Seguridad y defensa

CON LA ANTÁRTIDA Y EL ATLÁNTICO SUR COMO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LA ARGENTINA CREA MÁS UNIDADES MILITARES EN LA REGIÓN AUSTRAL

CON LA ANTÁRTIDA Y EL ATLÁNTICO SUR COMO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LA ARGENTINA CREA MÁS UNIDADES MILITARES EN LA REGIÓN AUSTRAL

Mariano De Vedia

La Nación, Argentina, 19/02/2023

Concretada la reapertura de la X Brigada Aérea de Río Gallegos, que reunirá a 450 efectivos de la Fuerza Aérea y tres aviones IA-63 Pampa III en una unidad que había quedado desactivada después de la Guerra de Malvinas, el Gobierno avanza en la formación de una guarnición militar conjunta –con la presencia de las tres fuerzas- en Tolhuin, a 80 kilómetros de Ushuaia.

Así, por primera vez, el Ejército tendrá un asentamiento permanente en Tierra del Fuego.

El despliegue militar está en sintonía con la estrategia lanzada por el ministro de Defensa, Jorge Taiana, cuyas decisiones prioritarias se asientan en “la visión de una Argentina bicontinental, que sostiene una proyección a la Antártida y al Atlántico Sur”.

Si históricamente se valoraba a aquellos países que podían establecer rutas de acceso al Atlántico y al Pacífico, hoy la pulseada –en el caso de la Argentina- es lograr presencia en el Atlántico Sur y en la ruta a la Antártida.

Durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner y aún en los cuatro años del mandato de Mauricio Macri, el despliegue de las Fuerzas Armadas se orientaba más a la frontera norte, a la colaboración con las fuerzas de seguridad en el operativo Integración Norte, para disuadir posibles amenazas, como el ingreso de vuelos irregulares y el avance del narcotráfico.

Hoy el eje prioritario es el sur.

La creación de más unidades en el sur se suma a la proyectada Base Naval Integrada en Ushuaia y al Polo Logístico Antártico, que favorecerá la posibilidad de prestar servicios de asistencia a otros países.

Y en mayo del año pasado se puso en marcha en Río Grande el radar táctico de defensa aérea RPA-170M, desarrollado por el Invap, de mediano alcance y de última generación, para potenciar la capacidad de vigilancia y control del espacio aéreo en el Atlántico Sur.

Ubicación estratégica. Tanto Río Gallegos como Ushuaia son consideradas localizaciones estratégicas, dado que cada una de esas ciudades se encuentran a 670 kilómetros de distancia de Malvinas.

Si bien el Ejército participa de las campañas en la Antártida, nunca había tenido una guarnición en Tierra del Fuego. Hasta ahora, la ubicación más austral de una guarnición del Ejército era en Rospentek, en el sudoeste de la provincia de Santa Cruz, en el kilómetro 369 de la ruta 40.

Como parte de la estrategia para fortalecer la presencia en el Atlántico Sur, el Comando Conjunto Marítimo lleva adelante desde junio de 2021 el control y vigilancia del Mar Argentino, especialmente para combatir el ingreso irregular de embarcaciones y la pesca ilegal.

A ello se suma el Comando Conjunto Antártico, que conduce las operaciones de nuestro país en las bases antárticas.

La creación de una guarnición en Tolhuin se suma a la reciente reapertura de una brigada aérea en Río Gallegos y otros emprendimientos; por primera vez, el Ejército tendrá una presencia permanente en Tierra del Fuego

“Las Fuerzas Armadas tienen que tener un despliegue territorial que permita cubrir adecuadamente, desde la perspectiva de defensa, el conjunto del territorio nacional y, en particular, en las zonas que fueron menos protegidas”, explicaron a LA NACION voceros del ministro Taiana, al considerar necesario fortalecer la presencia militar en Tierra del Fuego, considerado un lugar “estratégico”.

