DEBATE SOBRE DERECHOS HUMANOS (Editorial El Mercurio, 22 de julio de 2021) – PANDEMIA E IMPUNIDAD DEL CRIMEN ORGANIZADO- . Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos.

DEBATE SOBRE DERECHOS HUMANOS (Editorial El Mercurio, 22 de julio de 2021) – PANDEMIA E IMPUNIDAD DEL CRIMEN ORGANIZADO- . Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos.

LAS OPINIONES EN ESTA COLUMNA, SON DE RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE LA UNIÓN

Mientras algunos convencionistas sostienen que las violaciones a los derechos humanos solo son causadas por agentes del Estado, otros miembros afirman, más allá del estatuto particular en que se sancionan esas conductas, que dichas transgresiones también pueden provenir de privados, al vulnerarse seriamente la dignidad de las personas y sus derechos.

Una transversal discusión sobre el concepto de los derechos humanos se ha desarrollado en el seno de la Convención Constitucional, a propósito de la decisión de esa instancia de crear una comisión abocada a esas materias dentro de las comisiones transitorias que funcionarán mientras no se haya aprobado un reglamento.

El debate ha estado marcado por controversias, las que han aludido tanto al ámbito de acción que tendrá ese grupo como a la pertinencia de una instancia que podría exceder las tareas de una Convención llamada a concordar un texto constitucional.

Pero, además, la discusión dio cuenta de notorias y reveladoras diferencias al momento de definir el marco conceptual de las violaciones a los derechos humanos, así como la presencia de terrorismo en el país, específicamente en la zona de La Araucanía, con el fin, según algunos sectores, de proponer al Estado “medidas de reparación integral”.

Si bien pareciera haber un amplio consenso sobre la relevancia de establecer el respeto de los derechos humanos como eje central en la futura Constitución, las referidas diferencias conceptuales parecen ser importantes.

Mientras algunos convencionistas sostienen que las violaciones a los derechos humanos solo son causadas por agentes del Estado, otros miembros afirman, más allá del estatuto particular en que se sancionan esas conductas, que dichas transgresiones también pueden provenir de privados, al vulnerarse seriamente la dignidad de las personas y sus derechos.

Esta noción cobra especial atención cuando se alude a los afectados por la violencia en la macrozona sur, pues surgen opiniones tendientes a establecer distinciones entre diferentes tipos de víctimas, como se desprende de la ausencia de una condena unánime frente a las acciones de violencia, por ejemplo, en las declaraciones emitidas luego de la muerte de un miembro de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) durante un atentado a una faena forestal en Carahue, donde también resultó herido el trabajador Ceferino González.

La visita del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, en su viaje a Temuco, para informarse del estado de salud del trabajador baleado durante el asalto, refuerza aquella visión tendiente a reconocer como víctima a toda persona que ha sido vulnerada en sus derechos fundamentales.

En contraste, los constituyentes de pueblos originarios no han dado hasta ahora señales claras en este ámbito, limitándose a condenar acciones del Estado en esa zona, pero evitando cualquier mención a las víctimas de la violencia ejecutada por grupos armados.

Así, a propósito del referido caso en Carahue, esos convencionistas se apresuraron en calificar de “asesinato” la muerte del integrante de la CAM y omitieron referirse a la situación del trabajador herido.

Por cierto, ese mismo grupo extremista emitió luego un duro comunicado reivindicando atentados, declarando “la guerra directa” a las empresas forestales, y calificando la participación mapuche en la Convención como un acto de sometimiento. Tampoco aquí se vio una expresión clara de rechazo por parte de los aludidos.

La protección universal de los derechos humanos fue consagrada por primera vez en la declaración adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas hace más de 70 años, reconociendo su respeto como un pilar esencial de todo sistema democrático y responsabilizando al Estado en la tarea de otorgar garantías de cumplimiento y de salvaguardar los derechos y las libertades de las personas.

