INCENDIAR NO ES LO MISMO QUE TRATAR DE IMPEDIRLO
Humberto Julio Reyes
Seguramente el paciente lector estará de acuerdo con la frase que encabeza esta columna y que parafrasea lo expresado por el presidente de la Cámara de Diputados, al referirse a las críticas a la idea adelantada por el presidente de la República, respecto a ejercer su facultad de indultar respecto a funcionarios de las fuerzas armadas y de orden.
Como el presidente adelantó que se analizaría caso a caso a quienes fueron condenados por cumplir un deber mandatados por el Estado, se conocieron, en primer lugar, opiniones contrarias, aduciendo que hacerlo sería lo mismo que hizo su antecesor al indultar delincuentes que destruyeron sistemáticamente propiedad pública y privada y atacaron a quienes, efectivamente cumpliendo su deber, trataron de impedirlo.
Así, para algunos, ambas conductas serían equivalentes, siendo don Carlos Peña quien ha puesto la guinda de la torta, al expresar que la policía torturó a manifestantes, ejecutando una conducta con el propósito de causar daño.
Le faltó agregar que se trataba de manifestantes pacíficos o como dijo una senadora, personas atacadas al dirigirse a su trabajo, aunque otra cosa hayamos visto en los noticieros de televisión.
Siendo así, según su columna, el presidente debiera discernir una razón mejor para eventualmente conceder algún indulto.
Por otra parte, este tema se mezcla o confunde con el proyecto de ley de cumplimiento alternativo de penas, de carácter humanitario y actualmente en trámite en el Senado, respecto del cual el presidente ha manifestado que debe seguir su curso en el parlamento, en lugar de criticarlo como lo hizo la administración saliente.
Naturalmente que ambas iniciativas no encuentran consenso en la opinión pública, tal como se expresa en diversos medios, agregándose otras consideraciones como que el gobierno no debiera desgastarse en un tema que, naturalmente, no parece prioritario frente a otras urgencias.
Lo señalado parece muy pragmático, pero curioso sería, por una parte, renunciar a priori a ejercer una potestad y, por otra, mantener en prisión a personas de avanzada edad cuya salud está gravemente comprometida y que están incapacitadas para repetir las conductas que se les atribuyeron y por las cuales fueron condenadas, situación que también debiera examinarse caso a caso por una instancia que garantice idoneidad e imparcialidad.
Pero, como el Estado está al debe, no basta con refugiarse en la comodidad de la inacción. Los violentistas condenados a raíz del llamado estallido social fueron indultados e indemnizados, igual que los extremistas condenados durante el gobierno militar. Quienes se les opusieron siguen siendo perseguidos judicialmente y si están hacinados en prisión no reciben los beneficios a que legalmente tienen derecho.
Unos voluntariamente optaron por la violencia, otros cumplieron con su deber, aún si a raíz de ello la justicia ha estimado que cometieron delitos.
No pareciera ser lo mismo y, si se prefiere igualarlos en aras de la paz social, con mayor razón se debiera proceder con equidad.
18 de abril de 2026.