“Al tener nuestro país una variedad de recursos naturales, de norte a sur, se torna muy relevante la necesidad de un despliegue estratégico y del desarrollo de una mayor protección de los recursos, siempre dentro de una estrategia defensiva, cooperativa y autónoma, que tenga capacidad de vigilancia, control y de disuasión”, insistieron.

La presencia del Ejército. La nueva guarnición del Ejército, cuya construcción ya comenzó, se ubicará en las proximidades de Tolhuin, la tercera ciudad de Tierra del Fuego.

“Se hace evidente y muy importante tener una visión más integral y, así como estamos desarrollando una tarea en la Antártida y en las distintas islas, también debemos tener una visión más integral de la presencia de las Fuerzas Armadas en la provincia”, explicó Taiana, al informar sobre el avance de las obras.

Para preparar el terreno, ya se encuentra en Río Grande el llamado Escalón Adelantado, una agrupación conformada por oficiales y suboficiales, cuya misión es realizar los primeros pasos para concretar la nueva unidad militar, a partir de acuerdos con autoridades locales y con la Armada, para la cesión de un sector del predio que la fuerza naval posee cerca de Tolhuin.

A fines de enero desembarcó en el puerto de Ushuaia la totalidad del material y vehículos para la dotación del escalón.

En una primera etapa se realizará la demarcación del predio en el que se construirán las instalaciones y el avance de trabajo para las redes de servicios y alambrados perimetrales, entre otros trabajos, previo al arribo de comandos y cuerpos logísticos del Ejército.

En un mediano plazo se construirán pistas de instrucción, polígonos y otros medios de apoyo al adiestramiento operacional.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Seguridad y defensa

[CONFIDENCIAL] GALO EIDELSTEIN Y EL SORPRESIVO RETIRO DE LA CONTRALORÍA DEL REGLAMENTO SOBRE CONTROL DE ARMAS

[CONFIDENCIAL] GALO EIDELSTEIN Y EL SORPRESIVO RETIRO DE LA CONTRALORÍA DEL REGLAMENTO SOBRE CONTROL DE ARMAS

Mario Gálvez

ExAnte, 20/02/2023

La Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, al mando de Galo Eidelstein, decidió retirar de la Contraloría el reglamento complementario de la Ley sobre Control de Armas.

El texto había sido aprobado por Decreto Supremo Nº 32, del 23 de enero, y estaba en trámite para toma de razón desde el 26 de enero.

El giro de la subsecretaría, concretado a través un oficio del 13 de febrero, señala como causal “el objetivo de efectuar adecuaciones en su texto y así completar tu total tramitación”.

El reglamento contiene normas relacionadas con control, fiscalización tenencia y porte de armas por personal de las FF. AA. y de Orden en servicio activo y en retiro; armas en poder de civiles, bancos de pruebas; depósitos y custodias; inscripción, importación y comercialización, entre otros aspectos.

El subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein (PC), ordenó suspender la toma del razón del documento, que había ingresado el 26 de enero. La semana pasada se había retirado “con el objetivo de efectuar adecuaciones en su texto”. La iniciativa recibió críticas de expertos y generó una amplia controversia a mediados del año pasado, cuando el Presidente Boric anunció una limitación del acceso a las armas de fuego a los civiles.

La situación ocurre en momentos en que el debate por la existencia de armas de fuego crece, en especial por el aumento de los homicidios. Según cifras oficiales, desde 2016 en adelante los casos de homicidios y las víctimas fatales desde 2016 a la fecha, a nivel nacional aumentaron 60%.

En junio del año pasado, el Presidente Boric señaló que “la violencia armada no será tolerada en nuestro país. Nuestro Programa Menos Armas, Más Seguridad, propone la limitación radical de su acceso legal”.

El objetivo era llegar a una prohibición total de tenencia de armas por parte de civiles y fortalecer la institucionalidad a cargo de la fiscalización, lo que abrió de inmediato una polémica que alcanzó al Congreso.

