Una vez más, la motivación para escribir estas palabras proviene de un sentimiento de vergüenza e impotencia, por desgracia cada vez más frecuente en los últimos tiempos y que en este caso adquieren una dimensión intolerable. La vergüenza, compartida por muchos chilenos ante los abusos cometidos en nombre de la defensa de los Derechos Humanos, es acicateada al conocerse una nueva estafa, cometida para aprovecharse de uno de los múltiples beneficios concedidos por los gobiernos de la Concertación al sector de la población amparado bajo el alero de tan manoseado concepto.
A través de una discreta información, publicada en algunos medios nacionales bajo el título de “descubren anomalías en el programa de DD.HH.”, se supo del descubrimiento en la Región de la Araucanía de una organización clandestina (que hasta ahora no ha sido acusada de “asociación ilícita”), destinada a montar falsos casos de detenidos y torturados, con el propósito de acceder a los beneficios generados por la Comisión Valech.
Para ello, un grupo de violadores de la fe pública, se dedica, quien sabe desde cuándo, a preparar guiones con relatos y detalles de supuestas detenciones y torturas recibidas de parte de las fuerzas militares y policiales de 1973 y años posteriores. Todo ello, a cambio de una módica suma cobrada a sus “clientes”, quienes pueden con ello usar dichos relatos falsos para presentarse ante los funcionarios encargados de adjudicar los beneficios de la citada comisión.
Como antes, este asunto también podría quedar reducido a una simple estafa, cometida por un pequeño grupo de delincuentes. Sin embargo, la repetición periódica de casos similares, como el de las becas Valech, los detenidos “aparecidos”, etc., debería llevar a reflexionar a una sociedad que parece haber sido adormecida por la persistente propaganda emitida por los promotores de la defensa de los Derechos Humanos, libres de cualquier oposición o fiscalización efectiva.
Son tantos los casos detectados y la nula reacción ante ellos que la conciencia nacional parece haber sido anestesiada, considerándose cada nuevo engaño como un hecho irrelevante y sin importancia. El problema es que a través de los sucesivos actos de esta naturaleza va quedando en evidencia que la sociedad chilena, además de contar con una acomodaticia y/o pésima memoria, ha cedido parte importante de su dignidad colectiva en aras de la comodidad, evidenciando una peligrosa indiferencia ante hechos que ofenden el Honor Nacional.
Cuando se constituyó la primera de las comisiones destinadas a reparar los daños causados por el conflicto interno de 1973, se cometió el grave error de focalizar su trabajo en beneficio exclusivo de una de las partes, concentrándose todo el poder benefactor del Estado en un sector de las víctimas, teñido de un definido color ideológico. En dicha oportunidad, la comisión dejó ex – profeso de lado a aquellos ciudadanos que sufrieron la violencia dogmática ejercida por la Unidad Popular sobre sus opositores. Tampoco mostraron el menor interés por analizar y reparar los sufrimientos de las víctimas de la violencia terrorista, omitiendo así a los uniformados y a los civiles que cayeron o fueron secuestrados en nombre de la “resistencia”. Como si unos y otros fueran de distinta nacionalidad que los primeros y no los cobijara la misma bandera.
Esta brutal discriminación, sirvió para exacerbar el ánimo de venganza de quienes venían de la gran frustración por la pérdida del poder y su incapacidad de recuperarlo durante tantos años, ofreciéndoles – servida en bandeja – la oportunidad de acceder a una enorme cantidad de posibilidades para sacar provecho de un Estado paternalista, característico del mundo socialista. De esta forma, se despertó el apetito insaciable de un sector de la población que al conseguir fácilmente sus primeros sus objetivos ya no pudo dejar de exigir cada vez mayores y mejores reparaciones hasta que una vez agotadas las desapariciones forzosas o muertes consiguieron que se les ampliara el horizonte a todo tipo de detenciones, a las que adornaron con la “tortura”, aunque ella se sustente tan solo en el efecto psicológico de haber estado detenido.
Con ello se estimuló la presentación de innumerables casos que reclamaban indemnizaciones, pensiones de gracia, pago de estudios a hijos y nietos, etc., derivando en abusos como los desaparecidos que aparecían vivos, otros que habían fallecido por causas naturales o antes de que ocurrieran los hechos, analfabetos que recibieron títulos universitarios, etc., culminando recientemente en la inmoralidad de crear equipos de redacción de historias para generar casos judiciales en contra de los uniformados. Todo, a vista y paciencia de una sociedad amnésica y lejana, acompañada de políticos que prefieren no involucrarse en un tema capaz de generar las más virulentas reacciones para quien ose enfrentar a sus promotores.
La inmoralidad de los actos descubiertos en forma previa es superada con creces en esta oportunidad, al considerar que hay uniformados que han sido o serán acusados por las detenciones y torturas inventadas a cambio de dinero por estos “intelectuales” inmorales y que terminan siendo acogidas como verídicas por otros inmorales, en una cadena de abusos y violaciones de los derechos esenciales de los afectados que a nadie interesa.
Hoy somos testigos impotentes de un nuevo acto vergonzoso, gestado durante los gobiernos de la Concertación y evidenciado en frente de las nuevas autoridades, donde una vez más se ha violado la fe pública y se persigue judicialmente a los uniformados, para quienes no existen los derechos humanos o jurídicos, aplicándoseles en cambio un trato vejatorio e inhumano que incluye la negación de la prescripción o del beneficio de la amnistía, bajo el argumento de que se trata de “delitos de lesa humanidad”, concepto que representa en sí un engaño adicional para la sociedad chilena, al ser inconstitucional su aplicación con efecto retroactivo.
Es grotesco leer en estos días en la prensa que se han iniciado los primeros 100 nuevos casos judiciales de un total de 1.197 querellas que se encuentran listas para ser presentadas ante los tribunales, por supuestas detenciones indebidas y torturas. ¿Cuántos de ellas corresponderán a guiones teatrales redactados por grupos de delincuentes como éstos? ¿De cuántos nuevos “PRESOS POLITICOS MILITARES” tendrá que hacerse cargo la administración actual? ¿Cuántas futuras demandas en contra del Estado podrán gestarse en los miles de uniformados injustamente enjuiciados por este tipo de hechos?
La verdadera respuesta no está en cuantificar querellas ni demandas, si no en la demostración práctica de una verdadera VOLUNTAD POLITICA que ponga fin a una de las mayores estafas que se han cometido en nuestra Patria: los negociados de los Derechos Humanos y su corolario: la persecución en contra de quienes una vez salvaron a Chile del totalitarismo revolucionario y hoy siguen siendo acorralados por la venganza de unos pocos.
Patricio Quilhot P