El Mercurio, Editorial, 24/09/2026
Dos diputadas han anunciado un proyecto de ley para regular los scooters, las bicicletas eléctricas y los monociclos de alta potencia y velocidad. La propuesta intenta responder a un aumento en los accidentes provocados por este medio de transporte.
| Medios tecnológicos y algunos cambios legales permitirían enfrentar la invasión de veredas. |
Algunos estudios científicos han mostrado que sus usuarios enfrentan más riesgos de sufrir traumatismos craneoencefálicos incluso que los usuarios de motos.
Pero la propuesta ha adquirido notoriedad porque se percibe como una forma de abordar los peligros que enfrentan los peatones que a menudo deben convivir con estos medios.
Los scooters se han popularizado globalmente porque resuelven eficientemente un problema de micro movilidad en la ciudad. En distancias relativamente cortas pueden ser más eficientes para el usuario que las bicicletas, incluso las eléctricas.
Pero también existen scooters u otros ciclos de alta potencia utilizados para viajes más largos y usualmente propiedad de quienes los emplean.
El problema es que, al menos en nuestro país, resulta común que estos vehículos no respeten la normativa y circulen por las veredas, lo que justificadamente molesta y atemoriza a los peatones.
La Ley de Convivencia Vial debía haber resuelto esto, pero si bien ha hecho que los automovilistas sean más cuidadosos con los ciclistas y otros usuarios de las vías, no ha tenido el mismo efecto en el comportamiento de los usuarios de scooters y de los propios ciclistas.
La norma solo permite, cuando no hay ciclovía, circular excepcionalmente por las veredas en el caso de los conductores de ciclos menores de 14 años, adultos mayores, personas con discapacidad, o cuando las condiciones climáticas tornen peligroso usar la calle.
Pero es una disposición que vale poco, porque su fiscalización es casi inexistente.
El proyecto de las diputadas no ofrece una solución novedosa a este respecto. Aunque incorpora una prohibición de que los ciclos de alta potencia y velocidad circulen por aceras y paseos peatonales, esto ya forma parte de la Ley de Convivencia Vial.
El tema que en cambio centra su atención son los riesgos de las bicicletas eléctricas y otros ciclos que pueden alcanzar altas velocidades. Así, el proyecto requiere que las empresas tecnológicas de arriendo deban limitar su velocidad a solo 25 km/h.
En cuanto a los scooters y otros ciclos de alta potencia —no los que proveen las empresas de arriendo usuales— y que pueden alcanzar velocidades mayores, su uso estaría limitado a conductores adultos, poseedores de una licencia especial. Estos deberán contar con un seguro de accidentes personales y de daños a terceros, además de cumplir la obligación de usar casco y elementos reflectantes.
La norma parece bien concebida para proteger a los conductores de estos vehículos de los riesgos que generan en el entorno y sobre ellos mismos, aunque las limitaciones para los scooters de baja potencia podrían ser levemente menos estrictas (por ejemplo, 350W y no 250W).
El problema es que, como está dicho, esta iniciativa no resuelve el problema que más irrita al resto de las personas, la invasión de las vías peatonales. En este sentido, una forma de hacer más efectiva la prohibición vigente sería la de facilitar, usando medios tecnológicos, el trabajo de los fiscalizadores.
En el caso de los ciclos pertenecientes a empresas, podría exigirse la provisión de un esquema de comunicaciones rápidas con la empresa propietaria, para que esta pueda deshabilitar un scooter que circula por la acera. Esta medida no alcanzaría a los scooters de alta potencia y velocidad, ya que son propiedad de sus conductores.
En estos casos, una posibilidad es que exista la facultad legal de requisarlos en forma inmediata (aunque esto exige que el conductor acepte detenerse). La incomodidad y el tiempo perdido en retirarlos de los depósitos donde se almacenarían sería un castigo suficiente para evitar la reiteración de la falta, incluso sin necesidad de agregar más multas.