Categoría: Seguridad y defensa

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

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Las temáticas asociadas a tecnología e innovación, generacionalmente, han causado enorme curiosidad, fundamentalmente porque cada día surgen nuevas formas para realizar disímiles tareas que van desde lo básico a lo más complejo.
Recientemente, Chile lanzó un nuevo satélite, constituyendo uno de los primeros en esta nueva constelación de “estrellas” que esperan posicionar nuevamente al país como pilar en la región, un lugar que había cedido hace tiempo, uniéndose así a la carrera iniciada por Brasil, Colombia, Perú, Argentina y otros.
No obstante, los avances tecnológicos no siempre van de la mano de consideraciones legales que cada país le otorga a dichos instrumentos. En este ámbito se encuentran los nuevos “ricos tecnológicos”, un espacio donde proliferan empresas unicornios que han puesto a disposición tecnologías avanzadas con alta capacidad de adaptación para emplearse en nuevos entornos de conflictos. La mayor evidencia es lo que sucede en la guerra Rusa-Ucraniana, y que previamente conocimos en Nagorno–Karabaj el 2020.
Al situarnos en el sector Defensa de algunos Estados regionales, esta clara manifestación tecnológica no ha permeado, suficientemente, en las capas decisionales para proyectos futuros. Sin embargo, en otras latitudes ya comienzan a surgir voces de alerta. En España ha sido la ministra de Defensa quien trazara como un eje primordial este tipo de intenciones, el cual debe ir de la mano con la Defensa.
Conviniendo que la tecnología procura entregar soluciones directas en nuevos entornos globales, habrá que admitir que la inteligencia artificial, en funciones específicas para la Defensa, fortalece los instrumentos que posee un Estado frente a posibles agresiones como ha quedado demostrado en el conflicto ruso-ucraniano.
La relevancia que ofrecen los desarrollos tecnológicos en el sector Defensa ha sido de tal magnitud que convendría revisar la historia de las civilizaciones para situarse en el lugar correspondiente.
Sin duda que los avances tecnológicos contribuirán, como otrora lo hicieron, a potenciar la defensa del futuro. No quedan espacios para continuar con el karma que la Defensa no es buen aliado de la tecnología.
Como CIEE consideramos fundamental reconocer el significado de reforzar alianzas, así como sintonizar la tecnología con Defensa. Y potenciar la industria pública y privada, con desarrollos tecnológicos que complementen planes para los próximos 30 años, constituye un desafío por asumir.
Definitivamente, los escenarios de conflicto actuales no son los mismos, y los del mañana serán completamente diferentes.
CIEE-ANEPE

https://anepe.cl/wp-content/uploads/2023/08/Newsletter-N%C2%B01-2023.pdf

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COLETAZOS DE UN “NO”: DEFENSA ORDENA A LAS FF.AA. NO ASISTIR AL SENADO A EXPONER SOBRE REGLAS DEL USO DE LA FUERZA.

Víctor Rivera

La Tercera, 02/08/2023

Los comandantes en jefe y auditores del Ejército, la FACH y la Armada estaban citados a la Comisión de Defensa Nacional para su sesión del martes 1 de agosto, sin embargo, la tarde previa fueron advertidos de que no debían viajar a Valparaíso por instrucciones del Ejecutivo y, posteriormente, por los parlamentarios. La ministra del Interior, Carolina Tohá, en tanto, advirtió: “El uso de la fuerza no es algo que las propias instituciones puedan definir y decidir”.

Era algo que se manejaba en estricta reserva -por el carácter secreto de la instancia- en la Comisión Unida de Defensa y Seguridad de la Cámara de Diputados, donde se discute el proyecto que define las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) que fue ingresado por el gobierno en abril de este año. Eso hasta el lunes.

