EL DEBATE SOBRE LA VIOLENCIA —MAGRO BALANCE—-LA VIOLENCIA ¿PARA QUÉ?— REINDIVICAR LA HISPANIDAD. (Adjunto en Pdf)—DIEZ AÑOS SIN ETA: ELEMENTOS BÁSICOS PARA UNA DISCULPA (Pdf)
Las opiniones en esta columna son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
Hemos querido incorporar en esta columna de opinión, interesantes artículos, todos ellos relacionados con la jornada de violencia que recientemente viviera el país con motivo del 18 de octubre. Llama profundamente la atención, la falta de coraje de algunos candidatos o constituyentes que dicen representarnos en condenar con fuerza todo tipo de violencia, incluso llegando en algunos casos a justificarla.
Las violentas jornadas del pasado 18 de octubre han vuelto a revivir la discusión sobre una pretendida validez del uso de la violencia como método de cambio social.
Ello, pues distintas figuras políticas han argüido, de modo más o menos explícito, que habría sido la violencia de octubre de 2019 la que habría abierto el paso a la Convención Constitucional.
EL DEBATE SOBRE LA VIOLENCIA
El Mercurio, Editorial, 23/10/2021
Han deslizado así una suerte de apoyo moral o al menos justificación de esos hechos, expresada en sus propuestas para indultar a los imputados y condenados por ellos. Algunos han llegado a diferenciar los actos de 2019 de los ocurridos esta semana; estos últimos carecerían de igual justificación al estar ya en desarrollo un proceso constituyente y no serían por tanto merecedores de indulto.
Conforme esa argumentación, sería en definitiva la eficacia política —esto es, la capacidad de generar un resultado favorable a las propias visiones ideológicas— el rasero para evaluar la violencia y no la naturaleza de esta ni el inmenso daño ocasionado a sus víctimas.
Tal planteamiento parece desconocer uno de los logros más notables alcanzados en el proceso de institucionalización de las naciones modernas, cual es desterrar el uso de la coacción física como forma de imponer la voluntad de unos por sobre otros.
Las actuales democracias representativas entregan por ello el monopolio del uso legítimo de la fuerza al Estado, el que solo puede ser ejercido bajo criterios de prudencia y siguiendo estrictos protocolos, con el objetivo de garantizar la libertad y los derechos de todos los ciudadanos. De este modo, la solución de las diferencias y conflictos en torno al orden social queda entregada a los mecanismos democráticos institucionales y no a la simple ley del más fuerte.
| “En nombre de la eficacia política, se pretende desconocer logros civilizatorios básicos”. |
El significado ambiguo que sectores de la izquierda chilena le han dado al vocablo “violencia” como concepto, al considerar que situaciones de pobreza, injusticia o desigualdad equivalen a ejercer “violencia” sobre quienes las sufren en el mismo sentido que la agresión física lo hace, ha facilitado que durante los últimos dos años acciones como el incendio de las estaciones del metro y de iglesias, el asalto a tiendas comerciales o la destrucción del espacio público proliferen sin recibir la inequívoca condena que merecen, pues se trataría de una justificada “respuesta” frente a la “violencia” inherente al denostado “modelo neoliberal”.
En particular han alentado esta actitud sectores que buscan la refundación del país bajo sus propios criterios políticos. Para ellos, fragilizar la institucionalidad y debilitar a las autoridades democráticamente elegidas —todo ello inducido por la violencia a la que se entrega la ambigua aprobación moral indicada— contribuiría a generar las condiciones apropiadas para el logro de sus fines.
En ese contexto, es tarea compleja pero sin duda urgente fortalecer los cauces institucionales y restablecer un amplio consenso en el rechazo inequívoco a la violencia. Fundamental en ese objetivo será una ciudadanía que ya empieza a manifestar su hastío frente a estos desbordes.
MAGRO BALANCE
El Mercurio, Editorial, 24/10/2021
Entre las consecuencias de la violencia callejera desatada a partir de octubre del 2019 se encuentra la aplicación de ingentes recursos policiales y de la Fiscalía para instruir las investigaciones penales correspondientes.
Mientras la autoridad y las víctimas de los actos vandálicos intentan impulsar la aplicación de la ley y el castigo de los culpables, las personas afectadas por la actuación policial y una serie de organizaciones instan por que se persiga y condene a los uniformados que hayan ejercido violencia innecesaria o incurrido en violaciones de los derechos humanos en su calidad de agentes del Estado.
A dos años, los resultados de estas investigaciones son más bien magros.
Si se considera, por ejemplo, que, de las 136 estaciones del metro de Santiago, 118 fueron dañadas y 25 incendiadas, es revelador que solo haya ocho personas condenadas por estos hechos.
Desde la perspectiva de cualquier observador informado, este resultado es anómalo y exige identificar las causas de lo que parece un estrepitoso fracaso del sistema penal.
Una hipótesis es que se trate de hechos de enorme complejidad investigativa, cometidos por turbas anónimas y acéfalas que desaparecen tan pronto como llegaron. Sin embargo, tanto la magnitud y extensión de la destrucción, como la dificultad física para causar daños de la entidad producida, hacen difícil comprobar esta hipótesis en una medida necesaria para explicar las malas cifras.
Explicaciones alternativas podrían ser la escasa capacidad investigativa de la Fiscalía y de las policías, que por regla general solo serían aptas para lidiar con los casos más simples de detención en flagrancia.
