Generando incomodidad incluso en las filas de su partido, el Frente Amplio, el diputado y exvicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, ha insistido en reivindicar el nombre de “Plaza Dignidad” tras la reinauguración del monumento al general Baquedano.
Precisamente el celebrado retorno de la estatua a su emplazamiento había hecho a muchos recordar una de las actuaciones más controvertidas de Bassa en el órgano constituyente.
Este llevaba pocos días funcionando cuando, en 2021, el hoy parlamentario subió a sus redes un fotomontaje del monumento con manifestantes encaramados en él, imágenes de estudiantes alusivas al famoso salto de torniquetes y los perfiles de espalda de la presidenta de la Convención, Elisa Loncon, y de él mismo contemplando la escena, bajo un cielo flamígero.
Más allá de la desembozada autoexaltación, la composición sintetizaba, no sin acierto, el estrecho vínculo entre el octubrismo y los sectores de izquierda que controlaron el proceso constituyente y lo condujeron a su estrepitoso fracaso.
Sorprendentemente, en lugar de intentar marcar distancia con todo aquello, que hoy es repudiado por una inmensa mayoría, Bassa ha optado por reivindicarlo, al punto de cuestionar el desfile realizado el pasado fin de semana frente al monumento: según él, la ceremonia pretendía borrar el malestar social y la injusticia que atribuye al sistema neoliberal.
Es sin duda llamativo que la recuperación de un espacio público sea interpretada como una suerte de agravio, un intento por desconocer las demandas ciudadanas.
Desde luego, dicho discurso revela indiferencia respecto de las consecuencias directas que la degradación del entorno urbano trajo para miles de personas que residen, trabajan o deben circular por esos sectores.
Se trata de la misma mirada que se instalara en los días del estallido: la “protesta social” —incluidas sus expresiones más violentas— como valor absoluto, siendo lo demás una suerte de daño colateral, el precio que el país debía pagar para sacar adelante las “transformaciones” promovidas por la izquierda radical.
Las palabras de Bassa también revelan una resistencia tenaz a mirar con algún sentido crítico lo obrado en aquellos días. En esto, cabe reconocer, el hoy diputado ha sido persistente.
Ya en una entrevista de 2024, por ejemplo, él señalaba como su principal “autocrítica” respecto de la Convención el no haber aquilatado la capacidad de reacción de los intereses económicos.
Y al recordársele que había sido la ciudadanía la que había rechazado el texto, él insistía en la influencia que ese poder económico podía ejercer en una democracia liberal.
Así —cabría entender de su planteamiento— el juicio de los electores sobre la propuesta y sobre la actuación de los convencionales no habría sido más que el resultado de una grosera manipulación.
Es difícil imaginar una mirada más despectiva y en definitiva elitista de la democracia: un pueblo de conducta borreguil, incapaz de apreciar la obra —el rechazado texto constitucional— que un grupo de iluminados le ofrendaba.
Por cierto, una derrota electoral no obliga a renunciar a las convicciones ni significa que las demandas sociales hayan desaparecido.
Con todo, debiera llevar a examinar, sin recurrir a explicaciones facilistas, por qué las respuestas ofrecidas no concitaron el respaldo ciudadano y por qué además la ciudadanía hoy expresa un rechazo categórico hacia todo lo que el fotomontaje de Bassa encarnaba.
Con todo, y mientras algunos análisis sostienen que la insistencia del diputado en su discurso obedecería a una calculada estrategia de posicionamiento político, hay un valor en su planteamiento, cual es recordar lo que una gran mayoría de la izquierda proclamaba hace apenas un lustro y que hoy les es difícil defender sin al menos ruborizarse.