Ahora, el reglamento de la subsecretaría de Eidelstein fue distribuido a todas las instituciones armadas con el fin de revisar sus contenidos y hacer comentarios respecto del mismo.

Según trascendió, hubo varios cuestionamientos que se hicieron llegar al llegar a Eidelstein.

Ex­-Ante solicitó a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas información respecto de las causas del retiro del documento, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

A inicios de este mes, el subsecretario había estado en el centro de la agenda, cuando la Contraloría rechazó la creación de una unidad de educación militar ordenada por Eidelstein.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio varas Clavel

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Columna de Opinión, News, Seguridad y defensa

DESDE ENCAPUCHADOS ARMADOS HASTA VECINOS CON QUEROSENO: CUÁLES SON LAS QUERELLAS PRESENTADAS EN EL BIOBÍO POR INCENDIOS INTENCIONALES

DESDE ENCAPUCHADOS ARMADOS HASTA VECINOS CON QUEROSENO: CUÁLES SON LAS QUERELLAS PRESENTADAS EN EL BIOBÍO POR INCENDIOS INTENCIONALES

Ex-Ante, 18/02/2023

Qué observar. El ministro Juan Carlos García de Obras Públicas se refirió este jueves a la intencionalidad de los incendios, que hasta las 3:24 pm del viernes habían destruido 439 mil hectáreas en el país durante la temporada 2022-2023, según mostraron cifras de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

  • Al dejar su labor de enlace en la Región del Biobío afirmó que están todas las condiciones para deducir que han sido intencionales. Intencionales por diferentes razones, algunas serán ideológicas, otras por piromanía, otras por pasadas de cuentas, y entre uno que otro, sin duda tendremos que investigar cada uno de ellos”.
  • Sin embargo, una revisión en el Poder Judicial de las querellas presentadas por la delegación presidencial, encabezada por la delegada Daniela Dresdner, arrojó pocas luces sobre quiénes estarían detrás de los incendios que derivaron en que se decretara este mes estado de catástrofe en la región. Una situación similar se registra en La Araucanía.
  • La delegación del Biobío figuraba hasta este sábado como querellante en 10 hechos vinculados a incendios durante 2023. Dos de las querellas están duplicadas, por lo que corresponden a 8 casos.
  • Allí mencionan a encapuchados armados que impidieron la acción de brigadistas en Los Álamos; rayados dejados por desconocidos en un container forestal incendiado en Lebu; una mujer sin casa detenida por provocar un incendio en la misma comuna de Lebu; un vecino de Concepción sorprendido a orillas del río Biobío con un bidón con restos de queroseno quemando basuras y pastizales y un hombre haciendo una quema no autorizada en Tirúa por la que ardió una hectárea de pastizales y eucaliptus.
  • La delegación también se querelló contra el empresario que, de acuerdo con la denuncia, impidió que los helicópteros sacaran agua de su piscinaen Yumbel; un hombre que soldaba un cerco metálico en Arauco soltando chispas y un grupo que habría estado realizando un asado en un sector boscoso de Los Ángeles.
  • A continuación, el detalle de las acciones presentadas en la región.

Los encapuchados armados. “El día viernes 10 de febrero de 2023, en horas de la mañana, un grupo de Brigadistas Forestales de la empresa Molinos del Sol, contratista de empresas Arauco, se encontraba al interior del predio de ésta última, ubicado en el sector Antihuala, comuna de Los Álamos, Provincia de Arauco, realizando labores de contención del fuego mediante la confección de cortafuegos, instantes en que llegaron al lugar un grupo de encapuchados debidamente armados con armas cortas y largas, amenazándolos y obligándolos a detener las faenas y retirarse del lugar”, consignó la querella por porte ilegal de arma de fuego.

