11 de septiembre: Una declaración episcopal. Gonzalo Ibáñez

Septiembre acaba de llegar a su término. Como era de esperar, dos fechas lo marcaron: el día 18 cuando conmemoramos el inicio del proceso de Independencia; y el día 11 en el que conmemoramos un nuevo aniversario del pronunciamiento militar de 1973. De cara a esta última fecha, el Comité Permanente del Episcopado Chileno estimó necesario emitir una declaración reflexionando acerca de lo que sucedió entonces. De entrada, sus miembros proclamaron que esa reflexión debía hacerse sobre una base: “Verdad sobre lo ocurrido: La sociedad necesita conocer los hechos con claridad, honrar la memoria de las víctimas y rechazar la manipulación del pasado”. Muy cierto este principio, y sobre esa base me atrevo a avanzar mi opinión.

Lo ocurrido el 11 de septiembre no puede entenderse sin tener a la vista lo que sucedía en Chile antes de esa fecha. Es decir, no pueden entenderse los hechos de ese día sin advertir como, con toda evidencia, el país estaba siendo conducido a una situación de ruina y, su población, a una situación de sometimiento total. Se quería imponer una dictadura marxista con toda la intrínseca perversidad propia de esa ideología. El país se batió para impedirlo empleando todas las armas pacíficas que encontró a la mano, pero fue imposible detener la decisión del gobierno de entonces en su designio de someter a Chile.

Las Fuerzas Armadas y de Orden chilenas se han caracterizado, a lo largo de nuestra historia, por ser obedientes al poder político de la nación y concentrarse en su preparación para cumplir con la misión que les encomiendan la Constitución y las leyes. Pero esa obediencia encuentra un límite: no es posible acatar una autoridad que se empeña en destruir al país. En 1973 llegó el momento en que la única posibilidad de rescatar al país y a sus habitantes de la tiranía en la que se los quería ahogar, fue la acción de esas Fuerzas destinada a recuperar el poder político para una finalidad de bien común. Es que el país era conducido a una situación de guerra civil: los partidos entonces en el gobierno habían declarado que la violencia no sólo era un instrumento legítimo para controlar el poder político, sino que era la “única” forma legítima de alcanzarlo: “La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del estado de clase. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y a su ulterior defensa y fortalecimiento” (Declaración del Partido Socialista en su Congreso de Chillán de 1967) y para esos efectos se armaban y organizaban milicias destinadas a enfrentar a nuestras Fuerzas Armadas.

Esa es la verdad histórica de lo que sucedió entonces y que, como tal, fue reconocida y proclamada por figuras como Eduardo Frei Montalva y Patricio Aylwin. La conclusión es clara y precisa: la responsabilidad de que ese día las armas hayan tenido que empuñarse recae en su totalidad sobre quienes se empeñaron hasta el final en doblegar al país bajo un régimen marxista. Y esa responsabilidad se extiende asimismo a las consecuencias dolorosas que el uso de las armas produjo. Es cierto que hubo abusos en el empleo de las armas y que ellos deben ser sancionados, pero eso no aminora ni un ápice la responsabilidad total de quienes obligaron al uso de esas armas.

Entre quienes deben ser considerados responsables de ese uso, se encuentran, por lo demás, varios miembros del clero de la época. Por ejemplo, este texto publicado en la Revista Mensaje (jesuita) de agosto de 1968: “Pero hay una tercera violencia. No brota ésta del odio o del resentimiento, tampoco es un desesperado gesto de miedo. No se ejerce en beneficio propio sino en servicio a los demás; por la misma razón no es meta sino instrumento. Esta violencia: paradojalmente penetrada de amor, destinada a romper cadenas y despertar lo humano en el hombre, a sustituir la injusticia instalada por una auténtica fraternidad, es la violencia que preconizaba el guerrillero Guevara”. Sería bueno que los obispos opinaran al respecto.

Concluyen los Obispos: “No puede consolidarse reconciliación auténtica allí donde persista la sensación o la realidad de la impunidad. La justicia debe aplicarse con rigor e imparcialidad para restablecer el orden moral quebrantado, actuando con rectitud y sin dar cabida al odio ni a la venganza”.

Sin embargo, quienes fueron responsables de haber hecho necesaria la intervención militar gozan de completa impunidad. Quienes debieron salir de sus cuarteles para impedir la disolución de Chile son, en cambio, perseguidos con odio y sed de venganza.

Es muy importante no esconder toda esta verdad, porque de lo contrario, lo más probable es que nos veamos empujados a repetir la historia. Nunca más nos podemos ver en la necesidad de recurrir a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden para que impidan la destrucción del país por culpa de un mal gobierno. Pero, la primera condición para que ello no suceda es que el país comprenda que nunca más puede aceptarse que el poder caiga en manos similares a las de aquellos que lo tenían antes del 11 de septiembre de 1973.

Agradecemos a los obispos su carta y la posibilidad que con ella abrieron de reflexionar una vez más acerca de nuestra historia.