RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD

¿QUO VADIS CANCILLERÍA DE CHILE?

¿QUO VADIS CANCILLERÍA DE CHILE?

Richard Kouyoumdjian Inglis, Vicepresidente AthenaLab. El Mostrador, 26/o7/2022

Próximos a cumplir cinco meses desde la instalación del gobierno, ya no hay espacio para más desaciertos, desprolijidades, vergüenzas, ridículos ni descoordinaciones en el manejo de nuestras relaciones internacionales. Ya basta del daño a la imagen de nuestro país en el exterior. [1]

El debut del gobierno, con serios problemas de ceremonial y protocolo para la ceremonia de cambio de mando, se vio coronado con la entrevista del Presidente a un canal de televisión, donde culpó al Rey de España por los atrasos en el programa. Semejante desatino le valió una respuesta muy fuerte e inusual de la Casa Real Española, la que con razón reaccionó airada, y también un video que ha circulado profusamente por Chile y el mundo le consagró a nuestro Presidente un apodo internacional por ese episodio.

Los dichos de la ministra del Interior sobre el “Wallmapu” nos generaron problemas con Argentina. La designación de embajadores es un tema en desarrollo que nadie logra entender.

El problema empeora aún más, cuando la Canciller sale a explicar que han cumplido con la promesa de campaña respecto del número de embajadores no profesionales, cuando la crítica que se le hace no es sobre los números, ni el cuoteo, ni las promesas electorales, sino sobre la idoneidad, capacidad y relevancia de las designaciones, como también por la lentitud del proceso.

La designación del hijo de una diputada comunista como agregado cultural en España, el impasse con el cónsul de Chile en Barcelona (la increíble reprimenda formal que recibió el cónsul, funcionario profesional del servicio exterior de Chile, por defender el interés del país en contra del nepotismo) y el corolario del affaire donde el hijo de la diputada comunista tendrá que “renunciar a su nacionalidad española para representar el interés de Chile”, son episodios de vergüenza en el servicio exterior.

Estamos negociando con la Unión Europea aspectos únicos de la actualización de nuestros tratados de libre comercio y nos damos el lujo de declararnos “en reflexión”. Tenemos parada la aprobación del TTP11 en forma inexplicable, toda vez que fuimos parte de los promotores de la iniciativa.

Tenemos a un ministro de Hacienda invirtiendo su capital técnico, académico y de seriedad profesional y personal en un Chile Day, en Nueva York, convenciendo a los inversionistas que las políticas impulsadas por el gobierno no son tan dañinas ni tan malas como parecen, mientras que, al mismo tiempo, el Subsecretario de Relaciones Económicas recibe en forma pública, notoria y publicitada al grupo de presión “Chile mejor sin TLC”.

Mientras por años hemos tratado de posicionar a Chile como una potencia alimentaria, el Ministerio de Agricultura habla de “soberanía alimentaria” y cuando países del mundo postulan a un abogado chileno, Claudio Grossman, para integrar, ni más ni menos que la Corte Internacional de Justicia de la Haya, la cancillería simple y sencillamente no existe.

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric está próximo a cumplir 5 meses de mandato, los que no han estado exentos de polémicas y desaciertos. Algunos de esos desaciertos vienen de parte del manejo de las relaciones internacionales del país, comandadas por la ministra Antonia Urrejola. En esta columna, el autor hace un repaso de algunos de estos hechos, como el problema que tuvo con el Rey de España el día del cambio de mando, los dichos sobre el “Walmapu” que originaron problemas con Argentina y lo último, la propuesta de la Convención Constitucional que establece, en rango constitucional, que la política exterior de Chile “debe privilegiar sus relaciones con América Latina. ¿A pito de qué?”.

Ahora vamos por Bolivia, pero sin agenda ni planificación estratégica, ingenuamente, creyendo en el buenismo internacional. Alguien en Cancillería no está haciendo bien la pega.