Fueron cinco días, desde el miércoles 26 de julio, que la exposición de los representantes de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), los auditores de la FACH, el general Francisco Costa; de la Armada, el contraalmirante Francisco Figueroa, y el general del Ejército Eduardo Rosso, no se conoció, hasta que La Tercera PM reveló lo sucedido, principalmente el “no” de estas instituciones al grueso del proyecto del Ejecutivo con el cual busca regular su uso de la fuerza.

Su negativa, según expusieron en la instancia, tiene que ver con lo amplio del proyecto, donde no se diferencia su rol con el de Carabineros y la PDI, como tampoco se sabe con claridad la posición jurídica en que quedan los uniformados en caso de usar sus armas, las cuales, reconocieron, están destinadas a otro tipo de labores, ajenos al orden público.

En el gobierno, más específicamente en el Ministerio de Defensa, sabían de esta postura, pues han venido conversando y trabajando en eventuales indicaciones al proyecto que ha sido llevado principalmente por la ministra del Interior, Carolina Tohá.

El que se supiera públicamente su postura complicó a todos. Al Ejecutivo, a los parlamentarios y también a las FF. AA., pues exponía a los uniformados al “debate político y legislativo”.

Además, les quedaba una concurrencia más al Congreso, ahora, para exponer su posición en la Comisión de Defensa Nacional del Senado, donde se tramita otro proyecto sobre las RUF, pero impulsado por los senadores Manuel José Ossandón (RN), Yasna Provoste (DC), Pedro Araya (Ind), Felipe Kast (Evópoli) y Kenneth Pugh (RN).

Los generales auditores -quienes analizan todo lo que tiene que ver con lo jurídico en sus respectivas instituciones- fueron citados hace ya varias semanas y debían concurrir con sus comandantes en jefe.

El del Ejército, Javier Iturriaga; el de la Armada, Juan Andrés de la Maza, y el “número uno” de la Fuerza Aérea, Hugo Rodríguez.

Todo se mantuvo así hasta la tarde del martes, cuando cada uno fue notificado de que había un cambio de planes. “Nos dijeron que no teníamos que ir y esperar una nueva citación”, confidencia uno de los tres uniformados. Un segundo consultado coincide con esa versión.

Consultados en el Ministerio de Defensa señalaron que se les pidió a los generales que no debían asistir para, primero, afinar las indicaciones que se trabajarían con el gobierno. Además, explican que no se les quiere “contaminar” con la exposición política que puedan generar sus observaciones al proyecto del Ejecutivo.

El recordatorio de Tohá. Sólo llegaron el martes 1 de agosto a la comisión la ministra del Interior, Carolina Tohá, y la titular de Defensa, Maya Fernández.

Las secretarias de gobierno expusieron, también a los senadores la necesidad de mantener fuera a las FF. AA. en esta instancia legislativa, y solicitar su concurrencia para después. El presidente de la instancia, Kenneth Pugh, estuvo de acuerdo.

Antes de entrar al debate de fondo del proyecto del Senado, y exponer la necesidad de buscar un punto en común entre las mociones de los parlamentarios y la del gobierno, la ministra Tohá lanzó una advertencia que también escucharon en el Ejército, la FACH y la Armada.

“Queremos dejar en claro que no por el hecho de que haya observaciones de las Fuerzas Armadas, el proyecto debe recogerlos. Estos son proyectos que rige el uso de la fuerza por parte de las FF. AA. y Carabineros, que no es algo que las propias instituciones puedan definir y decidir ese estándar”, dijo en la comisión.

La ministra -quien encabeza esta iniciativa legislativa incluida en el “fast track”-insistió en el punto. “Por el tema de que se trata es que hay queser muy prudente en considerar esas opiniones y también otras. Estamos regulando lo que hacen las Fuerzas Armadas, estamos poniéndoles límites a las FF. AA. y Carabineros. Las fuerzas de orden y seguridad son órganos regulados por la legislación que estamos discutiendo”, dijo.