Encapuchados armados que impidieron la acción de brigadistas en Los Álamos; rayados dejados por desconocidos en un container forestal incendiado en Lebu; una mujer sin casa detenida por provocar un incendio en la misma comuna de Lebu; un vecino de Concepción sorprendido a orillas del río Biobío con un bidón con restos de queroseno quemando basuras y pastizales y un hombre haciendo una quema no autorizada en Tirúa por la que ardió una hectárea de pastizales y eucaliptus. Esas son las querellas presentadas por la delegación en relación con los incendios intencionales durante 2023, las que arrojan pocas luces sobre los megaincendios de la región.

La detenida en situación de calle. “El día 06 de febrero de 2023, alrededor de las 14:30 horas, la querellada, en un sitio eriazo ubicado o emplazado en el sector Lebu, sector Lebu Norte, Las Dunas, Playa Larga, superficie compuesta de arena y tierra con vegetación, arbustos y pastizales, procedió a prender fuego en dicho lugar provista de un encendedor, en forma intencional, el que se propagó rápidamente dada las condiciones atmosféricas existentes, produciéndose a consecuencia de lo anterior un incendio que provocó daños a la arboleda y vegetación existente en una superficie aproximada de 380 metros cuadrados”, registró la querella por incendio contra Johana Ruiz Canales, de 45 años.

  • La detenida estaba en “situación de calle”, consignó Carabineros.
  • El tribunal decretó su arresto domiciliario total en una casa de Lebu.

El rayado realizado por desconocidos. “Siendo las 07.30 aproximadamente del día 03 de enero del año 2023, al interior de una faena forestal de la empresa Foraction Chili S.A., ubicada en el sector el Rosal Norte, camino interior de la ruta P-40, de la comuna de Lebu, se presentó en dicho lugar el jefe de la faena de cosecha don R.J.G.V. constatando que un contenedor metálico, utilizado como oficina y bodega de insumos forestales, estaba totalmente incinerado producto de la acción del fuego producto de la acción de terceras personas, encontrando en el lugar una pizarra color blanco con un rayado que dice ‘Fuera las Forestales’ junto a un rayado de símbolos mapuches. Los daños se avalúan en la suma de $6.500.000”.

Limpieza con fuego en Tirúa. “Con fecha 04 de febrero del año 2023, don Antonio Flores Peralta se encontraba en un predio ubicado en el sector Las Misiones de la comuna de Tirúa, específicamente a la altura del kilómetro 62 de la Ruta P-72F, instantes en que procedió a realizar en dicho predio labores de limpieza usando para ello el fuego, pero sin las autorizaciones correspondientes e incumpliendo toda medida de seguridad, considerando las condiciones climáticas existentes y la realidad que vive el país, por lo que rápidamente perdió el control del mismo propagándose con facilidad, resultando totalmente quemada una hectárea compuesta de pastizales y plantación de eucaliptus. El actuar imprudente y temerario del querellado dañó el medio ambiente, la propiedad ajena y puso en riesgo la vida e integridad física de los vecinos”.

El vecino sorprendido con un bidón con queroseno. “Con fecha 8 de febrero de 2023, siendo las 10.25 horas aproximadamente don Fabián Alberto Rojas Tapia fue sorprendido a la altura del puente Juan Pablo Segundo sector costanera de la comuna de Concepción, específicamente, a orillas del río Biobío con un bidón azul de restos de kerosene, quemando basuras y pastizales al interior del predio de la comunidad Lolcura”[1], consignó la querella contra del vecino de Concepción, con domicilio en el sector de Chillancito.

