad “en riesgo”. Si bien en el citado documento no se hace alusión a las amenazas que enfrentan Cordero, Urra y Valladares, los funcionarios de inmediato relacionaron los hechos y valoraron las disposiciones.

Entre ellas se incluye, además, que el personal que se encuentre en calidad de franco o con permisos estatutarios u otros legalmente establecidos, también deberá abstenerse del uso de uniforme y/o distintivos “que eventualmente pueden poner en riesgo su integridad y la de quienes lo acompañen”.

En cuanto a los Servicios Hospitales, también se determinó que “durante el desempeño de sus funciones, usará el uniforme institucional en la forma establecida en la normativa e instrucciones vigentes, y en el evento que por razones fundadas la jefatura de unidad disponga cubrir estos servicios de tenida civil, deberá vestir al menos casaquilla institucional o su TIP colgada en su cuello en la respectiva portacredencial”.

De igual forma, se hizo presente al personal que deberán abstenerse de utilizar recursos fiscales, tiempo de su jornada laboral, como asimismo el uniforme institucional, para generar y/o publicar en redes sociales información que no se enmarque dentro de actividades propias de la institución.

Esto, como subrayaron desde Gendarmería, para evitar exponerse como funcionarios, ya que “podría acarrarle problemas a su persona, como a sus cercanos”.

Por razones de seguridad institucional, recalcaron las autoridades penitenciarias, se tornó necesario recordarles a los funcionarios que también deben abstenerse de tomar fotografías o registros de video al interior de dependencias institucionales, tales como garitas de vigilancia, salas de CCTV, vehículos institucionales, calabozos de tribunales, entre otros.

Aquello, como se precisa en el escrito, dado que dichos sectores se identifican como “especialmente vulnerables” para los efectivos.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

                                                                        LAS ZONAS GRISES DEL CONTROL DE ARMAS                                                                            EN CHILE

Silvia Peña Pinilla, Periodista

El Mostrador, País, 08/01/2024

Hoy la atención mediática está en el crimen organizado, los homicidios, las drogas. Pero de las balas que arrebatan vidas, cruzan plazas, atraviesan paredes, se sabe poco. ¿De dónde vienen, cuántas armas hay, quién las carga? Un solo dato: de las incautadas, más del 80% está inscrito por civiles.

En las últimas semanas las balaceras se han tomado varias comunas y, con ellas, la vida de personas, incluyendo niñas, niños y adolescentes. Aumento de la delincuencia, ajustes de cuentas, nuevos delitos, crimen organizado, aparecen como las causas.

Petición de más carabineros, vigilancia privada, Estado de Excepción, son las reacciones de algunos políticos, principalmente alcaldes –quienes, de paso, ven una oportunidad electoral con miras a las próximas elecciones municipales–. Sin embargo, poco y nada se habla y analiza sobre lo que es el común denominador de todos los delitos mencionados: las armas de fuego.

Todas las investigaciones relacionan el aumento de la tasa de homicidios con el incremento del uso de armas de fuego.

Según el Estudio Mundial sobre el Tráfico de Armas de Fuego 2020, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, “más del 50 % de los homicidios que se producen cada año en el mundo se llevan a cabo con un arma de fuego. El 40 % de ellos tiene lugar en América Latina, que tan solo posee el 8 % de la población del planeta”.

En Chile los datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito señalan que, entre el 2019 y 2020, los delitos con armas de fuego aumentaron en un 87 %. A su vez, entre el 2021 y 2022, los homicidios muestran un alza de 27 %.

Pero al ratificar las fuentes, resulta que el registro de armas es una estadística del OS9 de Carabineros y las cifras de homicidios dan como fuente a la Policía de Investigaciones (PDI). Por su parte, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) muestra un peak de homicidios para 2022 de 934 y, para 2023, de 699, una disminución aproximada del 25 % respecto del año anterior. No cuadra.

Esta ensalada de datos es uno de los problemas de base del universo de las armas existentes en Chile. Falta información tanto de la cantidad de las mismas que hay “dando vueltas” como de su origen, propiedad, tipo, ubicación…

Y de las que están identificadas e inscritas, muchas tienen paradero desconocido, evidencian graves errores de inscripción, como estar registradas a nombre de fallecidos o menores de edad o con direcciones inexistentes.

A esto se suma que no existe un registro unificado del material incautado, de los procedimientos, de las investigaciones… Cada institución maneja sus números, sus métodos. Y en algunas hay que acudir a la Ley de Transparencia para, con suerte, obtener algunas respuestas.

Si ya sabemos que hay más homicidios que antes y que se usan cada vez más armas de fuego, la pregunta es: ¿con qué armas se asesina en Chile?

Responde el profesor de Criminología de la Universidad de Chile, Patricio Rosas Ortiz, quien además es doctor e investigador en Política Criminal y Análisis Delictual, y fiscal de Control de Armas en el Ministerio Público.