La ministra Fernández, por su parte, explicó que se está trabajando con las FF. AA. en avanzar en las indicaciones que requiere el proyecto del gobierno, y que su posición es algo que ya se sabía.

Durante las próximas semanas, el gobierno definirá las mejoras a la iniciativa, donde se considerará la opinión de los uniformados, pero no como algo vinculante ni decidor.

La última palabra, dicen en el gobierno, la tendrá el Ejecutivo.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel.

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CÁMARA BAJA REALIZARÁ INVESTIGACIÓN POR POSIBLE FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN DE COMISIÓN DECRETADA COMO SECRETA.

Beatriz Mellado

EMOL, 31/07/2023

Se trata de la postura de las Fuerzas Armadas respecto a las normas del uso de la fuerza que se está tramitando en la comisión de Seguridad y Constitución de la Cámara de Diputados.

El secretario General de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, informó que se iniciará una investigación para esclarecer si es que efectivamente se filtró información secreta a un medio de comunicación en el marco de la discusión de las normas del uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

La iniciativa legal que está impulsado el Gobierno se está tramitando en la comisión de Seguridad y Constitución, en ese contexto el jueves pasado se determinó un momento secreto donde se retiraron los celulares y se desconectaron los computadores.

Este lunes La Tercera informó que algunos participantes de la instancia relataron que algunos auditores de las Fuerzas Armadas presentaron críticas y reparos a la iniciativa, información que habría sido de carácter secreto.

Ante esta posible filtración, el secretario general de la corporación señaló que el presidente de la comisión de Constitución, Raúl Leiva (PS) solicitó investigar si lo que publicó el medio guarda relación con lo que se conversó en secreto la semana pasada.

En esa línea, sostuvo que si es así, vamos a hacer una denuncia por violación de secreto conforme al artículo 427 del Código Penal y se hará la denuncia a Fiscalía.

Preocupación que también fue manifestada por el diputado Marcos Ilabaca (PS) quien aseguró que el medio relevó “casi todo el contenido de la comisión secreta”.

Asimismo, dijo que “solicitamos que se pasaran todo los antecedentes al comité de ética y que sea informado al Ministerio Público”.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel.

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EL “NO” DE LAS FF.AA. A LAS REGLAS DEL USO DE LA FUERZA DEL GOBIERNO

Víctor Rivera

La Tercera, 31/07/2023

En la comisión secreta de Constitución y Seguridad Ciudadana del pasado miércoles, los auditores de la Armada, la FACh y el Ejército hicieron sus reparos a la iniciativa del Ejecutivo que busca regular los protocolos de acción de policías y militares al momento de disparar. Por lo mismo, ahora será Defensa la que trabaje en las indicaciones con las entidades castrenses.

“A partir de ahora, se declara el secreto de esta sesión”, dijo el presidente de la comisión unida entre Constitución y Seguridad, el diputado Raúl Leiva (PS), el miércoles 26 de julio antes de comenzar la audiencia para conocer la posición de los representantes de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) sobre el proyecto del gobierno que crea normas generales sobre el uso de la fuerza para militares y policías.

Se retiraron celulares, se desconectaron computadores y se dio inicio a la cita en que la Armada, la Fuerza Aérea (FACh) y el Ejército fijaron una posición común: no están conformes del todo con el proyecto del Ejecutivo, ingresado en abril al Congreso.

A grandes rasgos, esta iniciativa legal busca normar el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, como también de las Fuerzas Armadas cuando, excepcionalmente, acuden a tareas de resguardo del orden público.

Por lo mismo se fijaron cinco principios antes de actuar: legalidad, necesidad, proporcionalidad, responsabilidad y racionalidad.

“Constituye uso racional de la fuerza el ejercicio adecuado de ésta, apreciando la realidad de las circunstancias al momento de los hechos, conforme al lugar y contexto de los mismos, y teniendo en cuenta todos los principios anteriores. El examen de racionalidad no requiere igualdad de los medios empleados”, dice la iniciativa.

