Señor Presidente de la República, don José Antonio Kast Rist:
Estos hombres juraron entregar la vida si la patria la reclamaba, y no fue palabra hueca: cuando el país, al borde del abismo, los convocó —eran los días en que las mujeres alzaban pañuelos blancos pidiendo orden—, vistieron el uniforme y salieron a honrar, ante la bandera, la palabra empeñada, exponiendo junto con la existencia propia la suerte de sus familias. Y terminada su misión, en vez de retener el poder prefirieron devolverlo, restituyendo la democracia bajo la cual hoy gobierna V.E. y escribe esta abogada. Así retribuye la patria semejante
lealtad: esa generación languidece, olvidada, en los pabellones más antiguos de nuestras cárceles, donde la República niega a sus servidores hasta una muerte digna.
No vengo a discutir condenas: vengo a cobrar una deuda. Quienes fueron escudo de la Nación pasaron a recibir trato de enemigos, y al enemigo no se cuida: se deja morir despacio. Sobre el castigo dictado por un juez cayó otro que nadie suscribió: la agonía sin auxilio, lejos de la familia, como si la tierra defendida cobrara ahora la cuaenta de su propia defensa.
Las sentencias, además, provinieron de un procedimiento que Chile enterró por indigno: inquisitivo, escrito y secreto, donde un mismo juez investigaba, acusaba y fallaba, con un sumario oculto hasta para la defensa. La reforma procesal vino a proscribirlo; estos ancianosson los únicos a quienes el rito abolido todavía alcanza. No pido revisar nada: dejo constancia. Juzgar sin garantías y abandonar al moribundo no se archiva con los expedientes: permanece como una mancha indeleble en la justicia chilena.
Esto tiene nombre, y lo vengo escribiendo hace años: geriatricidio carcelario. La muerte anticipada de los presos más ancianos, ejecutada sin un solo golpe: basta negar el auxilio que el propio encierro vuelve imposible de procurar. Recluir a un hombre es privar de libertad, no presenciar una agonía sin médico. Una pena que excede lo fijado por el juez ya no es justicia: es venganza con toga.
Y no hablo en abstracto. En el recinto que concentra a los reclusos más ancianos del país se hacina casi el doble de los internos previstos, sin un médico de planta que acuda cuando un cuerpo de noventa años se apaga de madrugada. La Corte Suprema ordenó corregir esas condiciones; la orden sigue incumplida, y la población del pabellón ha ido disminuyendo por la única puerta que allí se abre sin permiso: la de la muerte. Octogenarios en su mayoría, algunos ya nonagenarios, agonizan entre esas rejas, aquejados de un cáncer terminal que ninguna enfermería carcelaria podría tratar. Ya no pueden seguir esperando.
La salida no es el perdón, sino la pena cumplida en el domicilio. El enfermo grave permanece preso, condenado y purgando: apenas mudaos muros del penal por los del hogar, la soledad del pabellón por la familia y un médico cercano. No se remite una hora. Se ahorra el suplicio. Eso es todo.
Y conviene decirlo sin pudor: además de humano, es buen gobierno. Un sistema penitenciario desbordado gasta en custodiar moribundos las camas, el personal y las ambulancias que el resto de la población penal reclama a gritos, sin provecho para la seguridad del país. La conciencia y la razón de Estado, por una vez, apuntan al mismo norte.