  • [1] El tribunal decretó para el imputado la medida cautelar de firma quincenal y prohibición de acercarse a los puentes de Concepción.
  • Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio varas Clavel

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Seguridad y defensa

ANÁLISIS CRÍTICO DE LA POLÍTICA DE DEFENSA COMO DOCUMENTO BASE PARA LA LEY DE FINANCIAMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE CHILE (ANEPE)

ANÁLISIS CRÍTICO DE LA POLÍTICA DE DEFENSA COMO DOCUMENTO BASE PARA LA LEY DE FINANCIAMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE CHILE
Julio Soto Silva*

La Ley Nº21.174 de 2019, que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas, señala en su artículo 97 que “La política de defensa nacional, la política militar y las restantes políticas públicas del sector defensa a que se refiere el artículo 5°, letras a) y b), de la Ley N° 20.424, Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, serán la orientación superior para elaborar la planificación del desarrollo de la fuerza”. Este ensayo pretende señalar que esos documentos no entregan los antecedentes necesarios para dar cumplimiento a lo expresado en ese artículo, y hace un contrapunto con la Quadrennial Defense Review (QDR) de las Fuerzas Armadas estadounidenses que sí lo hace, y a través de un breve análisis propone una posible solución a esta falencia.
Palabras clave: Política de defensa; capacidades estratégicas; estrategia; QDR; prioridades de la defensa.

Ver cuaderno completo en PDF en el siguiente link: 1006-Texto del artículo-1746-1-10-20230213

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Seguridad y defensa

INSTITUCIONALIDAD DEL ESTADO Y FUERZAS ARMADAS

INSTITUCIONALIDAD DEL ESTADO Y FUERZAS ARMADAS

Luis Rothkegel Santiago[1]

Resumen:

Este trabajo elaborado desde la perspectiva contemporánea de la política nacional, se propone recordar algunos pasajes de la historia relativos al comportamiento de las instituciones militares en el entorno de la Institucionalidad del Estado. Se refiere, al rango constitucional y legal en que se desenvuelven las Fuerzas Armadas, haciendo hincapié en los efectos acarreados en las relaciones política-militares y en la sociedad en general, cada vez que el marco reglamentario ha sido objeto de interpretaciones, por ende vulnerado.

Palabras clave: Institucionalidad – Fuerzas Armadas – Constitución.

Ver trabajo completo en PDF:Institucionalidad y FAs[16970]

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Seguridad y defensa

Responsabilidad política e interacción civil militar

Responsabilidad política e interacción civil militar

Las decisiones complejas en materia de defensa tienen la particularidad de combinar, en su etapa de análisis o como proyecto, dos tipos de visiones que en ocasiones pueden no coincidir, en especial, cuando se trata del  empleo de una fuerza militar en tareas de orden interior. De hecho, la sensibilidad y  complejidad de este tipo de tareas hace que normalmente sean consideradas excepcionales y, como tales, dentro de un marco jurídico especial.

Y es que por muy bien intencionado y bien pensado sea  el propósito que se busca alcanzar desde una perspectiva política,  la concepción militar no  puede dejar de tener en cuenta la realidad de los frentes donde se van a emplear las fuerzas. Rupert Smith, general británico, con amplia experiencia en distintos tipos de conflicto, ha enseñado que lo más difícil en el uso de la fuerza es hacerlo en medio de la población. Desde lo militar, no sólo se deben limitar al máximo los efectos colaterales y asegurar el logro del propósito fijado con el mínimo de bajas, sino que también es imperativo evitar deteriorar la capacidad de disuasión de la fuerza militar, sin la cual pierde sentido su empleo.

Por eso, en el ámbito de la defensa, cuando se trata del empleo de la fuerza, es indispensable que en la toma de decisiones se genere una integración de la visión y determinación de propósitos de la autoridad política, con el conocimiento especializado que poseen los institutos armados, lo que no significa poner en duda o alterar la autoridad política.

No es extraño, entonces, que los mandos militares deban expresar sus opiniones y advertir sobre los riesgos que conlleva una determinada misión, más aún cuando se trata de tareas excepcionales. De hecho, en los estudios de relaciones civiles-militares hay casos paradigmáticos que se analizan, precisamente, porque en ellos se evidenciaron fallas en la necesaria interacción entre la autoridad política y los líderes militares con consecuencias no deseadas. Dentro de estos, por ejemplo,  la “Declaración acerca de la Apreciación de Defensa en el Reino Unido”, de 1992, y como experiencia de la operación “Tormenta del Desierto”, en la que se establece como una de las deficiencias, el no haber otorgado peso suficiente a la voz de los militares para el desarrollo de políticas.

