INQUIETANTE DIMISIÓN
El Mercurio, Editorial, 31/05/2023
Demasiadas preguntas plantean la situación generada en torno a la salida del ahora exsubsecretario de Previsión Social Christian Larraín. La forma confusa en que han abordado el tema las autoridades —y en especial la ministra del Trabajo, Jeannette Jara— solo acrecienta las dudas, dejando al Gobierno en incómoda posición ad-portas de la Cuenta presidencial y agregando otro signo de interrogación sobre su emblemática reforma de pensiones.
Una somera revisión de los hechos resulta elocuente. El viernes pasado, un comunicado de La Moneda informó escuetamente la renuncia de Larraín, sin dar más razones.
Dado el papel que este había jugado en el diseño de la reforma previsional y en las tratativas posteriores, el hecho generó sorpresa. Dirigentes de todo el espectro lo destacaron como una figura dialogante y abierta a flexibilizar la propuesta original del Ejecutivo, de lo que dio muestras a principios de este mes, cuando reconoció públicamente la inviabilidad de insistir en las cuentas nocionales.
Así, durante todo el fin de semana abundaron las especulaciones que atribuyeron su salida a posibles diferencias con la ministra Jara, quien tendría una posición más dura en el tema.
Las denuncias de acoso ameritan ser investigadas seriamente y no ser usadas para replicar prácticas inquisitoriales que no dan espacio a defensa.
El lunes, sin embargo, citando fuentes de La Moneda, el diario La Tercera informó que el verdadero motivo de la renuncia era la existencia de una denuncia de acoso sexual, cuya gravedad habría llevado al Presidente Boric a solicitar la dimisión.
Fue después de publicarse esta versión que Larraín —quien había guardado silencio hasta entonces— salió a rebatir la acusación, concediendo una serie de entrevistas.
En ellas contó que, efectivamente, el viernes la ministra le comunicó que existía una denuncia en su contra y que debía renunciar; según su relato, insistió tres veces en conocer cuáles eran los hechos que se le imputaban, pero la secretaria de Estado le habría respondido que no se los podía detallar.
Solo le habría indicado que apuntaban a “uso de lenguaje de connotación sexual en público”, sin mayor precisión.
En las mismas entrevistas, también reveló que durante el último mes tuvo una tensa relación con Jara, quien habría estado molesta justamente por sus dichos sobre las cuentas nocionales.
Finalmente, ese mismo lunes, reaccionando a las palabras de Larraín, la ministra afirmó que la dimisión había sido solicitada porque “creemos que se incidió en conductas que no eran del todo positivas”, y anunció el inicio de un sumario.
Luego, ayer, complementó esa versión, sosteniendo que “al subsecretario se le pide la salida porque hay gente que la estaba pasando muy mal en la subsecretaría”.
Desde luego, llaman la atención en esta síntesis incoherencias como que el sumario haya sido ordenado tres días después de solicitada la dimisión, punto en el que incluso ha reparado el ministro de Justicia, haciendo notar que solo puede ser válido un sumario iniciado antes de la salida de un funcionario.
Ante esto, el ministerio salió ayer a aclarar que el pasado lunes la renuncia aún estaba tramitándose, lo que salvaría la objeción. Pero esta precisión formal elude el punto de fondo, cual es que la investigación se ordenó cuando la salida del subsecretario ya estaba decidida.
Tal forma de proceder da cuenta de una lógica extraña y preocupante, según la cual las “sanciones” se adoptan antes de investigar los hechos: solo bastaría una denuncia para justificar la remoción de un alto funcionario público.
Más aún, de ser efectiva la versión de Larraín, en cuanto a que nunca se le informó el hecho específico por el que se le denunciaba, la situación adquiere ribetes kafkianos y entrega una preocupante señal para todo el aparato público.
Por cierto, un subsecretario puede ser legítimamente removido de su cargo en cualquier momento, al depender de la confianza presidencial. Pero entonces no se entiende que, luego de pedirle la dimisión sin haberle permitido siquiera defenderse, la propia Moneda haya filtrado versiones que le atribuían conductas impropias, exponiendo su honra.
Raya lo insólito que finalmente, ante la reacción del aludido, la ministra del Trabajo haya respondido criticándolo por estar “generando conflictos”.
Las acciones de acoso constituyen conductas gravísimas que corresponde erradicar. Pero, precisamente por su gravedad, las denuncias ameritan ser investigadas seriamente y no ser usadas para replicar prácticas inquisitoriales que no dan espacio a defensa, o esgrimirse livianamente en vendettas o ataques políticos, práctica que sufrió el propio Presidente de la República durante su campaña.
La fragmentada información respecto del caso de Larraín —cuyo “gran trabajo” alabó ayer el ministro de Hacienda— impide un juicio cabal sobre los hechos que confusamente se le imputan.
Con todo, lo que este episodio ha mostrado hasta ahora respecto del Gobierno y su forma de abordar estos temas resulta en extremo inquietante.
Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
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