Emprendimiento y carrera presidencial — Espiral de violencia (Editorial El Mercurio) —-Interior rechaza sugerencia de HRW para terminar con deportación de venezolanos “Sería renunciar a cumplir la ley en Chile” Hernán Claro El Dínamo, Política, 29/07/
LAS OPINIONES EN ESTA SECCIÓN, SON DE RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE LA UNIÓN
En esta columna de opinión, se han incluido tres temas de importancia para el acontecer político, social y económico de nuestro país. Es necesario mantenerse informado de esto y de otros aspectos que marcaran el futuro de Chile. Tanto el cambio generacional que representan Gabriel Boric y Sebastián Sichel como la fuerza que tiene el emprendimiento en esas nuevas generaciones invitan a conocer sus aproximaciones al tema. Por otra parte el clima de violencia en la zona macrosur del país no ha cesado y se sigue incrementando sin que el estado de derecho opere como en el resto de Chile . Durante estos últimos días, hemos visto como Carabineros han sufrido graves daños a su integridad física por dar protección a la ciudadanía. Finalmente el gobierno, rechazó la sugerencia de Human Rights Watch (HRW), a través de su director José Miguel Vivanco, para que el Gobierno chileno frene las “deportaciones sumarias de venezolanos” y cumpla con las normas internacionales respecto a los derechos humanos.
Tanto el cambio generacional que representan Gabriel Boric y Sebastián Sichel como la fuerza que tiene el emprendimiento en esas nuevas generaciones invitan a conocer sus aproximaciones al tema.
Se trata de una actividad fundamental en las economías modernas, la que, adecuadamente estimulada, puede ser una fuente permanente de creación de riqueza y de empleo. De su dinamismo depende, a su vez, la capacidad de crecimiento del país en el futuro.
Por su naturaleza, la actividad emprendedora se basa en la iniciativa y el empuje de las personas para implementar proyectos productivos de diversa índole, estimulados por un ambiente que promueve y no restringe las opciones de proyectos posibles, que opera en mercados competitivos, con libertad de precios, en que el sector financiero —bancario o de capital de riesgo— cataliza su despliegue y permite su profundización, y en el que el “afán de lucro” es uno de los incentivos que empujan a sus participantes.
¿Se les permitirá a los emprendedores enriquecerse y que se genere desigualdad como producto de ese esfuerzo?
Como Sichel representa a los grupos políticos de centro y de centroderecha, identificados con la defensa de la iniciativa privada, de manera natural sus posturas resultan proclives al emprendimiento y a la creación de un entorno favorable a su desarrollo.
Asimismo, su paso por la vicepresidencia ejecutiva de Corfo lo conectó con los emprendedores, sus demandas y herramientas de estímulo. Su programa considera un fuerte impulso a la inversión, al emprendimiento y a la innovación privadas, pero, junto con ello, está orientado tanto a promover la competencia como a evitar la colusión, factores fundamentales para el buen funcionamiento de los mercados.
Boric también ha manifestado su interés por el emprendimiento. Se ha reunido con asociaciones que lo fomentan, como Endeavour, y entre sus seguidores es posible identificar a contingentes de jóvenes emprendedores, algunos de ellos altamente exitosos.
En su programa, esa materia está tratada en un capítulo que tiene el sugerente título de “Estado emprendedor”. Allí se indica que será el Estado el que dirija los esfuerzos en esta materia, impulsando innovaciones hacia sectores en los que “el sector privado no esté dispuesto o no sea capaz” de asumir riesgos, apoyado por el desarrollo estatal de parques científico-tecnológicos, innovaciones que luego podrían implementarse por privados, cambiando así la matriz productiva del país, de manera que se “promueva la sostenibilidad de la vida y el medioambiente, teniendo una perspectiva verde, feminista y descentralizadora”. Su financiamiento provendría de una Banca de Desarrollo. Finalmente, el Estado conduciría a los emprendedores a través de seis etapas, denominadas: “entender, acompañar, formalizar, financiar, apoyar y crecer”.