Preocupantes señales de relativización e ideologización han permitido una instrumentalización política del tema y el consiguiente deterioro de la democracia a nivel mundial, reflejada en una pérdida de las libertades y los derechos de aquellos ciudadanos gobernados por autoridades que vulneran dichos derechos universales y que, contradictoriamente, suelen presentarse como sus defensores.

Las definiciones relativas al alcance del respeto a los derechos fundamentales que se discuten con motivo de la instalación de la Convención Constitucional perfilarán las bases del marco legal que debiera regir al país en las próximas décadas.

Esto desafía a sus miembros a discutir con altura de miras temas sustanciales dentro de las atribuciones establecidas para el organismo, sin generar expectativas que no serán posibles de cumplir y considerando los principios de respeto a los derechos y las libertades individuales que han caracterizado la historia republicana del país.

 Editorial El Mercurio, 22 de julio de 2021

Aporte de nuestro Director Antonio Varas C.

 Pandemia e impunidad del Crimen Organizado. Newsletter N° 2 2021-22 de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos

Diferentes medios de comunicación, en la cotianidad de la pandemia, han avanzado en abordar investigaciones relacionadas con el tráfico de drogas  y el crimen organizado y, lamentablemente, los datos no son muy auspiciosos.

En efecto, la astucia de las bandas criminales para soslayar las restricciones en las rutas aéreas para trasladar su “apreciada carga” a los potenciales compradores, no ha dejado de sorprender y, para ello, los ámbitos terrestre y marítimo se han constituido como los de mayor valor. Así, los territorios ubicados en las Costas del Pacífico han sido revalorizados para este propósito.

En Ecuador han aumentado los decomisos de hasta tres toneladas en embarcaciones que tenían otros fines para sus cargas, obligando a incrementar la seguridad de sus puertos. Del mismo modo, se ha observado un aumento de bandas criminales como la organización de origen brasileño “Primeiro Comando da Capital” (PCC), que ha acrecentado sus redes de influencia en la región. Este grupo no solo posee una referencia en el narcotráfico, sino además como una banda criminal que gestiona diferentes tipos de ilícitos.

Pero PCC tiene conexiones más allá de Brasil, estimándose que hay nexos en Perú, en específico con Sendero Luminoso, y con otros grupos en Bolivia, donde una investigación del diario El Deber, de dicho país altiplánico, logró establecer que las nuevas rutas y estaciones de droga se encuentran en comunidades aisladas y protegidas, dificultando su ingreso. En este mismo sentido, Chile no está exento de estos movimientos. Durante el año 2020 se realizó por medio de la Policía de Investigaciones, Aduanas y la Armada, la “Operación Azteca”, que logró desbaratar en el puerto de San Antonio la llegada de tres toneladas y media de marihuana que iba a ser distribuida en las fiestas de fin de año.

Hoy la atención está en lograr desbaratar las bandas que utilizan los medios marítimos por medio de contenedores para lograr transportar las drogas.

Por otra parte, Naciones Unidas ha comenzado a alertar a la comunidad internacional, sobre el incremento del tráfico de drogas utilizando el ámbito marítimo, el que a pesar de las múltiples restricciones por el COVID-19, no se ha detenido. Además, ha enfatizado sobre la amenaza que reviste para la seguridad global, luego de que algunos países hayan comenzado a regularizar el uso de criptomonedas, ya que en la dark web, estas se utilizan como plataforma de transacción de drogas.

En este complejo escenario, se pone a disposición, una serie de análisis relacionados con las nuevas rutas de la droga y su vinculación con el narcotráfico y el crimen organizado, fenómenos que, a pesar de la pandemia, han incrementado su esfera de influencia. De hecho, países como Turquía se han convertido en un punto estratégico para el acceso a Europa, cuyos tentáculos se entrelazan con el Cartel de Sinaloa (México). Si bien, diferentes administraciones han logrado imponer mayores controles para desincentivar el flujo de drogas, de alguna forma los carteles continúan traspasando fronteras y controles terrestres, aéreos y marítimos.

CIEE-ANEPE