Gerardo Varela – El Mercurio, Columnistas – 21/12/2024
Las sociedades democráticas consensuales suponen un ejercicio de diálogo, de respeto y por supuesto de acuerdos. Esa es la teoría y está bien que así sea, pero los acuerdos tienen límites en los derechos personales, en la ciencia o en la economía. No podemos privar de derechos a un grupo de gente porque nos cae mal o prohibir la ley de gravedad o derogar la ley de la oferta y la demanda.
| ”El argumento de exigir mayor solidaridad no se sostiene respecto de personas que ya pagan 19 % de IVA, 44,45 % de impuesto a la renta, contribuciones, patentes, etc.” |
Hoy estamos de acuerdo en que el sueño del Pibe (y que quebró a Argentina) de que trabajemos poco, contribuyamos menos, jubilemos jóvenes y tengamos pensiones generosas, no es sostenible económicamente. Siendo así, estamos buscando mejorar un sistema que ha cumplido con creces para lo que estaba diseñado, pero la combinación de mejores sueldos, baja cotización y más años de vida obliga a perfeccionarlo, pero no a cambiarlo.
Hay dos cuestiones centrales que no debemos olvidar. La primera es que con los retiros, la gente se reencantó con las AFP. Se dieron cuenta de que la plata era suya, estaba custodiada de la avidez de los políticos y bien administrada. Por eso hoy una marcha por No + AFP llevaría menos gente que una concentración de Arturo Frei Bolívar.
Lo segundo es que con la PGU se resolvió la falta de pensiones de los más pobres, los que nunca cotizaron, los que trabajaron informales, etc. Eso al país le cuesta una fortuna y ya lo pagamos todos.
El argumento de exigir mayor solidaridad no se sostiene respecto de personas que ya pagan 19 % de IVA, 44,45 % de impuesto a la renta, contribuciones, patentes, etc., que deben ahorrar para salud y pensiones y que, además, ayudan con tiempo y dinero a sus progenitores y parientes en dificultades.
Las encuestas muestran que los chilenos quieren solidaridad, pero me sospecho que es con la plata ajena no con la propia.
Hay tres temas en discusión que son relevantes, pero no dan para peleas fratricidas: (i) cómo mejorar las pensiones para los jóvenes de hoy que ganan y viven más, (ii) cómo mejorar las pensiones de las mujeres para que sean equivalentes a las de los hombres y (iii) cómo restaurar la confianza deteriorada después de los retiros para que las AFP puedan invertir en el largo plazo y mejorar las pensiones.
Para lo primero, es claro, hay que cotizar más y jubilar más viejo. Esto es técnicamente correcto, pero impopular porque el 6 % adicional sale del sueldo de los chilenos y tiene un costo alternativo, porque lo que se ahorra para pensión futura no se gasta en necesidades presentes (es legítimo sostener que es un mejor seguro contra la vejez destinar el 6 % a educar a sus hijos o pagar un dividendo hipotecario para tener casa propia).
Para lo segundo, hay varias soluciones que no distorsionan el sistema y se soluciona con una combinación de medidas técnicamente más correctas que un préstamo subsidiado al gobierno de turno: (i) que a las mujeres no les calculen la pensión obligándolas a provisionar pensiones de sobrevivencia para el marido (la mujer soltera a quien no se le calcula ese gravamen tiene un 2,4 % de mejor pensión que el hombre casado; (ii) usar el fondo de reserva de pensiones de 9.500 millones de dólares que maneja Hacienda; (iii) dejar de dilapidar plata en el fisco como si fuera acabo de mundo (CAE, fundaciones y asesores chantas, TVN, Transantiago, licencias falsas, 25 ministerios, etc.), y (iv) hacia el futuro, que se igualen las edades de jubilación de hombres y mujeres.
Y para lo tercero es preciso asegurar jurídicamente, subiendo los quorum legales, que no habrá nuevos retiros.
La mayor necesidad en la vejez son buenos servicios de salud. Si el Gobierno efectivamente estuviera preocupado de los veteranos, arreglaría la salud pública, que es una vergüenza. Es mala, cara e ineficiente.
Le metemos plata al sistema de salud público y parece un hoyo negro en que todo se gasta y nada mejora. Eso es una inmoralidad del Estado que ofende a nuestros jubilados.
Un acuerdo previsional que no contemple una reingeniería de la salud estatal les quitará en salud a nuestros jubilados lo que les subamos en pensiones.
Por eso acuerdos, sí, pero económicamente sostenibles y políticamente consistentes.
Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional