RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD

LA MISIÓN DE LA ONU EN UCRANIA DENUNCIA QUE EL “DESPRECIO DE RUSIA POR LOS CIVILES ES BRUTAL”

 

LA MISIÓN DE LA ONU EN UCRANIA DENUNCIA QUE EL “DESPRECIO DE RUSIA POR LOS CIVILES ES BRUTAL”

Agencia EFE, 16/03/2023

La misión tripartita de la ONU para investigar violaciones de derechos humanos en Ucrania presentó hoy su nuevo informe sobre los abusos en el conflicto, en el que identifica crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por las fuerzas rusas con “un brutal desprecio por la vida de los civiles”.

Así lo subrayó en rueda de prensa el presidente de la misión, el noruego Erik Mose, quien aseguró que el informe, que se presentará la próxima semana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, muestra que Rusia “ha cometido numerosas violaciones de los derechos humanos y las leyes humanitarias”.

Estos abusos “constituyen crímenes de guerra que incluyen asesinatos, ejecuciones sumarias, tortura y tratos inhumanos, violaciones y deportaciones forzosas”, destacó Mose.

El nuevo documento amplía de cinco a nueve las regiones de Ucrania investigadas por la comisión con respecto al informe preliminar que la misión emitió en septiembre de 2022, también amplía de dos a once los meses a estudio (hasta enero de 2023), añadiendo a la acusación previa de crímenes de guerra la de crímenes contra la humanidad.

“Desde octubre se han observado ataques sistemáticos a infraestructuras de energía, de calefacción, que afectan a millones de personas, y han tenido grave impacto para la educación, la sanidad… por ello podrían constituir crímenes contra la humanidad”, explicó la bosnia Jasminka Dzumhur, miembro de la comisión.

El hecho de que Rusia cuente con lugares específicos para torturar a civiles y prisioneros de guerra, y la brutalidad con la que son perpetrados es otro motivo para acusar a Rusia de estos crímenes de lesa humanidad, añadió la experta.

El informe detalla numerosos tipos de tortura que van desde el suspender a los detenidos del techo con las manos atadas en “posición de loro” al estrangulamiento con cables, bolsas de plástico o máscaras de gas, la violación en confinamiento, palizas o electrocuciones.

En el caso de esas electrocuciones, el documento detalla un método de tortura apodado por los captores como la “llamada de Lenin” o “llamada de Putin”, en el que un teléfono de uso militar es conectado mediante cables a los pies, las manos o los genitales del detenido para usarse como fuente de dolorosas descargas.

El grupo también investigó el traslado de niños ucranianos a territorio ruso

Estos castigos en ocasiones se infligían a detenidos por hablar ucraniano o no recordar la letra del himno ruso, indica el informe, realizado con más de 600 entrevistas a testigos y víctimas de estos abusos.

“Las condiciones de detención son inhumanas para hombres y mujeres de todas las edades, y podían suponer crímenes de guerra y violaciones de la libertad y la seguridad de los seres humanos”, señaló el colombiano Pablo de Greiff, tercer miembro de la comisión.

Traslado de menores. El traslado de niños ucranianos a zonas de Ucrania bajo el control de Moscú y a Rusia es otro aspecto que constituye “un crimen de guerra”, dijeron los investigadores.

Según Kiev, 16.221 niños fueron deportados a Rusia hasta finales de febrero de este año, pero la comisión no pudo verificar esa cifra.

Sin embargo si señaló, que responsables rusos tomaron medidas jurídicas y políticas relativas al traslado de niños ucranianos y que el presidente Vladimir Putin firmó un decreto en mayo de 2022 para facilitar la concesión de la ciudadanía rusa a algunos menores.

La comisión también intentó comprobar si el bombardeo y el asedio de Mariupol en el sureste de Ucrania, se puede considerar como un crimen contra la humanidad.