Algo similar sucedió en el “Reporte del Grupo de Estudios de Irak, del Congreso de los Estados Unidos, de 2006, donde la recomendación 46 estableció que “El nuevo Secretario de Defensa debe hacer todo lo posible para construir un estado de relaciones civiles militar saludables, creando un entorno en el que los altos mandos militares se sientan libres de ofrecer asesoramiento independiente no sólo al liderazgo civil en el Pentágono, sino también al Presidente y al Consejo de Seguridad Nacional, como se prevé en la legislación Goldwater-Nichols”. Es cierto que son realidades muy particulares, pero denotan la complejidad de este tipo de interacción.

En nuestro país, en los últimos años las instituciones de la defensa han estado sometidas a múltiples exigencias en términos de variedad de misiones y complejidad de los escenarios donde han debido actuar. Su empleo en situaciones de catástrofes y de emergencia en forma prolongada, además de sus misiones permanentes de preparación, en lo concerniente a la defensa nacional y a la participación en operaciones de paz, ha impuesto desarrollar nuevas capacidades en el uso de la fuerza y también en materia organizativa. Son tareas que, además, conllevan una interacción con autoridades locales de distintos niveles y con organismos con culturas y  estilos de trabajo muy diversos.

Asimismo, en el ejercicio de sus actividades, el personal militar de distintos grados ha estado expuesto a un eventual uso de las armas, lo que implica asumir constantemente un nivel de riesgo crítico, en un ambiente altamente complejo y volátil.  Alberts y Hayes, que desde comienzo de siglo han estudiado el desempeño de las fuerzas militares en ambientes complejos, advierten que cuantos más actores y organizaciones participan directa o indirectamente en una tarea y más incierto es el escenario, más difícil es cumplir las misiones, producto de lo cual los riesgos se incrementan y, más delicado, se transforman.

Esto último podría parecer evidente, sin embargo, no siempre es asumido en plenitud en los procesos de toma de decisiones de alto nivel, puesto que exige, como premisa básica, una  conciencia situacional y un conocimiento que se exprese  en la asignación de misiones claramente definidas, con reglas de uso de la fuerza efectivas, que no debiliten la capacidad de disuasión, y, por cierto, con los medios adecuados a los eventuales escenarios.

En este panorama, la responsabilidad política es cada vez mayor, ya que así como se han puesto en ejecución tareas que en principio son excepcionales y temporales, los riesgos también se incrementan y la incertidumbre es inevitable. Por otra parte, no se puede asumir la polivalencia de una fuerza militar como la posibilidad de cumplir con los mismos medios todo tipo de misiones; es sabido que eso atenta contra la especialización y deteriora la eficacia operativa y táctica en las misiones más propias de la defensa, las que sin duda, siguen siendo prioritarias teniendo en cuenta el horizonte político estratégico de nuestro país, en particular, los intereses de distinto orden que convergen en nuestra posición y situación geográfica.

Cuando existe la certeza de que el nivel de las exigencias que recaen en las Fuerzas Armadas y en quienes deben cumplir las misiones se multiplican, y cuando las tareas que son excepcionales comienzan a ser permanentes, la responsabilidad de los líderes políticos y de los mandos militares es mayor; y el dilema no es tanto si estas tareas se deben asumir o no, sino, cómo crear las condiciones para que logren su propósito con el mínimo riesgos y de efectos no deseados,  sin perder su condición de fuerza militar. (Red NP)

Gral. (R) José Miguel Piuzzi Cabrera

Doctor en Sociología, y académico

03 de febrero 2023

Fuente: http://www.nuevopoder.cl/responsabilidad-politica-e-interaccion-civil-militar/

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Seguridad y defensa

CRIMEN ORGANIZADO: RAÍCES PROFUNDAS

CRIMEN ORGANIZADO: RAÍCES PROFUNDAS

El Mercurio, Editorial, 01/02/2023

El incremento de la delincuencia en general y del crimen organizado en particular no es una sensación o percepción, sino una realidad. Así lo demuestran las cifras de los organismos competentes.

