Categoría: Seguridad y defensa

UN FLANCO QUE NO SE CIERRA: CÓMO EL FANTASMA DE LOS INDULTOS NO SUELTA A BORIC NI A LA MONEDA

Isabel Caro y Luciano Jiménez

La Tercera PM, 17/03/2023

Tanto el Presidente Gabriel Boric como su ministro de Justicia, Luis Cordero, tuvieron que salir esta mañana a referirse a los nuevos antecedentes que se han hecho públicos en torno a los 12 indultos que concedió a fines del año pasado a condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social y al exfrentista condenado por el robo de un banco, Jorge Mateluna.

La estrategia que trazó el gobierno para sacar de la discusión política la polémica y remitirlo a un debate meramente jurídico le dio cierto aire al Ejecutivo en los últimos meses, sobre todo, luego de que el Tribunal Constitucional acogiera los requerimientos de la derecha para impugnar la decisión del Mandatario.

Pero esta mañana se dio a conocer -a través de Ex-Ante- información nueva respecto de los antecedentes que tuvo a la vista el jefe de Estado al conceder el beneficio procesal.

Se trata de seis informes de Gendarmería -que por ley deben solicitarse cuando se trata de requerimientos de indulto presidencial- que recomendaban no favorecer a condenados que terminaron en la lista de beneficiarios.

En los documentos se constata que las razones de Gendarmería para negar los indultos responden a riesgos de incidencia altos o muy altos y falta de conciencia respecto de los delitos cometidos.

Los informes de Gendarmería recomendando que no se indultara a 6 de los 12 beneficiados por el Presidente Gabriel Boric, reabrió el flanco que el gobierno se ha empeñado en radicar en el Tribunal Constitucional. La derecha canalizará una arremetida a través de la comisión investigadora y hay voces que no descartan una acusación constitucional al propio Mandatario.

Esta recomendación se da en el caso de seis condenados por delitos graves en el marco del estallido social: Luis Castillo Opazo, Brandon Rojas, Bastián Campos, Jordano Santander, Claudio Romero y Felipe Santana.

“Está todo en el Tribunal Constitucional”, dijo el Mandatario esta mañana al ser consultado por estos nuevos antecedentes evitando ahondar en el punto, mientras que Cordero señaló que “el TC pidió reserva de esa información, esos antecedentes son mucho más complejos que el que está contenido en la referencia que se realiza a ese expediente. Pero lo que he aprendido en mi vida profesional es que los abogados no litigamos por la prensa, así que vamos a esperar la decisión del tribunal”.

Con el fantasma de los indultos de nuevo en el debate público, en La Moneda y en el Ministerio de Justicia desdramatizan la existencia de esos informes.

Fuentes de Palacio señalan que es normal que haya indultos otorgados a contrapelo de lo recomendado por Gendarmería porque es una decisión presidencial exclusiva y que pondera distintos elementos y factores.

Este argumento es refutado por exministros de Justicia como Soledad Alvear y Jaime Campos.

De esta manera, en el gobierno insistieron hoy en la estrategia que han fijado desde que asumió Cordero: canalizar a través de él todas las complejidades relativas al proceso de alegatos que lidera el CDE ante el tribunal y evitar vocerías paralelas.

El gesto no es menor, sobre todo, cuando el gobierno inauguró el sábado recién pasado su segundo año en el poder, ajustando su relato con un foco centrado en la gestión y en recuperar la agenda.

Pese a todo, en La Moneda reconocen que el tema, por su naturaleza y origen, siempre será complejo y que, por lo mismo, esperan que el Tribunal Constitucional resuelva a la brevedad. Una vez emitido el fallo, el gobierno tendrá que acatar, dicen las mismas fuentes.

En La Moneda no olvidan que el otorgamiento de dichos beneficios generaron una de las mayores crisis políticas en lo que va de la administración actual e implicaron un golpe duro al equipo del propio Presidente.