No obstante, concluyó que faltaban elementos para llegar a esa conclusión, pues los investigadores no pudieron acceder a la región de Donetsk, donde se encuentra Mariupol, una ciudad portuaria sitiada durante meses por el ejército ruso hasta que cayó en sus manos, en mayo 2022.

La comisión recomendó que el caso se siga investigando.

El grupo fue creado el año pasado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuyos 47 estados miembros deberán decidir en abril si prolongan su mandato o no.

Hasta ahora la comisión ha visitado 56 localidades y ha interrogado a 348 mujeres y 247 hombres. Sus investigadores inspeccionaron sitios destruidos y lugares de sepultura y tortura.

El presidente de la comisión señaló en rueda de prensa que por ahora se ha descartado acusar a las fuerzas invasoras rusas de genocidio, pese a que autoridades ucranianas aseguran que actos como la deportación de decenas de miles de niños de este país a territorio ruso podrían constituir tal crimen.

“Seguimos buscando evidencias en este sentido, algunos hechos parecen apuntar a que Rusia apunta deliberadamente hacia ciertos grupos pero aún no hemos llegado a ninguna conclusión”, señaló Mose al respecto.

El informe también documentó un “pequeño número de violaciones” cometidas en el conflicto por las fuerzas armadas ucranianas, incluyendo ataques indiscriminados y al menos dos incidentes que podrían constituir crímenes de guerra, en los que prisioneros fueron asesinados, heridos y torturados.

La misión tripartita opta por ahora por no dar nombres concretos de líderes y oficiales rusos como responsables directos de los crímenes de guerra y contra la humanidad.

De Greiff indicó en rueda de prensa que una lista de posibles perpetradores está “en construcción” pero “no está previsto que se haga pública”.

El informe menciona que más del 90 % de las víctimas civiles han sido causadas por artefactos explosivos (tales como misiles u obuses) que han destruido miles de edificios residenciales, más de 3.000 instituciones educativas y más de 600 instalaciones médicas.

Menciona ejecuciones sumarias de al menos 65 hombres, dos mujeres y un niño de 14 años, en localidades como Bucha, en las afueras de Kiev, especialmente en los primeros meses de conflicto.

En varios casos se atacó deliberadamente a civiles cuando huían de zonas bajo control ruso en áreas como Kiev, Járkov o Sumi, indicó el documento, que denunció que muchos de los detenidos ilegalmente por Rusia están en paradero desconocido.

Los casos de violación documentados fueron contra víctimas de entre 4 y 82 años, a menudo durante registros domiciliarios o contra personas detenidas.

“Se cometieron a punta de pistola, con extrema brutalidad y acompañados de actos de tortura que incluyeron palizas y estrangulamientos”, señala el texto, que subraya que en muchos casos una persona fue violada por varios captores, y en una ocasión era una mujer embarazada que sufrió un aborto pocos días después.

En el caso de las deportaciones forzadas de niños a territorio ruso, “a los niños se les dijo que serían acomodados en instituciones o con familias adoptivas”, y durante su traslado sufrieron maltrato, mala alimentación e inadecuado cuidado médico.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones consideradas en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

Seguridad y defensa

RESPALDO A CARABINEROS

 

 

RESPALDO A CARABINEROS

El Mercurio, Editorial, 17/03/2023

 

Tras el cobarde atropello que le costó la vida al cabo Álex Salazar en Concepción, el general director de Carabineros volvió a exigir al Legislativo la tramitación de proyectos de ley cuyo objeto sería proteger y fortalecer el trabajo de los policías.

En una referencia más amplia, el general director acusó una falta de respaldo de los poderes del Estado.

El diagnóstico es sin duda certero. Solo después de varios meses en sus cargos las autoridades de gobierno comenzaron a darse cuenta de que la conservación del orden público depende en forma crítica de que los carabineros puedan desempeñar adecuadamente su trabajo.