“La ausencia de información es, realmente, una triste evidencia de la falta de insumos mínimos institucionales para poder hacerse cargo del problema de las armas de fuego. Pero, a partir del universo muestral estadístico, se puede decir que las armas que más se utilizan para matar en Chile son armas inscritas por civiles que se desvían hacia la delincuencia”.

De acuerdo con la PDI, estas armas llegan a manos delictuales a través de testaferros, robos a armerías o particulares, desvío de armas y municiones –realizado por algunas personas que mantienen calidad de deportista, en caza o coleccionistas–. También hay armas hechizas, modificación de armas de fogueo, internación desde el extranjero.

“Del total de armas incautadas en la Fiscalía Metropolitana Sur en 2018, el 84 % estaba inscrito. Es relevante mencionar que la laxitud de control de armerías, y municiones, así como la falta de marcación de municiones fiscales, son un factor criminógeno favorable a la corrupción y al tráfico de las mismas”, agrega Rosas.

Cifras y promesas

“Un país que tiene menos armas en las manos equivocadas es un país más seguro, por eso hoy vamos a destruir 25 mil armas y otros accesorios. De estas, 8 mil fueron decomisadas por policías y tribunales de justicia”, señaló el Presidente Boric, el pasado 12 de diciembre.

Ese día se realizó la destrucción de 25.015 armas y otros accesorios metálicos que fueron recolectados durante 2022, “la más numerosa desde el año 1990”. Hito al que también asistieron la ministra del Interior, Carolina Tohá, y la ministra de Defensa, Maya Fernández.

El desglose de la cifra dice que, del total, 9.384 corresponden a piezas incautadas: 6.997 armas y 2.387 accesorios; 11.998 pertenecían a armas entregadas voluntariamente por civiles y 3.663 a armas fiscales dadas de baja (por desuso o deterioro), 2.517 de Carabineros y 1.116 de la PDI.

O sea, del total, un 32 % de ellas fue sacado de las manos de delincuentes (histórico de los últimos 5 años elaborado por la DGMN).

Lo que no señalan las estadísticas es la antigüedad de las armas, como tampoco si efectivamente estaban en función o deterioradas. Porque, al comparar estas estadísticas con el registro del Sistema de Apoyo a los Fiscales (SAF), base de datos del Ministerio Público sobre la incautación de armas, para 2022 (las quemadas) serían 5.278, pero cada institución tiene datos propios.

Según el Ministerio Público, el total de incautaciones en el país entre 2018 y 2023 suma 31.286 armas. Y al 19 de diciembre de 2023 se habían incautado 5.499 (3.267 de fogueo, 1.869 de fuego, 125 hechizas).

Si en Chile no existe información detallada y sistematizada sobre las armas en general, menos la hay sobre el mercado de armas de fuego ilegales y/o usadas en la comisión de delitos.

“La incautación de armas en procedimientos policiales nos entrega algunas luces del origen de las armas utilizadas para delinquir. Por ejemplo, entre 2020 y mayo del 2022, la PDI ha incautado más de 1.500 armas de fuego que, dadas sus características, todas deberían estar inscritas. Sin embargo, la misma PDI indica que en el 26 % de las armas incautadas, no fue posible identificar si estaban inscritas o no, ya que tenían el número de serie borrado. Por otro lado, el 43 % de las armas incautadas no están inscritas y, más alarmante aún, el 30 % sí lo están”, describe el documento de fundamentación del Plan Menos Armas Más Seguridad del Gobierno.

Y reafirma el hecho de que “existen armas legalmente inscritas que se están utilizando para delinquir y, además, hay evidencia del contrabando de estas cuando se encuentran armas con número de serie que no están registradas en la DGMN”.

Según datos del Ministerio del Interior, del total de armas inscritas, un 8 % de estas se ha declarado de la siguiente forma: extraviada, hurtada o robada. Es decir, existen al menos 61 mil armas sin paradero conocido.

De acuerdo con la estimación realizada por la organización internacional Small Arms Survey, en nuestro país existirían 1.456.818 armas sin registro circulando. Esta cifra es un estimado de expertos y no está construida sobre datos disponibles.

Las armas de Chile. La Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) es la autoridad central de coordinación de control de armas y explosivos en el país. Según esta institución, existen 767.752 armas inscritas activas al 30 de noviembre de 2023, pertenecientes a personas naturales. El 35 % corresponde a escopetas, el 30 % a revólveres, 24,7 % a pistolas.

Casi la mitad (322.152) son de la Región Metropolitana. Le siguen las regiones de Valparaíso (90.546); Biobío (57.689) y Maule (57.503). Y el 7 % de sus propietarios está compuesto por mujeres.

Pero existe un patrón paralelo y fantasma de aproximadamente otras 750.000 armas que no están inscritas, donde se encuentran las hechizas y modificadas, con números de serie borrados, internadas ilegalmente.