Tras las “desprolijidades” que rodearon el proceso -y que reconoció el propio Boric y su ministra vocera, Camila Vallejo, aunque nunca se especificaron del todo-, en enero pasado el Mandatario pidió la renuncia de su entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos, pero también a su otrora jefe de gabinete y amigo, Matías Meza-Lopehandía.

Arremetida opositora en la Cámara. Desde la oposición reaccionaron con indignación a los nuevos antecedentes conocidos y afirmaron que mantendrán la línea fijada con este tema.

Lo que se contempla es radicar todo el tema en la comisión investigadora que lanzarán en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Fue hace dos meses que la Cámara Baja aprobó la creación de ésta, pero todavía no se ha constituido, lo que despertó la molestia en Chile Vamos. Por ello, es que el secretario general de RN, Diego Schalper, se contactó con el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, y trascendió que dicha comisión podría partir este martes.

En RN algunos acusaban que la demora de la conformación de la comisión se debía a falta de funcionarios de la corporación, lo que atribuían a que supuestamente algunos fueron a colaborar al Consejo Constitucional.

Pero -con todo- será en esta instancia donde desde la oposición esperan seguir dándole vitrina al tema e invitar a algunos de los involucrados, entre ellos al ministro Cordero, al subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, a exautoridades como la exministra Ríos, y el exjefe de gabinete Meza-Lopehandía.

Estos últimos no tienen la obligación de ir, al haber dejado de ser funcionarios públicos. También se piensa mandarle cuestionarios de preguntas al propio Boric.

Con todo, en la oposición hay quienes creen que los nuevos antecedentes sobre Gendarmería hacen acusable al Presidente Boric. En esa línea se encuentra el RN Miguel Mellado, junto con algunos de sus pares.

De ahí que se espera que las conclusiones de la comisión investigadora arrojen luces de si se debe impulsar el libelo o no.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

El Mercurio, Editorial, 17/03/2023

Tras el cobarde atropello que le costó la vida al cabo Álex Salazar en Concepción, el general director de Carabineros volvió a exigir al Legislativo la tramitación de proyectos de ley cuyo objeto sería proteger y fortalecer el trabajo de los policías.

En una referencia más amplia, el general director acusó una falta de respaldo de los poderes del Estado.

El diagnóstico es sin duda certero. Solo después de varios meses en sus cargos las autoridades de gobierno comenzaron a darse cuenta de que la conservación del orden público depende en forma crítica de que los carabineros puedan desempeñar adecuadamente su trabajo.

Pero esta condición no se cumplirá si todo el proceder policial es mirado con sospecha, si se restringen en exceso sus facultades, si ante cualquier incidente se parte por echarle la culpa al funcionario policial, si la autoridad no reconoce cuando se ha equivocado ni restablece en lo posible la honra de las personas injustamente acusadas.

El Gobierno ha negado que exista una actitud basal de suspicacia ante Carabineros por parte de la autoridad.

Sin embargo, esta negación contradice los dichos de numerosos personeros de las coaliciones gobernantes y toda una historia de actuaciones que demuestran justamente lo contrario, comenzando por el propio Presidente de la República.

La única forma de evitar que la actual negación tenga un carácter exclusivamente retórico es pasar decididamente a los hechos.

Este tránsito, no obstante, puede resultar particularmente complejo si se mantienen las visiones simplistas y maniqueas que dividen a las personas en buenas y malas.

Bajo esta lógica, la denominada Operación Huracán, el multimillonario fraude de los funcionarios de Intendencia, los lamentables episodios de ocultamiento de evidencia y, más recientemente, las fotografías de tres generales con un exjugador de fútbol tras el llamado de la diputada Orsini son solo otras tantas razones para que algunos lleguen a calificar a la institución en su conjunto como un foco de abusos, amiguismo y corrupción.

El tan mencionado “respaldo” a Carabineros debe comenzar por adoptar una actitud sensata y realista.

