Pena de muerte encubierta. ONG Cruzada por la reconciliación nacional

     La muerte del  Comisario Hermón Alfaro M., de 92 años, ocurrida en silencio dentro de su celda en Colina 1, es una señal brutal de lo que está pasando con los condenados por DD.HH, la mayoría condenados al margen de las leyes vigentes

No es un hecho aislado: es la consecuencia directa de una persecución ideológica en que jueces utilizan malamente la ley como arma de venganza que, en la práctica, está condenando a morir tras las rejas a personas que ya no representan ningún peligro para la sociedad.

Hoy hay 78 prisioneros mayores de 80 años, que aumentará con los cientos de procesados, la mayoría de ellos con un deterioro físico y emocional avanzado,  algunos postrados, casi ciegos, con enfermedades terminales o deterioro cognitivo severo.

¿Qué sentido tiene mantener tras barrotes a ancianos de 80 o 90 años?.    ¿A quién protege el Estado con esta crueldad?. ¿Qué justicia puede haber en negarles la posibilidad de morir acompañados por sus familias?

Las cifras son inapelables: desde 2010 han muerto 105 internos, y la curva crece cada año porque la mayoría ya supera los 70 y se agrava día a día. Son muertes evitables. Son muertes anunciadas.

El 21 de enero, el Frente Amplio bloqueó en el Senado la idea de legislar la Ley Humanitaria que permitiría penas alternativas para los mayores de 80 años. Ese bloqueo es ideológico: es un acto de indolencia.

Es cerrar los ojos ante una tragedia humana que ocurre bajo responsabilidad directa del Estado.

Chile no puede seguir mirando hacia otro lado.

   Esto no es justicia. Es ensañamiento.