La auditoría realizada a la DGMN por la Contraloría General de la República (CGR) en 2018 (con informe en 2021), encontró anomalías como: que de la totalidad de inscripciones de armas vigentes, 1.083 estaban registradas a nombre de menores de edad (requisito exigido en la ley es ser mayor de edad, con la excepción de menores inscritos como deportistas de tiro); ni la DGMN ni Carabineros verifican la autenticidad de la documentación presentada por personas naturales y jurídicas ante las autoridades fiscalizadoras; faltaba comprobación de domicilios; se dio cuenta de la inexistencia de revisiones al libro de entregas voluntarias de armas; ausencia de trazabilidad de las armas en el proceso de inutilización para la destrucción; se constató también la existencia de 72 casos en que, habiendo un RUN válido, la fecha de inscripción era previa a la fecha de nacimiento registrada; 132.921 personas fallecidas figuran con un total de 182.898 inscripciones vigentes; hay 316 inscripciones de armas autorizadas por la DGMN cuyos certificados de aptitud física y psíquica fueron extendidos por personas sin título de médico inscrito en la Superintendencia de Salud; la DGMN mantiene 10.677 armas agrupadas bajo la denominación “RUT cero”, por no contar con antecedentes que permitan la identificación del tenedor.

De aquellas, 9.088 inscripciones se encuentran vigentes; 3.755 civiles cuentan con más de 2 armas de defensa personal inscritas a su nombre, las que están en diferentes estados: vigentes, robadas, extraviadas y hurtadas (la ley señala que se permiten hasta 2 armas por civil), entre otras faltas graves.

Después de este informe, se instruyeron sumarios: la CGR inició un procedimiento disciplinario en la DGMN y en Carabineros de Chile. El Mostrador consultó por el cumplimiento de las sanciones en la Contraloría, sin obtener respuestas.

Cómo avanzamos. La Ley 17.798 (Control de Armas) fue creada en 1972 por el entonces Presidente Salvador Allende, respondiendo a una realidad muy diferente a la actual. Esta se modificó parcialmente en enero de 2022, después de 15 años de tramitación en el Congreso, y “nació anticuada”, a juicio de los especialistas.

El Presidente Gabriel Boric se comprometió –desde el programa de gobierno de su campaña– a impulsar un nuevo sistema de control de armas y municiones.

Y en la Cuenta Pública del 1 de junio de 2022 lo reiteró: “La violencia armada no será tolerada en nuestro país. Y por eso nuestro Programa Menos Armas, Más Seguridad propone la limitación radical de su acceso legal”, dijo, junto con solicitar al Congreso “todo el apoyo para aprobar una ley que nos permita avanzar hacia la prohibición total de tenencia de armas y que al mismo tiempo fortalezca la institucionalidad”.

El Mostrador pidió el avance del señalado Plan a la Subsecretaría del Interior y hasta el cierre de esta nota no había respuesta.

Entre los objetivos del programa está disminuir el tráfico ilegal transnacional de armas, partes, piezas y municiones; aumentar la fiscalización de armas inscritas a un 10 % del total de estas, a través de una matriz de riesgo –en la actualidad se fiscaliza un 5 %–; reducir la cantidad de armas extraviadas y/o hurtadas. Estos y otros aspectos deberían estar ejecutados antes del 2026 por el demorado Ministerio de Seguridad.

Patricio Rosas explica que hay que partir solucionando la impureza de los datos. “Luego, desde una nueva institucionalidad, las armas deberían ser abordadas en tres aspectos: controlar la producción y la importación legal de armas (poner ojo en Aduanas), poner un cuño del banco de prueba para tener trazabilidad y saber dónde está y quién la tiene.

Pero no solamente hay que estar supervisando el ingreso, la importación y distribución de armas, también la acreditación en la inscripción de los propietarios. Hay que poner mucho ojo en el control de requisitos para obtener una licencia. Y una vez que el arma está en manos de un propietario, hay que hacer una fiscalización eficaz.

Hay que cerrar la llave en las inscripciones y aumentar las fiscalizaciones. Con eso tendríamos un alto porcentaje de solución”, recalca.

Añade que se debe trabajar una matriz de riesgo fina. Realizar un mínimo de análisis sobre el patrimonio de los civiles que inscriben. “Si llega alguien de 18 años como coleccionista, con varias armas de un millón de pesos… es raro. Hay que fiscalizar y fiscalizar”.

Hace un paralelo con el registro de vehículos motorizados y los bienes raíces. “Al igual que con los vehículos y las propiedades, las armas de fuego son parte de los sistemas de registro estatal. Todos inscribimos las casas y los autos. Sobre estos últimos, rendimos exámenes para renovar la licencia. Se los mostramos al Estado una vez al año –en las plantas de revisión técnica– para demostrar que están funcionando bien, pagamos un permiso, tenemos un seguro obligatorio por responsabilidad civil. Y si lo roban, lo denunciamos. Eso mismo podría darse con las armas”, señala Rosas.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Ver cuaderno completo en el siguiente link: https://www.publicacionesanepe.cl/index.php/cdt/article/view/1056