Por último, también cabe la posibilidad de que una parte de los jueces simpatice con los hechos de violencia o con sus autores, y aplique, en perjuicio de los acusadores, estándares más exigentes que los utilizados en relación con otros hechos o imputados.
| “Los resultados de las investigaciones abiertas tras el 18 de octubre de 2019 son pobrísimos”. |
Otro tanto puede afirmarse de las causas contra agentes del Estado por violación de derechos humanos. A marzo del 2020, solo el Instituto Nacional de Derechos Humanos había presentado 1.432 querellas, a nombre de 1.800 víctimas, a lo largo del país.
Sin embargo, hasta hace algunas semanas, solo se registraban tres condenas por esta clase de hechos, un porcentaje ínfimo en relación con el número total de causas, que algunas organizaciones cifran por sobre las 4.500.
Aquí se plantean similares hipótesis explicativas, a las que, eventualmente, podría añadirse una falta de efectiva colaboración de los superiores o autoridades. Naturalmente pude haber también casos de denuncias sin fundamentos, pero sería exigible una mayor información y claridad de la Fiscalía en las situaciones en que ello haya ocurrido.
La calidad y celeridad de las investigaciones penales es una garantía esencial para las víctimas y para los imputados, pero también, un presupuesto elemental de la cohesión social.
En el caso de las víctimas, restablece el orden y desincentiva la violencia privada; en el caso de los imputados, les permite hacer valer sus derechos y, eventualmente, mostrar su inocencia.
En fin, para la sociedad en su conjunto no habría peor negocio que confiar un conflicto de esta magnitud a la justicia penal, pero solo para recibirlo de vuelta, un par de años después, agravado y sin resolver.
LA VIOLENCIA ¿PARA QUÉ?
Gonzalo Rojas Sánchez
El Mercurio, Columnistas, 20/10/2021
Nuevos ataques en La Araucanía e incidentes graves en varias ciudades.
De nuevo la violencia aguda, de nuevo la fuerza destructora de tantos bienes materiales y, más importante aún, de la convivencia racional.
¿Para qué?
Solo si hay buenas respuestas para esta pregunta, habrá posibilidades de enfrentar y de derrotar a la violencia. Buenas respuestas, en plural, porque sería muy torpe pensar que con el fuego, con las bombas y con las piedras se busca un único fin, que es una sola la meta que se persigue. Incluso, ese reduccionismo podría ocultar que existen en el despliegue de la violencia objetivos contrapuestos e incompatibles entre sí.
Hay quienes atacan, insultan y destruyen sin un propósito definido. Su violencia es consecuencia directa de un odio desesperanzado, de una rebeldía inconducente.
Sus actos concretos se expresan en niveles altísimos de furia, pero detrás de esa agresividad no hay ni sentido ni proyecto. Son los más peligrosos en apariencia, pero, a la corta, son los más inocuos.
A lo más, babean de felicidad frente al carabinero herido o a la iglesia quemada. Su deleite por el mal causado se agota rápido y la contemplación del daño inferido solo los mueve a la próxima acción. Y así, en un runrún sinfín.
Un segundo grupo es de mucho más cuidado. Son los que usan la violencia para provocar el enfrentamiento. Instigadores o provocadores —en realidad, ejecutores— que lo que buscan es la reacción del agredido. Como en muchos casos la violencia se desata sobre la fuerza pública, lo que se pretende es calificar su reacción como represión.
El agresor se disfraza así de víctima, la violencia se presenta entonces como epopeya, las instituciones que nos defienden a todos son calificadas como ilegítimas.
Pero cuando esa tarea está ya muy avanzada —y en Chile es así desde hace dos años— entonces se provoca a otro “enemigo”, a simples ciudadanos a quienes se agrede para revivir la manida lucha de clases.
La violencia es el medio previsto para destruir —sí, físicamente— a quienes se opongan. Esta etapa está recién incubándose —La Araucanía es ciertamente todo un laboratorio— y no sabemos aún hasta qué extremos inverosímiles puede llegar.
El tercer segmento es el más peligroso, es el que realmente puede destruirlo todo. Está integrado por quienes tienen como objetivo único la anulación de aquellos a los que consideran sus enemigos.
No se trata de conseguir que se organicen, que reaccionen y que se defiendan sino, todo lo contrario, que caigan en un estado de completo desánimo y pasividad, que huyan de sus espacios e instituciones y, finalmente, que abandonen Chile. “Por qué no se vaaaaan, no se van del paíiiis”.
| “Solo si hay buenas respuestas para esta pregunta, habrá posibilidades de enfrentarla y de derrotarla”. |
La violencia opera en este caso como terror dosificado. A veces es tan estridente como grotesca, aunque en otros momentos es simplemente amenaza sutil, funa selectiva. Pero en todos estos casos, el objetivo es el mismo: impedir la reacción del agredido, despejar el campo para avanzar sin oposición hacia el objetivo final, la conquista del poder total.
Lenin se preguntó con absoluto cinismo: “La libertad, ¿para qué?”. Y aquella interrogante, que parece tan lejana, en realidad se vincula directamente con la violencia actual en Chile.
Así es, obviamente, porque cuando la libertad no tiene más contenido que el que le otorgan los comunistas a favor de su proyecto totalitario, entonces la violencia asume uno o todos los sentidos antes descritos. Pretende ser un sustituto de la libertad, aunque haciéndose pasar por ella. Es lo que viene sucediendo en Chile.
Por eso, mezclados y potenciándose entre sí, esos distintos objetivos volvieron a hacerse presentes, una vez más, en este triste lunes 18 de octubre.
Un aporte del Director de la Revista UNOFAR. Antonio Varas C.
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| 47 Reinvindicar la hispanidad – Eleonora Urrutia 15 10 Web-converted.pdf | 166.91 KB |
| 47 10 años sin ETA – The Conversation 19 10 Web-converted.pdf | 153.86 KB |