Chile perdió su brújula y está a la deriva en la escena internacional. No tiene un norte claro. Sin norte claro es imposible determinar el rumbo. Sin determinar el rumbo vamos a la deriva empujados por fuerzas que no controlamos. Estamos en un estado de confusión. Confundimos el qué hacer con el cómo hacerlo. Sin saber a dónde vamos nos aferramos al multilateralismo. No importa para donde, mientras sea con multilateralismo.

Derechos humanos y medio ambiente cumplen exactamente el mismo propósito. No importa para dónde. Pero por el solo hecho de respetar los derechos humanos, no vamos a ninguna parte, con sólo respetar el medio ambiente, tampoco.

Como guinda de la torta tenemos la propuesta de la convención constitucional que establece, en rango constitucional, que la política exterior de Chile debe privilegiar sus relaciones con América Latina. ¿A pito de qué? Es por eso por lo que parece pertinente preguntar: “¿Quo Vadis Cancillería de Chile?”.

Estamos en el siglo XXI. Un siglo marcado por los procesos de globalización. La tecnología ha hecho posible hacer converger la energía, las materias primas, el conocimiento y el capital en países donde existen ventajas comparativas y competitivas para desarrollar los procesos industriales de transformación.

La capacidad humana y la excelencia se mueve sin fronteras. China es el mejor ejemplo de este proceso.

Un sistema altamente eficiente de transporte marítimo mundial, sosteniendo cadenas logísticas de carácter planetario, una internet que transporta información relevante en tiempo real a todas partes y una población libre de elegir cómo, dónde y cuándo informarse, hacen que sea absolutamente imposible que existan países autárquicos, salvo que se llegue a los extremos de control autoritario de la dictadura comunista de la familia Kim, en Corea del Norte.

Las personas de todas partes del mundo comparan, por sí mismas, la realidad en la que viven sus pares en otros países, con la realidad propia. Las barreras administrativas, arancelarias e ideológicas que algunos países producen no son suficientes para frenar las estampidas.

Al final del día existen países con sus regímenes políticos a los que la gente quiere llegar, incluso, a riesgo de sus vidas, y hay países con sus regímenes políticos de los cuáles la gente está dispuesta a dar la vida por arrancar. Se producen así flujos migratorios basados en el sentido común. La gente se desplaza porque quiere estar mejor y no peor de lo que estaba.

Los países que tienen intereses y objetivos comunes desarrollan tratados y alianzas para potenciar su poder nacional en la mesa de negociaciones. Los chilenos tenemos un pasaporte que vale mucho y que tomó décadas conseguir ese prestigio. Visa waiver con EE. UU., libre tránsito sin visa en muchos países. Tratados para evitar la doble tributación, tratados de libre comercio, alianzas educacionales y culturales, pertenencia a la OCDE.

Vivimos en un mundo interconectado que necesita de ciber embajadores, que necesita interactuar en formas nuevas y distintas a las que hoy conocemos, que necesita expresiones diferentes y dar cuenta de realidades muy distintas, en fin, un universo de relaciones internacionales valiosas que permiten que vivamos la vida que hoy vivimos, que nos proyectemos al mundo mucho mejor que las anteriores generaciones de chilenos, pero que demandan de nuestra Cancillería una visión prospectiva de futuro muy distinta de la que está ofreciendo hoy.

Por todas estas razones no podemos darnos el lujo de seguir sin rumbo y sin capitán. No podemos seguir derrochando esfuerzos y recursos en actividades que reportan muy poco a lo sustantivo del interés nacional. Nos hace falta, y lo decimos como chilenos responsables y preocupados de las relaciones internacionales de nuestra Patria, mayor claridad respecto del quehacer de la Cancillería. No es un problema comunicacional. Es un problema de ausencia de liderazgo, de contenidos, orientaciones, metas s y objetivos. De falta de hechos y de falta de medición de resultados. ¿Para dónde vamos?

Chile necesita una Cancillería que lidere y marque el norte de para dónde vamos en el escenario internacional. ¿Cuál es nuestra identidad y cuál es nuestra aspiración como país tricontinental: polinésico, antártico, sudamericano, y, además, ¿conectado –abierto– dependiente del mundo?

