EL CONFLICTO MAPUCHE Y LOS DESAFÍOS PARA LA DEMOCRACIA MODERNA EN CHILE por Paulina Ibarra y Lientur Alcamán —- LA PELIGROSA Y FALLIDA JUGADA ELECTORAL DE LA MONEDA EN LA ARAUCANÍA por Germán Cuadra—– PUBLICACIONES ANEPE
Las opiniones vertidas en esta columna de opinión, son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de UNOFAR
Resulta importante preguntarse si la actual discusión constitucional y la configuración democrática y de país que resultará de ella podrán ser capaces de generar paz entre el Toltén y el Biobío.
En la provincia de Arauco, en la comuna de Cañete, la existencia del pueblo Mapuche tiene larga data y se constata nuevamente allí la muerte de un mapuche a manos del Ejército chileno. [1]
Esto no es algo nuevo en estas latitudes y plantea un enorme desafío para la democracia y la memoria histórica de Chile, la que pretende entrar en una nueva etapa con el proceso constituyente.
El Fuerte Tucapel, ubicado en la ciudad de Cañete, fue fundado en 1553 y destruido ese mismo año junto con su fundador. El pueblo Mapuche realizó diversos Koyag (parlamentos) con la Corona española que los reconoció, al menos, como pueblo a través del Parlamento de Quilín de 1641.
Estos acuerdos también se realizaron con el Estado chileno y el más relevante fue el de Tapihue, en 1825. Sin embargo, sería el de Tantauco, de 1826, la mejor medida del horror vivido por el pueblo Mapuche. [2]
Si bien se reconoció nacionalidad chilena, permitió mantener un territorio autónomo efectivo hasta 1866, año en que se concretó jurídicamente la incorporación al territorio nacional bajo la forma de terrenos fiscales.
Sin embargo, gracias a la ley aprobada por el Congreso y la connivencia con intendentes, conservadores de bienes raíces y jueces de la república, se implementó la ley en todo el espíritu inverso, configurando el despojo total.
De esta forma, la titulación privada se inicia en 1866 y la mapuche en 1884, entre el Biobío y el Toltén, contraviniendo la misma ley, con lo que la nación chilena no ha ocupado, “conforme a derecho”, este territorio más de lo que lo ha hecho el pueblo Mapuche, “conforme a derecho”.
| Resulta importante preguntarse si la actual discusión constitucional y la configuración democrática y de país que resultará de ella podrán ser capaces de generar paz entre el Toltén y el Biobío. Mal que mal este territorio ha sido más tiempo territorio autónomo mapuche que territorio chileno. Por lo pronto, la única certeza empírica es que el mismo soberano que se manifiesta hoy en la Convención es el que se manifestó en 1866 a través del Parlamento, acordando el despojo territorial mapuche, y el Poder Ejecutivo y militar fueron los que lo implementaron. |
La memoria mapuche es persistente y se resiste a callar. Las denuncias no escuchadas, juicios que llegan a durar 70 años, la apropiación ilegal de propiedad privada y leyes que incorporan el 5% del territorio reconocido al mercado general simplemente como propiedad privada individual, fueron políticas u omisiones estatales constantes y constatadas del siglo XX.
La interrogante que surge es si la política pública la constituyen solo aquellas explicitadas o también las que no lo son, pero que son sistemáticas en el tiempo.
Hoy las demandas de siempre se hacen presentes, se manifiestan en momentos en que órganos de resistencia territorial declaran atacar al circuito productivo local, específicamente al circuito productivo que es partícipe del deterioro medioambiental del territorio, en particular la explotación forestal.
| La memoria mapuche es persistente y se resiste a callar. Las denuncias no escuchadas, juicios que llegan a durar 70 años, la apropiación ilegal de propiedad privada y leyes que incorporan el 5% del territorio reconocido al mercado general simplemente como propiedad privada individual, fueron políticas u omisiones estatales constantes y constatadas del siglo XX. La interrogante que surge es si la política pública la constituyen solo aquellas explicitadas o también las que no lo son, pero que son sistemáticas en el tiempo. |
La reconstrucción territorial se hace necesaria y queda claro que la distinción veteroeuropea de sujeto/objeto aplicada a la relación entre el ser humano y la naturaleza ha generado enormes daños medioambientales constatables en el territorio mapuche.
Las demandas de restitución y reconocimiento surgen y recorren toda la centuria junto con el silencio y complicidad de autoridades para despojar al pueblo Mapuche de su territorio, produciendo pobreza, violencia e inestabilidad en dicho territorio.