Algunos de los participantes de la sesión relataron que los auditores de la FACh, el general, Francisco Costa; de la Armada, el contralmirante de la Armada, Francisco Figueroa, y el general del Ejército, Eduardo Rosso, expusieron que su definición y preparación es distinta a la de Carabineros.

Que su rol es otro y que, por lo mismo, sus integrantes no están enseñados para mantener el orden público.

Quien fue más explícito fue el general Rosso del Ejército. El también abogado reiteró que existe preocupación sobre la responsabilidad penal de los funcionarios, que eso debería estar mejor consignado en el texto impulsado por el gobierno.

En esa misma línea expuso a los parlamentarios que a pesar de los cursos de entrenamiento que se pueda hacer con el personal, eso no garantiza que funcione del todo y, por lo mismo, de aprobarse las capacitaciones deberían ser distintas y más específicas.

Los auditores de las FF. AA. argumentaron, además, que sus instituciones contaban con armas de guerra, de otro tipo, distinto a los medios que maneja Carabineros, los cuales están enfocados únicamente para mantener el orden público. Ellos -explicaron- no cuentan con ese tipo de insumos.

Indicaciones se trabajarán con Defensa. Entre los parlamentarios hubo sorpresa. No esperaban -en su mayoría- una posición tan crítica de las FF.AA., lo cual igualmente fue valorado por algunos diputados, dado que ayuda a mejorar uno de los proyectos de ley que el gobierno mantiene en su “fast track” legislativo.

Sin embargo, la postura de los uniformados no sorprendió al gobierno. Era una opinión que manejaban, especialmente en Defensa, donde se han establecido canales de diálogo para mejorar el proyecto.

Por lo mismo, se seguirá afinando una propuesta que pueda satisfacer tanto a las pretensiones del gobierno como -en parte- a las FF. AA., las cuales serán plasmadas en una serie de indicaciones al proyecto que saldrá desde el Ministerio de Defensa.

El diputado RN, Andrés Longton, señaló que “no me puedo referir a la comisión propiamente tal, porque fue declarada secreta. Ahora, respecto del proyecto, sí creo que se redacta desde la desconfianza a las Fuerzas Armadas y a las policías, lo que contrasta con el espíritu que deben tener las RUF, que es fijar el uso legítimo de la fuerza de estas instituciones. Ese no debe ser una iniciativa ambigua que genera inhibición entre los funcionarios, por lo que esperamos que el gobierno pueda entender eso y corregirlo”.

Por su parte, el diputado de Amarillos, Andrés Jouannet, cree que “la discusión de fondo es la racionalidad y la proporcionalidad, y por eso también ingresé indicaciones para fijar la racionalidad en las reglas del uso de la fuerza. Eso es fundamental”.

Otra de las “inquietudes” expuestas por los uniformados en la comisión fue que había otro proyecto en trámite que busca regular las RUF que está en el Senado.

El asesor legislativo de los senadores de RN, Ronald von der Weth, manifestó que “el proyecto sobre reglas de uso de la fuerza que ingresó el gobierno por la Cámara de Diputados resulta ser solo filosofía que no responde al problema de fondo, que es mejorar las condiciones de seguridad de los ciudadanos y los funcionarios. Mientras que en la Comisión de Defensa del Senado hay un proyecto ingresado por los senadores Manuel José Ossandón, Pedro Araya y otros, que efectivamente da certeza jurídica y protege a los funcionarios y a los ciudadanos con reglas simples y claras, el gobierno debe mirar las consideraciones de esa moción parlamentaria al momento de indicar el proyecto de la Cámara si quiere que su proyecto tenga apoyo transversal”.

En las entidades castrenses esperan que se defina cuál será el proyecto que finalmente llegue a puerto y logre dejar conformes a quienes llevarán a la práctica las Reglas de Uso de la Fuerza.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel.

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