Por otro lado, episodios como estos efectivamente dan cuenta de cuánto le queda a Carabineros de Chile por avanzar en lo que respecta a estándares mínimos de seriedad y profesionalismo. Está bien exigir respeto, pero también hay que ordenar la propia casa.

Así, el tan mencionado “respaldo” a Carabineros debe comenzar por adoptar una actitud sensata y realista, consciente de las limitaciones de la formación y cultura policial, pero que al mismo tiempo asume —hasta que no se demuestre lo contrario— que los efectivos han obrado de buena fe y en cumplimiento de su deber.

La revalorización de la policía y el respeto a quienes la integran no pueden estar referidos a instituciones y personas ideales, sino a aquellas que, con sus virtudes y defectos, efectivamente existen.

Desde este punto de vista, una relación fructífera y positiva entre los poderes del Estado, incluyendo el Poder Judicial, y las fuerzas policiales no requiere de grandes modificaciones legales o reglamentarias, sino sobre todo de una vuelta al sentido común y jurídico más elemental.

Por ejemplo, y tal como demuestra el caso del malabarista de Panguipulli, entre muchos otros, la aplicación de fuerza letal debe enjuiciarse en el contexto en el que realmente ocurrieron los hechos, utilizando el parámetro que corresponde a un funcionario con cierta formación especializada, pero que sigue siendo una persona normal.

Como decía un destacado juez y penalista ya fallecido, “la profesión de héroe no existe”.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

GOBIERNO EVALÚA FÓRMULAS PARA ATENUAR EL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN LA MACROZONA SUR

Nicolás Quiñones, Eugenia Fernández y José Miguel Wilson

La Tercera AM, 17/03/2023

Fue tras una reunión con la ministra del Interior, Carolina Tohá, en La Moneda que un grupo de diputados de la Región de La Araucanía aseguró que el gobierno ya evalúa diversas fórmulas para desescalar el estado de excepción en la Macrozona Sur.

A la cita -agendada con el objetivo de abordar la crisis de económica y de seguridad en el territorio– llegaron Mauricio Ojeda y Stephan Schubert (independientes Republicanos), Miguel Mellado y Miguel Ángel Becker (Renovación Nacional), los independientes Andrés Jouannet y Gloria Naveillán, y Ericka Ñanco (Revolución Democrática).

Y al término del encuentro, algunos legisladores afirmaron que Tohá informó que la próxima semana podría presentar un plan con distintas medidas para la región, que incluiría modificaciones en el estado de excepción que rige en algunas provincias de las regiones de La Araucanía y el Biobío desde el 16 de mayo de 2022.

La diputada Ñanco, por ejemplo, reveló que en el encuentro se consultó a Tohá sobre la fecha en que se levantará esa medida, ante lo cual la jefa de gabinete -según la legisladora- les aseguró que “existe un plan de gobierno para poder ir reduciéndolo lo más posible y esto se va a plantear la próxima semana en una reunión más privada”.

El diputado Becker, por su parte, afirmó a La Tercera que “la ministra del Interior quiere terminar con el estado de excepción, haciendo una propuesta relacionada con una forma de resguardar la región distinta de la que estamos haciendo hoy día”.

El diputado Ojeda también confirmó el planteamiento del gobierno en la reunión, lo que consideró como “peligroso”.

“La ministra Tohá nos planteó en La Moneda que nos van a presentar el plan para comenzar a eliminar el estado de excepción en la Región de La Araucanía, lo que a todas luces a mí me parece extremadamente peligroso. Peligroso, porque sin la presencia militar sin duda alguna los hechos de violencia van a crecer, van a actuar con mayor tranquilidad e impunidad los terroristas, los narcos, por lo tanto, creo que es irresponsable pensar siquiera en hacer una desescalada”, aseveró.