El siglo XX es una evidencia del diálogo democrático del pueblo Mapuche frente al abandono institucional. Sin embargo, el siglo XXI solo ha traído más muerte de mapuches a manos del Estado de Chile junto a las mismas conclusiones de antaño: es solo un problema de pobreza y falta de emprendimiento acompañado del reconocimiento de una deuda equivalente al 5% del territorio original.
En este contexto resulta importante preguntarse si la actual discusión constitucional y la configuración democrática y de país que resultará de ella podrán ser capaces de generar paz entre el Toltén y el Biobío.
Mal que mal este territorio ha sido más tiempo territorio autónomo mapuche que territorio chileno. [3]
Por lo pronto, la única certeza empírica es que el mismo soberano que se manifiesta hoy en la Convención es el que se manifestó en 1866 a través del Parlamento, acordando el despojo territorial mapuche, y el Poder Ejecutivo y militar fueron los que lo implementaron.
[1]Nota del Editor: Aquí hay un grueso error de los autores, pues el mapuche fallecido fue abatido en un enfrentamiento producto de una emboscada a miembros de una patrulla de Infantería de Marina perteneciente a la Armada. El hecho fue resultado de una acción de defensa personal y no de un ataque de los marinos.
[2] Nota del Editor: Esta referencia al Tratado de Tantauco y su relación con los mapuches constituye más que un error una falta de conocimiento por parte de los autores. El tratado de Tantauco fue firmado entre las fuerzas chilenas y las españolas en la Isla Grande de Chiloé después de los combates de Bellavista y Pudeto, en que las fuerzas chilenas derrotaron a los españoles que se encontraban en la isla como el último bastión peninsular en el continente. El tratado consideraba entre otros aspectos, la rendición de las fuerzas y su retirada de la isla con todos sus elementos personales, rangos, pertenencias, etc. Igualmente, permitía a aquellos españoles que deseaban permanecer en la isla así lo hicieran, comprometiéndose a respetar las leyes chilenas y a no levantarse en armas contra el gobierno. Capítulo especial había con respecto al pueblo huilliche, habitante originario de la isla, y en ningún caso a los mapuches. Los huilliches habían apoyado a los españoles y muchos de ellos, haciendo causa común con ellos, combatieron a su lado. El tratado, que entre paréntesis es llamado el “Tratado perfecto”, respetaba los derechos de los huilliches, sus propiedades y costumbres, otorgándoles la ciudadanía chilena y los derechos inherentes. Como se ve, los mapuches no aparecen en dicho tratado, pues su hábitat quedaba en el continente y bastante lejos de la isla.
[3]Nota del Editor: En este artículo se ve claramente cuales son las preferencias políticas de los autores, los que tergiversan porfiadamente la realidad, falseando la historia amañadamente.
Un aporte del Director de la revista UNOFA. Antonio Varas C.
LA PELIGROSA Y FALLIDA JUGADA ELECTORAL DE LA MONEDA EN LA ARAUCANÍA
Germán Cuadra Silva
El Mostrador, Opinión, 08/11/2021
En la campaña de 2017, el entonces candidato presidencial, Sebastián Piñera, puso gran parte de sus fichas en La Araucanía.
Con un discurso agresivo, apuntó al Gobierno de Michelle Bachelet como responsable de la ola de violencia en la zona. Lo acusó de ineficiente, de temeroso e incluso llegó a decir que no había voluntad de enfrentar el tema.
Y, claro, prometió que él se encargaría de revertir las cosas y que traería la anhelada paz de vuelta.
Gracias a su compromiso, la derecha arrasó en la presidencial y parlamentarias en La Araucanía y, de paso, proyectó al resto del país determinación para poner orden en un tema sensible como la seguridad.
Cuatro años después, la situación en la Macrozona Sur es mucho más grave que en 2017, los atentados casi se duplicaron y la percepción del manejo del Gobierno –y el Estado– está por el suelo.
Durante prácticamente cuatro largos años, el Gobierno de Piñera ha sido incapaz de controlar la violencia.
Su gestión –precedida por una sobre expectativa– es un fracaso total. Presentó tres planes que terminaron en nada. La molestia de los actores involucrados –organizaciones mapuches, víctimas de la violencia, camioneros, forestales– y las críticas son transversales. Hasta que vino la jugada desesperada.
Con el temor a una derrota electoral en la zona y como una manera de intentar quitarle la agenda a Kast –y de paso apoyar a Sichel–, Piñera anunció el Estado de Excepción. Una medida tardía y riesgosa que buscaba el efectismo. El resultado está a la vista: encendió un polvorín de consecuencias insospechadas.
Para justificar la ampliación por 15 días del Estado de Excepción, La Moneda sorprendió con un balance que no se condice con lo que la opinión pública estaba percibiendo diariamente. Como diría un médico rural, “no calza el pulso con la orina”.