Para un país pequeño como el nuestro, cuyo bienestar y desarrollo depende del comercio exterior, de nuestra relación con nuestros pares en el mundo, del tráfico marítimo, de nuestras alianzas estratégicas con amigos que buscan un buen orden en el escenario internacional basado en reglas claras y de nuestra capacidad de acceder a mercados internacionales con los productos de nuestro esfuerzo y capacidad exportadora, es fundamental contar con una Cancillería aterrizada en los hechos, en las cifras y en el sentido común, y por sobre todo, entendiendo el interés nacional.

Necesitamos una Cancillería que fije prioridades por análisis estratégicos y que vincule, claramente, causa y efecto en los esfuerzos de política exterior. Lo que pasa en el mundo nos afecta a todos los chilenos, todos los días.

Sólo por esa razón tenemos el derecho y la obligación de exigir de nuestras autoridades a cargo de las relaciones internacionales mayor seriedad, correcta planificación, clara orientación. Por, sobre todo, liderazgos claros y entender que su propósito es defender y proteger el interés nacional, el interés de Chile.

Finalmente, la Dirección Nacional de Ceremonial y Protocolo de nuestra Cancillería, de ser posible, debiera ser mucho más proactiva en su función. Tal vez podría buscar sabiduría en una norma que enseñaban antes las abuelas chilenas: “Donde fueras haz lo que vieras”.

Dentro del país, las autoridades se deben a su electorado y su formalidad, o ausencia de ella, es una materia del juego democrático que queda al arbitrio de los electores. Sin embargo, cuando se viaja al extranjero, representando no solo a los chilenos de hoy, sino a todas las generaciones de chilenos que nos precedieron en crear y posicionar una imagen de lo que hoy es nuestro país y, además, generando las condiciones de prestigio e imagen para aquellas generaciones que vendrán en el futuro, resulta necesario asesorar a nuestras autoridades respecto a la formalidad en el actuar, en el decir, en el hacer y en el parecer.

Esa sería una inmensa contribución a la imagen país de Chile en el extranjero.

[1] Nota del Editor: A lo indicado en el presente artículo se debe agregar la reciente prohibición de celebrar nuestras Fiestas Patrias en las embajadas de Chile acreditadas en los diferentes países del mundo por razones de “economía fiscal”.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Columna de Opinión

DERECHOS CON LETRA CHICA

DERECHOS CON LETRA CHICA

Jorge Jaraquemada, Director ejecutivo Fundación Jaime Guzmán

El Líbero, 02/08/2022

Sobre los derechos sociales consagrados en la propuesta constitucional descansa gran parte de las expectativas que sus promotores tienen en que la ciudadanía apoye la opción Apruebo en el plebiscito de septiembre.

Sin embargo, un análisis pausado de los principales derechos garantizados por el texto permite afirmar que esas expectativas pueden verse notoriamente defraudadas.

Vamos a ejemplificar con cinco ejemplos, intentando mostrar los riesgos que significaría para la sociedad chilena adoptar este borrador de nueva Constitución.

Sobre el derecho a la vida hay un cambio de paradigma drástico, pues contrario a lo que establece la Constitución vigente, que manda proteger la vida del que está por nacer, el proyecto constitucional consagra el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, sin señalar ningún tipo de plazo dentro del cual se podría realizar el aborto ni tampoco las causales que pudieran fundarlo.

La norma solo afirma que la ley deberá regular su ejercicio. A propósito de la polémica surgida entre quienes afirman que esta derivación a la ley comprendería establecer plazos y causales, cabe señalar que, en nuestra tradición constitucional, la regulación del ejercicio de un derecho garantizado a nivel constitucional no admite colocarle límites que afecten su esencia y, dado que la norma constitucional nada señala en torno a esos cercos, bien podría alegarse que plazos y causales afectan su esencia y, en consecuencia, una norma de rango inferior no podría establecer límites porque sería inconstitucional.

Adicionalmente, la propuesta señala que el derecho a interrumpir el embarazo debe estar libre de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones. Esta norma expulsa del texto constitucional el ejercicio de la libertad de conciencia, vulnerando este ámbito íntimo de las personas y el legítimo derecho a fundar entidades bajo un ideario distinto del estatal.

