INDULTOS A MILITARES Y CARABINEROS
Francisco Javier Urbina
El Mercurio, Cartas al director, 04/04/2024
Señor Director:
En su columna del martes, Joaquín Fermandois propone una amnistía o indulto para funcionarios de las FF. AA. y Carabineros condenados por delitos relativos al uso de la fuerza durante el “estallido social”.
Tiene la razón. En muchos casos, se trata de personas a las que el Estado colocó en una situación imposible: les exigió reprimir desórdenes públicos, en un contexto excepcional para el que ninguna institución estaba preparada.
Y lo hizo, en muchos casos, sin capacitarlos debidamente ni entregarles el equipo adecuado.
Cuando ocurrió un error (esperable en esas circunstancias), se les hizo asumir personalmente el costo de esta falencia estatal.
Un caso especialmente dramático es el del conscripto Carlos Robledo, relatado por su madre en estas páginas, que con 18 años fue condenado a pena de cárcel. Ciertamente, un soldado conscripto, en unos pocos meses, no está entrenado para cumplir funciones de control de disturbios y menos para hacerlo con equipamiento militar.
Además de remediar una injusticia, el indulto o la amnistía permitirían dar una señal concreta de respaldo a la fuerza pública. Sin esto, no puede haber una agenda de seguridad creíble.
El uso de la fuerza, en cualquier nivel, exige respaldo político. Pero mientras persistan situaciones como las de Carlos Robledo, no será creíble ese respaldo.
El indulto debiera ser una condición política de cualquier acuerdo en esta materia.
La idea de usar el indulto para situaciones vinculadas al “estallido” no es novedosa. El Presidente Boric ya la usó, en relación con delitos de civiles.
En esa ocasión, justificó la decisión de indultar en que “vivimos un proceso que fue tremendamente complejo”, y en que los indultados “no son delincuentes”. Ambos argumentos se aplican con más fuerza al caso de Carlos Robledo.
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Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
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