En los últimos 9 años ha crecido en forma sostenida el número de homicidios, de 481 en 2013 a 910 en el año 2022; de entre ellos, hoy son también muchos más los que se cometen con armas de fuego. Cada vez más homicidas consiguen escapar de la acción de la justicia (desde un 19 % en 2013 a un 32 % en 2015, según las cifras de la Fiscalía).

En el mismo período, ha bajado a la mitad la tasa de recuperación de los vehículos robados, mientras crece exponencialmente el número de quienes están imputados al mismo tiempo por delitos de drogas y homicidio, lo cual es consistente con el incremento también exponencial de la incautación de marihuana, desde poco más de 20 toneladas en 2015 a más de 50 toneladas en 2021.

Un 36 % de las personas consultadas en un estudio de Fundación Paz Ciudadana se encuentra mediana o altamente expuesto a manifestaciones concretas del crimen organizado (narcofunerales, ajustes de cuentas, secuestros, enfrentamientos entre bandas, cierre de pasajes y otras formas de uso del espacio público por bandas o grupos criminales).

Es imposible exagerar la importancia del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, que acaba de entrar en funcionamiento.

Estas cifras ya no son meras señales de alerta sobre algo que viene, sino, igualmente, expresión de una realidad ya instalada. Las causas profundas de este estado de cosas son relativamente fáciles de identificar, pero culturalmente difíciles de aceptar: la crisis de la institución familiar, la consiguiente pérdida del sentido de autoridad y comunidad, un ostentoso materialismo y, particularmente, la degradación de la educación, entre otras.

El incremento de la demanda por drogas de distinto tipo es una consecuencia de este sustrato cultural —un individualismo bastante primitivo y materialista, pero que se presenta como reivindicación de la autonomía—, y a ella sigue una serie de manifestaciones delictivas que alimentan el crimen organizado.

Sin embargo, la aceptación de las causas mencionadas parece estar aún lejos de producirse. Más lejos todavía se halla la identificación y adopción de las medidas idóneas para hacerles frente, cuya implementación tardará además varias generaciones.

Entre tanto, la comunidad política debe aprender a lidiar con los síntomas y suplir con recursos y creatividad las carencias para conseguir un mínimo de responsabilidad personal y cohesión social.

Esto pasa con toda seguridad por un replanteamiento de la educación preescolar y escolar, en todos los segmentos sociales, donde la educación cívica y la formación en los hábitos de convivencia social deberían ocupar un lugar central.

Para que esto sea posible, sin embargo, es crucial asegurar que la educación preescolar y escolar alcance a la totalidad de los niños y adolescentes del país con una calidad a lo menos mediana. Ello implica entre otras cosas realizar un esfuerzo enorme para recuperar a los que han abandonado el sistema o no se han integrado aún a él, y para permitir el desarrollo de formas variadas de provisión de educación, y de todos los servicios asociados a ella, rechazando toda forma de mesianismo estatal y de panaceas estandarizadas.

Una dimensión clave de esta profunda reforma a la educación es la atención a los niños y adolescentes que están en riesgo de presentar conflictos con la justicia o que ya los han presentado.

Es imposible exagerar la importancia del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, que acaba de entrar en funcionamiento. En las manos de la justicia de familia y de esta institucionalidad se encuentra parte del futuro del país, pues los efectos deletéreos directos e indirectos del contacto temprano con la droga y la delincuencia son incalculables.

Hay muchas medidas indispensables para hacer frente a la proliferación del crimen organizado, desde mejorar la capacidad investigativa de la Fiscalía y las policías hasta el combate contra la informalidad. Pero ninguna se compara con la profunda recuperación educacional que Chile necesita.

Un aporte del director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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