LA CUERDA EN AL CASA DEL AHORCADO.
Luciano Cruz Muñoz
Diario Constitucional, Cartas al director, 30/05/2024
Recientemente, el abogado señor Juan Carlos Manríquez efectuó una presentación ante la Corte Suprema, a nombre de siete ex jóvenes Oficiales del Regimiento Tucapel de Temuco en el año 1973, cuestionando la conducta ética del Ministro Álvaro Mesa Latorre de la Corte de Apelaciones de esa ciudad, por su investigación y fallo en la causa llamada “El Asalto al Polvorín”.
La Corte rechazó tal presentación así como su posterior reposición atendiendo a que a su parecer tal presentación debió ser materia de un recurso durante la tramitación del Juicio, no obstante que el mecanismo jurídico de los recursos procesales no atiende a preceptos éticos eventualmente vulnerados, y que según el señor Manríquez guiaron la actuación del Ministro como lo detalla en su presentación.
Se ha denunciado en diversos medios electrónicos las irregularidades del Sr. Ministro, en ese y en otros procesos, tales como el rechazo de pruebas, el uso de jurisprudencia extranjera haciéndola vinculante a pesar de estar manipulada y con datos incorrectos, declaraciones de supuestos testigos que no dicen relación alguna con los hechos investigados, abuso de presunciones, falta de diligencias, etc. etc., todo lo cual se hacía presente ante la Corte Suprema por el abogado referido.
El ministro Mesa llega a tal punto que se auto cita en los fallos con un artículo de bajo calibre jurídico de 30 hojas y 60 citas donde el autor solo aparece para vincular ideas y no propone nada sólido. Las conclusiones son obvias y pobres. Esta acción del juez se conoce como falacia o argumentación ad verecundiam.
Pareciera que el discurso de lo “políticamente correcto” hace pensar a los jueces que fallar en contra de militares les abrirá su ascenso y los dejará en el lado correcto de la historia, a pesar de haber obviado su independencia y por ende la justicia.
En los juicios a militares, aparece de manifiesto que lo político e ideológico junto a indemnizaciones millonarias, constituyen la causa de pedir, por ello, como en todo juicio, su conocimiento debe quedar radicado en jueces probos pero esencialmente independientes, lo que al parecer no ocurre con el Sr. Mesa, ni con otros Magistrados de nuestro más alto Tribunal de Justicia como el señor Juica quien confesó en una entrevista simpatía en su juventud con el PC, o el señor Haroldo Brito a quien el abogado Hermosilla señala haberlo conocido en tiempos de su militancia comunista.
La pregunta es: ¿se ha inhabilitado algún juez por tener o haber tenido ideas de izquierda? Por cierto ninguno, luego todos estos juicios parten con una predisposición.
Basta revisar los fallos de los últimos 20 años de la Segunda Sala Penal para concluir que sus condenas parecieran estar preestablecidas, en ellos no se discrimina entre responsables e inocentes. Todos los procesados van en el mismo saco, de donde resulta que ir a la Corte Suprema es un partido que no empieza 0 a 0, sino que parte perdiendo con 3 votos en contra.
Luego el recurso del abogado Manríquez apelando a la ética, no pasa de ser una broma cuando quien debió fallarlo tiene serias objeciones éticas por parte de la ciudadanía que esta informada de hechos como el episodio de los autos Lexus, la Juez que conoce de las Causas sometidas a su conocimiento desde Italia infringiendo toda la normativa legal aplicable a los Jueces y sancionada solo con una “amonestación” por ser hija de uno de sus integrantes, la compra de una casona en Valparaíso por $1.500 millones de pesos que está en manos de okupas, los fallos en los que concurre un Ministro al parecer con sus capacidades intelectuales disminuidas, etc, etc.
¿Así las cosas, se puede pensar que la Corte Suprema tiene solidez ética para sancionar a un subalterno como el Ministro Mesa? Difícil, y de ahí que el recurso del abogado Manríquez no fue más que: “hablar de la soga en casa del ahorcado”.
La ética es entendida como un saber teórico, mientras que la moral son las reglas éticas en las cuales vivimos. Por tanto, la ética no es solo jurídica, es también una necesidad política, económica y social, así al analizar el fallo de Temuco y lo que en él se evidencia como negligencia, ineptitud o definitivamente mala fe, no es más que un problema ético y ello es lo que se quiso someter al conocimiento de la C. Suprema.
El gran drama de la sociedad chilena actual es que no se hacen juicios éticos y estos resultan ser el “vagón de cola” en su caída al abismo.
Finalmente, Cicerón nos deja una reflexión: “El derecho extremo resulta a veces una extrema injusticia”.
Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
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