Pero esta condición no se cumplirá si todo el proceder policial es mirado con sospecha, si se restringen en exceso sus facultades, si ante cualquier incidente se parte por echarle la culpa al funcionario policial, si la autoridad no reconoce cuando se ha equivocado ni restablece en lo posible la honra de las personas injustamente acusadas.

El Gobierno ha negado que exista una actitud basal de suspicacia ante Carabineros por parte de la autoridad.

Sin embargo, esta negación contradice los dichos de numerosos personeros de las coaliciones gobernantes y toda una historia de actuaciones que demuestran justamente lo contrario, comenzando por el propio Presidente de la República.

La única forma de evitar que la actual negación tenga un carácter exclusivamente retórico es pasar decididamente a los hechos.

Este tránsito, no obstante, puede resultar particularmente complejo si se mantienen las visiones simplistas y maniqueas que dividen a las personas en buenas y malas.

Bajo esta lógica, la denominada Operación Huracán, el multimillonario fraude de los funcionarios de Intendencia, los lamentables episodios de ocultamiento de evidencia y, más recientemente, las fotografías de tres generales con un exjugador de fútbol tras el llamado de la diputada Orsini son solo otras tantas razones para que algunos lleguen a calificar a la institución en su conjunto como un foco de abusos, amiguismo y corrupción.

El tan mencionado “respaldo” a Carabineros debe comenzar por adoptar una actitud sensata y realista.

Por otro lado, episodios como estos efectivamente dan cuenta de cuánto le queda a Carabineros de Chile por avanzar en lo que respecta a estándares mínimos de seriedad y profesionalismo. Está bien exigir respeto, pero también hay que ordenar la propia casa.

Así, el tan mencionado “respaldo” a Carabineros debe comenzar por adoptar una actitud sensata y realista, consciente de las limitaciones de la formación y cultura policial, pero que al mismo tiempo asume —hasta que no se demuestre lo contrario— que los efectivos han obrado de buena fe y en cumplimiento de su deber.

La revalorización de la policía y el respeto a quienes la integran no pueden estar referidos a instituciones y personas ideales, sino a aquellas que, con sus virtudes y defectos, efectivamente existen.

Desde este punto de vista, una relación fructífera y positiva entre los poderes del Estado, incluyendo el Poder Judicial, y las fuerzas policiales no requiere de grandes modificaciones legales o reglamentarias, sino sobre todo de una vuelta al sentido común y jurídico más elemental.

Por ejemplo, y tal como demuestra el caso del malabarista de Panguipulli, entre muchos otros, la aplicación de fuerza letal debe enjuiciarse en el contexto en el que realmente ocurrieron los hechos, utilizando el parámetro que corresponde a un funcionario con cierta formación especializada, pero que sigue siendo una persona normal.

Como decía un destacado juez y penalista ya fallecido, “la profesión de héroe no existe”.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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Columna de Opinión

EL TELEFONAZO DE LA DIPUTADA ORSINI

 

EL TELEFONAZO DE LA DIPUTADA ORSINI

Hernán Corral Talciani

El Mercurio, Columnistas, 15/03/2023

Nadie puede meterse ni comentar las relaciones amorosas de una diputada soltera, por lo que las declaraciones de la exmujer de Jorge Valdivia, conocido como “el Mago Valdivia”, Daniela Aránguiz, revelando que existía una relación afectiva entre su exmarido y la diputada Maite Orsini, son impropias y dignas de la peor farándula.

En este sentido son razonables las opiniones de las ministras Antonia Orellana y Ana Lya Uriarte, en cuanto a que se respete la vida privada de la diputada.

Pero otra cosa es que la diputada Orsini haya intercedido a favor de Valdivia, mediante un WhatsApp dirigido al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que al estar de vacaciones la derivó a su subrogante, y que luego llamara a la general Karina Soza para hacerle presente que el exjugador había sido víctima de un control de identidad abusivo y que había terminado detenido.

Lo que la diputada declaró en la conferencia de prensa en el sentido de que ella hizo ese llamado respecto de una persona de alta figuración pública, que no identificó, y que su intención era que la institución de Carabineros pudiera protegerse de un reclamo de dicha persona, es francamente inverosímil.

Por otro lado, y ante la autodenuncia de la diputada, se está procediendo a una investigación por parte del Ministerio Público, que lleva el fiscal Patricio Cooper, en la cual ya han declarado varias personas.

El cargo sería por tráfico de influencias, que es una hipótesis de negociación incompatible o cohecho, pero es dudoso que la diputada Orsini haya intercedido para favorecer intereses patrimoniales de terceros, en este caso del exjugador Jorge Valdivia. En este sentido, es posible que ella sea declarada inocente de cualquier ilícito penal, aunque se le atribuya la calidad de funcionaria pública.

Pero cosa distinta es si ella ha dañado el prestigio de la Cámara de Diputados, al hacer estas gestiones a favor del exjugador. Esto parece evidente, y constituye una transgresión al Reglamento de la Cámara, que dispone que “usar indebidamente el título oficial, los distintivos o el prestigio de la Corporación para asuntos de carácter personal o privado”, es una falta a la ética parlamentaria.

La denuncia de algunos diputados de la UDI debiera prosperar para que se imponga a la diputada una sanción ejemplarizadora.

“La llamada es a todas luces improcedente y contribuye a desprestigiar más aún a los políticos”.

Puede que ella tuviera el derecho de llamar a Carabineros para denunciar un abuso policial, pero lo que no debió hacer es ocultar esos llamados hasta que los medios los sacaran a la luz, revelando su cercanía con el exjugador.

Lo que más ha molestado es que tres generales de Carabineros: Jean Camus, jefe de la zona Este; Marcelo Lepín, de la zona Oeste, y Carlos González, de la zona Metropolitana, hayan recibido a Jorge Valdivia, tomándose fotografías con el exjugador.

Esto es algo que no corresponde, porque ¿qué sucedería si el afectado fuera un ciudadano común y corriente? ¿Se haría lo mismo con él? ¿Tres generales pidiendo excusas al exjugador Valdivia, sacándose fotos con él y recibiendo camisetas autografiadas?

No extraña que la ministra del Interior, Carolina Tohá, haya llamado al general director de Carabineros para que adopte medidas que solucionen este asunto.

El que el exjugador haya sufrido un control de identidad y que haya sido detenido no justifica que sea recibido por tres generales de la institución policial. La única versión que se tiene es la del propio Valdivia, y no se ha investigado cómo se gestó esa detención y si hubo o no conducta agresiva del exjugador que justificara su arresto.

La llamada de la diputada a Carabineros para representar el abuso sufrido por el exjugador Valdivia es a todas luces improcedente y contribuye a desprestigiar más aún a los políticos, que llaman para gestionar intereses de terceros, todo subrepticiamente y sin ninguna transparencia.

La diputada Orsini se equivocó al interceder por el exjugador, y que, según sus declaraciones, lo haya hecho para proteger a la institución, es absurdo.

Pero lo más grave es que al menos tres generales recibieran a Valdivia y se tomaran fotos con él, para disculparse por un control de identidad aparentemente abusivo por el que fue detenido.


Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

Las opiniones consideradas en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

 

 

 

 

Columna de Opinión

CHINA GLOBAL

CHINA GLOBAL

El Mercurio, Editorial, 16/03/2023

C

hina se adjudicó un sorpresivo éxito en su política exterior y en su afán por mostrarse como un actor global que puede contribuir a la paz, al mediar entre Irán y Arabia Saudita para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales.

Riyad y Teherán tienen una enconada disputa por ejercer el liderazgo regional en el Medio Oriente, que se ha reflejado en los conflictos de Irak, Siria, Líbano y Yemen, donde se enfrentan las facciones religiosas sunitas y chiitas.