Esta suerte de conducción centralizada del emprendimiento, con una orientación predefinida por el Estado y un acompañamiento cuasi paternal del mismo, puede conspirar sin embargo contra dos elementos esenciales: la libertad de los agentes para imaginar sus proyectos en todas las direcciones posibles y el desarrollo de un empeño inclaudicable para asumir los riesgos involucrados.
Pero, dejando de lado aquello, el punto al que Boric deberá destinar sus mayores esfuerzos explicativos, si es que efectivamente cree en el emprendimiento y pretende impulsarlo con fuerza, es cómo compatibilizará ese discurso emprendedor con la permanente postura antiempresa que su coalición plantea.
¿Se les permitirá a los emprendedores enriquecerse y que se genere desigualdad como producto de ese esfuerzo? ¿Podrán operar estos en mercados competitivos, con precios libres, o estarán sometidos a reglas restrictivas desde el Estado?
En otras palabras, si define a su programa como antineoliberal, pero proemprendimiento, ¿quiere decir que no es anticapitalista?
Se trata de una duda fundamental, esencial para despejar el tipo de economía que él concibe hacia el futuro.
EMPRENDIMIENTO Y CARRERA PRESIDENCIAL
El Mercurio, Editorial, 30/07/2021
ESPIRAL DE VIOLENCIA
El Mercurio, Editorial, 30/07/2021
Si hace ya años los atentados incendiarios a camiones y predios agrícolas hacían advertir la amenaza de la violencia en La Araucanía, hoy los habitantes de la macrozona sur —el sector que abarca las regiones del BíoBío, La Araucanía y Los Ríos— enfrentan una espiral sin precedentes y sin que haya una respuesta efectiva por parte del Estado para restablecer el Estado de Derecho.
Según registros policiales, durante el primer semestre de este año se produjeron más de 860 acciones violentas, casi el doble que, en igual período de 2020, siendo los contratistas forestales —con un promedio de siete atentados mensuales— uno de los blancos de los ataques de los grupos armados, quienes, en represalia por las detenciones o la muerte de alguno de sus miembros, multiplican las acciones de intimidación.
Así ha quedado de manifiesto en los recientes ataques al fundo Santa Ana, donde el martes ocurrió un asalto similar al perpetrado hace tres semanas, cuando muriera uno de los atacantes —Pablo Marchant, miembro de la Coordinadora Arauco Malleco, CAM— y fuera herido el trabajador Ceferino González.
Esta vez resultaron heridos de gravedad dos carabineros y un transportista. Este último atentado marca además otro deleznable hito: por primera vez —según los antecedentes que se conocen— un ataque a una faena forestal aparece focalizado en disparar a personas; es decir, el daño a estas ya no habría sido, como otras veces, un efecto colateral, sino el objetivo directo de la acción terrorista.
Bajo esta lógica intimidante, no hay, por cierto, distinción entre las víctimas, las que incluyen pequeños emprendedores, obreros agrícolas y servidores públicos, muchos de ellos pertenecientes a la etnia mapuche.
| Ningún actor que reivindique y ejerza acciones violentistas podría ser admitido como interlocutor legítimo en un proceso de diálogo. |
Elocuente fue al respecto lo manifestado hace algunos días por una emprendedora mapuche de Freire luego de sufrir, por segunda vez, un atentado incendiario contra su maquinaria. La emprendedora emplazó a la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, preguntándole: “¿Cómo usted, que es de mi sangre mapuche, puede defender a estos violentistas y terroristas?”.
El llamado de esta víctima —quien también pidió ayuda ante el “abandono” del Presidente de la República— resulta especialmente pertinente frente a una Convención que ya en su primera semana de funcionamiento aprobó una declaración hablando de “presos políticos mapuche” para referirse a los condenados por actos de violencia en la zona y pedir su indulto.
Más aún, pese a que la CAM ha descalificado a la instancia constitucional y emitido una “declaración de guerra directa contra las forestales y toda expresión del capitalismo en nuestro territorio”, ni Loncón ni los otros constituyentes de pueblos originarios han expresado condena a ello.
La gravedad de la situación en la macrozona ha motivado —bajo el liderazgo del obispo de Temuco, Héctor Vargas— a los rectores y vicerrectores de las universidades de la región a impulsar una iniciativa de diálogo donde participen los tres poderes del Estado.