Tras reunirse con la ministra Carolina Tohá, diputados de La Araucanía afirmaron que les planteó “presentar el plan para comenzar a eliminar el estado de excepción en la región”, lo que algunos calificaron de “peligroso”. Desde el Ministerio del Interior aseguraron que no hay un diseño establecido para moderar la presencia militar en la zona, y que la jefa de gabinete está sondeando los parámetros para un retiro paulatino de la medida que ha calificado como “excepcional, transitoria”.

Según los parlamentarios, en la reunión, tras escuchar los diversos planteamientos de los legisladores, el gobierno les habría planteado que les presentará la próxima semana un plan que tendrá por objetivo una disminución de los hechos de violencia en la zona. Y que, una vez por mes, se haría un seguimiento del avance de dicho plan en reuniones reservadas entre los diputados de la zona y el Ejecutivo.

“Lo tenemos desarrollado”. Sin embargo, tras diversas consultas de La Tercera, desde el Ministerio del Interior aseveraron que Tohá se encuentra evaluando fórmulas para reducir la intensidad del estado de excepción que rige en la zona y que ya cumple 299 días.

En esa línea, desde la cartera explicaron que la jefa de gabinete aún no toma una decisión al respecto ni ha determinado medidas específicas para disminuir la presencia militar en La Araucanía y el Biobío, pero que en estos encuentros con parlamentarios está sondeando las posibilidades y parámetros para eventualmente hacer un retiro.

En varias ocasiones Tohá ha aseverado que el estado de excepción -una medida que fue rechazada por el Presidente Gabriel Boric durante su campaña y largamente resistida por Apruebo Dignidad, su coalición de origen- no puede ser una medida permanente. “Es un arma excepcional, transitoria y que debe aplicarse mientras no se logre que se afiate ni se consoliden otro tipo de acciones”, dijo el pasado 7 de marzo ante la Cámara de Diputados, cuando se votó por última vez una renovación de la medida.

“En el Ejecutivo hemos elaborado un plan de lo que pensamos que debe ser, en algún momento, el des-escalamiento del estado de excepción, pero no consideramos que sea (ahora) un momento apropiado, ni siquiera para evaluarlo, porque el verano es siempre la peor época de la violencia en esta zona. Y ahí ha sido también esta vez”, dijo a los diputados.

Ese mismo día, pero ante el Senado, la ministra planteó que en el Ejecutivo ya “tenemos bastante desarrollados” los parámetros bajo los cuales se podría distender el estado de excepción. “Hemos avanzado en una mirada de cuáles son las condiciones en que debería evaluarse su retiro en su momento, de qué manera evaluarse, porque no necesariamente tenemos que pasar de la situación actual a cero, puede haber una gradualidad, y esos elementos los tenemos bastante desarrollados en el gobierno”, aseguró.

Consultado el Ministerio del Interior, afirmaron que tales parámetros están siendo sondeados por Tohá en sus reuniones con parlamentarios, a fin de tener una mirada común sobre el tema.

Uno de ellos es la reducción o no del número de ataques o hechos de violencia: en marzo, la ministra aseguró que “los eventos de violencia rural han disminuido un 35% con respecto al mismo período del año anterior en las provincias bajo el decreto”.

Los otros, aseguraron en la cartera, corresponden a datos reservados, “dinámicas en la zona que se han levantado a partir de la presencia militar”.

Aunque la ministra ha solicitado agendar para este propósito una reunión con las comisiones unidas de Seguridad y Defensa del Senado, esta aún no se concreta.

Una herramienta incómoda. La modalidad para ir atenuando la presencia militar ha sido un problema sin solución para La Moneda desde el tiempo en que Izkia Siches y Giorgio Jackson estaban a cargo de las carteras de Interior y de la Secretaría General de la Presidencia, respectivamente.

De hecho, el impulso inicial de Jackson y Siches era crear un nuevo estado de excepción atenuado, en una escala menos restrictiva que los estados de emergencia que se vienen aplicando en cuatro provincias de La Araucanía y el Biobío.

