LA IZQUIERDA COMPADECIDA
Escribe: Hermógenes Pérez de Arce
Se ha suscitado un pintoresco debate entre izquierdistas compadecidos y no compadecidos de los presos políticos militares octogenarios, nonagenarios, con alzheimer y enfermedades terminales que, en número superior a 400, son mantenidos privados de libertad en diferentes penales y en particular en Punta Peuco. Unos izquierdistas sostienen que los violadores de dd. hh. también merecen compasión y otros sostienen que no merecen ninguna.
Lo que ninguno de ambos bandos dice es que ni un solo exmilitar (más algunos civiles, también presos, que colaboraron con ellos) ha sido legalmente condenado. Jurídicamente son todos inocentes. En eso consiste el escándalo de la situación, de la cual son cómplices el gobierno, el piñerismo-mattheísmo, el Colegio de Abogados y los principales medios de comunicación. Estos últimos porque “miran para otro lado”
Ya en 2015 el juez que “inventó” un supuesto delito, el cual, además, confesó no haber probado, declaró en la televisión pública que se había basado en una “ficción jurídica” y textualmente añadió: “No he dicho que ésa fuera la realidad”. Es decir, no sólo confesó apartarse de la ley, sino de la verdad de los hechos.
No hay ningún exmilitar condenado que haya recibido un debido proceso. Por tanto, ninguno puede ser llamado “violador de dd. hh.”
Por suerte los expedientes de estos juicios ilegales son mantenidos en un recinto separado del Archivo Judicial, lo que permitirá a las futuras generaciones de juristas condenar la desvergüenza de la actual, que no ha puesto término al escándalo.
Los exmilitares presos nunca han sido condenados mediante un debido proceso. Es tan fácil probar lo anterior que cualquier individuo (que entienda lo que lee) puede consultar el Código Penal y ver que el artículo 141, sobre el delito de secuestro, que se les imputa, se halla bajo el título III, cuyo párrafo 3 dice: “Crímenes y simples delitos contra la libertad y seguridad, cometidos por particulares”. Por tanto, no puede cometerlo un militar, pues no es un particular. Y por consiguiente no puede ser condenado por ello. Si algún juez lo ha hecho, ha cometido a su turno el delito de prevaricación, previsto y sancionado en el artículo 223 del mismo código. Ese juez debería cumplir hasta cinco años de presidio o reclusión por dictar un fallo “contra ley expresa y vigente”. ¿Cuántos jueces van a caer presos cuando Johannes sea presidente? No sabemos, porque, por ejemplo, Alejandro Solís, “el padre de la criatura”, ya retirado, puede alegar la prescripción.
Nada de lo que sucede podría haber ocurrido en un país regido por el estado de derecho, pero hace veinte años que éste se viene violando.
Es tan precaria la legalidad en Chile que en el extranjero se han dado cuenta. En el ranking internacional que lleva la revista británica The Economist, Chile ya no es una “plena democracia” sino una “democracia defectuosa”, sobre todo después de que en este blog le di diez razones para hacerlo, el 4 de febrero de 2023 (“The Economist’s Stupidity Unit”).
Pero a la izquierda compadecida por lo menos le va a servir como atenuante su actitud, cuando se restablezca el estado de derecho y se pague por la prevaricación de los últimos veinte años.
Un aporte de nuestro director, Luis Cabezón
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