En concreto, un médico o un hospital ya no podrán rehusarse a practicar un aborto amparándose en su libertad de conciencia.

El derecho de propiedad se debilita debido a la forma de tratar la expropiación. Actualmente se requiere que la indemnización sea pagada en efectivo, al contado, de manera previa a la toma de posesión material del bien y en base al daño patrimonial efectivamente causado. La propuesta omite gran parte de estos requisitos, pero lo más innovador es que el precio a pagar por el bien expropiado sería uno justo. La pregunta es ¿cómo y quién define cuál es el precio justo?

El proyecto de nueva Constitución hace crecer la influencia del Estado a costa de la libertad de elección de las personas y coloca barreras a la participación de la sociedad civil.

Aunque se ha argumentado que sería lo mismo que el precio de mercado, lo cierto es que ello no se condice con la realidad. Si efectivamente fueran lo mismo, no se habrían rechazado todas las indicaciones presentadas para reemplazar ese concepto por “precio de mercado”.

Al rechazarlas la Convención implícitamente reconoce que no los considera equivalentes. Además, el derecho a la vivienda digna asegurado en el texto no supone la propiedad individual. Todas las indicaciones dirigidas a establecer un derecho a la vivienda propia fueron rechazadas, como así también se descartaron todas las que perseguían establecer el deber del Estado de desalojar las ocupaciones ilegales. En consecuencia, la propiedad queda sometida a la incertidumbre e incluso a la arbitrariedad.

Con relación a la educación, la propuesta constitucional la concibe como un deber primordial del Estado y ya no de los padres, desechando que es la familia la encargada natural de la educación de los hijos y que solo delega parte de ese rol en el establecimiento educacional, sea estatal o privado.

El texto limita el rol de los padres en la educación a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo -evitando incluso usar la palabra hijos- como si educar se restringiera solo a optar por un colegio. Adicionalmente, garantiza la libertad de enseñanza, pero sin definirla ni dotarla de contenido, evitando decir que comprende el derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, como sí lo hace el texto vigente que ha sido la base de la educación particular, privada y subvencionada.

También señala que el Sistema Nacional de Educación, formado por todos los establecimientos de educación de cualquier nivel, se regirá por los fines y principios que señala para la educación y que tendrán prohibida toda forma de lucro. Esto significa que si un colegio particular quiere mantener la subvención estatal deberá renunciar al copago que aportan los apoderados. ¿Y qué pasará si las entidades que supervisan ese colegio consideran que no se ajusta a los fines y objetivos de la educación definidos constitucionalmente?

En el ámbito de la salud se crea un Sistema Nacional, estatal e integrado. Los aproximadamente 3.3 millones de chilenos actualmente afiliados a Isapres no podrán elegir su sistema de salud, sino que deberán cotizar obligatoriamente en el sistema estatal. Esto implicará una sobrecarga en las atenciones que deberá brindar el sistema público.

Las Isapres no formarán parte de este sistema nacional y desaparecerán o bien se transformarán en prestadores de seguros complementarios. Las personas podrán contratar seguros privados, pero con un carácter complementario y adicional, perdiendo la cotización que aportan al sistema estatal. Los prestadores privados de salud (centros médicos, clínicas) que deseen formar parte del sistema nacional podrán hacerlo única y exclusivamente si cumplen los requisitos exigidos por el Estado.

Por lo tanto, aquellas personas que quieran mantener el nivel de atención al que están acostumbrados en el sector privado estarán obligados a contratar seguros complementarios y a asumir que la cotización que obligatoriamente se les descontará para financiar el sistema nacional de salud será un costo hundido, una especie de impuesto a la salud. Lo que obviamente redundará en un encarecimiento de sus costos de salud.

Sobre las pensiones se establece la creación de un Sistema de Seguridad Social público y estatal. Será el Estado el encargado de administrar los fondos de pensiones mediante un sistema fundado en la universalidad y solidaridad.