Para Beijing, conseguir apaciguar la confrontación entre sauditas e iraníes conviene a sus intereses económicos y estratégicos. Los sauditas son uno de los principales proveedores de petróleo de China, mientras Irán le vende, a precio reducido, el 30 por ciento de su producción, y de otros bienes exportables.

Además, tiene un convenio por el cual China, que no cumple las sanciones internacionales que pesan sobre Teherán, invertirá 400 mil millones de dólares en 25 años, en el sector energético, petroquímico, de infraestructura terrestre y portuaria, de tecnología nuclear y cooperación militar.

Para Irán y Arabia Saudita, reducir las tensiones era imprescindible. Hace meses que Riyad enviaba señales para mejorar las relaciones, rotas en 2016 después de que manifestantes asaltaran la embajada saudita en Teherán, luego de que Riyad ejecutara a un clérigo chiita.

En 2019, un ataque masivo a instalaciones petroleras sauditas elevó el nivel de tensiones, a pesar de que Irán niega responsabilidad en el incidente.

Las negociaciones cobraron impulso cuando el Presidente iraní visitó Beijing, en febrero. Si bien probablemente este acuerdo no consiga despejar todos los conflictos, ayudará a manejar mejor las relaciones y evitar confrontaciones directas.

Es en el plano estratégico donde China sacó mayor provecho del acuerdo saudita-iraní, pues es conocida su ambición por adquirir influencia en el ámbito internacional y, en particular, proyectarse como una potencia capaz de igualar a Estados unidos en todos los ámbitos.

Beijing aprovechó el aparente deseo de EE. UU. de replegarse del Medio Oriente.

Beijing aprovechó el aparente deseo de Washington de replegarse del Medio Oriente, para llenar un supuesto vacío que habría dejado. La cautelosa reacción de la Casa Blanca —que apoya “cualquier esfuerzo por desescalar tensiones, pero hay que ver si Irán cumple sus obligaciones”— confirma que no está satisfecha con haber quedado fuera de la solución.

Recién asumido, y fortalecido, en su tercer mandato, el Presidente chino, Xi Jinping, jugará a fondo sus cartas en el nuevo escenario para avanzar en su objetivo de cambiar la gobernanza global, la que no considera esté adecuada a los tiempos, dado que se implantó en una época en que China no era la potencia económica y militar que es hoy.

Probablemente aumentarán las desafiantes declaraciones suyas y de personeros recién nombrados, como el canciller Qin Gang, quien hace unos días señaló que “ni la contención ni la supresión detendrán el rejuvenecimiento de China”, y que “si EE.UU. no pone freno… nada detendrá el descarrilamiento y se llegará a un conflicto y confrontación”.

La gran prueba para Xi como actor de influencia global será en la búsqueda de solución para la guerra de Ucrania, en la que ha jugado un papel determinante a favor de Rusia, con la que mantiene una “amistad sin límites”.

En ese rol, es improbable que pueda ayudar a encontrar una paz justa.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

Las opiniones consideradas en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

 

 

 

 

Seguridad y defensa

GOBIERNO EVALÚA FÓRMULAS PARA ATENUAR EL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN LA MACROZONA SUR

GOBIERNO EVALÚA FÓRMULAS PARA ATENUAR EL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN LA MACROZONA SUR

Nicolás Quiñones, Eugenia Fernández y José Miguel Wilson

La Tercera AM, 17/03/2023

Fue tras una reunión con la ministra del Interior, Carolina Tohá, en La Moneda que un grupo de diputados de la Región de La Araucanía aseguró que el gobierno ya evalúa diversas fórmulas para desescalar el estado de excepción en la Macrozona Sur.

A la cita -agendada con el objetivo de abordar la crisis de económica y de seguridad en el territorio– llegaron Mauricio Ojeda y Stephan Schubert (independientes Republicanos), Miguel Mellado y Miguel Ángel Becker (Renovación Nacional), los independientes Andrés Jouannet y Gloria Naveillán, y Ericka Ñanco (Revolución Democrática).

