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    TEMUCUICUI: GRAVE “AUTOEXCLUSIÓN”. El Mercurio, Editorial, 03/07/2024

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    Julio 4, 2024
     

                                         TEMUCUICUI: GRAVE “AUTOEXCLUSIÓN”

    El Mercurio, Editorial, 03/07/2024

    Se calcula que unas mil personas —alrededor de 200 familias— viven en Temucuicui, en La Araucanía, cifra que no se ha podido corroborar, debido al rechazo por parte de los líderes de esa comunidad al ingreso de los encargados del Censo, hoy en curso en todo el territorio nacional.

    El último conteo en terreno fue hace más de 10 años (ya a partir del Censo de 2017 se hizo imposible la entrada de los encuestadores) y solo se tiene información indirecta, provista por medio de otros instrumentos y organismos públicos.

    Esta situación es otra arista del peligroso desafío al Estado de Derecho que desde hace años se viene planteando desde esa comunidad. Incluso ha abierto una discusión respecto de la pertinencia del acceso a beneficios sociales por parte de quienes, por otra parte, niegan la autoridad del mismo Estado que los provee.

    Más aún cuando, producto de la negativa a ser censados, se desconocen las verdaderas necesidades de una población que exhibe altos índices de pobreza y una parte de la cual es, probablemente, también víctima de quienes han impuesto un ilegítimo control territorial.

    Pese a la prolongación del estado de excepción en provincias del sur por más de dos años y a la disminución de los episodios violentos, no ha sido fácil la recuperación de una de las regiones con los mayores índices de vulnerabilidad del país.

    Contribuye en esta percepción de desconfianza para inversores y desarrolladores privados la repetición de hechos graves, como lo fue el asesinato hace algunos meses de tres carabineros en misión de servicio, pero también la impunidad que rodea a Temucuicui, donde —según antecedentes policiales— se asienta uno de los grupos más radicalizados, la Resistencia Mapuche Malleco (RMM), el mismo que acaba de reivindicar el sabotaje contra la línea férrea en Ercilla.

    La imposibilidad de censar es otro signo de un desafío al Estado de Derecho que se prolonga en el tiempo sin enfrentar consecuencias.

    Uno de sus cabecillas —y además vocero de la comunidad—, Jorge Huenchullán, imputado por delitos de narcotráfico, permanece prófugo de la justicia desde 2021, sin que pueda descartarse que se encuentre refugiado en el lugar.

    Distintos esfuerzos no han logrado terminar con esta ilegalidad. Elocuente fue el ataque armado que enfrentara la entonces recién asumida ministra del Interior, Izkia Siches, quien tuvo que desistir de entrar al sector en 2022, al ser atacada su comitiva a balazos.

    Frustrado también resultó antes un masivo operativo policial antidrogas, que culminó con la muerte de un policía y varios heridos.

    Muchas son las expectativas cifradas en el trabajo silencioso de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, cuyo informe final será entregado a fines de año, en el que se esperan proposiciones de solución para resolver la cuestión mapuche y dar un nuevo impulso a una zona largamente afectada por la violencia.

    El cambio de un discurso gubernamental que ahondaba en las ideas de plurinacionalidad —el propio Presidente Boric, cuando era diputado, se refirió a Temucuicui como “territorio liberado”—; la acción de la justicia, que ha permitido el desmantelamiento de grupos radicalizados; la continua extensión del estado de excepción, que se ha traducido en un estratégico despliegue militar y policial, y un marco normativo que castiga la usurpación y el robo de madera y refuerza el Estado de Derecho, han contribuido a la reducción de los incidentes violentos, aunque todavía sin lograr una normalización de la seguridad.

    Sin embargo, la vulnerabilidad en que viven las comunidades de la macrozona sur no parece factible de ser asistida —y superada— mientras persista una situación de supuesta excepcionalidad, como la que se vive en Temucuicui, cuyos líderes radicales se adjudican de facto una impunidad que desafía la autoridad del Estado sin mayores consecuencias.

    La imposibilidad de censar a esa población es una demostración más de un debilitamiento institucional que no logra ser revertido.

    Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
    Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

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