No obstante, ante la falta de apoyo de los partidos de Apruebo Dignidad (PC y Frente Amplio), el Ejecutivo abandonó ese plan.

Allí surgió, a pesar de la resistencia de La Moneda, una propuesta alternativa de partidos de oposición, en alianza con la DC, el PS y el PPD, de aprovechar una reforma sobre protección de infraestructura crítica, que permitía a las FF. AA. colaborar en la seguridad de lugares estratégicos.

Al ver que el proyecto avanzaba, La Moneda optó por hacerse parte y presentó un veto con el fin de mejorar el texto. Si bien la iniciativa, en julio de 2022, contó con un inédito respaldo en el Senado desde el PC a la UDI, la propuesta gubernamental fue rechazada en la Cámara por desmarques de diputados oficialistas del Frente Amplio y del Partido Comunista y por los votos en contra de otros de derecha, quienes actuaron en represalia por las malas relaciones con el gobierno.

Al asumir Tohá en Interior, en septiembre, retomó la idea de crear un nuevo estado de excepción de “protección y resguardo”, que se parecía a la idea original de Siches y Jackson. Su intención original era crear una nueva alternativa, centrada en la protección de personas.

No obstante, en su trabajo prelegislativo la ministra detectó que las fuerzas de Apruebo Dignidad mantenían sus reparos, lo que se sumaba a las objeciones de legisladores de derecha, que temían que esta nueva alternativa debilitara la protección de las provincias en el sur.

Al final, Tohá optó por reformar el estado de emergencia para que el Ejecutivo pudiera renovarlo cada 60 días; a cambio, el Presidente no restringía el derecho a reunión.

Después de un tortuoso trámite legislativo, se llegó a un acuerdo en comisión mixta, reduciendo a 35 días el plazo de renovación. En enero, el Senado aprobó en forma unánime la última propuesta, pero los diputados de Chile Vamos se molestaron con un discurso de Tohá, antes de la votación, y rechazaron la reforma el 26 de enero.

El gobierno, sin embargo, logró ese día salvar una nueva reforma sobre infraestructura crítica, que se está aplicando en el norte y podría ser usada como alternativa para desescalar el despliegue militar en el sur.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Trabajadores de la DGAC acusan nulas gestiones de Defensa tras tiroteo en Aeropuerto de Santiago

“Nos sentimos muy golpeados por la muerte de nuestro compañero, porque nosotros le habíamos dicho a las autoridades que podía suceder. Les dijimos que a nosotros no nos iba a atacar una delincuencia común”, dice Víctor Hernández, director de ATOF-DGAC.

Por Carlos Saldivia

Ver artículo completo:https://www.eldinamo.cl/politica/2023/03/08/trabajadores-de-la-dgac-acusan-nulas-gestiones-de-defensa-tras-tiroteo-en-aeropuerto-de-santiago/

Un aporte de nuestro ex director Raúl Godoy

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¿QUÉ PRETENDE EL GOBIERNO SOBRE LOS 50 AÑOS?

Sergio Muñoz Riveros

El Mercurio, Columnistas, 07/03/2023

Si el gobierno del Presidente Boric concibe la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que puso fin al gobierno del Presidente Allende como una oportunidad para favorecer los intereses de la alianza oficialista, creará una atmósfera de división que puede dañar gravemente nuestra convivencia, la que aún no se recupera de los efectos de la asonada de octubre de 2019, que hizo temer a mucha gente que el país retrocediera a los tiempos del antagonismo sin límites.

El recuerdo de 1973 está asociado a las consecuencias de una dolorosa fractura de la sociedad chilena, que costó muchas vidas y dejó duras lecciones respecto de aquello que debemos evitar a toda costa: las pugnas políticas ciegas, los integrismos ideológicos que se convierten en odios, el desprecio por la democracia y la validación de la violencia como arma política.