Las actuales Administradoras de Fondos de Pensiones -AFP- no son mencionadas en el texto. Todo apunta a que no se tratará de un sistema con componentes de capitalización individual, sino uno de fondo común, donde los trabajadores ya no serán propietarios de sus ahorros previsionales y, por ende, no podrán heredarlos. Lo anterior queda confirmado con el hecho de que la Convención rechazó todas las iniciativas populares (“Con mi plata NO”) o las indicaciones de convencionales que buscaban consagrar la propiedad individual de los trabajadores sobre sus fondos de pensiones.

Esto refleja la opinión predominante en los grupos que hegemonizaron la Convención sobre que la seguridad social y la capitalización individual son incompatibles. Queda pendiente saber qué sucederá con los fondos de pensiones que actualmente administran las AFP, lo que probablemente será zanjado en la reforma previsional que impulsa el gobierno.

En suma, el proyecto de nueva Constitución prometía encaminar al país hacia una solución en materia de derechos sociales. Sin embargo, lo que ha logrado ha sido contrariar el sentido común de los chilenos haciendo crecer la influencia del Estado a costa de la libertad de elección de las personas y colocando barreras a la participación de la sociedad civil.

Nada indica que con la eventual aprobación del texto propuesto la vida de los chilenos vaya a mejorar. El amplio catálogo de derechos sociales consagrados -aquí nos hemos referido solo a cinco- hacen difícil visualizar un futuro donde el Estado sea capaz de financiar todo lo prometido y aunque alguna vez pudiera habría sido a costo de una regresión en libertades esenciales para la vida en comunidad.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD

“La dimensión del Metaverso: entre ficción y realidad”

“La dimensión del Metaverso: entre ficción y realidad”

CIEE de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) N° 6 de julio 2022

Metaverso ha comenzado a constituirse como una nueva dimensión sobre la cual la Aldea Global ha volcado su atención. En palabras simples, el Metaverso trata de una exposición espacial y sensorial que puede entregar una realidad alternativa a la que comúnmente conocemos. Esta realidad alternativa surgió en la década de los noventa, sin embargo, su concepción data de mucho antes. Neal Stephenson describió en sus libros de ciencia ficción una dinámica que unió el concepto meta al universo, dando como resultado esta nueva realidad.

Tras la explosión del internet, en la década de los noventa, se vio nacer a los avatares, considerados como la primera ola de realidad virtual. Rápidamente se transitó a la tercera ola, conocida como la realidad del Metaverso un ambiente que se potencia con la Web3, el blockchain, así como los Not Fundgibles Tokens (NFT).

 Uno de los principales impulsores de esta nueva dimensión es Mark Zuckerberg, creador de Facebook, y que cambió el nombre de la empresa por Meta, pretendiendo relacionarla con nuevas tecnologías disruptivas. Ya no solo ha comenzado a invertir grandes sumas de dinero, sino que también en capital humano. Sin embargo, los costos del desarrollo e implementación no se han traducido en mayores inversiones.

Por otra parte, un área en donde el metaverso aún pareciera un misterio es en la industria de la Defensa. Recientes estudios de la Fuerza Aérea de EE. UU., han determinado que en China se están preparando para la próxima etapa, postulando que la guerra del Metaverso se posicionará como el escenario más importante. Esta nueva realidad no solo requerirá que los soldados estén físicamente entrenados, sino además deberán poseer capacidades y competencias tecnológicas.

Esta condición virtual permitiría reducir las bajas en el combate real, del mismo modo podrían desaparecer los heridos y/o fallecidos. Una realidad no tan lejana que de avanzar en su desarrollo, está cada vez más cerca. Esta carrera la lidera China y Estados Unidos, y cómo no, las dos potencias que continuamente compiten por alcanzar el sitial de poder e influencia a nivel mundial.

El CIEE, tomando en consideración los alcances y repercusiones que puede acercar el Metaverso, considera relevante presentar los antecedentes que han sido difundidos, para así contribuir a un debate que no se ha dado, principalmente porque no solo se relaciona con ámbitos tecnológicos, económicos y estratégicos, sino que además puede afectar a la sociedad de un mundo globalizado.

CIEE-ANEPE

Ver Nesletter completo en:https://anepe.cl/wp-content/uploads/2022/08/Newsletter-N%C2%B06-2022.pdf