Y al término del encuentro, algunos legisladores afirmaron que Tohá informó que la próxima semana podría presentar un plan con distintas medidas para la región, que incluiría modificaciones en el estado de excepción que rige en algunas provincias de las regiones de La Araucanía y el Biobío desde el 16 de mayo de 2022.

La diputada Ñanco, por ejemplo, reveló que en el encuentro se consultó a Tohá sobre la fecha en que se levantará esa medida, ante lo cual la jefa de gabinete -según la legisladora- les aseguró que “existe un plan de gobierno para poder ir reduciéndolo lo más posible y esto se va a plantear la próxima semana en una reunión más privada”.

El diputado Becker, por su parte, afirmó a La Tercera que “la ministra del Interior quiere terminar con el estado de excepción, haciendo una propuesta relacionada con una forma de resguardar la región distinta de la que estamos haciendo hoy día”.

El diputado Ojeda también confirmó el planteamiento del gobierno en la reunión, lo que consideró como “peligroso”.

“La ministra Tohá nos planteó en La Moneda que nos van a presentar el plan para comenzar a eliminar el estado de excepción en la Región de La Araucanía, lo que a todas luces a mí me parece extremadamente peligroso. Peligroso, porque sin la presencia militar sin duda alguna los hechos de violencia van a crecer, van a actuar con mayor tranquilidad e impunidad los terroristas, los narcos, por lo tanto, creo que es irresponsable pensar siquiera en hacer una desescalada”, aseveró.

Tras reunirse con la ministra Carolina Tohá, diputados de La Araucanía afirmaron que les planteó “presentar el plan para comenzar a eliminar el estado de excepción en la región”, lo que algunos calificaron de “peligroso”. Desde el Ministerio del Interior aseguraron que no hay un diseño establecido para moderar la presencia militar en la zona, y que la jefa de gabinete está sondeando los parámetros para un retiro paulatino de la medida que ha calificado como “excepcional, transitoria”.

Según los parlamentarios, en la reunión, tras escuchar los diversos planteamientos de los legisladores, el gobierno les habría planteado que les presentará la próxima semana un plan que tendrá por objetivo una disminución de los hechos de violencia en la zona. Y que, una vez por mes, se haría un seguimiento del avance de dicho plan en reuniones reservadas entre los diputados de la zona y el Ejecutivo.

“Lo tenemos desarrollado”. Sin embargo, tras diversas consultas de La Tercera, desde el Ministerio del Interior aseveraron que Tohá se encuentra evaluando fórmulas para reducir la intensidad del estado de excepción que rige en la zona y que ya cumple 299 días.

En esa línea, desde la cartera explicaron que la jefa de gabinete aún no toma una decisión al respecto ni ha determinado medidas específicas para disminuir la presencia militar en La Araucanía y el Biobío, pero que en estos encuentros con parlamentarios está sondeando las posibilidades y parámetros para eventualmente hacer un retiro.

En varias ocasiones Tohá ha aseverado que el estado de excepción -una medida que fue rechazada por el Presidente Gabriel Boric durante su campaña y largamente resistida por Apruebo Dignidad, su coalición de origen- no puede ser una medida permanente. “Es un arma excepcional, transitoria y que debe aplicarse mientras no se logre que se afiate ni se consoliden otro tipo de acciones”, dijo el pasado 7 de marzo ante la Cámara de Diputados, cuando se votó por última vez una renovación de la medida.

“En el Ejecutivo hemos elaborado un plan de lo que pensamos que debe ser, en algún momento, el des-escalamiento del estado de excepción, pero no consideramos que sea (ahora) un momento apropiado, ni siquiera para evaluarlo, porque el verano es siempre la peor época de la violencia en esta zona. Y ahí ha sido también esta vez”, dijo a los diputados.

