Miopía
Antonio Büchi B. – El Mercurio, Columnistas, 15/07/2026
El débil crecimiento preocupa, y el Gobierno correctamente está enfatizando destrabar proyectos. Pero ¿qué pasará en el futuro? El objetivo real no es el crecimiento coyuntural de uno o dos años, sino mover la frontera del crecimiento potencial de la economía.
| “…¿quién calcula las externalidades positivas (de un proyecto), en ese territorio y en otros, como desarrollo de know how, capacitación, investigación e innovación que se darán dinámicamente?”. |
Eso es lo transformacional para Chile. Y para eso, debemos buscar reformas que liberen la energía creadora del sector privado, de la libre empresa y de la libertad individual de manera permanente.
Hoy esa energía está muy constreñida. Respecto de las evaluaciones ambientales, la permisología es grave, pero es un síntoma. El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) tiene hoy un impacto cada vez más relevante: los tiempos se extendieron a más del doble, el número de aprobaciones bajó dramáticamente, muchas veces por desistimiento, y el tamaño de la documentación requerida creció exponencialmente, en un período de 15 a 20 años (Pivotes y otros). Pero el problema es más de fondo.
El SEIA, diseñado para lo ambiental, está en la línea crítica de nuestro desarrollo sin contrapeso. Las personas detrás de él son a menudo grandes profesionales, pero con mandatos legales que generan resultados miopes, sin el sentido de urgencia de la dinámica económica y, por definición de funcionario, aversos al riesgo.
Por construcción en los proyectos con EIA se defiende el statu quo, una “línea base” que se asume mandatorio custodiar, sin fundamentar por qué. Una serie de organismos intermedios del Estado (Conaf, DGA, SAG, Conadi, y otros) son los encargados de definir, de acuerdo con la ley, pero con discrecionalidad, qué impactos del proyecto son “significativos” y deben ser anulados o mitigados.
Por mandato solo ven “lo negativo”, como si lo único importante fuera mantener la actual foto de la realidad, siendo además juez y parte. Así, desde la buena fe, pero en su metro cuadrado, es como llegamos a los ya conocidos episodios de los naranjillos y las lagartijas.
Además, la particular forma dada a la participación de comunidades, y cómo los tribunales la han interpretado, ha alargado plazos e introducido fuerte incertidumbre legal.
Me pregunto, ¿quién pondera los impactos positivos que puede traer un proyecto, a pesar de afectar significativamente la “línea base” ahora y mañana? ¿Quién calcula las externalidades positivas, en ese territorio y en otros, como desarrollo de know how, capacitación, investigación e innovación que se darán dinámicamente? ¿Quién vela por otras comunidades que quedan fuera del radar?
Algo así de estático no puede ser el eje principal de las decisiones de inversión. Se necesita emprender con convicción un cambio de paradigma, y que pasemos del SEIA a algo que llamaré SEIP, sistema de evaluación integral de proyectos. Un sistema que abarcando lo ambiental, contraponga otras dimensiones.
¿Dejar el medio ambiente de lado? Por supuesto que no. Pero hay que integrar otras fuerzas al SEIA y al SEA contraponiendo pros y contras con perspectiva dinámica. Requerirá de institucionalidad autónoma, visión país, potestades amplias, entre ellas apurar y simplificar procesos, zanjando criterios, con sentido de urgencia, bajo un mandato claro: promover el desarrollo sostenible para las generaciones presentes y futuras.
Todo impacta, y cautelar lo actual no debe ser la única dimensión. Dónde ubicarlo, cómo nombrarlo, cómo interviene, y cómo se hace para evitar más burocracia y captura excede esta columna.
Algunas mejoras al sistema en esta línea están en el proyecto de reconstrucción, entre otras la que propone que el Estado se haga cargo de la reversión en tribunales de aprobaciones que cumplieron con todo hasta la RCA; si haciendo todo en regla el Estado aprobó, debe ser el propio Estado el que se haga cargo de los costos.
¿Será la última instancia? Quizás hay que mantener el Comité de Ministros, pero mitigando el efecto del ciclo político, incluyendo terceros, como rectores, miembros de asociaciones gremiales empresariales, economistas y eventualmente trabajadores.
Muchos expertos en lo ambiental discreparán de lo que planteo, con mucho mayor conocimiento que yo. Pero mi análisis no es desde la perspectiva ambiental: la actual institucionalidad ha derivado, por su propio mandato, a ser burocrática y miope, entrampándonos en un inmovilismo petrificante.
Es un deber abordar esto de raíz, respetando por cierto aspectos ambientales y de participación de comunidades, pero donde el norte sea subir el crecimiento potencial de manera sustentable.
Un aporte del director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional