EL “NO” DE LAS FF.AA. A LAS REGLAS DEL USO DE LA FUERZA DEL GOBIERNO
La Tercera, 31/07/2023
En la comisión secreta de Constitución y Seguridad Ciudadana del pasado miércoles, los auditores de la Armada, la FACh y el Ejército hicieron sus reparos a la iniciativa del Ejecutivo que busca regular los protocolos de acción de policías y militares al momento de disparar. Por lo mismo, ahora será Defensa la que trabaje en las indicaciones con las entidades castrenses.
“A partir de ahora, se declara el secreto de esta sesión”, dijo el presidente de la comisión unida entre Constitución y Seguridad, el diputado Raúl Leiva (PS), el miércoles 26 de julio antes de comenzar la audiencia para conocer la posición de los representantes de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) sobre el proyecto del gobierno que crea normas generales sobre el uso de la fuerza para militares y policías.
Se retiraron celulares, se desconectaron computadores y se dio inicio a la cita en que la Armada, la Fuerza Aérea (FACh) y el Ejército fijaron una posición común: no están conformes del todo con el proyecto del Ejecutivo, ingresado en abril al Congreso.
A grandes rasgos, esta iniciativa legal busca normar el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, como también de las Fuerzas Armadas cuando, excepcionalmente, acuden a tareas de resguardo del orden público.
Por lo mismo se fijaron cinco principios antes de actuar: legalidad, necesidad, proporcionalidad, responsabilidad y racionalidad.
“Constituye uso racional de la fuerza el ejercicio adecuado de ésta, apreciando la realidad de las circunstancias al momento de los hechos, conforme al lugar y contexto de los mismos, y teniendo en cuenta todos los principios anteriores. El examen de racionalidad no requiere igualdad de los medios empleados”, dice la iniciativa.
Algunos de los participantes de la sesión relataron que los auditores de la FACh, el general, Francisco Costa; de la Armada, el contralmirante de la Armada, Francisco Figueroa, y el general del Ejército, Eduardo Rosso, expusieron que su definición y preparación es distinta a la de Carabineros.
Que su rol es otro y que, por lo mismo, sus integrantes no están enseñados para mantener el orden público.
Quien fue más explícito fue el general Rosso del Ejército. El también abogado reiteró que existe preocupación sobre la responsabilidad penal de los funcionarios, que eso debería estar mejor consignado en el texto impulsado por el gobierno.
En esa misma línea expuso a los parlamentarios que a pesar de los cursos de entrenamiento que se pueda hacer con el personal, eso no garantiza que funcione del todo y, por lo mismo, de aprobarse las capacitaciones deberían ser distintas y más específicas.
Los auditores de las FF. AA. argumentaron, además, que sus instituciones contaban con armas de guerra, de otro tipo, distinto a los medios que maneja Carabineros, los cuales están enfocados únicamente para mantener el orden público. Ellos -explicaron- no cuentan con ese tipo de insumos.
Indicaciones se trabajarán con Defensa. Entre los parlamentarios hubo sorpresa. No esperaban -en su mayoría- una posición tan crítica de las FF.AA., lo cual igualmente fue valorado por algunos diputados, dado que ayuda a mejorar uno de los proyectos de ley que el gobierno mantiene en su “fast track” legislativo.
Sin embargo, la postura de los uniformados no sorprendió al gobierno. Era una opinión que manejaban, especialmente en Defensa, donde se han establecido canales de diálogo para mejorar el proyecto.
Por lo mismo, se seguirá afinando una propuesta que pueda satisfacer tanto a las pretensiones del gobierno como -en parte- a las FF. AA., las cuales serán plasmadas en una serie de indicaciones al proyecto que saldrá desde el Ministerio de Defensa.
El diputado RN, Andrés Longton, señaló que “no me puedo referir a la comisión propiamente tal, porque fue declarada secreta. Ahora, respecto del proyecto, sí creo que se redacta desde la desconfianza a las Fuerzas Armadas y a las policías, lo que contrasta con el espíritu que deben tener las RUF, que es fijar el uso legítimo de la fuerza de estas instituciones. Ese no debe ser una iniciativa ambigua que genera inhibición entre los funcionarios, por lo que esperamos que el gobierno pueda entender eso y corregirlo”.
Por su parte, el diputado de Amarillos, Andrés Jouannet, cree que “la discusión de fondo es la racionalidad y la proporcionalidad, y por eso también ingresé indicaciones para fijar la racionalidad en las reglas del uso de la fuerza. Eso es fundamental”.
Otra de las “inquietudes” expuestas por los uniformados en la comisión fue que había otro proyecto en trámite que busca regular las RUF que está en el Senado.
El asesor legislativo de los senadores de RN, Ronald von der Weth, manifestó que “el proyecto sobre reglas de uso de la fuerza que ingresó el gobierno por la Cámara de Diputados resulta ser solo filosofía que no responde al problema de fondo, que es mejorar las condiciones de seguridad de los ciudadanos y los funcionarios. Mientras que en la Comisión de Defensa del Senado hay un proyecto ingresado por los senadores Manuel José Ossandón, Pedro Araya y otros, que efectivamente da certeza jurídica y protege a los funcionarios y a los ciudadanos con reglas simples y claras, el gobierno debe mirar las consideraciones de esa moción parlamentaria al momento de indicar el proyecto de la Cámara si quiere que su proyecto tenga apoyo transversal”.
En las entidades castrenses esperan que se defina cuál será el proyecto que finalmente llegue a puerto y logre dejar conformes a quienes llevarán a la práctica las Reglas de Uso de la Fuerza.
Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel.
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