NUEVA ESCALADA EN LA MACROZONA SUR
El Mercurio, Editorial, 04/05/2023
Una serie de atentados de graves consecuencias ha vuelto a golpear a la zona sur. Destrucción de maquinarias, incendio de casas patronales, una capilla y camiones se cuentan entre las pérdidas de las últimas semanas, hechos a los que se suman los disparos a un bus escolar con más de 20 estudiantes en su interior que transitaba por un camino rural de Cañete.
Estas situaciones han conmocionado a la opinión pública y dan cuenta de una escalada de violencia que el acotado estado de excepción que impera en la región no parece lograr prevenir.
Los datos contenidos en el último estudio mensual sobre los actos de violencia que afectan a la macrozona sur, realizado por la Multigremial de La Araucanía, demuestran que el número de atentados se ha mantenido relativamente constante en los últimos tres años.
Si bien el informe señala una disminución de las acciones violentas en marzo respecto de igual período en los dos años previos, se observa un mayor impacto en cuanto al número de personas afectadas y de bienes destruidos, situando a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) como principal responsable de la mayoría de los atentados adjudicados, entre los otros grupos que operan en la zona.
La multiplicación de ataques incendiarios y acciones intimidatorias con uso de armas de fuego parece indicar una coordinación entre los grupos radicalizados, que buscan mayor visibilidad, escalando y extendiendo sus acciones a otras regiones —como Los Lagos—, y afectando a diferentes rubros, ya no solo al forestal, sino también a la producción salmonera, agrícola y a la construcción.
También son blanco de ataques los centros educacionales, de salud y de culto, lo que perjudica directamente a la población local y denota la total desvinculación de estos grupos con las comunidades.
Pese al estado de excepción, los grupos radicalizados continúan manteniendo a numerosas comunidades bajo el temor.
La transversal condena de las autoridades a estos hechos no parece suficiente frente a una embestida radical. Como fundamentos de esta, a la demanda por la liberación de presos mapuches se ha sumado la protesta por la recientemente aprobada ley Naín-Retamal.
Para la Multigremial, es necesario avanzar con decisión en una ampliación del estado de excepción, pues los niveles de violencia que afectan a la zona comprueban su ineficacia ante grupos que operan en sectores donde no hay vigilancia ni presencia de fuerzas militares ni policiales.
Los últimos atentados así lo evidencian. En este contexto, especial alarma causó el ataque a una faena forestal en Maquehue, por su cercanía a la ciudad de Temuco, en una demostración de fuerza del grupo Weichan Auka Mapu, lo que revela que la violencia ya no solo se da en la ruralidad, sino que se acerca a las zonas urbanas.
Todo indica que, sin una real voluntad política y una coordinación entre los diferentes poderes del Estado, no será posible avanzar hacia la erradicación de la violencia en la zona sur.
La experiencia comparada y los frustrados esfuerzos anteriores indican que se debe progresar particularmente en el diseño de un sistema de inteligencia del Estado a la altura de los graves desafíos que allí se enfrentan.
No menos relevante es el resguardo de las víctimas y la protección de los testigos, donde cabe una responsabilidad importante al Poder Judicial. Y aunque ciertamente el problema no se resolverá con la mera dictación de leyes, sí resulta crucial, al menos, la reforma de la normativa referida al delito de usurpación.
La multiplicación de acciones violentas de máxima gravedad debe ser no solo denunciada, sino también repudiada, para evitar que una suerte de “acostumbramiento” le reste relevancia y quite el sentido de urgencia que su atención y solución ameritan.
La respuesta a la demanda ciudadana por seguridad debe contemplar la desarticulación de los grupos radicales cuyo actuar mantiene bajo el temor a numerosas comunidades que sufren los efectos de la violencia.
Solo así será posible atender a la resolución de los problemas de una zona que comprende un porcentaje importante de población indígena vulnerable que requiere de políticas públicas eficientes para alcanzar mejores condiciones de vida.
Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