Según uno de los rectores convocantes, dado el contexto imperante de desconfianza en las instituciones, serían los representantes académicos y de la sociedad civil quienes podrían reunir a los distintos actores sociales y políticos para trazar un camino de entendimiento. Asimismo, esperan que el apoyo de la fundación noruega Nansen, con vasta experiencia en resolución de conflictos, pueda contribuir a sentar las bases del diálogo.
Ese loable objetivo se verá dificultado, sin embargo, mientras se continúe legitimando el uso de la violencia como forma de reivindicación por parte de algunos grupos.
Los habitantes de la zona —mapuches y no mapuches— reclaman atención y resolución de sus demandas y problemas, pero, a la vez, rechazan la violencia que a diario los afecta al ver amenazadas sus vidas e integridad, destruidas sus fuentes de trabajo, incendiadas sus escuelas e iglesias y obstruidos sus caminos y rutas.
Hay aquí involucrado un punto crítico: siendo fundamental el diálogo y la construcción de confianzas, condición básica para ello es el rechazo de la violencia; ningún actor que la continúe reivindicando y ejerciendo podría ser admitido como interlocutor legítimo en un proceso de este tipo.
Ante la inoperancia del Estado en la resolución de un conflicto que se ha arrastrado por décadas, toda iniciativa de acercamiento merece amplio apoyo, pero su éxito requiere de una condena transversal y explícita del violentismo por parte de todos quienes ostentan o aspiran a un cargo de responsabilidad política, así como el sinceramiento de las dificultades, amenazas y requerimientos que enfrentan quienes viven en las regiones de la macrozona sur.
INTERIOR RECHAZA SUGERENCIA DE HRW PARA TERMINAR CON DEPORTACIÓN DE VENEZOLANOS “SERÍA RENUNCIAR A CUMPLIR LA LEY EN CHILE”
Hernán Claro
El Dínamo, Política, 29/07/2021
Ante los medios de comunicación el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, rechazó la sugerencia de Human Rights Watch (HRW), a través de su director José Miguel Vivanco, para que el Gobierno chileno frene las “deportaciones sumarias de venezolanos” y cumpla con las normas internacionales respecto a los derechos humanos.
Al respecto, Galli explicó que mantiene una buena relación con Vivanco, por ende, lamenta que “no se nos haya consultado previamente por las dudas que allí se expresan, porque podríamos haberlas aclarado”.
“Se nos pide terminar con las expulsiones, y la verdad es que eso sería renunciar a cumplir la ley en Chile”, afirmó la autoridad de Gobierno.
Galli también argumentó que es obligación del Gobierno chileno llevar a cabo procesos administrativos contra quienes cometan delitos en nuestro país o ingresen de forma ilegal.
En ese contexto, “si ese proceso administrativo da como resultado la expulsión, lo que corresponde al Gobierno es hacer cumplir la ley y materializar esas expulsiones”, continuó Galli.
| El subsecretario de la cartera, Juan Francisco Galli, aseguró que todas las expulsiones de extranjeros se han realizado con respecto al debido proceso. Galli aseguró que las expulsiones se concretan después de largos procesos administrativos. |
Ya más en el fondo de los dichos del director de HRW, el subsecretario Juan Francisco Galli aseguró que se han cumplido con las normativas internacionales respecto a los derechos humanos de los migrantes expulsados.
Galli expresó que las deportaciones se han efectuado “con pleno respeto al debido proceso”, por lo que, ante circunstancias especiales, no se concretan las expulsiones.
“Por ejemplo, si hay un ciudadano extranjero que tiene vínculo con niños o adolescentes en Chile, no se materializa esa expulsión, o si una persona tiene una situación humanitaria en nuestro país, no se materializa”, agregó.
Por último, en relación a los casos que describió Vivanco de algunas personas expulsadas de forma irregular, Galli indicó que “una que había sido notificada con 18 meses de anticipación, el Estado de Chile le había dicho hace 18 meses que si no hacía nada lo iban a expulsar, y no hizo nada, hizo algo el día que lo fue a buscar la policía para materializar esa expulsión”.