LA CONVENCIÓN Y LA VIOLENCIA DE AYER. El Mercurio, Editorial, 19/10/2021 —– DESAFÍOS E HIPOCRESÍAS. El Mercurio

LA CONVENCIÓN Y LA VIOLENCIA DE AYER. El Mercurio, Editorial, 19/10/2021 —– DESAFÍOS E HIPOCRESÍAS. El Mercurio

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión.

“Ha quedado demostrado el inmenso error de vincular el proceso constitucional con la reivindicación de graves delitos”.

La jornada vivida ayer confirmó cuán desafortunada fue la decisión de la Convención Constitucional de haber elegido un día como el 18 de octubre para iniciar simbólicamente el trabajo de redacción de una nueva Carta Fundamental, luego de haber concluido ya la elaboración de sus reglamentos.

Como era previsible, el segundo aniversario del estallido de 2019 estuvo marcado por manifestaciones violentas en distintas ciudades.

En Santiago, una vez más, la Plaza Baquedano se transformó en uno de los lugares de concentración y campo para la acción de vándalos que se desplegaron por la Alameda Bernardo O’Higgins hacia el poniente, generando incidentes que incluyeron barricadas, lanzamiento de fuegos artificiales y saqueos a locales comerciales; hito de todo aquello fue el fuego encendido en la histórica escalera del cerro Santa Lucía.

Distintas comunas de la capital también vivieron situaciones similares, en un día que partió con ataques a recintos policiales, cortes de tránsito e incluso la colocación de artefactos explosivos, además de ataques incendiarios, hechos que al cierre de esta edición continuaban.

De este modo, lo que debía ser un hito republicano, como es la discusión de una nueva Constitución, terminó opacado en medio de una jornada que tuvo por protagonistas a quienes durante los últimos dos años han hecho todo lo posible por impedir cualquier salida institucional a la crisis y desestabilizar el país, autoatribuyéndose además el supuesto derecho de alterar la vida y la paz del resto de los ciudadanos en aras de sus objetivos rupturistas.

Lamentablemente, la ambigüedad, cuando no el franco apoyo a toda esa violencia, ha sido hasta ahora una característica en el actuar de la mayoría que controla la Convención, como quedó de manifiesto ya en sus jornadas de instalación.

Sintomático es que la primera declaración aprobada por el pleno fuera un llamado a los poderes del Estado para que se indulte a aquellos que los convencionistas han denominado “los presos de la revuelta”, esto es, quienes han sido imputados o condenados por algunos de los gravísimos delitos —desde el homicidio frustrado hasta la quema de museos e iglesias— que se han cometido en el país, en el contexto de manifestaciones durante los últimos dos años.

Desde entonces, en los debates del organismo y en las declaraciones y decisiones de sus miembros, la idealización de esa violencia ha tendido a ser una constante, hasta la referida decisión de haber escogido el 18 de octubre para iniciar la fase clave de su trabajo, pues —en palabras de su presidenta— se trataría de “un día simbólico, un día que se lo ganó Chile”.

Conforme con esa visión, no es sorprendente que ayer, al término de la sesión en la sede del ex-Congreso, varios de los convencionales prorrumpieran en gritos demandando la libertad de los detenidos por la violencia.

Subyace en definitiva a tales planteamientos un diagnóstico que explicitó en los primeros días de sesiones el convencional Fernando Atria, del Frente Amplio, al afirmar que “esos hechos (los delitos que se pretende cubrir con el indulto) fueron necesarios para abrir el proceso constituyente”, cual si la Convención —fruto de un amplio acuerdo político concebido para recuperar la convivencia y asegurar el encauzamiento democrático de los conflictos— tuviera una deuda con los violentistas.

Tal vez ello explique la insistencia de un órgano democrático por colmar de gestos a quienes con sus actos descreen de la democracia y de la propia Convención, incluso insultando y hasta atacando a miembros de ella, y que tampoco parezca haber reacción cuando se amenaza —como ayer lo hicieron dirigentes de la CUT— con ocupar su propia sede si no se accede a sus demandas.

No parecen entender muchos de estos convencionales que, al insistir en la reivindicación política de graves delitos, no solo vinculan el proceso constitucional con un origen ilegítimo, sino que además ponen en riesgo el objetivo básico de este esfuerzo, cual es acordar una Carta Fundamental con la que todos los chilenos pueden efectivamente sentirse identificados y no simplemente satisfacer a un puñado de vándalos y delincuentes.

