Categoría: U al dia

            Las organizaciones de personal retirado de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile nos encontramos expectantes ante la proximidad de nuestras Fiestas Patrias y lo que el Gobierno podrá resolver con motivo de estas festividades.

            Nos hemos agrupado en una instancia de coordinación, el Consejo de Defensa de Militares y Carabineros (CODEMCA), con el objeto de intercambiar información respecto y aunar esfuerzos en las acciones que cada una realiza con miras a lograr la anhelada igualdad ante la ley para nuestros camaradas presos y procesados.

Estamos expectantes pero no inactivos.

Toda idea que se nos proponga con el señalado fin será presentada a dicha instancia y debidamente analizada sin precipitarnos ni caer en la desesperanza.

En la semana que termina hemos advertido buenas y malas señales.

La diputada María Angélica Cristo ha visitado el Penal de punta Peuco y ha nuevamente expresado sus puntos de vista, con claridad y valentía, ante la opinión pública.

Su permanente labor de apoyo a nuestra causa merece todo nuestro reconocimiento y gratitud, lo que hacemos extensivo a otros parlamentarios que también se han sumado a esta cruzada por hacer respetar nuestros derechos.

Paralelamente nos hemos enterado de un proyecto presentado por el Ministro de Defensa Nacional y que busca modificar el Código de Justicia Militar para incorporar la pena accesoria de degradación a los delitos llamados contra los derechos humanos y que muchos desinformados confunden con los de lesa humanidad.

Se dice que, de aprobarse esta iniciativa, no tendría efecto retroactivo.

¿No se adoptaron similares resguardos al tipificarse en nuestra legislación los delitos de lesa humanidad, hace poco más de un año?

¿Y qué ha ocurrido?

La respuesta está en la prensa y en las intervenciones públicas de diversas autoridades: en la práctica sí tiene efecto retroactivo.

¿Qué vendrá a continuación? ¿La supresión de los derechos previsionales para castigar adicionalmente a nuestras familias?

Pareciera que, en este esfuerzo por contentar a un sector siempre insatisfecho, no hay límites.

2010-08-10

Sí, aunque nos duela reconocerlo, se ha perdido una batalla.

Desde hace años que nuestra Unión, junto a otras instituciones y diversas organizaciones y personas, ha estado firmemente empeñada en un esfuerzo por que se respeten los derechos de nuestros camaradas y se recupere la verdad histórica.

En el ya largo camino recorrido hemos encontrado desde indiferencia hasta franca oposición, pero también hemos logrado importantes apoyos.

La iniciativa del Indulto Bicentenario, planteada por la Iglesia Católica a nuestro Gobierno se contaba entre esos últimos.

Desafortunadamente no ha tenido acogida.

Sin embargo, aunque agradecíamos profundamente la valentía de plantearla, ella excedía nuestras pretensiones que no eran otra cosa que reclamar la igualdad ante la ley.

Eso es lo que seguiremos exigiendo a los responsables del Estado.

Ni perdón ni impunidad, sólo lo que nos corresponde como ciudadanos chilenos.

Derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia, para cualquiera que sea citado por tribunales o procesado.

Derecho a ser juzgado por tribunales competentes y de acuerdo con las leyes vigentes al momento de cometerse los hechos que se investiguen.

Derecho a beneficios intrapenitenciarios en caso de ser condenado a pena efectiva.

Naturalmente que, en este último caso, desearíamos alguna muestra de humanidad respecto a nuestros camaradas enfermos o de avanzada edad que les permita volver junto a sus seres queridos aunque sea para vivir sus últimos días.

Nunca es tarde para recapacitar.

Se ha perdido una batalla, esperemos que no se pierda la guerra.

2010-08-01

            Como era previsible, la sola idea de beneficiar a alguno de nuestros camaradas que cumplen condena, encuentra inmediato rechazo en todo aquel que se identifica con el funesto “ni perdón ni olvido”.

            A quienes aspiramos a superar las diferencias del pasado y avanzar unidos, tanto en la reconstrucción material de nuestro país como en el progreso y desarrollo espiritual de nuestros descendientes, tal actitud también nos provoca rechazo, pero la entendemos por tener incorporado un fuerte componente emocional e ideológico.

            Sin embargo, a dicho cerrado rechazo se suman opiniones aparentemente neutras pero que confunden echando mano a toda clase de argumentos.

            El más socorrido es que liberar delincuentes se contrapone con el anunciado esfuerzo del gobierno por reprimirlos.

            ¿De qué delincuentes estamos hablando?

            Si se trata de lo que se entiende por delincuentes comunes, ellos ya se han beneficiado de una reforma procesal penal que da plenas garantías al inculpado y, en su momento, se aplicó la prescripción para absolverlos.

            Si a pesar de lo anterior se encuentran encarcelados es entendible la preocupación por su eventual reincidencia en caso de se indultados.