Ese mismo día, pero ante el Senado, la ministra planteó que en el Ejecutivo ya “tenemos bastante desarrollados” los parámetros bajo los cuales se podría distender el estado de excepción. “Hemos avanzado en una mirada de cuáles son las condiciones en que debería evaluarse su retiro en su momento, de qué manera evaluarse, porque no necesariamente tenemos que pasar de la situación actual a cero, puede haber una gradualidad, y esos elementos los tenemos bastante desarrollados en el gobierno”, aseguró.

Consultado el Ministerio del Interior, afirmaron que tales parámetros están siendo sondeados por Tohá en sus reuniones con parlamentarios, a fin de tener una mirada común sobre el tema.

Uno de ellos es la reducción o no del número de ataques o hechos de violencia: en marzo, la ministra aseguró que “los eventos de violencia rural han disminuido un 35% con respecto al mismo período del año anterior en las provincias bajo el decreto”.

Los otros, aseguraron en la cartera, corresponden a datos reservados, “dinámicas en la zona que se han levantado a partir de la presencia militar”.

Aunque la ministra ha solicitado agendar para este propósito una reunión con las comisiones unidas de Seguridad y Defensa del Senado, esta aún no se concreta.

Una herramienta incómoda. La modalidad para ir atenuando la presencia militar ha sido un problema sin solución para La Moneda desde el tiempo en que Izkia Siches y Giorgio Jackson estaban a cargo de las carteras de Interior y de la Secretaría General de la Presidencia, respectivamente.

De hecho, el impulso inicial de Jackson y Siches era crear un nuevo estado de excepción atenuado, en una escala menos restrictiva que los estados de emergencia que se vienen aplicando en cuatro provincias de La Araucanía y el Biobío.

No obstante, ante la falta de apoyo de los partidos de Apruebo Dignidad (PC y Frente Amplio), el Ejecutivo abandonó ese plan.

Allí surgió, a pesar de la resistencia de La Moneda, una propuesta alternativa de partidos de oposición, en alianza con la DC, el PS y el PPD, de aprovechar una reforma sobre protección de infraestructura crítica, que permitía a las FF. AA. colaborar en la seguridad de lugares estratégicos.

Al ver que el proyecto avanzaba, La Moneda optó por hacerse parte y presentó un veto con el fin de mejorar el texto. Si bien la iniciativa, en julio de 2022, contó con un inédito respaldo en el Senado desde el PC a la UDI, la propuesta gubernamental fue rechazada en la Cámara por desmarques de diputados oficialistas del Frente Amplio y del Partido Comunista y por los votos en contra de otros de derecha, quienes actuaron en represalia por las malas relaciones con el gobierno.

Al asumir Tohá en Interior, en septiembre, retomó la idea de crear un nuevo estado de excepción de “protección y resguardo”, que se parecía a la idea original de Siches y Jackson. Su intención original era crear una nueva alternativa, centrada en la protección de personas.

No obstante, en su trabajo prelegislativo la ministra detectó que las fuerzas de Apruebo Dignidad mantenían sus reparos, lo que se sumaba a las objeciones de legisladores de derecha, que temían que esta nueva alternativa debilitara la protección de las provincias en el sur.

Al final, Tohá optó por reformar el estado de emergencia para que el Ejecutivo pudiera renovarlo cada 60 días; a cambio, el Presidente no restringía el derecho a reunión.

Después de un tortuoso trámite legislativo, se llegó a un acuerdo en comisión mixta, reduciendo a 35 días el plazo de renovación. En enero, el Senado aprobó en forma unánime la última propuesta, pero los diputados de Chile Vamos se molestaron con un discurso de Tohá, antes de la votación, y rechazaron la reforma el 26 de enero.

El gobierno, sin embargo, logró ese día salvar una nueva reforma sobre infraestructura crítica, que se está aplicando en el norte y podría ser usada como alternativa para desescalar el despliegue militar en el sur.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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