Lo pagamos demasiado caro como para no tenerlo presente.

Desde la recuperación de la democracia, en 1990, todos los presidentes de la República procuraron que el 11 de septiembre sirviera para recordar a las víctimas, reafirmar la condena de las violaciones de los DD. HH. y renovar el compromiso con los valores democráticos.

Por lo tanto, la conmemoración de este año debería ayudar a curar las heridas, no a reabrirlas; a favorecer el entendimiento, no el resentimiento.

El Gobierno no puede actuar de nuevo como el aprendiz de brujo que desata fuerzas que luego no puede controlar. Ya lo hizo con el relato refundacional que se sintetizaba en el proyecto de Constitución que fue rechazado por los ciudadanos.

“…el Gobierno no puede actuar de nuevo como el aprendiz de brujo que desata fuerzas que luego no puede controlar…”.

¿Quiere ensayar ahora un nuevo relato, que divida a los chilenos entre allendistas y pinochetistas? No tiene sentido reeditar las antiguas confrontaciones cuando lo que necesitamos es reforzar los cimientos de la paz y la libertad.

Cualquier intento de imponer una “historia oficial” sobre los traumas del pasado no podrá prosperar.

Vivimos en una sociedad abierta, en la que fluyen las ideas y la información. Están, por lo tanto, fuera de lugar la censura u otras formas de coacción para impedir el libre escrutinio.

No hay ni debe haber tabúes respecto de la revisión e interpretación de los hechos históricos. Es previsible, entonces, que los 50 años motiven múltiples debates dirigidos a profundizar el análisis de las causas y las consecuencias de lo ocurrido. Es parte del ejercicio de las libertades.

Lo inadmisible es que las autoridades del Estado aprovechen los cargos que ocupan temporalmente para convertir en “oficial” su propio punto de vista, con el fin de conseguir ganancias sectarias.

Pasaron más de 16 años antes de que Chile pudiera avanzar, costosamente, hacia el reencuentro nacional, pero el peligro de retroceso siempre existe. Ya vimos en la Convención cómo los afanes por “corregir la historia” pueden llegar hasta el delirio.

A fines de enero, el ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo que la instrucción presidencial que recibió respecto de cómo abordar las violaciones de los DD. HH. del pasado, se resumía así: “toda la verdad, toda la justicia”.

Aludió entonces a un plan que pretende “articular una serie de medidas que van desde la recopilación y sistematización de información hasta dotar de mecanismos para lograr éxito en las investigaciones” (Emol, 31/01).

¿Qué significa eso exactamente? ¿Es que el Ministerio de Justicia se dispone a crear una nueva entidad, en la línea de la Comisión Rettig (creada por el Presidente Aylwin, en 1990), o de la Comisión Valech (creada por el Presidente Lagos, en 2003)?

Si es así, ¿cuál es la expectativa que se quiere crear entre los familiares de las víctimas? ¿Se vincula esto con la intención de presionar a los mandos de las FF. AA. para que respondan por lo que ocurrió hace medio siglo?

Sería una insensatez completa, que desconocería el camino hecho por el país en el terreno de la verdad, la justicia y la reparación, y que pasaría por alto el proceso de renovación de las instituciones armadas en el marco de la reconstrucción democrática. ¿Está el ministro Cordero en condiciones de informarle al país acerca de lo que hará para lograr toda la verdad y toda la justicia?

Chile estuvo al borde del despeñadero en 2019. Y también en la coyuntura del plebiscito del año pasado.

En tal contexto, lo mínimo que cabe esperar del Gobierno es que, frente a la conmemoración de los 50 años, trate de actuar con sentido nacional. Debe tener plena conciencia de los riesgos que podemos enfrentar si, como consecuencia del empeño por “correr el cerco”, se termina generando un clima de odiosidad y confrontación que abone el terreno a nuevas expresiones de violencia en las calles.

Más vale que el Gobierno no juegue con fuego.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional