Cuentas chicas, riesgos grandes
General de División (R)
Columna de Opinión
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Martes 19 noviembre de 2024 | 10:44
Es preciso reforzar la idea que la conducción de la Defensa es una responsabilidad política y que las decisiones que en este ámbito se tomen exceden por mucho los alcances de un gobierno en particular.
Se sigue discutiendo en el Congreso la Ley de Presupuestos para el 2025 y, como todos los años, genera tensión a nivel político por la constatación —una vez más— del “principio de escasez”, aquel que indica que dado que las necesidades de las personas son ilimitadas, los recursos se vuelven escasos.
De ahí la importancia que adquiere esta discusión para establecer en qué se invertirán los recursos de la nación atendiendo a la realidad y prioridades existentes. Sin embargo, hay circunstancias en las que esas prioridades no están o, al menos, no se ven tan claras.
Defensa nacional
El pasado 28 de octubre, en sesión de la comisión mixta, el Comandante en Jefe del Ejército, General Javier Iturriaga planteó su preocupación para cumplir con tareas adicionales ante la falta de financiamiento para el 2025, específicamente, en lo referido a la contratación de soldados de tropa profesional (SLTP) y la cuota asignada para acuartelamiento de soldados conscriptos (SLC).
Estas afirmaciones eminentemente técnicas escalaron hacia el ámbito político, generando una serie de reacciones y un debate que deja entrever no solo una mayor sensibilidad en la sociedad por estos temas, sino también que subyacen problemas bastante más profundos que el presupuesto de un año en particular.
Por cierto, sería ingenuo pensar que lo planteado por el CJE no se ha informado previamente en las instancias institucionales de Defensa. Lo propio hizo su antecesor, General Ricardo Martínez, tal como lo describiera en una columna reciente y, seguramente, lo hicieron todos los comandantes en jefe.
Esto demuestra que estamos ante una situación que se arrastra por décadas, producto de la aplicación de un presupuesto de continuidad y, por otra parte, de los cambios efectuados a la “Ley Reservada del Cobre” por una fórmula que no se está cumpliendo en los términos acordados y que ha obligado, en este caso al Ejército, a ajustar sus gastos para cumplir con las múltiples tareas que se le asignan en cada una de las cinco áreas de misión definidas por el Ministerio de Defensa.
Veamos algunos elementos que han surgido en los últimos días. Para ello, abordaremos el factor personal, material, operacional y, por último, geoestratégico.
- El factor personal
Independiente del financiamiento, es un hecho que existen brechas para completar las dotaciones de la actual estructura del Ejército y —remarco— lo de la actual estructura, por cuanto los Estados se dotan de un instrumento militar acorde a sus riesgos y amenazas, asumiendo que, aunque se pretenda disminuir el gasto en Defensa mediante la reducción de sus capacidades, las amenazas permanecen y el riesgo se incrementa.
Si bien el avance tecnológico ha permitido la incorporación de sistemas sofisticados al campo de batalla, reemplazando algunas funciones por ingenios autónomos capaces de combatir sin la presencia ni acción humana, aún estamos lejos de abandonar la premisa de “boots on the ground”, acuñada por el general estadounidense Volney F. Warner en 1980, que nos lleva a asumir que la guerra seguirá siendo un fenómeno humano.
Ello implica contar con una dotación permanente, idealmente profesional, que debe ser sometida a procesos educativos y de entrenamiento continuos que los habiliten individual y colectivamente para cumplir las tareas que —de acuerdo al tipo de unidad que integran— les corresponda cumplir.
En el caso nacional, ello se materializa a través de una “carrera militar”, cuyo diseño obedece a las condiciones existentes al momento de legislar, ciertamente muy distintas a las actuales. Recordemos que la última actualización del “Estatuto del personal de las Fuerzas Armadas” fue en 1997, reemplazando al publicado en 1968.
Este es un elemento fundamental a tener presente en la discusión, por cuanto es a través de este documento que se regula la vinculación jurídica entre el Estado y el personal de las Fuerzas Armadas. Por tanto, es aquí donde se deben equilibrar las necesidades de la Defensa, las particularidades de cada institución y las motivaciones o incentivos que tienen hoy los jóvenes, para dotar a las instituciones del personal suficiente e idóneo para las tareas que deben cumplir.
Este no es un problema local ni nuevo. La mayor parte de los países enfrentan desafíos similares, agudizados en las últimas décadas, y que se explican entre otros factores por intereses profesionales distintos, el dejar a la familia y amigos, la aversión al estilo de vida militar y la eventual interferencia con la educación universitaria o técnica.
Al respecto, se debe buscar —idealmente con creatividad— un diseño que se ajuste a nuestra realidad y que debería definir entre otras cosas si debemos seguir contando con un Servicio Militar “obligatorio”.
- El factor material
Para nadie son desconocidas las capacidades de las fuerzas armadas en Chile que le han permitido posicionarse a la vanguardia en nuestra región. Sin embargo, una cosa es haber alcanzado esa condición y otra muy distinta es mantenerla.
La carencia de una industria militar nacional robusta —exceptuando lo realizado por Asmar en conjunto con la Armada de Chile— genera dependencia de proveedores extranjeros tales como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, España, Francia, Italia, Países Bajos, Turquía, Suecia, Suiza, Austria, Israel y Australia, causando diversas complejidades para quienes tienen la responsabilidad de administrar este material.
Es sabido también que en materia de Defensa, los tiempos son particulares. Los proyectos son de larga duración y no siempre se cuenta con los recursos, ya sea para aprovechar una oportunidad de mercado o bien para reemplazar un sistema cuya obsolescencia tecnológica, financiera o táctica obliga a su reemplazo.
Por otra parte, es preciso indicar que la tecnología resulta desequilibrante en el campo de batalla, imprimiéndole un dinamismo que obliga a los Estados a realizar un mayor esfuerzo para no quedarse atrás. La velocidad con que se producen los avances tecnológicos se ha incrementado en forma exponencial. Si bien nuestro país no puede pretender estar en la vanguardia tecnológica, debe procurar una actualización que asegure la eficiencia operacional.
En este sentido, incentivar una mayor producción nacional a través de alianzas estratégicas podría resultar atractivo desde el punto de vista del uso de los recursos como también abriendo oportunidades para la investigación, desarrollo e innovación en áreas como ciberseguridad, tecnología aeroespacial, tecnologías duales (uso militar y civil) y el desarrollo de capacidades antárticas.
- El factor operacional
El área de misión Defensa representa el rol fundamental de las fuerzas armadas. No obstante existen otras tareas en las cuales se requiere su participación y que cada vez son más recurrentes.
El problema se presenta cuando estas tareas pasan de excepcionales a permanentes. Es muy distinto desplegar una fuerza por 90 días que hacerlo por dos o tres años, como es el caso de la Macro Zona Sur, o en la Zona Norte donde las unidades más costosas del Ejército en cuanto a personal, material y entrenamiento se encuentran cumpliendo tareas de “protección de infraestructura crítica”.
El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea han hecho esfuerzos significativos para cumplir estas funciones. Sin embargo, ninguna organización puede enfrentar un desafío de esa naturaleza sin que afecten con ello la tarea esencial al verse obligados a generar cambios o ajustes en sus procesos.
Es fundamental pensar en una solución distinta, que ordene las tareas que se asignan en función de los roles propios de cada organización. En este sentido, incrementar las capacidades de las policías en forma gradual, especialmente a Carabineros, aparece como una solución lógica.
- Factor geoestratégico
Hace algunas décadas, la Organización de Estados Americanos (OEA) declaraba como nuevas amenazas, también conocidas como amenazas no convencionales, al terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el tráfico de drogas, la corrupción, la trata de personas y los ataques a la seguridad cibernética, por nombrar algunas. Hoy esas “nuevas amenazas” las tenemos presentes prácticamente en toda la región.
Ello implica que las capacidades de los Estados debieron haberse adaptado para enfrentar estos flagelos en forma adecuada. Sin embargo, la evidencia muestra que esa adaptación no ha sido suficiente y hoy vemos que los efectos están llegando directamente a una parte importante de la población.
El desafío entonces es identificar cómo respondemos a este escenario cuya evolución va más rápida que la capacidad para tomar decisiones.
En lo militar, se debe pensar en las capacidades para enfrentar conflictos híbridos bajo los criterios de la guerra multidominio. Algo que, si bien está plasmado en la Política de Defensa vigente (2020), queda mucho camino por recorrer.
Un segundo elemento dice relación con la importancia geoestratégica del continente antártico y el estrecho de Magallanes. Hoy es evidente el interés de las principales potencias —Estados Unidos y China— por marcar presencia en esta zona, lo cual podría transformarse en una fuente de conflicto y para lo que debemos estar preparados, asegurando los intereses que como nación hemos declarado históricamente.
Para ello, es condición sine qua non contar con una estrategia de seguridad y defensa que oriente los pasos a seguir para alcanzar las condiciones que serán requeridas al menos en los próximos 30 o 40 años, desprendiéndose así de la coyuntura política.
La seguridad y la defensa implican gasto
La polémica suscitada a la luz de la discusión del Presupuesto 2025 tiene una mirada positiva.
Primero, la discusión en el ámbito de la seguridad y la defensa es absolutamente necesaria y debe incentivar a nuestras autoridades a replantearnos la defensa que necesitamos.
La seguridad y la defensa implican gasto. En un país como Chile, esos gastos deben ponderarse a la luz de las múltiples necesidades y sin perder de vista que toda sociedad aspira a alcanzar una condición de estabilidad y bienestar colectivo. Sin embargo, dado su carácter intangible, la asignación de recursos en esta área es poco atractiva para cualquier gobierno.
Es preciso reforzar la idea que la conducción de la Defensa es una responsabilidad política y que las decisiones que en este ámbito se tomen exceden por mucho los alcances de un gobierno en particular. Es por ello que la discusión debe ser abordada con visión de Estado, algo tan escaso como los recursos.
– Christian Bolívar
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