            No mencionemos a condenados por delitos terroristas. Todos gozan de libertad y más de alguno ha reincido en sus conductas criminales, como es el caso del hasta hace poco tiempo prófugo Juan Aliste Vega.

            Pero, los llamados violadores de los derechos humanos, ¿tienen alguna posibilidad o capacidad de reincidir?

            Posibilidad, ninguna, por cuanto el contexto ha cambiado absolutamente para ellos, ya no son funcionarios del Estado. Capacidad, menos. Muchos de avanzada edad o gravemente enfermos.

            Luego, no son un peligro para la sociedad y tampoco necesitan reinsertarse.

2010-07-25

            La Corte Suprema ha dictado fallo definitivo en el llamado caso Prats, después de más de 35 años de sucedidos los hechos.

            La sentencia afecta a varios camaradas, algunos miembros de la Unión de Oficiales en Retiro, situación que despierta nuevamente nuestra solidaridad, expresada como política de nuestra organización:

            “Apoyamos a nuestros camaradas en desgracia, a los que cumplen penas en prisión y a quienes están en calidad de procesados, sin pronunciarnos respecto a su presunta o efectiva responsabilidad o culpabilidad”.

            Una prudencia elemental nos inhibe de juzgar a quienes no eligieron estar donde estuvieron y que cumplieron con su deber de obediencia de acuerdo a su conciencia y sentido de la disciplina.

            Tampoco conocemos los antecedentes de este y otros procesos, a excepción de aquello que nos tocó vivir o que es de conocimiento público en forma no controvertida.

            A quienes han condenado duramente a estos camaradas, conviene recordarles que, tal como lo ha señalado el propio Presidente de la Corte Suprema en ejercicio, ninguno de los inculpados y procesados de acuerdo al antiguo sistema procesal ha tenido garantía alguna, en otras palabras no han tenido derecho a un debido proceso. Fueron condenados de antemano, sólo las penas a aplicarles quedaban sujetas a las distintas instancias judiciales.

            Quedamos con la duda razonable respecto a lo que realmente ocurrió y a quienes fueron los que efectivamente debieran responder como responsables o culpables de este crimen sólo explicable en el ambiente de odio generado por la crisis que culminó el 11 de septiembre de 1973.

            Es efectivo que el General Carlos Prats González (QEPD) renunció a su cargo después que perdiera su ascendiente de mando, situación que no puede ser ignorada por lo que ahora se nos muestra como un cruel e innecesario asesinato, en particular por que al llevarlo a cabo también se ultimó a su esposa.

            Las verdaderas causas de este crimen y sus motivaciones deben pesar eternamente en la conciencia del autor confeso y de quienes tuvieron efectiva autoría intelectual o pudieron colaborar a sabiendas a su perpetración.

            En el vecino país y en relación con esto último, dos generales han dado recientemente una lección a muchos al asumir plenamente sus responsabilidades, a sabiendas que ya han sido condenados.

            Ese es un ejemplo que quisiéramos hubiera sido seguido en nuestro país por todo aquel que, al rehuir sus responsabilidades, ha dejado en la estacada sus subalternos que fielmente le obedecieron. Nunca es tarde.

            Prosiguiendo incansable su labor, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en realidad una de sus abogadas, ha procedido a obtener la citación como inculpado del actual embajador de Chile en Panamá.

            Repitiendo el reciente episodio de la citación al Subsecretario de Defensa y en perfecta sincronización, ya se ha exigido que se le pida la renuncia, por supuesto antes que siquiera preste declaración.

            Esto parece realmente un modelo de eficiencia, si de eliminar funcionarios nombrados por el actual gobierno se trata.

            Para plantear esta extemporánea exigencia, por supuesto que se le presume culpable ya que el hecho que haya prestado servicios en la embajada de Chile en Argentina, durante el gobierno militar, aunque fuera en funciones muy subalternas, basta para fundamentarla.

            No interesa que se trate de un distinguido funcionario de larga carrera y que haya servido en todos los diversos cargos y destinos propios del escalafón del Servicio Exterior.

            Debemos decir que los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden ya estamos acostumbrados a semejante predicamento.

            La presunción de culpabilidad se basa en haber pertenecido a estas instituciones y haber estado en servicio activo el 11 de septiembre de 1973.

            Si no renunció inmediatamente significa que es cómplice, encubridor o autor de atroces crímenes, salvo que logre demostrar, cosa bastante difícil con el antiguo sistema penal que se nos aplica, que se estaba con licencia en algún lejano país.

            El solo hecho de haber pertenecido a una unidad militar o policial ya es suficiente argumento: tuvo que tener participación en algo o, al menos, haberse enterado de algo.

            En estos días, y a raíz de la citación al Subsecretario de Defensa, se ha llegado a sostener que esta autoridad debió concurrir voluntariamente a declarar, sin esperar que se le citara, aunque nada pueda aportar en el caso que se investiga.

            A quien no lo haga, por absurdo que parezca, se le presume culpable.

2010-07-03