Según el Gobierno, la violencia había disminuido en un 30%. No sabemos de dónde sacó esas estadísticas, pero es un hecho que al menos los eventos aumentaron de magnitud –el mismo día del anuncio se quemaron 10 casas y 5 vehículos–.
| Más allá de la evidente intención electoral detrás de la estrategia de última hora de La Moneda –usar el Estado de Emergencia a pocos meses de terminar el mandato de Piñera–, en estas últimas semanas hemos observado algo bastante inédito en la política chilena y que marcará un precedente: una intervención electoral abierta en la campaña presidencial. Los ministros Delgado, Cerda y el subsecretario Galli han asumido una poco disimulada vocería para criticar con dureza el programa lanzado por Gabriel Boric, usando un relato que se parece bastante al de una campaña del terror. Bueno, de seguro, un intento desesperado de darle oxígeno al favorito de Piñera –Sichel–, que sigue hundiéndose semana a semana a costa del ultraderechista J. A. Kast. |
Además, con el correr de los días, no solo se registraron acciones de violencia, sino que también el malestar de distintas comunidades mapuches, sus lonkos, machis y dirigentes se empezó a hacer sentir con fuerza. La tensión fue en aumento, hasta que Piñera comunicó que ahora le solicitaría al Congreso un nuevo plazo de intervención militar en la zona.
Sin duda, el cálculo político de La Moneda –dicen algunas fuentes que el diseño se hizo en el segundo piso y no en Interior– para intervenir la agenda, a menos de tres semanas de la elección, no incorporó el análisis de riesgo de que las cosas se salieran de curso.
Se buscaba claramente desviar la atención de la acusación constitucional, mostrar una sensación de control –que no tuvieron en todo el período– y, por supuesto, darles un empujón a sus candidatos al poner en jaque a la oposición con una votación que será compleja.
Hasta que se produjeron los graves hechos del 3 de noviembre. La pesadilla del caso Catrillanca estaba de regreso, haciendo parecer que nadie había aprendido nada.
El Gobierno apareció confundido, lento, enredado en sus explicaciones –incluyendo dar por muerto a un herido– y, para colmo, Piñera actuó de vocero, cometiendo el error de dar su respaldo total a la Armada y Carabineros, justo en momentos en que se divulgaban videos que ponían en duda la versión oficial y en que la Fiscalía separaba los casos, entregando una señal clara y potente al derivar una de las causas a un fiscal de DD. HH.
Los hechos de ese día –los que han ido en aumento y tomando un cariz más grave– dejaron en evidencia todas las variables que están en juego en el conflicto de La Araucanía y que La Moneda trató de simplificar con la intervención militar.
Por supuesto que hay grupos –minoritarios– vinculados al narcotráfico, así como algunos que han tomado una opción radical. Sin embargo, la semana pasada pudimos observar movilizaciones de organizaciones mapuches, de ciudadanos, de convencionales –en cupos de pueblos originarios–, manifestándose por el trato recibido por las autoridades y el intento de “criminalizar” las legítimas reivindicaciones históricas.
Si el Gobierno buscaba disminuir la violencia –insisto, con evidentes fines electorales–, lo que logró fue querer apagar el fuego con bencina y hacer su aporte al clima de polarización actual que está tomando un giro peligroso para el país.
Creo que el plan de La Moneda no solo se interpretó como una provocación, sino que logró incluso que se visibilizara el grupo minoritario y radical Weichan Auka Mapu. Si el Gobierno insiste en etiquetar a todo el mundo mapuche con la violencia, además de estar entendiendo poco el conflicto, lo único que logrará es que ese tipo de grupos asuman una posición más extrema. Claro que, a lo mejor, ese es el objetivo buscado.
Pero más allá de la evidente intención electoral detrás de la estrategia de última hora de La Moneda –usar el Estado de Emergencia a pocos meses de terminar el mandato de Piñera–, en estas últimas semanas hemos observado algo bastante inédito en la política chilena y que marcará un precedente: una intervención electoral abierta en la campaña presidencial.
Los ministros Delgado, Cerda y el subsecretario Galli han asumido una poco disimulada vocería para criticar con dureza el programa lanzado por Gabriel Boric, usando un relato que se parece bastante al de una campaña del terror.
Bueno, de seguro un intento desesperado de darle oxígeno al favorito de Piñera –Sichel–, que sigue hundiéndose semana a semana a costa del ultraderechista J. A. Kast.
Los invitamos a visitar el portal en donde se han concentrado las publicaciones de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégico: www.publicacionesanepe.cl/