En su declaración de julio, los constituyentes justificaron la violencia de octubre de 2019 como supuesta “consecuencia de que los poderes constituidos fueron incapaces de abrirnos una oportunidad para crear una Nueva Constitución”.

Hoy, cuando ese proceso está ya en pleno desarrollo y la violencia sigue sin embargo tomándose las calles, cabe demandar al menos una reflexión a quienes tienen en sus manos la tarea de proponer el país un nuevo orden institucional.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas C.

DESAFÍOS E HIPOCRESÍAS

El Mercurio, Editorial, 19/10/2021

Si en 1990 se hubiera medido la pobreza de ingresos con los actuales estándares, habría llegado a un 68%.

En 2017, un reflejo del excelente desempeño económico y social del país en 27 años alcanzaba a un 8,6%. En 2020, en momentos que, producto de la pandemia, se observaba una fuerte caída en la ocupación y un despliegue de apoyos económicos inferior al actualmente vigente, la tasa llegó al 10,8%; sin duda, habría sido mayor sin dichos apoyos.

Este año, las ayudas han crecido significativamente y también se ha recuperado el empleo. Producto de esta realidad, el Banco Mundial está anticipando que la tasa de pobreza caerá a un 2,5 %. Las transferencias, al afectar los ingresos disponibles de manera proporcionalmente distinta, están teniendo también un fuerte impacto en la desigualdad: según el mismo organismo internacional, el coeficiente de Gini caería en cinco puntos base, para situarse en 0,39.

Hay que recordar que las medidas de emergencia directas tendrían un último desembolso en diciembre y luego se mantendrían los subsidios al empleo, que son de una magnitud más reducida.

Así, la pobreza volverá a subir a niveles cercanos al 10%, dependiendo de la velocidad de recuperación del empleo, aún frágil. La desigualdad, en ausencia de las cuantiosas transferencias actuales, también volverá a subir.

Hay aquí un impacto transitorio que se había anticipado, pero que deja lecciones hacia el futuro y que apunta a cómo la mayoría de los países enfrentan las realidades de pobreza y desigualdad en el mundo desarrollado. En efecto, las desigualdades de mercado, es decir, aquellas que se producen como resultado del libre intercambio de bienes y servicios en una economía, no difieren demasiado entre, por ejemplo, Europa y Chile.

Sin embargo, en ese continente hay un sistema tributario más progresivo y transferencias a los hogares mucho más cuantiosas.

El sistema impositivo más progresivo se ha construido en Europa gravando a una mayor proporción de personas y diseñando tramos tributarios más reducidos, de modo que las tasas marginales más altas se expresen en ingresos relativos más bajos que en Chile.

Es pues en el impuesto a las personas donde están las grandes diferencias de recaudación, pero en nuestro debate esa realidad se esquiva. Así, se evitan los conflictos más difíciles en el desarrollo de un arreglo social distinto.

Ahora bien, el efecto redistributivo más grande se logra vía transferencias monetarias, que en nuestro país son escasas. En cambio, se ha privilegiado una serie de programas sociales muy poco efectivos que podrían, de ser cerrados, sumar una base relevante de recursos para aportar a reducir la pobreza y la desigualdad por medio de transferencias directas.

No es fácil llevar adelante esta transformación, porque hay intereses detrás de esos programas y ninguno es de una magnitud tan cuantiosa que haga políticamente atractivo “dar la pelea”. De nuevo, se hipoteca así la búsqueda de un arreglo social alternativo. Por ello, hay mucho de hipocresía en el debate sobre pobreza, desigualdad e impuestos.

La experiencia reciente debiera dejar lecciones. El país necesita de más transferencias monetarias para enfrentar la situación de pobreza y desigualdad que lo aqueja. En esta decisión debe reconocerse también que los grupos que más ayuda necesitan no son siempre el objeto de la mayor atención.

Por ejemplo, la pobreza de los menores de 18 años triplicó en 2017 la de los mayores de 60, lo que afecta, sin duda, su desarrollo futuro. Con todo, cabe advertir también que la desigualdad y la pobreza no pueden enfrentarse solo con transferencias.

Hay que dotar a las personas de las capacidades para poder salir adelante por sí mismas. En esta materia nuestro rezago también es significativo y escasa es la atención que recibe en el debate electoral.