COMUNICADO
Ayer, 7 de julio de 2026, la Segunda Sala de la Corte Suprema puso fin a los dos recursos de amparo que la Defensoría Penal Pública dedujo en favor del ministro Álvaro Mesa Latorre para impedir que se le investigue. En ambas causas ratificó lo obrado por la Corte de Apelaciones de Valdivia. Y lo hizo sin un solo voto en contra.
La historia, contada en simple: el ministro Mesa fue querellado por prevaricación imprudente, el delito que el artículo 224 número 1 del Código Penal contempla para el juez que, por negligencia o ignorancia inexcusables, dicta una sentencia manifiestamente injusta en causa criminal. No se le imputa haber fallado de mala fe: se le imputa un descuido que la ley no perdona a quien tiene el poder de condenar. Una jueza de garantía de Temuco hizo lo que la ley manda: dio curso a las querellas para que el Ministerio Público investigara. El ministro respondió con un recurso de amparo, la herramienta que la Constitución creó para proteger a las personas frente al poder, empleada esta vez para blindar al poder frente a las personas.
Nadie apostaba por estas querellas. Querellar a un ministro de Corte en ejercicio, por la forma en que dictó sentencia, era de esas causas que la profesión entera da por perdidas antes de empezar: el querellado integra el tribunal que califica a la jueza que debía admitirlas; su Corte completa debió inhabilitarse porque el imputado era uno de los suyos; y su defensa quedó en manos de la Defensoría Penal Pública —la institución creada para defender a quienes no pueden pagar un abogado—, que desplegó al Defensor Penal Regional de la Araucanía ante el Juzgado de Garantía y a tres profesionales de su Unidad de Corte ante la Corte Suprema. Del otro lado, una abogada sola.
No le resultó. Cayó en Valdivia, dos veces. Apeló ante el máximo tribunal. Ayer cayó también ahí.
El marcador es elocuente: dos resoluciones de una jueza de garantía, dos fallos unánimes de la Corte de Apelaciones de Valdivia que las respaldaron, dos sentencias de la Corte Suprema —también unánimes— que cerraron la discusión. Cada juez que conoció este asunto, en cada instancia, llegó al mismo lugar. Ninguno disintió. La admisibilidad quedó firme y ya no hay vuelta: un ministro de Corte en ejercicio enfrenta hoy cuatro querellas admitidas por prevaricación imprudente —por las sentencias que dictó en las causas del Polvorín y del Regimiento Húsares de Angol—, y la vía con que intentó impedir estas investigaciones quedó definitivamente cerrada. Lo que se decía imposible, ocurrió.
Esto no es una victoria sobre un juez. Es la victoria de un principio: en Chile nadie está por encima de la ley, tampoco quien la aplica. La independencia judicial ampara la libertad de juzgar; no es un salvoconducto para no responder jamás por lo juzgado. Y quien la defendió de verdad en este caso no fue quien la invocaba: fue una jueza de garantía que falló conforme a derecho sabiendo que el querellado era un superior jerárquico. Ayer, los tribunales de su país le dieron la razón.
Hay algo más que decir, y no es jurídico. A esta causa no la acompañó ninguna institución. La acompañaron personas. Hubo quienes estaban dispuestos a viajar a Santiago y sentarse en la sala de la Corte Suprema el día de los alegatos, solo para que esta parte no alegara sola. La Corte falló sin audiencia y ese viaje nunca ocurrió; pero cada uno de ellos sabe quién es, y esa disposición quedó registrada donde importa. Cuando se litiga en solitario contra aparatos completos, acompañar no es un gesto: es la diferencia entre resistir y rendirse.
A los querellantes —Germán Ojeda Bennett, Carlos Bunster Medina, Alessandro Cartoni Pruzzo y Alejo Tisi Gómez—, gratitud profunda por haber confiado esta representación cuando todos llamaban imposible a esta vía. Confiaron contra la opinión general, sostuvieron la decisión en los momentos difíciles, y ayer el derecho les respondió: tenían razón.
Lo que viene queda en manos del Ministerio Público, el órgano al que la Constitución encarga perseguir los delitos. Y la conducta del ministro —usar una acción constitucional para intentar frenar su propia investigación— quedó denunciada ante quien corresponde.
Que esto quede dicho para todos los que pelean causas que otros dan por perdidas: los aparatos son grandes, pero la ley es más grande. Enfrente había jerarquía, oficinas y abogados pagados por el Estado en cada instancia; de este lado, una convicción que no se negocia y el derecho bien litigado. Y ganó el derecho. Porque no hay ministro demasiado alto, ni tribunal demasiado propio, ni imputado demasiado protegido cuando alguien defiende la ley sin soltarla y sin pedir permiso. En el combate se aprende una cosa que los expedientes confirman: no gana el más grande; gana el que no se rinde. Esta causa la daban por imposible. Hoy es un expediente en manos de un fiscal.
A los que esperan justicia hace décadas, a los que resisten en silencio, a los que estaban dispuestos a viajar solo para acompañar: esto recién comienza. Las causas imposibles no se ganan con miedo. Se ganan peleando. Y se seguirá peleando.
Carla Fernández Montero
Abogada Penalista
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