DESMANES EN FECHAS EMBLEMÁTICAS
El Mercurio, Editorial, 04/05/2023
Los disturbios del Día del Trabajador recién pasado, incluyendo saqueos a locales comerciales y lanzamiento de bombas molotov, ocurridos en paralelo a las celebraciones oficiales, se suman a otros que se repiten en ciertas fechas emblemáticas.
Constituyen una especie de patrón de conducta de quienes se rebelan frente a la institucionalidad. Suceden tanto el 29 de marzo, cuando grupos insurrectos recuerdan el “día del joven combatiente”, como el 18 de octubre, cuando movimientos afines “celebran” la revuelta de 2019, o el 11 de septiembre, en que se realizan desmanes y disturbios por el golpe militar de 1973.
En una democracia, las personas tienen derecho a expresar sus puntos de vista, a formular propuestas acordes con su visión de sociedad, y a emitir sus quejas, las que también pueden hacerse mediante manifestaciones callejeras.
Sin embargo, no tienen derecho a transformarlas en disturbios y desmanes que atenten contra la seguridad de las personas o contra bienes físicos de terceros.
Lamentablemente, es lo que ocurre normalmente en esas fechas, sin que la autoridad haya logrado impedirlo de manera exitosa. Así, a quienes protagonizan esos incidentes les queda la impresión de que se han ganado el “derecho” a continuar realizándolos.
Aceptar que los disturbios y desmanes se entronicen en determinados días del año, normalizando dicha violencia, es algo que el país ya vivió.
A partir del 18 de octubre de 2019, y por diversas razones sobre las que hasta el día de hoy no hay consenso, el incendio de las estaciones del metro de la capital y de otros inmuebles privados y públicos, incluidas iglesias, así como la vandalización y saqueo de locales comerciales en diversos lugares del territorio, todo ello de manera continuada por semanas, no recibió la condena generalizada que se hubiese esperado.
No solo eso: hubo sectores políticos, y también conductores de programas mediáticos, que más bien empatizaron con esos sucesos, y en algunos casos los justificaron moralmente.
El país no puede seguir aceptando que en ciertos días del año el vandalismo logre entronizarse impunemente.
Baste recordar que miembros de la llamada “primera línea”, protagonistas de esos incidentes, fueron recibidos como héroes en el exCongreso por una audiencia que incluía a parte de quienes hoy integran la coalición gobernante.
De modo que la violencia, lejos de ser rechazada, tendió a ser normalizada. Y esa normalización —solo desarticulada parcialmente por la pandemia— actuó como telón de fondo del proceso político que condujo a la elección de la Convención y a la redacción de una fallida propuesta constitucional.
El fracaso de la Convención, marcado por el contundente rechazo que su proyecto recibió el 4 de septiembre pasado, estuvo fuertemente influido por el clima generado al normalizarse la violencia y la anomia asociada a ella.
Por esa razón, los disturbios y desmanes que tienden a repetirse en estas fechas emblemáticas requieren ser controlados, pues siempre existe el peligro de que sus protagonistas los utilicen como excusa para escalarlos ante alguna coyuntura que ellos juzguen oportuna.
Por ello, tanto la autoridad como la población deben tener la convicción, cada una en su ámbito, de que ello no debe ser permitido, y actuar de modo acorde.
Hoy el país está intentando, con mucho esfuerzo, retomar su cauce institucional. Si la ciudadanía así lo decide, este debería quedar consagrado en una nueva Constitución, ratificada en un plebiscito a fines de año, y así se habrán completado, desde octubre de 2019, cuatro traumáticos años de incertidumbre e inmensas pérdidas de valor, sufridas por todos.
De ahí la importancia de impedir la reiteración de los disturbios y desmanes violentos en fechas emblemáticas, o bien, aislar a los pequeños grupos que participan en ellos como elementos no representativos de la población. El camino de progreso al que el país aspira así lo exige.
Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
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